15.12.10

Sin derecho a protestar, de policías y otros demonios.


Hay que dejar claro que la protesta es una prerrogativa que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para exigirle al Estado que actúe ante alguna situación o cese alguna actuación que se considera injusta.  En ese sentido, la protesta es la condición de posibilidad de cualquier Estado que se quiera llamar democrático.  A diferencia de lo que nos han hecho pensar, la protesta es un derecho que trasciende el Derecho del Estado o Derecho positivo; en ese sentido existe independientemente de la consignación en una Constitución, una ley o un reglamento.  Aquel Estado que se disponga reglamentar la protesta de la manera que se hace hoy en Puerto Rico y a restringir la libertad de manera tal que se reduzcan al mínimo los espacios de acción política se asemejan más a un totalitarismo –sin decir que hoy por hoy Puerto Rico se gobierne de manera totalitaria- que a una democracia.  Es tarea de todos y de todas reclamar más derechos democráticos y no aceptar la restricción de los actuales.
Imagen de Internet 
La tarde del miércoles la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía de Puerto Rico persiguió a los y las estudiantes que se manifestaban en la Ave.  Muñoz Rivera por las calles riopedrenses.  El propósito era, según alegaron, mover a los y las manifestantes al área que de manera arbitraria la Policía, con la complicidad de la Administración Universitaria, designó para la expresión pública.

Está acción de la Policía se da en el marco de dos situaciones particulares.  La primera es  la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que establece que la Universidad es un foro semi público y por tanto la Administración Universitaria puede reglamentar el tiempo, el lugar y la manera de expresión. La segunda se trata de la Resolución de la Rectora que prohíbe por un lapso de treinta días todo tipo de acción concertada dentro del Recinto.  La misma Resolución establece que toda actividad de celebración masiva se deberá realizar en las áreas designadas por la Policía Estatal como áreas de expresión pública.

El planteamiento principal de la Policía parece ser que el hecho de que seamos estudiantes circunscribe nuestro espacio de protesta a los designados por ese cuerpo.  De igual manera pareciera sugerirse que la Policía tiene poder para arrestar a los y las estudiantes, y manifestantes en general, si violan la reglamentación policial y la resolución de la Rectoría.  También podría pensarse que la Reglamentación del espacio de expresión, la Resolución y la decisión del Tribunal Supremo están hilvanadas por el peor de los sastres que, de manera burda y ordinaria, deja ver la costura del traje.

Es necesario aclarar esto y no dejar que nos pasen gato por liebre.  En UPR v. Laborde la mayoría del Tribunal Supremo, por voz del juez asociado Rafael Martínez Torres, dispuso que la Universidad de Puerto Rico es un foro semi-público.  Es decir que de ahora en más la administración universitaria podrá reglamentar el tiempo, el lugar y la manera de las actividades de expresión teniendo que cumplir con lo siguiente: 1) No podrá reglamentar con miras a prohibir el contenido; 2) se necesita un interés importante o significativo  y 3) que no se impidan medios alternativos de expresión.  El Tribunal establece que un interés importante de la administración es asegurar la continuación ininterrumpida  de las labores académicas y administrativas, por lo cual las acciones concertadas de paralización no pasan el escrutinio y se considera razonable su prohibición.

Importante señalar, antes de continuar, que tanto los fundamentos jurídicos de la opinión como el análisis hecho por Martínez Torres para la adjudicación nos levantan muchos interrogantes y nos deja con un mal sabor.  Sin embargo, dicho análisis es materia de otra entrada.  Dicho eso me gustaría puntualizar varios asuntos sobre la reglamentación. 

Lo primero que hay que señalar es que la Ley Universitaria dispuso que es la Junta de Síndicos el organismo facultado para aprobar reglamentos, que esa facultad es indelegable y que debe cumplirse con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.  En este sentido, la Universidad de Puerto Rico no puede delegar su poder de reglamentación a la Policía de Puerto Rico y debe cumplir con los requisitos que establece la LPAU.

