El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico convoca a la prensa y al País a una corta y contundente manifestación el miércoles, 2 de febrero, a las 4:30 PM, frente al Cuartel General de la Policía en Hato Rey. El propósito de la misma es denunciar el abuso sexual contra estudiantes en manifestaciones y actos de desobediencia civil, exigir que se investiguen los policías identificados como agresores sexuales y se tomen las medidas necesarias para sancionarlos; demandar que la Procuradora de las Mujeres cumpla con su función de fiscalizar los procedimientos que aseguran los derechos de las mujeres; reclamar el cese de la tortura a estudiantes y manifestantes; y exigir la salida de la Policía de la Universidad de Puerto Rico.
31.1.11
29.1.11
Sobre la Desobediencia Civil
Recientemente el compañero Carlos
Saavedra, en una entrada titulada “La Nueva Desobediencia Civil… Ni desobediencia ni
civil” afirmaba que en la misma “definiría bien” lo que significa desobediencia
civil. De entrada tengo que decir
que “definir bien” reduce la complejidad de lo político al binomio bien-mal,
una dicotomía que en última instancia es una aporía. En este sentido, y desde esa lógica maniquea, nos propone
que abandonemos las “mala definición” –que me inclino a pensar es la de los y
las desobedientes- y asumamos la que él propone y que, posteriormente, reconoce
es la aplicación del Derecho vigente y una teoría política. Sobre la última no
me queda claro a qué teoría política se refiere.
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De igual manera, postula el
compañero, que quienes hacen uso de la desobediencia civil como estrategia para
hacer sus reclamos al Estado “no saben qué es la desobediencia civil o son
tan posmodernos que sencillamente la definen a su conveniencia”. Nuevamente nos sitúa en una lógica
maniquea, desmereciendo la postura del otro ya porque no saben lo que dicen que
saben o porque los etiqueta con lo que él llama “posmoderno”, despachando así
con liviandad un asunto complejo que no encaja en su pensamiento dicotómico y
totalizador.
Así, el compañero recurre a la
técnica de “explícame como si tuviera cinco años” para dar cuenta de la
desobediencia civil y sus consecuencias.
Aduce que la desobediencia tiene dos componentes principales: el
quebrantamiento de la norma y el arresto como consecuencia de dicho
quebrantamiento. Explica también que dicho arresto materializa lo injusto de la
norma que se denuncia. Sarcásticamente agrega que los arrestos
se producen porque “¡Mira que cosa loca, están desobedeciendo la ley!”. Más que decir que el análisis del
compañero es errado, diré que es extremadamente miope tanto en el reglón de lo
político como en el renglón del Derecho.
En cuanto al Derecho el Tribunal
Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, en United States v. Schoon 955 F.2d 1238, reconoció que existen dos modalidades de desobediencia
civil. Por un lado, la
desobediencia civil directa que “involves
protesting the existence of a law by breaking that law or by preventing the execution
of that law in a specific instance in which a particularized harm would
otherwise follow”. Por
otro lado, la desobediencia civil indirecta que “involves violating a law or interfering with a government policy that
is not, itself, the object of protest”, además agrega que “indirect civil disobedience seeks first and foremost to bring about the
repeal of a law or a change of governmental policy, attempting to mobilize
public opinion through typically symbolic action. These protestors violate a
law, not because it is unconstitutional or otherwise improper, but because
doing so calls public attention to their objectives”. No
hay duda que es en esta modalidad de desobediencia civil que se enmarcan las
acciones estudiantiles de la pasada semana.
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Saavedra
arguye que los y las desobedientes violan la Ley de Tránsito pero parece
ignorar que la desobediencia civil
indirecta busca a través de la violación de una ley, cuya validez no se
cuestiona, llamar la atención sobre un asunto injusto, en este caso la cuota de
$800.00. Es importante dejar claro
que la violación de la ley de tránsito es un acto simbólico que busca
concientizar sobre la cuota de $800.00, sus consecuencias y las alternativas
disponibles. El mismo se da ante
la imposibilidad de violar la norma injusta en sí misma. Es a través de esa violación que se
apela al sentido de justicia de la mayoría dado que el fundamento último del
estado democrático debe ser la justicia.
