Perspectiva de género en la educación y democracia
POR MARIANA IRIARTE | 4 DE OCTUBRE DE 2013 | 4:20 AM – 0 COMMENTS
Dados los acontecimientos recientes propongo que reflexionemos sobre la necesidad de la implementación de un currículo escolar con perspectiva de género como una de las condiciones básicas para garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de las mujeres.
Pretendo dar cuenta de cómo el sistema educativo tradicional, patriarcal y androcéntrico, ha servido para reproducir y perpetuar los roles de género incidiendo negativamente en la inserción política de las mujeres. La falta de transversalidad y la carencia de un enfoque basado en la equidad y la igualdad en las políticas educativas fomentan, por un lado, la construcción de una subjetividad femenina confinada a los límites de lo doméstico/privado y por otro, se construye un sujeto masculino cuyas coordenadas de acción están enmarcadas en la esfera pública y el ejercicio de la ciudadanía propiamente dicha.
Propongo profundizar sobre la máxima “Sin las mujeres no hay democracia”, tan utilizada en campañas dirigidas a aumentar la participación política de las mujeres, para poner de manifiesto la imposibilidad de la democracia si no se diseñan mecanismos transversales, destinados a la inclusión de las mujeres en el terreno de lo público.
Debemos reflexionar sobre la necesidad de “despatriarcalizar” el sistema educativo a través de un currículo escolar con perspectiva de género para garantizar el ejercicio la ciudadanía plena por parte de las mujeres con el consecuente fortalecimiento de la democracia.
Me hago eco de las palabras de Line Barreiro cuando dice que “[i]ndudablemente, el ejercicio de la democracia implica la libertad del sujeto. Si las mujeres no tienen autonomía, difícilmente pueden visibilizar su identidad en el espacio público. Tampoco podrían incorporar su visión, sus temas, sus intereses específicos y mucho menos liderar a un colectivo de hombres y mujeres”.1.
Sin embargo ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía plena y por qué su ejercicio por parte de las mujeres es indispensable para la democracia? Si concebimos la democracia como un pluralismo con soberanía, desligándonos de las concepciones más restrictivas que la circunscriben al ejercicio electoral, debemos trascender el uso de la categoría mujer con un monolito para entender de qué hablamos cuando hablamos sobre ciudadanía plena de las mujeres.[i] En este sentido, es indispensable considerar que la democracia, definida de esa manera, no puede desligarse de dos conceptos fundamentales: igualdad y libertad. Así, y siguiendo la propuesta de Chantal Mouffe, un ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de las mujeres implica, entonces, derrotar todas aquellas instancias en que la categoría mujer se construye como subordinación. Es decir, reconocer las instancias políticas, sociales, económicas, jurídicas, culturales, entre otras, donde mujer implica una relación desigual de poder y por tanto una exclusión de la democracia entendida en su sentido más amplio.
Respecto a lo anterior, Marcela Lagarde sostiene que construir una democracia genérica, entendida como aquella que traduce en la opresión que sufren las mujeres como género, en libertad, igualdad, justicia y equidad, conlleva mucho más que el reconocimiento formal de la ciudadanía. De esta manera, resulta clave para el ejercicio de la ciudadanía plena por parte de las mujeres –y consecuentemente para la consolidación de la democracia– transformaciones estructurales destinadas a la producción de relaciones de poder equitativas donde el sujeto mujer se produzca con el mismo potencial político que el sujeto masculino. Dicho en otras palabras, se trata de producir otras subjetividades basadas en la igualdad y la libertad.
El Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1995-2001) definió el ejercicio de la ciudadanía plena por parte de las mujeres como “el desarrollo de la capacidad de autodeterminación, de expresión y representación de intereses y demandas, y de pleno ejercicio de los derechos políticos, individuales y colectivos.”2. Además, reconoció que en ese momento, en América Latina y el Caribe, ese ejercicio pleno de la ciudadanía no se había logrado.
Entre los obstáculos que identificaron quienes participaron de la Sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe para el ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de las mujeres en el proceso de desarrollo fue la existencia de “marcos culturales, políticos, jurídicos y económicos, así como prácticas sociales, económicas y educativas que perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres;”3. Se identificó como objetivo estratégico garantizar un acceso a la ciudadanía que preparase a las mujeres y niñas para el ejercicio de sus derechos y de la ciudadanía plena, entre otros.4. De igual manera, se reconoció lo indispensable de incorporar la perspectiva de género a la educación para asegurar los derechos humanos de las mujeres y la consecución de una vida de paz y libre de violencia5.