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme dispone que el Procedimiento de Reglamentación deben observarse cuatro elementos fundamentales para que el reglamento sea válido.  El primero es la notificación, para ello la Universidad debe publicar un aviso de reglamentación es español e inglés en un periódico de circulación general y en Internet.  Dicho aviso debe contener una explicación del reglamento, la disposición de la ley que faculta a la Universidad para reglamentar la expresión de los y las estudiantes; la forma, el lugar y la manera en que se podrán someter comentarios escritos y los fundamentos por los cuales habría que celebrar una vista pública; el lugar donde se puede conseguir copia del reglamento propuesto y la dirección electrónica de la página donde se publicó el aviso.  En segundo lugar, se debe ofrecer una oportunidad de participación ciudadana, y se le concede a los interesados y a las interesadas, treinta (30) días para presentar comentarios escritos, también puede concederse una vista aunque ésta es discrecional.  En tercer lugar, la Universidad debe presentar el Reglamento en el Departamento de Estado.  El proceso culmina con la publicación de un resumen del mismo en dos periódicos de circulación general.  Estos requisitos aplican tanto a los nuevos reglamentos como a las enmiendas de los existentes.

A simple vista podemos observar que la Universidad de Puerto Rico, aún cuando está reglamentando y ha utilizado a la Policía estatal para poner en vigor dicha reglamentación, no ha observado ninguno de los requisitos establecidos por la LPAU.  Es innegable que esta reglamentación ilegal, inválida, arbitraria y caprichosa contraviene nociones básicas de Justicia toda vez que lacera irremediablemente los derechos de libre expresión garantizados constitucionalmente y se vale de la fuerza coercitiva del Estado para imponerlo a la comunidad universitaria.

Aún más, aunque se tratara de un reglamento válido ni la guardia universitaria, ni la Policía de Puerto Rico pueden arrestar a quien viole las disposiciones contenidas en éste.  Tanto el Tribunal Supremo Federal como el Estatal han dispuesto que las agencias administrativas, en este caso la Universidad de Puerto Rico, no tienen facultad para imponer como sanción o pena el encarcelamiento.  La autoridad para encarcelar por desacato la tiene el Poder Judicial.  De esta manera, debemos aclarar que la Policía de Puerto Rico no puede arrestar a nadie que violente un reglamento dado que el único poder capaz de determinar si una conducta se puede sancionar criminalmente es la Asamblea Legislativa y ésta nada ha dispuesto sobre este asunto.  

De igual manera nuestra Constitución establece que nadie será privado de su libertad sin que medie una orden judicial para ello.  El requisito de orden judicial puede sustituirse cuando el agente de la Policía tiene motivos fundados para arresto.  Esto no es otra cosa que de la información obtenida se concluya que lo más probable es que se ha cometido un delito.  En este sentido la tipificación de la conducta es un requerimiento esencial para que el agente del orden público pueda arrestar.  Los delitos que se utilizan para criminalizar la protesta son los delitos contra la seguridad y el orden público, a saber: alteración a la paz, motín, conspiración y resistencia u obstrucción a la autoridad pública. Es importante que sepa que la violación de un reglamento constituye una falta y no un delito.  Como se dijo anteriormente los funcionarios del orden público no están facultados para arrestar por la comisión de faltas.

Ahora bien, hemos dicho que en UPR v. Laborde el Tribunal Supremo sostuvo que la Universidad es un foro semi-público y dispuso los criterios aplicables para la reglamentación de la libertad de expresión. Sin embargo los incidentes de hoy no se dieron en el ámbito universitario, la persecución de los y las estudiantes se llevó a cabo por las calles de Río Piedras.  En este sentido, el Tribunal Supremo ha dicho que las calles, parques y aceras son foros públicos tradicionales y para reglamentar el contenido de la expresión que se está haciendo se debe superar el análisis de escrutinio estricto.  No cabe duda que la activación de la fuerza de choque, la unidad SWAT, las decenas de oficiales de la policía, la división motorizada, entre otras, estaba dirigida a regular el contenido de la protesta de los y las estudiantes y es una restricción indebida a la libertad de expresión. ¿Cuál era el interés apremiante del Estado? dispersar la protestas? ¿Era la Unidad de Operaciones Tácticas la actuación necesaria para alcanzar dicho interés?  Insistimos, el Estado estaba dirigido a afectar un derecho fundamental sin razón alguna y por lo tanto sus actuaciones son más que una burda muestra de lo que puede hacer la violencia institucionalizada.

No hay duda que la concentración de poder del partido en el gobierno es tal que se entienden facultados para llevar a cabo cualquier acción.  Dominan el ejecutivo, el legislativo y el judicial.  Las leyes son por encargo y llegar al tribunal es un acto más bien simbólico.  La legitimidad de las instituciones está por el piso porque no surgen del consenso sino de la violencia de la imposición.  En tal sentido la ciudadanía en general se siente desprotegida y vulnerable.  Los espacios democráticos en lugar de multiplicarse se reducen, en vez de ensancharse se constriñen.  El control gubernamental es cada vez mayor y los ámbitos de la libertad cada vez más pequeños.  Ante esto debemos estar vigilantes, ocupar los espacios públicos, salir a la calles, debatir, manifestarse, protestar, en fin no permitir que la paz de los sepulcros se vuelva la nueva normalidad y el miedo una nueva forma de vida. 

