La culpa es huérfana o Edwin Mundo v. C.E.E., CT-2012-20

Hoy El Nuevo Día publicó una noticia, acá, que pasó por desapercibida y se perdió entre cierres de campaña y caídas de exgobernadores. En ésta nos anunciaba que una mayoría del Tribunal Supremo ordenó que se imprimiesen las listas de electores inactivos y se entregasen a todos los colegios electorales. Así, mediante una Opinión certificada este mismo sábado, nuestro más Alto Foro puso en entredicho el sistema electoral cuando expresó que “en esta ocasión la confianza, transparencia y pulcritud del sistema electoral de Puerto Rico está bajo ataque a tan sólo tres días de que nuestro Pueblo exprese su voluntad en las urnas”. Edwin Mundo v. C.E.E. Y otros, CT-2012-020, Opinión Per Curiam. De esta manera, mediante expresión Per Curiam, dio paso al pedido del P.N.P., revocó una resolución de la Comisión Estatal de Elecciones y concedió que se le entregasen las listas de los electores que están inactivos por no haber votado en la elección del 2008. Es importante notar que, en esta oportunidad, ninguno de los jueces nombrados por el Partido Nuevo Progresista quiso hacerse cargo de la autoría de la Opinión del Tribunal. Una opinión Per Curiam no es otra cosa que una ponencia del Tribunal y no de un juez o jueza particular. Es claro, que el peso de lo que conlleva esta Opinión nadie lo quiere cargar. Ya lo dice el refrán, la culpa es huérfana.

Foto tomada de la página de la Rama Judicial

La nueva mayoría del Tribunal equiparó la categoría de elector inactivo a la categoría de elector excluido y enmendó vía fíat judicial el Reglamento para las Elecciones Generales y el Escrutinio General de las Elecciones de 2012. A diferencia de lo que nos quieren hacer creer, el Art. 6.012 del Código Electoral para el Siglo XXI expresamente dispone que “[s]i un elector dejare de votar en una elección general su registro o expediente será inactivado en el Registro General de Electores. La Comisión podrá excluir del mencionado registro a aquellos electores que por causales dispuestas en esta Ley o reglamento así se establezca. Una exclusión no implicará la eliminación de los datos del elector del Registro General de Electores”.

El Supremo afirma que es una causal de exclusión la inactivación del elector por éste no haber votado en las últimas elecciones. Sin embargo, esa causal no está contenida en el Código Electoral como nos quieren hacer creer. El Código Electoral lista las causales de exclusión en el Art. 6.017 y expresamente dispone que “[p]ara que se proceda a la exclusión de un elector que aparezca en el Registro General de Electores deberá presentarse ante la comisión local concernida una solicitud de recusación y/o exclusión de dicho elector por uno o más de los siguientes fundamentos: (1) que el elector no es ciudadano de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América; (2) que el elector no está domiciliado en la dirección señalada en su solicitud a la fecha de inscripción o en el momento de la recusación; (3) que el elector no ha cumplido dieciocho (18) años y no habrá de cumplirlos en o antes del día de las siguientes Elecciones Generales; (4) que el elector no es la persona que alega ser en su solicitud de inscripción; (5) que el elector haya fallecido; (6) que el elector ha sido declarado mentalmente incapaz por un Tribunal; y (7) que el elector aparece inscrito más de una vez en el Registro General de Electores”. Debe quedar meridianamente claro que el Art. 6.012, a diferencia de lo que el Supremo dice que dice, no establece una exclusión por inactivación.

De igual manera, el Tribunal en un claro acto de activismo judicial, enmendó el Reglamento Electoral para las Elecciones Generales. Así, sustituyó una interpretación razonable emitida por el foro administrativo a la luz de la sus leyes y reglamentos por una dúctil y hecha a medida que adelanta el pedido del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista.  Esto tiene la consecuencia de privarle el derecho al voto a aquellos y a aquellas que no se encuentren en la lista y que antes podían votar mediante el voto añadido a mano.

En este sentido, es fundamental, prestar atención a la Opinión Disidente de la Juez Asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez a la que se unieron el Juez Presidente y la Jueza Asociada Liana Fiol Matta. En esta se razona y fundamenta una interpretación del Código Electoral y el Reglamento para las Elecciones Generales razonable y coherente donde se denuncia el macramé jurídico de una mayoría que no duda de valerse de cualquier herramienta para interpretar de forma acomodaticia y circunstancial el texto de la ley al resultado que buscan llegar.