Por otra parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) -plasmado en el Informe Interamericano de la Educación en Derechos Humanos- reconoce que, aun cuando se ha demostrado un avance por parte de los Estados en cuanto a la promoción de una política educativa basada en la equidad de género, todavía resta mucho por caminar. Aunque se han visto adelantos en esa dirección, es cierto también que el Informe destaca la importancia de incorporar una mirada sensible al género que sea transversal para lograr la incorporación plena de las mujeres a la democracia.
En este punto conviene preguntarnos cómo influye la socialización en las relaciones de poder y en qué manera estas relaciones de poder se traducen en una exclusión de las mujeres del ámbito público. Veamos.
Louis Althusser señalaba en Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado que la escuela es una institución, entre otras varias, destinada a la reproducción de ideología. De esta manera, reproduce reglas y convenciones que se supone cada cual observe de acuerdo a la posición que ocupe dentro de la división del trabajo. Aunque Althusser analizó el aspecto de dominación de clase, su esquema teórico bien sirve para analizar la función de la escuela en cuanto a la subordinación de las mujeres y la división sexual y de género del trabajo.
No hay duda de que la escuela es uno de los mecanismos de socialización con los que cuenta el Estado y actúa como reproductor de la sociedad patriarcal. Por tanto, como bien señalan Rosa Escapa Garrochón y Luz Martínez Ten en la Guía de Formación para la Participación Social y Política de las Mujeres, si la sociedad es sexista la escuela reproducirá esos patrones y, por tanto, niñas y niños conducirán procesos de sujetivación también sexistas. Explican las autoras, y la experiencia educativa de las mujeres lo puede confirmar, que las niñas se educan con textos donde las mujeres no se representan y a nivel institucional raramente se encuentran representadas en puestos jerárquicos.6.
El modelo de socialización que la escuela promueve –y que ha empezado a modificarse desde principios del Siglo XXI– es el dicotómico tradicional que reserva para los hombres el ámbito de lo público y relega a las mujeres a la esfera privada. No en vano, a partir de los 70, las feministas comenzaron a reclamar que lo personal también era político. De esta manera, como señala Anne Phillips, las feministas siempre han denunciado lo opresiva que ha resultado para las mujeres la dicotomía público/privado. Lo anterior, principalmente, porque el binomio ha servido para producir a la mujer como un sujeto subordinado toda vez que se le ha asignado esa esfera como propia y se ha privilegiado la masculina.
De esta manera, la escuela, como institución reproductora de ideología al servicio del Estado, ha desempeñado un papel fundamental a la hora de adscribirle al significante mujer un significado de subordinación. En nuestro caso, la Dra. Marta Mercado Sierra, en su artículo titulado “La Política Educativa con Perspectiva de Género en Puerto Rico: Una política pública necesaria hacia la equidad y la erradicación de la opresión por razón de género”, expuso los hallazgos en cuanto a la percepción de los y las estudiantes sobre diferentes asuntos que intervienen en la socialización como son la percepción sobre las ocupaciones y roles domésticos divididos por géneros. Según informa la autora, la mayoría de los estudiantes encontraron una división sexista de los mismos. Además, expresaron que existía una fuerte resistencia por parte de quienes componen la institución cuando los y las estudiantes informaban que les interesaban carreras que tradicionalmente se les han asignado al sexo opuesto.
Producto de un trabajo incansable, los movimientos de mujeres han logrado que se establezca como política pública la educación con perspectiva de género. La Ley 149-1999, Ley Orgánica del Departamento de Educación, compele al Secretario de Educación a establecer un currículo escolar dirigido a promover la equidad de género. En aras de cumplir con lo anterior, en el año 2008 se promulgó la Carta Circular 3-2008-2009 donde se reconoce la necesidad de que el Departamento de Educación promueva la igualdad entre hombres y mujeres y expresamente señaló que la perspectiva de género “buscará despojar los estereotipos que reflejan [las relaciones de género] y transformar los contenidos de socialización a través de proyectos educativos específicos que fomentarán la igualdad entre los géneros, la justicia, la paz, la convivencia solidaria, la participación democrática y el respeto a la diversidad humana”.