De
igual manera Saavedra afirma que el arresto es un componente fundamental de la
desobediencia civil y sostiene que, al ser la no violencia otro componente
esencial de esta modalidad de acción, resistir el arresto además de estar
tipificado en el Código Penal desvirtúa el acto mismo de desobedecer. Específicamente dice que deberán
removerse a la fuerza aquellos y aquellas que se aferren al suelo, se rehúsen a
mover las manos o a caminar.
Indica que la remoción mediante carga no es un uso de fuerza excesivo.
Sin embargo unos párrafos más arriba dice que en varias ocasiones ha escuchado
a compañeros afirmar que “la policía utilizó fuerza
excesiva al mover a los manifestantes”. Saavedra parece sugerir que lo anterior no es así pero lo que vemos en
la prensa y en los videos aficionados contradice la sugerencia, acá, aquí y también acá.
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Además,
Saavedra aduce que al ser la desobediencia civil no violenta no hay
justificación alguna para lanzarle a la formación policíaca piedras y
botellas. Parece ser que el compañero ignora que los actos a los que hace referencia no fueron ejecutados por los
desobedientes civiles, dado que ellos y ellas, ya habían sido arrestados y
arrestadas. La resistencia se dio
por parte de los y las manifestantes que respondieron al uso excesivo de la
fuerza que hiciera el Estado al ejecutar el arresto de los desobedientes
civiles. No hay duda que la
presión de las arterias carótidas con el objetivo de provocar debilidad
mediante la obstrucción de la llegada de sangre al cerebro es una técnica de
tortura ante la cual los y las ciudadanas tienen el derecho de resistir. Lo anterior si contar patadas,
macanazos, pisotones, y ahora la agresión sexual durante el arresto, acá.
Ahora
bien, aún cuando autores como Rawls o Habermans hacen hincapié en la no
violencia, otros como Howard Zinn afirman que la no violencia es sólo una
estrategia y que estratégicamente se deben escoger los métodos menos
violentos. Sin embargo, eso no
implica que sea un requisito sine qua non de la desobediencia civil. Igualmente
Hugo Adam Bedau señala, haciendo referencia a Morreall, que el uso de la fuerza
puede ser parte de la desobediencia civil sobre todo en los sit-ins; para profundizar sobre esto puede
verse Civil Disobedience in Focus, acá. Lo cierto es que hay gamas de
resistencia en el arresto pero no debe confundirse el dificultar el arresto con
la violencia política. Esta última
es la que pretende transformar el orden social en su totalidad a diferencia de
los actos desobedientes que sólo buscan denunciar una instancia injusta en el
ordenamiento, aquí.
Finalmente Saavedra pretende
salvar su argumento haciendo un “caveat” bastante singular y dice: “que si eres
creyente [sic] del Derecho Natural o de la revolución armada nada de esto te
aplica”. Esto no es otra cosa que
salvar un argumento insertándole una hipótesis ad hoc. Es decir, excluir de plano todo
argumento que puede contradecir lo planteado por él de manera tal que el argumento se tenga que asumir acríticamente y no esté sujeto a un contra-argumento.
La desobediencia civil aparece
cuando todas las demás modalidades de protestas hechas dentro del marco de
legalidad definido por el Estado fracasan. El caso de la UPR es un claro ejemplo de lo anterior. La administración universitaria de mano
de la mayoría del Tribunal Supremo han transformado un espacio de expresión
pública tradicional en uno por designación. Esto último tiene como consecuencia la concesión a la
administración universitaria de mayores poderes de reglamentación lo que ha
redundado en cuatro o cinco cartelones que designan los lugares en los cuales
se puede ejercer el derecho constitucional a la libre expresión; sobre esto último
pueden ver una columna muy interesante acá.