13.12.10

Relación de Amor

Tanto este Blog como su autora tienen más que una relación contractual con la Universidad de Puerto Rico.  Tiene una relación de entrega y compromiso.  Tienen una relación de amor y eso no lo cambiará ningún Tribunal. 

9.12.10

Proclama de un grupo de estudiantes

Redactamos este texto en momentos de terribles violencias y de peligrosas consecuencias. La Universidad de Puerto Rico y el proyecto universitario se acercan a un trágico fin, pero no dejaremos que se materialice. Nuestra querida Universidad necesita urgentemente que todas y todos hagamos una profesión de amor.

El amor no puede tener condiciones para que sea amor real, pero tampoco puede predicarse sobre el cuerpo maltrecho del estudiantado y de la Universidad. Por ello, condenamos la violencia en todas sus manifestaciones, sobre todo porque atentan contra el espíritu universitario del diálogo y el debate de ideas. El serio intercambio de ideas, como fundamento ético-político, requiere de la apertura y el respeto a las diferencias. Es por esto que condenamos la ocupación policial de los variados recintos.

Sin embargo, la Universidad está secuestrada por un grupo autoritario y anti-intelectual, un grupo que ha hecho de ésta un campo de batalla donde los perdigones cargados de fanatismo se disparan a mansalva. A ese grupo anti-universitario, encarnado por la administración, lo invitamos a que desista de sus estilos antidemocráticos y que, si realmente ama a nuestra preciada Universidad, se siente a dialogar con la comunidad universitaria para auscultar salidas justas a los problemas que enfrentamos.

La administración violenta los señalamientos de la Middle States al no consultar e incluir las posiciones de aquellos y aquellas que componemos la Universidad. Ignoró, por ejemplo, el rechazo comunitario a varios nombramientos de rectores y rectoras y se niega constantemente a entablar el diálogo y la negociación – tan esenciales para la vida democrática- con cada uno de los sectores universitarios. La participación no se hace realidad aprobando certificaciones abstractas, la participación se concretiza con verdaderos y honestos actos de apertura.

La violación de dichos señalamientos han puesto en serio riesgo la acreditación de nuestra institución de educación superior y la posibilidad de esta pérdida nos sume en la incertidumbre y el desasosiego. Es por ello que se vuelve imprescindible que Puerto Rico entienda que es, precisamente, la Administración quien está dirigiendo a nuestra UPR a un inaceptable cierre a través de una política del estrangulamiento.

Alzamos nuestras voces y denunciamos que ese grupo no representa a la comunidad universitaria sino que responde al partido de gobierno. Partido que, de igual manera, ha atacado consistentemente a todas las instituciones del país. La administración, en contubernio con el gobierno central, ha recurrido a fomentar en la sociedad el odio por el estudiantado y la Universidad de nuestro país.

Ha sido la Universidad de Puerto Rico, por medio de sus estudiantes, profesores y profesoras, trabajadores y trabajadoras, el dínamo principal de la modernización del país. Así como la UPR no podría existir sin el país que la ha creado y apoyado, Puerto Rico tampoco podría ser ni tener lo que hoy posee sin la Universidad. Durante el proceso de modernización, la UPR fue cuna de las primeras trabajadoras y primeros trabajadores sociales, de las primeras maestras y primeros maestros; de los y las principales intelectuales, científicos y científicas, abogados y abogadas, ingenieros e ingenieras,  arquitectos y arquitectas, agricultores y agricultoras, entre tantas otras profesiones.  

De forma consistente, la UPR ha contribuido al desarrollo sociocultural a través de las artes y el humanismo, ha colaborado en la lucha contra la pobreza desde sus aulas, sus proyectos comunitarios y mediante la formación de cientos de miles de hombres y mujeres que han visto en ésta y en sus salones una puerta de salida de la pobreza. Son estas razones, entre tantas otras que no caben en esta breve declaración, por las cuales no podemos dejar que cierren la Universidad.