Lamentablemente, la política pública no ha trascendido el ámbito formal. Las diferentes administraciones gubernamentales, presionadas por los sectores religiosos fundamentalistas, no han implementado esta legislación de avanzada aun cuando el estudio realizado por la Dra. Marta Mercado demuestra la preocupación que han manifestado los y las estudiantes en relación al tema. En estos días, la perspectiva de género en la educación ha estado en boca de muchos y muchas, principalmente de los sectores fundamentalistas que buscan frenar la ejecución de este deber ministerial que tiene el Secretario de Educación. Ahora bien ¿por qué es importante para el ejercicio de la ciudadanía plena y para la consolidación de la democracia políticas educativas con perspectiva de género? Veamos.
Como se ha descrito, la escuela como institución es uno de los agentes de socialización por excelencia. También hemos visto cómo los patrones de socialización promovidos están determinados por la ideología. Por lo que, si la sociedad está percolada por el machismo, los patrones de socialización también estarán atravesados por esta manera de concebir las relaciones entre los géneros. No hay duda que producirán sujetos con concepciones específicas sobre las relaciones de género donde la Mujer –concebida como género– se piensa como subordinada y, por tanto, se la sitúa en una posición inferior respecto al varón.
Lo anterior genera un grave déficit de democracia provocando la pregunta ineludible sobre si se puede hablar de este tipo de sistema cuando quienes se suponen participen en la cosa pública son imaginados e imaginadas como desiguales. ¿Puede pensarse la democracia desde la desigualdad? La respuesta obvia parece ser que no. Ante ese escenario, y aun cuando –como bien plantean Line Barreiro y Natacha Molina– no existe una ausencia total de mujeres en el ámbito público, la presencia de las mujeres no necesariamente implicará mayores políticas públicas a favor nuestros derechos si no participamos en la cosa pública como sujetos autónomos y libres. En este sentido, para que estas condiciones se den no pueden albergarse dudas de que debemos transformar los patrones de socialización. Barreiro y Molina específicamente han planteado que “[p]ara transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres de todos nuestros países, la perspectiva de género debe formar parte (…) de todas las políticas del Estado” (13).
Es por ello que para hablar de democracia en sentido amplio es necesario que el ejercicio de poder se dé entre iguales. De no ser así, lo que existen son meras relaciones de subordinación con grados de participación. En este sentido, es imprescindible para la consolidación democrática que el Estado incorpore a sus prácticas, especialmente a la educación, una mirada que permita reconocer no solo los aportes hechos por las mujeres a lo largo de la historia sino que además brinde las herramientas tanto a hombre como a mujeres para poder mirar con suspicacia todos los atributos, funciones, roles y posiciones, entre otros, asignados a hombres y a mujeres solamente en función de la diferencia sexual.
Estas características construidas y atribuidas social y políticamente inciden en el desarrollo pleno de la personalidad de las mujeres pero también de los hombres. En este sentido, la promoción de políticas educativas con perspectiva de género no sólo resultaría emancipador para las mujeres sino que, además, sería liberador para los hombres. Aunque anteriormente se planteó que la Mujer aun se sigue construyendo como subordinación, es cierto además que existen, como producto de los patrones de socialización imperantes, masculinidades más valoradas que otras. Esa valoración está estrechamente relacionada con los roles de género asignados a los hombres y a las mujeres. Mayor la distancia que un hombre tome de los roles de género determinados menor valorada será la masculinidad que encarne.
En este sentido, para consolidar la democracia resulta fundamental el ejercicio de una ciudadanía plena por parte de las mujeres. Lo anterior puede adelantarse si, como plantea Line Barreiro en “Gobernabilidad democrática, género y derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe”, nos replanteamos la división entre lo público y lo privado y llevamos la democracia al interior de la familia y al ámbito privado (21). Una democratización de los roles actualmente asignados por género es también una consolidación de la democracia.
Concluyendo, es importante dejar claro que la educación puede ser una herramienta de emancipación o una de opresión; las mujeres sabemos de eso. Hemos visto que tanto las académicas como las activistas feministas y los organismos regionales de promoción de los Derechos Humanos, consecuentemente han señalado que para conseguir una participación plena de las mujeres y su inserción en todas las esferas, son necesarias políticas públicas transversales que atiendan cada asunto presentado desde una perspectiva de género. Además, hemos apreciado que muchas veces existe un marco normativo que garantiza derechos a las mujeres pero que los derechos no trascienden al ámbito real. De esta manera, quedan consignados en constituciones, leyes, estatutos, cartas circulares pero no se traducen en un ejercicio efectivo porque es el mismo Estado quien no los impulsa o pone en vigor.