En este sentido, la limitación del
espacio de expresión sumado a la prohibición de manifestaciones, mítines,
reuniones y demás acciones concertadas de participación masiva que hiciera la
rectora de Río Piedras ha producido que los y las estudiantes busquen
mecanismos alternos de expresión.
Mecanismos que buscan denunciar no sólo la cuota de desestabilización
sino también la denuncia del cercenamiento de las libertades individuales
dentro de la Universidad, las sistemáticas violaciones por parte de la Policía
al derecho a la intimidad, el derecho de reunión, expresión y de prensa, la
libertad de organización, protección contra ataques a la honra, protección
contra registros irrazonables, entre otras violaciones.
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De esta manera Habermas nos dice “es preciso reconocer la desobediencia civil como parte componente de
la cultura política de una comunidad democrática. Cuando fracasa la
Constitución representativa ante retos (…) los ciudadanos que no disponen de
oportunidades privilegiadas de ejercer influencia, han de ejercer las funciones
inmediatas del soberano y deben recurrir a la desobediencia civil con la
intención de dar un impulso a las necesarias correcciones e innovaciones” aquí.
De otra manera ampararnos en legalismos restrictivos de los espacios
democráticos nos conduce a lo que el mismo autor denomina como “legalismo
autoritario”. Es indudable que
la Policía de Puerto Rico está haciendo un uso desproporcionado e ilegítimo del
poder coercitivo depositado en manos del Estado. Esto último sucede cuando el Estado se aleja de la búsqueda
del bien común en pos de la consecución de intereses particulares. En ese momento y si, parafraseando a
Bernart Tort, aún le queda algo de carne a este esqueleto democrático es que se
hace indispensable cuestionar el uso de la violencia por parte del Estado. En este sentido no puedo dejar de citar
a Hannah Arendt en “Civil Disobedience” cuando afirma que la desobediencia
civil es un indicativo de la pérdida de autoridad del Derecho mientras que la
desobediencia criminal es la consecuencia de la erosión de la competencia y
poder de la Policía. No es
coincidencia que mientras el Estado destina sus recursos a la represión y la
restricción de la participación ciudadana en la cosa pública los índices criminales
se disparan como nunca antes.
No puede ser, de nuevo pensando en Bernart Tort, que sólo nos quede el
esqueleto de la democracia, estructuras anquilosadas e instituciones
disciplinarias y de control. Este futuro
post-democrático, que se mueve cada vez más a la derecha, encuentra su poder en
la apatía y la indiferencia, que sin duda nos empujan a un legalismo
autoritario con espacios designados para la participación. Así, quienes
favorecen el status quo buscan legitimar acciones estatales, por todos los medios disponibles, que claramente son
contrarias a los principios democráticos que sirven de base a nuestra Constitución contribuyendo notablemente al debilitamiento de la democracia.
26.1.11
5 de mayo de 1976: La última y mala noticia sobre Haroldo Conti
Me acaba de llegar vía correo electrónico este texto de Gabriel García Márquez sobre la desaparición de Haroldo Conti. Lo comparto.
Gabriel García Márquez
A Haroldo Conti, que era un escritor argentino de los grandes, le advirtieron en octubre de 1975 que las fuerzas armadas lo tenían en una lista de agentes subversivos. La advertencia se repitió por distintos conductos en las semanas siguientes y, a principios de 1976, era ya de dominio público en Buenos Aires. Por esos días, me escribió una carta a Bogotá, en la cual era evidente su estado de tensión. "Martha y yo vivimos prácticamente como bandoleros", decía, "ocultando nuestros movimientos, nuestros domicilios, hablando en clave". Y terminaba: "Abajo va mi dirección, por si sigo vivo". Esa dirección era la de su casa alquilada en el número 1205 de la calle Fitz Roy, en Villa Crespo, donde siguió viviendo sin precauciones de ninguna clase hasta que un comando de seis hombres armados la asaltó a medianoche, nueve meses después de la primera advertencia, y se lo llevaron vendado y amarrado de pies y manos, y lo hicieron desaparecer para siempre. Haroldo Conti tenía entonces 51 años, había publicado siete libros excelentes y no se avergonzaba de su gran amor a la vida. Su casa urbana tenía un ambiente rural: criaba gatos, criaba palomas, criaba perros, criaba niños y cultivaba en canteros legumbres y flores. Como tantos escritores de nuestra generación, era un lector constante de Hemingway, de quien aprendió además la disciplina de cajero de banco. Su pensamiento político era claro y público, lo expresaba de viva voz y lo exponía en la prensa, y su identificación con la revolución cubana no era un misterio para nadie.