No es el tiempo de huelgas ni cierres patronales, es tiempo de defender al proyecto universitario y su razón de ser.  Aún cuando reconocemos el potencial de la huelga como herramienta democrática para avanzar reclamos, exigencias y lograr nuevos derechos, también entendemos que en la actual coyuntura su potencial político es nulo principalmente por el carácter ideológico y anti-universitario del gobierno de turno. Éste apuesta a utilizar la violencia y a convertir la UPR en un estado policial para erradicar el proyecto universitario; la administración quiere y necesita la huelga para facilitar el cierre de la institución y su posterior transformación siguiendo el modelo de mercado: se educa quien tenga el dinero y quien se mantenga callado.

No se puede hablar de la Universidad sin reflexionar sobre lo político y lo institucional. La Universidad no existe en el aire sino, más bien, está condicionada por las diferentes relaciones de poder que ocurren en su seno y en su entorno social. En algunas instancias, estas relaciones de poder contribuyen en deteriorar el proyecto universitario y a la Universidad como espacio de quehacer académico e intelectual, como motor del pensamiento crítico y pilar fundamental del desarrollo social-democrático. Mientras la UPR continúe bajo un estado de sitio y sus espacios estén paramilitarizados, no puede haber universidad.

Por tal razón, como miembros de una compleja comunidad, reconocemos nuestro rol político en el desarrollo del proyecto universitario. Un estudiante o una estudiante no se forma con sólo asistir a un salón de clases a que le depositen el conocimiento cual si fuera una cuenta bancaria. Quien se llame estudiante sabe que el conocimiento depende del desarrollo de nuestra experiencia, de poner a prueba aquel saber práctico y de retar aquel saber teórico. En fin, se aprende aquello que se cuestiona y no lo que se cree a ciegas.

Nosotros apoyamos las gestiones de negociación que el Comité de Representación Estudiantil ha impulsado, así como los esfuerzos de cabildeo que varios estudiantes llevan a cabo en la Legislatura. Exhortamos al resto de la comunidad universitaria y a todo el país a que apoyen todo intento de diálogo sincero y todo esfuerzo por mantener corriendo al proyecto universitario. Asimismo, como universitarios y universitarias, apoyamos todo acto que propicie espacios de debate en los que se ausculten opciones fiscales responsables como la propuesta “Sumando ganamos todos”.

Entendemos, además, que los problemas fiscales de la UPR son el fruto de un pobre desempeño administrativo. Para sacar a la Universidad del terreno deficitario es importante que el gobierno le restituya los fondos que le retiró y que todos los sectores, con una profunda vocación de amor, aportemos, de acuerdo a nuestros recursos, algo más a las arcas. Los y las estudiantes podríamos, por ejemplo, hacer nuestra aportación con una cuota sustancialmente reducida.  Lo anterior implicaría también comprometernos en identificar fondos a través del cabildeo para sufragar la cuota de aquellos y aquellas para quienes ésta sigue siendo un impedimento para estudiar.

Entendiendo que la UPR está sumida en una crisis fiscal y académica por los estilos anti-intelectuales de la administración, está de nuestra parte transformar el acto político de la confrontación en el reclamo de lo justo por medio de la desobediencia civil. Nuestro actuar debe desvelar las injusticias de la ley del Estado, de los reglamentos de la Universidad y de su cierre fiscal y policial. Comprometidos a cargar con nuestra responsabilidad ciudadana, utilizaremos la desobediencia cuando ésta sea necesaria para la consecución de nuestros reclamos y el adelanto del bien común.

Una profesión de amor por nuestra Universidad nos lleva a declararnos de forma incondicional y a estar comprometidos con retar la injusticia.