Hoy nuestra democracia es aún más chiquita. Hoy el Tribunal Supremo achica el derecho al voto de vaya a saber cuántos ciudadanos y ciudadanas que se verán afectados y afectadas al encontrarse con un funcionario de colegio que no le permita votar de la manera diseñada reglamentariamente para aquellos electores que, por error, aparecen desactivados. Igualmente, vaya a saber cuántos incidentes puedan suscitarse en los colegios electorales cuando se intente impedir votar a alguien que quiere hacerlo.

El derecho al voto era uno de los pocos derechos democráticos que no se había visto afectado, aunque Suárez Cáceres nos había dado pistas de lo que podría pasar. No podemos olvidar que esta administración -y su brazo judicial-, abiertamente, se ha encargado de reducir los derechos vinculados al ejercicio democrático y a la participación de la ciudadanía en los procesos que les afectan y competen. En esta ocasión, Edwin Mundo v. C.E.E. se suma a Fundación Surfrider, a UPR v. Laborde, a Asociación de Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, a Suárez Cáceres v. C.E.E., a Justo Lozada v. A.E.E., a Domínguez Castro v. E.L.A., a Pantoja Oquendo v. Municipio de San Juan, entre muchas otras. Es por eso que el martes, antes de votar, piensa bien qué camino queremos transitar y qué País queremos construir y cuando estés frente a esa papeleta a Fortuño y a su claque diles que no.

El Canõ no es Sila*

26 Septiembre 2011

El Caño no es Sila

MARIANA IRIARTE

Si me preguntaran qué ha sido lo que más me impactó de la Escuela de Derecho mientras estudiaba allí diría, sin temor a equivocarme, que fue el proyecto “Enlace Caño Martín Peña”. Un proyecto de autogestión comunitaria y permanencia en la ciudad a través de un fideicomiso de tierras, figura utilizada tanto en Estados Unidos como en otras jurisdicciones para proveer vivienda asequible a los sectores menos aventajados económicamente.

A pesar de su gestión, de numerosos premios e incansables esfuerzos, la política partidista del País lo pone en entredicho. Los que han hecho de la política una profesión sin vocación aprovechan para desinformar en cada intervención mediática, atacando y cuestionando a sus líderes. Han empatado el proyecto con el Partido Popular Democrático como si la autogestión de las comunidades postergadas históricamente por el Estado dependiera de algún partido.

El Fideicomiso del Caño Martín Peña es un proyecto de autogestión que busca apoderar a los ciudadanos a la vez que les provee vivienda asequible y asegura su permanencia en la ciudad. La comunidad, a través de la participación ciudadana en más de setecientas asambleas comunitarias, encontró en el fideicomiso de tierras una herramienta para prevenir el desplazamiento del cual son víctimas los sectores vulnerables de las urbes mundiales.

Aunque en el verano previo a las elecciones el gobernador les prometió a las ocho comunidades aledañas al Caño que no intervendría con el proyecto, una de las primeras cosas que hizo cuando llegó al poder fue quitarle, mediante la firma de una ley, las tierras al fideicomiso. Sostuvieron que entregarían títulos de propiedad. La tenencia colectiva de la tierra no se ajustaba a su visión individualista y anticomunitaria. Sin embargo, el Caño continuó la pelea y día a día batalla por el bienestar de su gente.

El conflicto de comunidades especiales lo trae nuevamente a la palestra. Se pelean entre ellos con rabia y saña. Se insultan. Se desgarran públicamente. Que si tu madre, que si tu padre. Los insultos y las peleas públicas, moneda corriente entre la claque gobernante, nada hacen por la gente del Caño. Mientras se insultan, con el café y la mallorca al lado, la gente sigue igual de pobre, igual de inundada, igual de vulnerable. No hay proyecto estatal de desarrollo y rehabilitación, sólo la promesa de un título que asegura la eventual expropiación de unos terrenos que prometen en el corazón de la ciudad.

El Fideicomiso del Caño Martín Peña es un proyecto de justicia social y ambiental autogestionario. Los administradores del Estado no conocen qué es eso. Lo han demostrado los últimos años.

*Publicada originalmente en El Nuevo Día, acá. 

La paralización: ¿Única forma de resistir?