Desde que recibió las primeras advertencias tenía una invitación para viajar a Ecuador, pero prefirió quedarse en su casa. "Uno elige", me decía en su carta. El pretexto principal para no irse era que Martha estaba encinta de siete meses y no sería aceptada en avión. Pero la verdad es que no quiso irse. "Me quedaré hasta que pueda, y después Dios verá", me decía en su carta, "porque, aparte de escribir, y no muy bien que digamos, no sé hacer otra cosa". En febrero de 1976, Martha dio a luz un varón, a quien pusieron el nombre de Ernesto. Ya para entonces, Haroldo Conti había colgado un letrero frente a su escritorio: "Este es mi lugar de combate, y de aquí no me voy". Pero sus secuestradores no supieron lo que decía ese letrero, porque estaba escrito en latín.
El 4 de mayo de 1976, Haroldo Conti escribió toda la mañana en el estudio y terminó un cuento que había empezado el día anterior: A la diestra. Luego se puso saco y corbata para dictar una clase de rutina en una escuela secundarla del sector, y antes de las seis de la tarde volvió a casa y se cambió de ropa. Al anochecer ayudó a Martha a poner cortinas nuevas en el estudio, jugó con su hijo de tres meses y le echó una mano en las tareas escolares a una hija del matrimonio anterior de Martha, que vivía con ellos: Myriam, de siete años. A las nueve de la noche, después de comerse un pedazo de carne asada, se fueron a ver El Padrino II. Era la primera vez que iban al cine en seis meses. Los dos niños se quedaron al cuidado de un amigo que había llegado esa tarde de Córdoba y lo invitaron a dormir en el sofá del estudio.
Cuando volvieron, a las 12.05 horas de la noche, quien les abrió la puerta de su propia casa fue un civil armado con una ametralladora de guerra. Dentro había otros cinco hombres, con armas semejantes, que los derribaron a culatazos y los aturdieron a patadas.
El amigo estaba inconsciente en el suelo, vendado y amarrado, y con la cara desfigurada a golpes. En su dormitorio, los niños no se dieron cuenta de nada porque habían sido adormecidos con cloroformo.
Haroldo y Martha fueron conducidos a dos habitaciones distintas, mientras el comando saqueaba la casa hasta no dejar ningún objeto de valor. Luego los sometieron a un interrogatorio bárbaro. Martha, que tiene un recuerdo minucioso de aquella noche espantosa, escuchó las preguntas que le hacían a su marido en la habitación contigua. Todas se referían a dos viajes que Haroldo Conti había hecho a La Habana. En realidad. había ido dos veces -en 1971 y en 1974-, y en ambas ocasiones como jurado del concurso de La Casa de las Américas. Los interrogadores trataban de establecer por esos dos viajes que Haroldo Conti era un agente cubano.