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1. Gabriela P. Ayala Crespo, Programa Graduado de Historia, Facultad de Humanidades, UPR-RP
2. Verónica A. Muñiz-Soto, Programa Graduado de Literatura Comparada, Facultad de Humanidades, UPR-RP
3. Raiza D. Báez Calderón, Programa Graduado de Historia, Facultad de Humanidades, UPR-RR
4. Iván Chaar-López, Programa Graduado de Historia, Facultad de Humanidades, UPR-RP
5. Arturo Ríos Escribano, Escuela de Derecho, UPR-RP
6. Manuel Rosado Seijo, Exalumno, UPR-RP
7. Mariana G. Iriarte, Escuela de Derecho
8. Luis García-Vázquez, Programa Graduado en Comunicación Pública, Escuela de Comunicación, UPR-RP
9. Paola K. Garcia Rivera, Escuela de Derecho (leido como redactado al 9 de diciembre de 2010), UPR-RP
10. René Vargas, Síndico estudiantil, Escuela de Derecho, UPR-RP
11. Miguel Cruz, Programa Graduado de Historia, Facultad de Humanidades, UPR-RP
12. Pablo Saracho, Programa Graduado en Comunicación Pública, Escuela de Comunicación, UPR-RP
13. Kahlil Chaar-Pérez, Exalumno, UPR-RP
14. Emil Hernández, Exalumno, UPR Mayagüez
15. Rafael René Díaz-Torres, Exalumno, UPR-RP
16. Oscar F. Omaya, Programa Graduado de Literatura Comparada, Facultad de Humanidades, UPR-RP
17. Jesica Nieves, Escuela de Derecho
18. Carlos O. Virella García, Escuela de Derecho
19. Melisa Ortega Marrero, Estudiante de la Escuela de Derecho, tercer año.
20. Sergio Mendez Sanchez, Escuela de Derecho
21. Mayte bayolo, Escuela de Derecho
22. Alejandro García
23. Miguel A. Ruiz
24. Rafael Pagán Colón
25. Ángel Y. Nieves Negrón, Escuela de Derecho
26. Walter Gomez
27. Francisco Velázquez, Escuela de Derecho
28. Etienne R. Figueroa Rodríguez, Escuela de Derecho
29. Jorge Oquendo Fuentes
30. Carla R. Vargas Fuster, Estudios Hispánicos, UPRRP
31. Orlando A. J. Vélez, UPR-RP
32. Lonny Marie García, Escuela de Derecho
33. Aurora Santiago, Escuela de Derecho
34. Emma M. Quero Torres, Escuela Graduada de Planificación
35. Miguel C. Adrover Lausell, Programa Graduado de Educación
36. Astrid Morales, Programa Graduado de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales
37. Tania M. De Jesús Laboy, Programa Graduado de Traducción, Facultad de Humanidades
38. Tania Diaz Marrero, Escuela de Derecho
39. Aurea Maria Sotomayor, Departamento de Español de la Facultad de Ciencias Sociales
40. Elvin Omar Lebron, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado
41. Angel Olivera, Escuela de Derecho
42. Gabriela Camacho, Escuela de Derecho
43. Luis Pellot, Escuela de Derecho
44. Alessandra Rosa, Estudiante de FIU
45. Omar González, Empleado de la Facultad de Ciencias Sociales
46. Verónica Pacheco Ortíz, Estudiante de Economía Facultad de Ciencias Sociales
47. Nella Vargas Barbosa, Ex alumna UPRRP
48. Aixa Cintrón, Ex alumna UPR Mayagüez
49. Luna Marie Rodríguez, Ex alumna UPRRP
50. Deliz Rodríguez, Programa Graduado de Psicología Facultad de Ciencias Sociales
51. Aura Colon, Escuela de Derecho
52. Zoraida Santiago Buitrago, Facultad de Estudios Generales
53. Nirvana González Rosa, Ex alumna UPRRP
54. María Cristina Pacheco Alcalá, Ex alumna UPRRP Facultad de Ciencias Sociales
55. Viviana M. Pacheco Alcalá, Facultad de Ciencias Sociales
56. Isabel Casal Nazario, Escuela de Comunicación Pública
57. Teresa Peña Jordán, Ex profesora de la Facultad de Estudios Generales
58. Carmelo Dávila Rivera, Departamento de Historia Facultad de Humanidades
59. Idaliz Román, Programa Graduado de Literatura Comparada
60. Soraya De L. Quintana, Ex alumna UPR RCM
61. Angélica M. Minier, Programa de Estudios Hispánicos Facultad de Humanidades
62. Elvira Cuevas, Facultad de Ciencias Naturales
63. Rafah Acevedo, Profesor de la Facultad de Estudios Generales
64. Thelma Jiménez-Anglada, Ex alumna UPRRP
65. Roger Ramkhalawuan, Facultad de Administración de Empresas
66. Maria Elena Pintado Espiet, Ex alumna Escuela de Derecho
67. Abigail De los Angeles Andújar De Jesús, Facultad de Educación
68. Xavier Félix Rodríguez, Universidad de Puerto Rico Recinto Humacao, Ciencias Sociales
69. Edith Cruz, Escuela de Artes y Ciencias
70. Idenis Torres Guzmán, Escuela de Derecho
71. Manuel Rivera, Facultad de Ciencias Naturales
72. Ricardo L. Ramos Soto, Ex Alumno Escuela de Derecho
73. Fernando Paes, Profesor de la Facultad de Humanidades
74. Luis Calderón Torres, Ex Alumno de la Facultad de Ciencias Sociales UPRRP
75. Eloy Antonio Ruiz-Rivera, Programa Graduado de Historia
76. Antonio J Suarez, Programa Graduado de Salud Pública, RCM
77. Rafael Ramos, Facultad de Ciencias Naturales