El 7 de junio de 2010, a 46 días de comenzada la huelga estudiantil que duró 62, este blog publicaba una entrada titulada “Defendamos el Proyecto Universitario”.  En esa entrada abogábamos por la reapertura de la Universidad dado que leíamos el cierre como la estrategia –aunque disimulada- de la Administración y el gobierno de Luis G. Fortuño.  Nos preocupaba y preguntábamos –principalmente- si el gobierno tenía un plan para la Universidad y el cierre de los recintos le facilitaba algún tipo de reforma.  Hoy contamos con el beneficio de saber que el gobernador nombró un comité asesor para una eminente reforma universitaria y con ese beneficio nos reafirmamos en lo dicho en “Defendamos el Proyecto Universitario” y además agregamos lo que sigue.  De igual manera queremos aclarar que tanto este blog como su autora reconocen el potencial de las huelgas y paralizaciones como herramienta para la reivindicación de derechos y transformación social, sólo que difiere en el uso de ésta en esta coyuntura.  

Hace algunos días que, de cara a la crisis universitaria, pululan en las redes sociales y revistas digitales llamados a retomar las aulas y los espacios universitarios.  Esos llamados han sido acogidos por un sinnúmero de docentes, estudiantes y trabajadores pero no es menos cierto que también se han generado intensos debates y han encontrado resistencia entre otros grupos de los mismos sectores.  Hoy, por ejemplo, la profesora Érika Fontánez Torres nos hace una invitación a través de su blog a leer con apertura.  La profesora Fontánez Torres recoge los principales artículos sobre el tema y nos exhorta a no dejar pasar la oportunidad de insertarnos en el debate y la discusión de aquello que como universitarios y universitarias nos aqueja. De este modo, y respecto a la propuesta de una Universidad abierta, no ha faltado quien argumente que retomar los salones de clases es un llamado al inmovilismo y a la inacción.  Que sería, al fin y al cabo, claudicar en la lucha por la Universidad pública y accesible  y que no es más que una postura cómoda de quienes no están dispuestos a luchar.

Foto Érika Fontánez Torres

A diferencia de quienes así piensan me he propuesto –y les propongo- pensar la Universidad como un espacio que trasciende la manera tradicional en que se adquiere conocimiento.  Con lo anterior quiero decir que –al menos para mí- la Universidad es mucho más que un lugar donde me siento a recibir información.  A diferencia de lo propuesto en UPR v. Laborde, mi relación con la Universidad no es una relación contractual.  Es por ello que cuando la interrupción de la labor universitaria deja de ser un medio y se convierte en un fin no sólo se interrumpe la lección que en ese momento se esté dando sino que también se interrumpe un proceso incapaz de reproducirse por sí mismo fuera de un salón de clases.  Respecto a eso Érika Fontánez Torres nos dice “si por algo se caracteriza la UPR (y por algo está en peligro) es precisamente porque lo que ocurre en esos salones de clase, en su mayoría, no es poca cosa. Algunos enfatizan que lo ocurre en esos salones de clase es precisamente un llamado constante e incondicional al cuestionamiento, al  desmontaje y la des-normalización del entorno y mundo en que vivimos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Vale la pena intentar potenciarlo?”, en ese sentido está en nosotros y nosotras potenciarlo subversivamente: cuestionar el poder, deconstruir instituciones y –como señala Érika- des-normalizar el entorno y las relaciones de poder que lo construyen y configuran.

No hay duda que es la Universidad el lugar por antonomasia del pensamiento.  Esto no significa que no pueda haber pensamiento fuera de la Universidad pero si hay algo que no puede haber es Universidad sin pensamiento.  De esta manera, como universitarios y universitarias, recae sobre nuestros hombros la responsabilidad de mirar críticamente los procesos que en la Universidad se dan.  Nos compete a nosotros y nosotras ser nuestros mayores críticos y asumir con valentía la reorganización de nuestros métodos, la redefinición de estrategias y el agenciamiento de espacios de participación que contribuyan a construir una Universidad más plural, democrática e inclusiva.

Ahora bien, para construir una Universidad más plural, democrática e inclusiva es indispensable tener una Universidad.  Aún cuando simpatizo muchísimo con proyectos como “Universidad Sin Paredes” reconozco que sería imposible sacar del Recinto las dinámicas universitarias si no tuviéramos una Universidad como espacio de quehacer académico e intelectual. El aula es necesaria porque es ese espacio el lugar donde aprendemos a pensar, a leer críticamente, a comprender la Historia, a entender el Derecho.  De esta manera, los espacios universitarios, son mucho más ricos que el tema asignado para discutir un día equis.  Pensar que con la paralización sólo se interrumpe un proceso que podrá volverse a repetir eventualmente es reproducir la lógica de la huelga obrero-patronal.   Si nos fijamos bien ese mismo es el argumento del Tribunal Supremo cuando trata de ilegalizar la huelga mediante el uso del discurso jurídico.  La Universidad no meramente produce clases que los y las estudiantes consumimos sino que se caracteriza por la producción constante de pensamiento crítico, intercambio de ideas, cuestionamiento del mundo, en fin lo que Fontánez Torres denomina como la des-normalización.  En ese sentido, es la des-normalización lo que se interrumpe y le abre paso a espacios que si bien pueden ser participativos  pocas veces son inclusivos y menos veces amplios y diversos como puede ser un aula del curso “Problemas del Mundo Contemporáneo” o “Obligaciones y Contratos” o “Teorías y Metodologías Feministas”.  Me atrevería a afirmar que, más allá de la formación política que pudiera acarrear, fueron esos cursos algunos de los que viabilizaron las preguntas por la democracia, la equidad, la inclusión, la política, el poder, las instituciones, entre otros.