A las cuatro de la madrugada, uno de los asaltantes tuvo un gesto humano, y llevó a Martha a la habitación donde estaba Haroldo para que se despidiera de él. Estaba deshecha a golpes, con varios dientes partidos, y el hombre tuvo que llevarla del brazo porque tenía los ojos vendados. Otro que los vio pasar por la sala, se burló: "¿Vas a bailar con la señora?". Haroldo se despidió de Martha con un beso. Ella se dio cuenta entonces de que él no estaba vendado, y esa comprobación la aterrorizó, pues sabía que sólo a los que Iban a morir les permitían ver la cara de sus torturadores. Fue la última vez que estuvieron juntos. Seis meses después del secuestro, habiendo pasado de un escondite a otro con su hijo menor, Martha se asiló en la Embajada de Cuba. Allí estuvo año y medio esperando el salvoconducto, hasta que el general Omar Torrijos intercedió ante el almirante Emilio Massera, que entonces era miembro de la Junta de Gobierno Argentina, y éste le facilitó la salida del país.
Quince días después del secuestro, cuatro escritores argentinos -y entre ellos los dos más grandes- aceptaron una invitación para almorzar en la casa presidencial con el general Jorge Videla. Eran Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Alberto Ratti, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, v el sacerdote Leonardo Castellani. Todos habían recibido por distintos conductos la solicitud de plantearle a Videla el drama de Haroldo Conti. Alberto Ratti lo hizo, y entregó además una lista de otros once escritores presos. El padre Castellani, entonces tenía casi ochenta años y había sido maestro de Haroldo Conti, pidió a Videla que le permitiera verlo en la cárcel. Aunque la noticia no se publicó nunca, se supo que, en efecto, el padre Castellani lo vio el 8 de julio de 1976 en la cárcel de Villa Devoto, y que lo encontró en tal estado de postración que no le fue posible conversar con él.
Otros presos, liberados más tarde, estuvieron con Haroldo Conti. Uno de ellos rindió un testimonio escrito, según el cual fue su compañero de presidio en el campo de concentración de la Brigada Goemez, situada en la autopista Richieri, a doce kilómetros de Buenos Aires por el camino de Ezeiza. "En mayo de 1976", dice el testimonio, "Haroldo Conti se encontraba en una celda de dos metros por uno, con piso de cemento y puerta metálica. Llegó el día 20. Dijo haber estado en un lugar del Ejército, donde lo pasó muy mal. Dijo que se había quedado encerrado en un baño, donde se desmayó. Apenas sí podía hablar y no podía comer. El día 21 pudo comer algo. Se ve que andaba muy mal porque le dieron una manta y lo iban a ver con frecuencia. En la madrugada del día 22 lo sacaron de la celda. Parece que lo iban a revisar o algo así. Estaba muy mal y no retenía orines". El testigo no lo volvió a ver en la prisión. No ha habido gestión, ni derecha ni torcida, que la esposa y los amigos de Haroldo Conti no hayamos hecho en el mundo entero para esclarecer su suerte.
Hace unos dos años sostuve una entrevista en México con el almirante Emilio Massera, que ya entonces estaba retirado de las armas y del Gobierno, pero que mantenía buenos contactos con el poder. Me prometió averiguar todo lo que pudiera sobre Haroldo Conti, pero nunca me dio una respuesta definitiva. En junio de 1980, la reina Sofía de España viajó a Argentina al frente de una delegación cultural que asistió al aniversario de Buenos Aires. Un grupo de exiliados le pidió a algunos miembros de la comitiva que intercedieran ante el Gobierno argentino para la liberación de varios presos políticos prominentes. Yo, en nombre de la Fundación Habeas, y como amigo personal de Haroldo Conti, les pedí una gestión muy modesta: establecer de una vez y para siempre cuál era su situación real. La gestión se hizo, pero el Gobierno argentino no dio ninguna respuesta. Sin embargo, en octubre pasado, cuando ya estaba decidido su retiro de la presidencia, el general Jorge Videla concedió una entrevista a una delegación de alto nivel de la agencia Efe, y respondió algunas preguntas sobre los presos políticos. Por primera vez habló entonces de Haroldo Conti. No hizo ninguna precisión de fecha, ni de lugar ni de ninguna otra circunstancia, pero reveló sin ninguna duda que estaba muerto. Fue la primera noticia oficial, y hasta ahora la única. No obstante, el general Videla les pidió a los periodistas españoles que no la publicaran de inmediato, y ellos cumplieron. Yo considero, ahora que el general Videla no está en el poder, y sin haberlo consultado con nadie, que el mundo tiene derecho a conocer esa noticia.