78. Richard Rivera Ocasio, Facultad de Ciencias Naturales
79. Angelica Matias Rodriguez, Escuela de Derecho
80. Bárbara Sabat Lafontaine, Escuela de Derecho


81. Pedro Subirats Camaraza
82. Bryan Matos, Facultad de Educación
83. Elaine Cray, Administración de Hoteles, UPR Carolina
84. Alejandro Suarez Vincenty, Escuela de Derecho
85. Daniel Gonzalez, Facultad de Ingeniería
86. Evelyn Moreno, Ex alumna
87. Rosa Rivera Alamo, Departamento de Español UPR Carolina


89. Manuela Cortes, Estudiante UPR Humacao
90. Gilberto Vega, Escuela de Derecho
91. Siri Y Rolon Rivera, Escuela Graduada de Trabajo Social
92. Eduardo Valsega, Programa Graduado de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales
93. Sabrina Nazor Sánchez, Departamento de Economía, Facultad de Administración de Empresas
94. Eloy Antonio Ruiz-Rivera, Programa Graduado de Historia, Facultad de Humanidades
95. Rafael L. Zúñiga Rodriguez, Ex alumno Facultad de Ciencias Sociales
96. Myriam Hernández Lucena, Facultad de de Humanidades
97. Diana Soto Rodríguez, Facultad de Ciencia Sociales 


98. Karla M. Torres, Programa de Orientación y Consejería, Facultad de Educación
99. Freddie Marrero, Facultad de Ciencias Sociales
100. Carlos Gonzalez, Programa de Medicina Interna, RCM
101. Francisco Rodriguez Rodriguez, Facultad de Educación
102. Reinaldo Segurola Pérez, Ex alumno de UPRRP
103. Antonio Mendez, Catedrático Retirado del RCM
104. Paola Gomez, Estudiante Doctoral de la Facultad de Ciencias Sociales
105. Juan Alvarez Lara, Programa Graduado de la Escuela de Comunicación
106. Mara Negrón, Directora del Programa de Estudios de la Mujer y el Género
107. Andrés González Berdecía, Escuela de Derecho
108. Teresa Previdi, Ex alumna de UPRRP
109. Coralis del M. Rodriguez, UPRRP Recinto de Mayagüez
110. Teresa Previdi, Ex alumna UPRRP
111. Nathan Budoff, Facultad de Ciencias Sociales
112. Santiago Velazquez, Escuela de Derecho 

113. Angie Maldonado Rodríguez, Facultad de Ciencias Sociales

114. Rebeca Campo, Facultad de Ciencias Sociales
115. Amarilys Lozada Martinez, Escuela de Comunicación Pública
116. Jose B. Marquez, Facultad de Ciencias Sociales
117. Argeo T Quiñones Pérez, Catedrático de Economía
118. Miguel Lezcano Vargas, Escuela de Derecho
119. Laura Díaz Solá, Ex Alumna Escuela de Derecho
120. Ana Elisa Pérez-Quintero, Facultad de Humanidades
121. Ivonne Acosta Lespier, Ex alumna UPRRP
122. Javier J. Lamboy Hernández, Escuela de Derecho
123. Oscar Torres, Facultad de Humanidades
124. Pablo A. Berríos MD, Ex alumno Facultad de Ciencias Naturales
125. Antonio Hernandez-Matos, Ex alumno Facultad de Humanidades
126. Sarah Cervantes López, Facultad de Ciencias Sociales
127.
128. Angela Isabel perez, Escuela Graduada de Planificación
129. Kathleen Martínez Rivera, Escuela de Derecho
130. Marcia Díaz Claudio, Facultad de Ciencias Sociales
131. Dania García, UPR Recinto de Mayagüez
132. Bristol A. López Rodríguez, Escuela de Derecho
133. Natalia Santos Orozco, Escuela de Derecho
134. Natalia De Jesús, Escuela de Comunicación Pública
135. Claudia Colon, Escuela de Comunicación Pública
136. Jose E. Santiago Cardona, Escuela de Derecho
137. Pablo Guardiola, Facultad de Humanidades