En este sentido, retomar las aulas poco tiene que ver con volver a la normalidad y la comodidad.  La cotidianidad hoy está dada por las paralizaciones periódicas de las clases.  Es normal que unos a otros nos preguntemos qué facultad será paralizada y si se podrá o no llegar al salón.  Es normal que alguien llame y pregunte si el portón de la Mariana Bracetti está bloqueado para entonces dar la vuelta por la Barbosa.  En esa normalidad, en la de las paralizaciones, perdemos el fruto de lo que ocurre en el salón, que distan mucho de lo normal.  Por eso, y visto desde una perspectiva ético-política, debemos preguntarnos cómo las paralizaciones de clases adelantan la construcción de la Universidad que queremos, cómo las interrupciones pueden afectar –o no- a los otros que conviven en el espacio universitario y que no necesariamente participan de los procesos de toma de decisiones, pero, ante todo, preguntarnos por lo que estamos dejando de ganar. 

Por otro lado, quienes argumentan que abogar por el regreso a las aulas es una posición cómoda pasan por alto que  si hay algo incómodo en estos momentos es el regreso al salón.  Recuperar y reconstruir la Universidad que queremos conlleva un proceso de resquebrajamiento interno para quienes componen la comunidad universitaria, hacerse cargo de lo común dentro de nuestra cotidianidad y reclamar nuestro espacio político en el adentro acarrea la resistencia de quienes han hecho el afuera su campo de lucha y de quienes desde adentro nos quieren sacar del ruedo político porque facilitaría la construcción de la Universidad que ellos y ellas quieren.  Los posicionamientos políticos deben entenderse y debatirse como lo que son, posicionamientos políticos y no desde el moralismo que señala que redefinir las estrategias de las paralizaciones de clases y huelgas es rendirse, arrodillarse, venderse, entre muchos otros epítetos.

Es por eso que, de cara a una Asamblea de Estudiantes, es imperioso que miremos al proceso actual honestamente.  Que reevaluemos nuestras estrategias, que reconozcamos que la cuota es sólo uno de los problemas que aquejan a la Universidad y qué, sobre todo, evaluemos cómo determinada estrategia contribuye a la consecución de mejores arreglos institucionales.  Arreglos que le permitan a la Universidad –y el proyecto social que ésta ha representado- seguir siendo el primer centro docente del país y que cuente con una amplia participación de aquellos y aquellas que componemos la Universidad. Que la normalidad no nos convierta en meros espectadores, combatámosla retomando  las aulas para hacer de ellas nuestra mayor trinchera.

Marche Preso parte2

Marche Preso parte1

Please speak about PR abuses, Chuck (Judith Berkan)

An open letter to Sen. Charles Schumer

Dear Chuck:

I take the liberty of addressing you as Chuck, because you and I go way back. I met you on the first day of law school 40 years ago. Both of us, wide-eyed and a little intimidated,

arrived at that elite school on pure merit and hard work. Unlike some of our classmates, of the

Skull & Bones ilk, neither you nor I had gotten into that hallowed institution based on birthright

privilege. And, in the best tradition of public service, both of us were geared towards using our

skills for the social good, although in widely different ways.

Although I followed your career over the years, it wasn’t until a year ago that I ran into you again, in the unexpected context of an elevator in the New York building where both your

parents and mine happened to live in their later years. We talked briefly, and you demonstrated both an interest in and a knowledge of happenings in Puerto Rico, where I have made my home for over three decades.

Based on that history, I write to you now. You are a person of certain power who follows events in Puerto Rico and represents many who come from this island. I believe you have come here in the past in search for donations for your campaigns. Therefore, I’m forced to ask ---- why the silence? Why haven’t you spoken out about the repression, the draconian economic measures, the torture of demonstrators, the intransigence of the government, the breakdown of institutions, the attacks on communities, all of which have become the stuff of everyday life here?