1981. Gabriel García Márquez
18.1.11
La UPR hoy
Tanto este blog como su autora hemos sido constantes en nuestra defensa de la educación pública, accesible y de excelencia. También hemos defendido incansablemente nuestro derecho a la protesta, a la libre expresión y los ideales y espacios democráticos. Es por eso que hoy queremos denunciar la decisión caprichosa y arbitraria de la Administración Universitaria y sus agentes que obliga a los y las estudiantes a tomar exámenes en una Universidad ocupada por la Policía, sus caballos y demás parafernalia de la violencia del Estado. Repudiamos ese acto por ser éste uno de violencia institucional en contra de los miembros y de las miembras de la comunidad universitaria.
Alzamos nuestra voz y dejamos claro que la UPR de enero de 2011 no es la UPR que escogimos para estudiar y obtener nuestros grados. La UPR de enero 2011 es una imposición del gobierno de turno instrumentada por sus lacay@s y cómplices. Reafirmamos nuestra relación de compromiso y amor con la Universidad y el proyecto universitario.
14.1.11
La resolución del año*
14 Enero 2011
La resolución del año
Vayamos más allá de los deseos para el año nuevo, como bajar de peso y la paz para distantes lugares en el mundo que se encuentran en conflictos armados. Algunas veces deseamos que el año nuevo mejore la situación económica personal; otras veces sumamos la nacional, pero rara vez nos miramos como país e incluimos en nuestras resoluciones la consecución de la equidad, la expansión de los espacios democráticos y la conquista de la paz social. El 2010 se caracterizó por la falta de diálogo, la represión mediante el uso de la fuerza policial, la criminalización de la protesta, el ataque permanente a las instituciones más importantes del país, el aumento de la criminalidad, entre muchos otros males. Los espacios democráticos, de una democracia pocas veces cuestionada, se redujeron drásticamente e incluso la administración universitaria, con ayuda de la Policía, reglamentó los espacios de expresión pública en la Universidad de Puerto Rico.
La Legislatura, supuestos representantes de la ciudadanía, se ha aprestado a presentar y aprobar proyectos de ley que atentan contra la participación ciudadana y limitan su intervención en la cosa común. Además han propuesto tipificar conductas dentro de la Universidad de Puerto Rico que se prestan para la persecución de la disidencia y que, en última instancia, están dirigidas a acallar, a silenciar e interrumpir el libre intercambio de ideas. De igual manera, la mayoría del Tribunal Supremo ha avalado las actuaciones del Estado dirigidas a criminalizar la protesta y ha contribuido, notablemente, a la debilitación de la democracia.
Hay que dejar claro que la protesta es una prerrogativa que tienen los ciudadanos para exigirle al Estado que actúe ante alguna situación o cese alguna actuación que se considera injusta. En ese sentido, la protesta es la condición de posibilidad de cualquier estado que se quiera llamar democrático. A diferencia de lo que nos han hecho pensar, la protesta es un derecho que trasciende el derecho del Estado o derecho positivo. En ese sentido existe independientemente de la consignación en una Constitución, una ley o un reglamento. Aquel Estado que se disponga reglamentar la protesta de la manera que se hace hoy en Puerto Rico y a restringir la libertad de manera tal que se reduzcan al mínimo los espacios de acción política, se asemejan más a un totalitarismo que a una democracia. Así que nuestra resolución principalísima en el 2011 debe ser reclamar más derechos democráticos y no aceptar la restricción de los actuales. Es un deber ciudadano impedir que el estado de excepción que hoy impera en Puerto Rico se normalice y para ello es imprescindible rescatar nuestros espacios de acción política.
*Publicada hoy en el Nuevo Día, acá.
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