138. Carla Gil Ortiz, Facultad de Humanidades- Historia del Arte
139. Miguel Santos,  García, Programa Graduado de Literatura en Inglés, Facultad de Humanidades, UPR-RP
140. Carla Gil-Ortiz, Historia del Arte, Facultad de Humanidades, UPR-RP
141. Orlando Santaella, Facultad de Ciencias Sociales, Geografia
142. Annie Santiago, Facultad de Humanidades
143. Jessabet Vivas Capó , Egresada de la Escuela de Derecho de la UPR y estudiante de la Maestría en Gestión y Administración Cultural de la Facultad de Humanidades de la UPRRP
144. Salvador Coleman Tió, Escuela de Derecho
145. Javier Villar Rosa, Escuela de Derecho
146. Luis Javier Maldonado Saiter, Facultad de Ciencias Sociales
147. Lorie Torres, Ex-alumna UPR-RP
148. Mary Axtmann, Facultad de Humanidades
149. Dorka Almonte, Escuela Graduada de Planificación
150. Gustavo Acevedo, Facultad de Ciencias Sociales
160. María Cristina Rodríguez, Facultad de Humanidades
161. Michelle Marquez, Facultad de Humanidades, UPR-RP
162. Fernando López-Ojeda, Facultad de Ciencias Sociales
163. Gabriela Dávila, Facultad de Derecho
164. Claudia Becerra, Facultad de Humanidades, Estudios Hispánicos, UPR-RP
165. Jessibeth Viera Gautier, Estudiante de Geografía, UPR-Rio Piedras
166. Sonia M. Rodríguez Otero, Maestría en Adm. y Gestión Cultural-Humanidades, Río Piedras
167. Michelle Mas, Escuela de Derecho
168. Stephanie Monserrate, Facultad de Humanidades, Historia
169. Harold O. Estrada Rodríguez, Escuela de Derecho- UPR
170. María de Lourdes Martínez Cordero, Escuela de Derecho
171. Victoria Rodríguez, Facultad de Ciencias Sociales, Psicología, UPRRP
172. Carlos Grana, Escuela de Salud Publica Recinto de Ciencias Medicas
173. Mario Núñez, Recinto Universitario de Mayagüez
174. Joanne Namerow, Ex-alumna
175. Lourdes Delgado, Facultad de Ciencias Sociales
176. Camille Fontánez, UPRM - INME
177. Laura Martínez, Exalumna UPR-RP



La lista de firmas continúa pero exceden el tamaño de un blog.  Pronto estaremos subiendo un documento donde se puedan ver los y las que la suscriben. 

6.12.10

A Elba la violaron en la UPR

Usted está punto de leer  el recuento de una violación en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.  Una vez más la Administración en un acto irresponsable, egoísta y antiuniversitario quita los portones exponiéndonos a toda índole de crímenes.  ¿Cuántas más como Elba? NI UNA MÁS. Que cese el egoísmo y la irresponsabilidad. 