As I watch the news from the States and I see your former Junior Senator, now Secretary of State Clinton, exhort the Egyptian police and military to use “restraint” and demand that leaders in the Middle East open up to reforms, I ask myself ---- why the silence about Puerto Rico, the largest remaining direct colony of the United States?

Chuck, haven’t you heard about the strike at the University of Puerto Rico? Hasn’t anyone told you about the hard-fought agreement reached between striking students and the UPR Board last spring? Don’t you know how that moment of inspiration was quickly dissipated when the legislature, without an inkling of input from the university community, immediately increased the number of Board members. Within days, the governor nominated the new members, who

were approved upon consent of the Senate and immediately revoked the accords.

Chuck, you may have heard about the police corruption on the island, with the much-heralded arrests of over 100 officers a few months back. But are you aware that in recent days, peaceful demonstrations by students protesting against changes at the UPR, including a substantial tuition hike, have been subjected to known torture techniques by the Puerto Rico

Police? Do you know about the police attack on demonstrators last June 30, when a peaceful protest against the closing of the Senate Chamber was brutally attacked, resulting in dozens of injuries? Do you know about the use of tasers against a UPR student last June, the young man shocked three times for holding up a protest sign at a hotel, with the participation of the second in command of our police force?

Chuck, do you know that at this very moment, all demonstrations have been banned at the main campus of the University of Puerto Rico? Do you know that the chancellor of that campus issued an edict prohibiting even the passing out of leaflets, in clear violation of the most fundamental freedoms we were taught to hold dear back in our Constitutional Law class in the

early seventies?

Are you aware of the dozens of arrests of students for handing out leaflets, of the designation of “public free speech” quadrants, outside of which speech is not allowed? Do you know that in the irony of all ironies, a student was recently arrested for “illegal appropriation,” for removing one of the odious signs limiting free speech to these confined areas?

Chuck, of course you remember that in Con Law, we learned about “judicial restraint” and the fact that courts are not supposed to take up matters except in the context of true cases and controversies? Well, I invite you to read a recent decision of the Puerto Rico Supreme Court (packed with new appointments made not for their distinction as jurists, but rather for their political activism in favor of the governing party). In the absence of any pending case at that time, the high court decided that students did not have the right to strike and that the UPR could suppress their protest activities, with the distinguished jurists deciding to enter the fray under the theory that the case wasn’t moot because students could decide to strike again.

Chuck, do you know that the government of Puerto Rico, headed by Grover Nordquist protegé Luis Fortuño, has implemented draconian neo-liberal policies, including massive layoffs of public workers and privatization of basic services, for the benefit of the ruling few and for the ultimate impoverishment of the country and the elimination of any semblance of a middle class?

How about the fact that the governor and his cohorts continually snub their noses at those who dare protest? In late 2009, some 150,000 Puerto Ricans took to the streets to protest the administration’s economic policies. This gathering, massive in a country of less than 4 million, generated a Dick Cheney-esque “So what?” from the government.

Organized low-income communities have been attacked, as have institutions which have zealously protected democratic rights. Our Bar Association, long a defender of the rights of the underrepresented, is now subject to a legislative prohibition outlawing “political or religious expression” of any kind.

In this context, the fact that the Supreme Court appointments sailed through the confirmation process in a question of days, without any significant input from the legal community or other affected sectors, is particularly troubling.

Chuck, are you aware about the return to Cold War era rhetoric to attack those of us who dare to protest? A police colonel calling protesters “terrorists?” The governor’s right-hand man, Marcos Rodríguez Ema, saying that UPR professors are parasites and unrepetent leftists who should be “kicked out on their butts,” even if they have tenure at the UPR?

Chuck, you and I know that we were very lucky. Yes, we worked hard, but we got to where we wanted to be through the opportunities which were opened up to people like us 40 years ago. As I live and work in today’s Puerto Rico, I see that slipping away. I see the return to the attacks of the 1950's which decimated communities and suppressed legitimate demands for reform. I see the impoverishment of all but a few. I see repression reaching levels which are

frightening. I see the breakdown of the few remaining democratic institutions. And yet there is silence from those of you who profess to care about this island.

So, Chuck, I’m writing this open letter. While you and your fellow legislators are monitoring the situation in the Middle East, I ask you to pause to look a little more closely at your back yard. Take a hard look at what is going on in the most important colony of the United States. Use the power you have gained to stop this abuse before unthinkable violence occurs.From your old classmate, I ask you please to break the silence.