En este sentido, la Escuela, como agente socializador, tiene un papel fundamental a la hora de que los derechos formales de las mujeres se traduzcan en derechos reales. Sin embargo, para que esto pueda darse la Escuela como institución requiere una transformación inmediata que esté orientada a promover la igualdad respecto al ejercicio de los derechos y la equidad en el aspecto social y económico. Soy del criterio que esto solamente se podrá alcanzar mediante un currículo escolar que visibilice a las mujeres no sólo en la dimensión histórica, de la cual hemos sido consistentemente invisibilizadas, sino que, además, se deconstruyan las categorías que por tanto tiempo han provocado procesos de subjetivación de subordinación.
Así, estoy convencida que, hasta que no se transformen los patrones de socialización patriarcales y androcéntricos, hasta que no se “despatriarcalicen” los roles asignados a los géneros, difícilmente se podrá hablar de consolidación democrática. En todo caso, podremos hablar de elecciones populares con momentos democráticos pero no se podrá decir que hay democracia mientras las mujeres –y hombres– permanezcan atados a un roles que cuya función política es hacernos menos libres.
Por ello es un asunto de derechos y democracia y debemos exigir por parte del Estado la implementación de un currículo escolar y políticas educativas y estatales con perspectiva de género.
Bibliografía
Althusser, Louis: “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, disponible en http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/althusser1.pdf
Barreiro, Line: “Seminario ciudadanía, democracia y Estado en América Latina” (Hipertexto PRIGEPP, 2013).
Barreiro, Line y Molina: “Igualdad, democracia y ciudadanía” (Documentos PRIGEPP, 2013).
Barreiro, Line y Torres, Isabel: “Gobernabilidad democrática, género y derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe” (Documentos PRIGEPP, 2013).
Carta Circular 3-2008-2009, “Política pública sobre la incorporación de la perspectiva de género en la educación pública puertorriqueña”, disponible en http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/03-2008-2009.pdf
Escapa Garrachón, Rosa y Martínez Ten, Luz: “Guía de formación para la participación para la participación social y política de las Mujeres”,disponible en http://issuu.com/luzmartinezten/docs/guiaalumna
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Informe Interamericano de la Educación en Derechos Humanos, disponible en http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/9_2010/fe22f95d-bb81-4859-a029-d383a54f576e.pdf
Lagarde, Marcela: “Democracia Genérica” (Documentos PRIGEPP, 2013)
Ley 149-1999, “Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico, disponible enhttp://www.lexjuris.com/lexlex/Ley1999/lex99149.htm
Mercado, Marta A.: “La política educativa con perspectiva de género: una política pública necesaria hacia la equidad y la erradicación de la opresión por razón de género”, Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Agosto-Mayo 2011-2012, 46 Rev. Jurídica U. Inter. P.R. 141.
Mouffe, Chantal: “Feminismo, ciudadanía y política democrática radical” (Documentos PRIGEPP, 2013).
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe y otros consensos regionales, disponible en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/24427/lcl2239e.pdf
[i] En este sentido, el ejercicio pleno de la ciudadanía implica mucho más que el reconocimiento formal de los derechos políticos de las mujeres y su capacidad de ejercerlos.
- Barreiro, Seminario Democracia, Idea, Deseo y Realidad, 1, Sec. 9, PRIGEPP, 2013 [↩]
- Barreiro, Seminario Democracia, Idea, Deseo y Realidad, 2, Sec. 2.2, 2013 [↩]
- Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, Área I, Equidad de Género, disponible enhttp://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/4332/areaI.htm) “[i]nsuficiencia de las reformas educacionales en todos los niveles, en términos de cambios reales en planes y programas educativos y de formación docente, así como la renovación curricular de la educación superior universitaria y no universitaria;” (Íd., Área II, Desarrollo económico y social con perspectiva de género [↩]
- Íd., Área II, Objetivos Estratégicos [↩]
- Íd., Área V, Derechos Humanos, Paz y Violencia [↩]
- 156-57 [↩]