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Los hechos
A. Negligencia. De acuerdo con la prueba creída por el tribunal, los hechos que dieron lugar a la reclamación ocu-rrieron como procedemos a relatar. La codemandante Elba A.B.M., para la fecha del incidente –el 6 de octubre de 1980– era estudiante nocturna de un programa especial del Centro de Desarrollo Gerencial del Recinto de Río Piedras.
La noche de los hechos, la profesora de uno de los cursos despachó la clase como a las 7:45 de la noche, unos minutos antes de la hora acostumbrada. Ante ello, la demandante llamó a su casa desde un teléfono público en el Edificio Juan José Osuna para que la vinieran a recoger y se sentó a esperar en el vestíbulo. Este edificio está locali-zado en el área que agrupa los edificios de Ciencias Sociales Graduado, Ciencias Sociales, Comercio y Pedagogía, área que se conoce comúnmente en la U.P.R. como la de los ‘cuatro grandes’.
Al poco tiempo de estar esperando, se sentó a su lado un individuo joven. Éste aparentaba estar nervioso. Sorpre-sivamente, *301 el individuo sacó un cuchillo [NOTA3] puntiagudo y afilado que colocó en el cuello de la joven. Sujetándola por un brazo, y mientras la amenazaba con el cuchillo, la obligó a levantarse del banco. Atravesaron primeramente el vestíbulo del edificio y luego cruzaron la calle para adentrarse en un área oscura frente al Edificio Juan José Osuna. En ese lugar no había alumbrado y la vegetación, de aproximadamente tres (3) pies de alto, era tupida, cerrada y espesa. Cerca del lugar había árboles frondosos con lianas y bejucos que hacían el área más densa aún. Durante todo el trayecto no se toparon con persona alguna.
Al llegar al lado de un transformador eléctrico, el agresor ordenó a la joven codemandante Elba A.B.M. detenerse y quitarse la correa y el pantalón que llevaba puesto. Ante el estado de confusión de la joven, el agresor terminó por quitarle él mismo la ropa de la cintura hacia abajo, incluso sus prendas íntimas. Acto seguido, éste procedió a violar y abusar sexualmente de su víctima en forma oral, genital y anal.
Durante su testimonio en corte, la víctima relató que luego de que el agresor ya la había violado, se levantó y le exigió entonces que colocara su genital en la boca de ella. Éste le iba indicando, mientras seguía amenazándola con el cuchillo, las cosas que quería que ella le hiciera. Al respecto la codemandante Elba A.B.M. expresó: ‘[e]n una ocasión cuando me caí, me agarró por el cuello y me dijo que no gritara y que hiciera lo que él decía. Me ordenó que me pusiera de espaldas y se me tiró encima y me introdujo el pene por el ano; luego me introdujo el dedo por el ano y después lo hizo por la vagina. Estaba convencida de que no saldría con vida de allí. [É]l me indicó que me pusiera de espaldas y me introdujo *302 otra vez el pene por el ano. Entonces, comencé a rezar . . .’. Apéndice, pág. 28.
Fue precisamente mientras era sodomizada nuevamente que se percató de que el cuchillo del asaltante se hallaba en un lugar a su alcance. Haciendo uso de un pie fue acercando el cuchillo hasta que pudo tomarlo con su mano derecha. Mediante un movimiento rápido y sobre su hombro izquierdo logró alcanzar y herir de muerte a su agresor. En estos momentos comenzó a gritar y a pedir ayuda. El individuo, aunque herido, forcejeó con la joven en un intento final de quitarle el cuchillo. Durante este forcejeo la codemandante Elba A.B.M. cayó al suelo con el cuchillo en la mano, enterrándolo en la tierra mientras el agresor intentaba quitárselo. No obstante, asustado por los gritos de su víctima, él optó por salir corriendo hasta desplomarse más adelante. Por su parte, la codemandante, desnuda de la cintura hacia abajo, herida, sangrando y con el cuchillo aún en la mano, salió de los arbustos gritando y pidiendo ayuda. Ante esta trágica situación, varios estudiantes acudieron a socorrerla. Una estudiante le ayudó a ponerse la ropa, mientras otro fue en busca de la guardia universitaria.
Aunque se suponía que la noche de la agresión hubiese un guardia universitario en la valla de seguridad al lado del Edificio Juan José Osuna y otro dando ronda preventiva en motora a través de los cuatro (4) edificios que ocupan ese lugar, esa noche no había guardias universitarios cerca del lugar. Los dos (2) guardias asignados al turno de 8:00 P.M. a 12:00 de la medianoche habían informado que estarían ausentes de su trabajo. Éstos no fueron sustituidos. No existía plan o procedimiento alguno para ello. La guardia universitaria no había establecido un sistema de prioridades para atender la seguridad de los estudiantes.
Los primeros guardias universitarios se personaron al lugar diez (10) minutos después de que fuera el estudiante en busca de ayuda. Llegaron conduciendo una ambulancia. La *303 codemandante Elba A.B.M. y la Sra. Margarita Aguida, estudiante que momentos antes la había ayudado a vestir, subieron a la ambulancia. Luego de haber recorrido un corto trecho, uno de los guardias universitarios les informó que tenían que detenerse a recoger otra persona que se estaba desangrando dentro del Recinto. Esta persona resultó ser el agresor. A pesar de la desesperada oposición de la víctima de tener que compartir la ambulancia con su agresor, se le informó que no había otra ambulancia disponible, que el herido tenía preferencia y que su única opción era acompañarlos o bajarse de la ambulancia. La codemandante Elba A.B.M. optó por bajarse.
Gracias a la generosidad de otro estudiante, pudo por fin trasladarse en el vehículo de éste al Hospital Guadalupe donde, a pesar de estar sangrando, tanto anal y vaginalmente como por otras partes de su cuerpo, le indicaron que no la podían atender porque su caso debía ser referido al Centro de Víctimas de Violación. Ante ese hecho, los estudiantes la llevaron al Centro Médico donde se le atendió y se le sometió a un examen pélvico. El informe médico confirmó todos los aspectos principales del ataque y las condiciones físicas en que se encontraba la joven Elba A.B.M. después de la agresión.

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