Judith Berkan is a constitutional law professor, she specializes in government misconduct litigation and employment discrimination cases.

Publicada hoy en el Puerto Rico Daily Sun, acá

Sobre la Desobediencia Civil

Recientemente el compañero Carlos Saavedra, en una entrada titulada “La Nueva Desobediencia Civil… Ni desobediencia ni civil” afirmaba que en la misma “definiría bien” lo que significa desobediencia civil.  De entrada tengo que decir que “definir bien” reduce la complejidad de lo político al binomio bien-mal, una dicotomía que en última instancia es una aporía.  En este sentido, y desde esa lógica maniquea, nos propone que abandonemos las “mala definición” –que me inclino a pensar es la de los y las desobedientes- y asumamos la que él propone y que, posteriormente, reconoce es la aplicación del Derecho vigente y una teoría política. Sobre la última no me queda claro a qué teoría política se refiere.  

Foto por www.indymediapr.org

De igual manera, postula el compañero, que quienes hacen uso de la desobediencia civil como estrategia para hacer sus reclamos al Estado “no saben  qué es la desobediencia civil o son tan posmodernos que sencillamente la definen a su conveniencia”.  Nuevamente nos sitúa en una lógica maniquea, desmereciendo la postura del otro ya porque no saben lo que dicen que saben o porque los etiqueta con lo que él llama “posmoderno”, despachando así con liviandad un asunto complejo que no encaja en su pensamiento dicotómico y totalizador.

Así, el compañero recurre a la técnica de “explícame como si tuviera cinco años” para dar cuenta de la desobediencia civil y sus consecuencias.  Aduce que la desobediencia tiene dos componentes principales: el quebrantamiento de la norma y el arresto como consecuencia de dicho quebrantamiento. Explica también que dicho arresto materializa lo injusto de la norma que se denuncia.   Sarcásticamente agrega que los arrestos se producen porque “¡Mira que cosa loca, están desobedeciendo la ley!”.  Más que decir que el análisis del compañero es errado, diré que es extremadamente miope tanto en el reglón de lo político como en el renglón del Derecho.

En cuanto al Derecho el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, en United States v. Schoon 955 F.2d 1238, reconoció que existen dos modalidades de desobediencia civil.  Por un lado, la desobediencia civil directa  que “involves protesting the existence of a law by breaking that law or by preventing the execution of that law in a specific instance in which a particularized harm would otherwise follow”.  Por otro lado, la desobediencia civil indirecta que “involves violating a law or interfering with a government policy that is not, itself, the object of protest”, además agrega que “indirect civil disobedience seeks first and foremost to bring about the repeal of a law or a change of governmental policy, attempting to mobilize public opinion through typically symbolic action. These protestors violate a law, not because it is unconstitutional or otherwise improper, but because doing so calls public attention to their objectives”.  No hay duda que es en esta modalidad de desobediencia civil que se enmarcan las acciones estudiantiles de la pasada semana.

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Saavedra arguye que los y las desobedientes violan la Ley de Tránsito pero parece ignorar que  la desobediencia civil indirecta busca a través de la violación de una ley, cuya validez no se cuestiona, llamar la atención sobre un asunto injusto, en este caso la cuota de $800.00.  Es importante dejar claro que la violación de la ley de tránsito es un acto simbólico que busca concientizar sobre la cuota de $800.00, sus consecuencias y las alternativas disponibles.  El mismo se da ante la imposibilidad de violar la norma injusta en sí misma.  Es a través de esa violación que se apela al sentido de justicia de la mayoría dado que el fundamento último del estado democrático debe ser la justicia.

De igual manera Saavedra afirma que el arresto es un componente fundamental de la desobediencia civil y sostiene que, al ser la no violencia otro componente esencial de esta modalidad de acción, resistir el arresto además de estar tipificado en el Código Penal desvirtúa el acto mismo de desobedecer.  Específicamente dice que deberán removerse a la fuerza aquellos y aquellas que se aferren al suelo, se rehúsen a mover las manos o a caminar.  Indica que la remoción mediante carga no es un uso de fuerza excesivo. Sin embargo unos párrafos más arriba dice que en varias ocasiones ha escuchado a compañeros afirmar que “la policía utilizó fuerza excesiva al mover a los manifestantes”.  Saavedra parece sugerir que lo anterior no es así pero lo que vemos en la prensa y en los videos aficionados contradice la sugerencia, acá, aquí y también acá.

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Además, Saavedra aduce que al ser la desobediencia civil no violenta no hay justificación alguna para lanzarle a la formación policíaca piedras y botellas.  Parece ser que el compañero ignora que los actos a los que hace referencia no fueron ejecutados por los desobedientes civiles, dado que ellos y ellas, ya habían sido arrestados y arrestadas.  La resistencia se dio por parte de los y las manifestantes que respondieron al uso excesivo de la fuerza que hiciera el Estado al ejecutar el arresto de los desobedientes civiles.  No hay duda que la presión de las arterias carótidas con el objetivo de provocar debilidad mediante la obstrucción de la llegada de sangre al cerebro es una técnica de tortura ante la cual los y las ciudadanas tienen el derecho de resistir.  Lo anterior si contar patadas, macanazos, pisotones, y ahora la agresión sexual durante el arresto, acá. 

Ahora bien, aún cuando autores como Rawls o Habermans hacen hincapié en la no violencia, otros como Howard Zinn afirman que la no violencia es sólo una estrategia y que estratégicamente se deben escoger los métodos menos violentos.  Sin embargo, eso no implica que sea un requisito sine qua non de la desobediencia civil. Igualmente Hugo Adam Bedau señala, haciendo referencia a Morreall, que el uso de la fuerza puede ser parte de la desobediencia civil  sobre todo en los sit-ins; para profundizar sobre esto puede verse Civil Disobedience in Focus, acá. Lo cierto es que hay gamas de resistencia en el arresto pero no debe confundirse el dificultar el arresto con la violencia política.  Esta última es la que pretende transformar el orden social en su totalidad a diferencia de los actos desobedientes que sólo buscan denunciar una instancia injusta en el ordenamiento, aquí.

Finalmente Saavedra pretende salvar su argumento haciendo un “caveat” bastante singular y dice: “que si eres creyente [sic] del Derecho Natural o de la revolución armada nada de esto te aplica”.  Esto no es otra cosa que salvar un argumento insertándole una hipótesis ad hoc.  Es decir, excluir de plano todo argumento que puede contradecir lo planteado por él de manera tal que el argumento se tenga que asumir acríticamente y no esté sujeto a un contra-argumento.

La desobediencia civil aparece cuando todas las demás modalidades de protestas hechas dentro del marco de legalidad definido por el Estado fracasan.  El caso de la UPR es un claro ejemplo de lo anterior.  La administración universitaria de mano de la mayoría del Tribunal Supremo han transformado un espacio de expresión pública tradicional en uno por designación.  Esto último tiene como consecuencia la concesión a la administración universitaria de mayores poderes de reglamentación lo que ha redundado en cuatro o cinco cartelones que designan los lugares en los cuales se puede ejercer el derecho constitucional a la libre expresión; sobre esto último pueden ver una columna muy interesante acá.

En este sentido, la limitación del espacio de expresión sumado a la prohibición de manifestaciones, mítines, reuniones y demás acciones concertadas de participación masiva que hiciera la rectora de Río Piedras ha producido que los y las estudiantes busquen mecanismos alternos de expresión.  Mecanismos que buscan denunciar no sólo la cuota de desestabilización sino también la denuncia del cercenamiento de las libertades individuales dentro de la Universidad, las sistemáticas violaciones por parte de la Policía al derecho a la intimidad, el derecho de reunión, expresión y de prensa, la libertad de organización, protección contra ataques a la honra, protección contra registros irrazonables, entre otras violaciones.

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De esta manera Habermas nos dice “es preciso reconocer la desobediencia civil como parte componente de la cultura política de una comunidad democrática. Cuando fracasa la Constitución representativa ante retos (…) los ciudadanos que no disponen de oportunidades privilegiadas de ejercer influencia, han de ejercer las funciones inmediatas del soberano y deben recurrir a la desobediencia civil con la intención de dar un impulso a las necesarias correcciones e innovaciones” aquí.  De otra manera ampararnos en legalismos restrictivos de los espacios democráticos nos conduce a lo que el mismo autor denomina como “legalismo autoritario”.  Es indudable que la Policía de Puerto Rico está haciendo un uso desproporcionado e ilegítimo del poder coercitivo depositado en manos del Estado.  Esto último sucede cuando el Estado se aleja de la búsqueda del bien común en pos de la consecución de intereses particulares.  En ese momento y si, parafraseando a Bernart Tort, aún le queda algo de carne a este esqueleto democrático es que se hace indispensable cuestionar el uso de la violencia por parte del Estado.  En este sentido no puedo dejar de citar a Hannah Arendt en “Civil Disobedience” cuando afirma que la desobediencia civil es un indicativo de la pérdida de autoridad del Derecho mientras que la desobediencia criminal es la consecuencia de la erosión de la competencia y poder de la Policía.  No es coincidencia que mientras el Estado destina sus recursos a la represión y la restricción de la participación ciudadana en la cosa pública los índices criminales se disparan como nunca antes.

No puede ser, de nuevo pensando en Bernart Tort, que sólo nos quede el esqueleto de la democracia, estructuras anquilosadas e instituciones disciplinarias y de control.  Este futuro post-democrático, que se mueve cada vez más a la derecha, encuentra su poder en la apatía y la indiferencia, que sin duda nos empujan a un legalismo autoritario con espacios designados para la participación. Así, quienes favorecen el status quo buscan legitimar acciones estatales, por todos los medios disponibles, que claramente son contrarias a los principios democráticos que  sirven de base a nuestra Constitución  contribuyendo notablemente al debilitamiento de la democracia. 

14 Enero 2011

La resolución del año

Vayamos más allá de los deseos para el año nuevo, como bajar de peso y la paz para distantes lugares en el mundo que se encuentran en conflictos armados. Algunas veces deseamos que el año nuevo mejore la situación económica personal; otras veces sumamos la nacional, pero rara vez nos miramos como país e incluimos en nuestras resoluciones la consecución de la equidad, la expansión de los espacios democráticos y la conquista de la paz social. El 2010 se caracterizó por la falta de diálogo, la represión mediante el uso de la fuerza policial, la criminalización de la protesta, el ataque permanente a las instituciones más importantes del país, el aumento de la criminalidad, entre muchos otros males. Los espacios democráticos, de una democracia pocas veces cuestionada, se redujeron drásticamente e incluso la administración universitaria, con ayuda de la Policía, reglamentó los espacios de expresión pública en la Universidad de Puerto Rico.

La Legislatura, supuestos representantes de la ciudadanía, se ha aprestado a presentar y aprobar proyectos de ley que atentan contra la participación ciudadana y limitan su intervención en la cosa común. Además han propuesto tipificar conductas dentro de la Universidad de Puerto Rico que se prestan para la persecución de la disidencia y que, en última instancia, están dirigidas a acallar, a silenciar e interrumpir el libre intercambio de ideas. De igual manera, la mayoría del Tribunal Supremo ha avalado las actuaciones del Estado dirigidas a criminalizar la protesta y ha contribuido, notablemente, a la debilitación de la democracia.

Hay que dejar claro que la protesta es una prerrogativa que tienen los ciudadanos para exigirle al Estado que actúe ante alguna situación o cese alguna actuación que se considera injusta. En ese sentido, la protesta es la condición de posibilidad de cualquier estado que se quiera llamar democrático. A diferencia de lo que nos han hecho pensar, la protesta es un derecho que trasciende el derecho del Estado o derecho positivo. En ese sentido existe independientemente de la consignación en una Constitución, una ley o un reglamento. Aquel Estado que se disponga reglamentar la protesta de la manera que se hace hoy en Puerto Rico y a restringir la libertad de manera tal que se reduzcan al mínimo los espacios de acción política, se asemejan más a un totalitarismo que a una democracia. Así que nuestra resolución principalísima en el 2011 debe ser reclamar más derechos democráticos y no aceptar la restricción de los actuales. Es un deber ciudadano impedir que el estado de excepción que hoy impera en Puerto Rico se normalice y para ello es imprescindible rescatar nuestros espacios de acción política.

*Publicada hoy en el Nuevo Día, acá.

Poder sin legitimidad de Efrén Rivera Ramos*

17 Noviembre 2010

Poder sin legitimidad

Más de cincuenta profesores de Derecho del País han expresado públicamente sus reservas o su rechazo a la decisión de una mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico de solicitar un aumento en el número de jueces de esa institución.

Más de cincuenta profesores de Derecho del País han expresado públicamente sus reservas o su rechazo a la decisión de una mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico de solicitar un aumento en el número de jueces de esa institución.

El dato es importante. No debe pasarse por alto.

Se trata de personas dedicadas al análisis constante de las decisiones de ese alto foro y al estudio de su comportamiento. 

Le siguen sistemáticamente el rastro al desarrollo del derecho puertorriqueño en sus diversas dimensiones. Formulan juicios informados de la labor judicial y tratan de explicarles a sus estudiantes y al resto de la comunidad jurídica la pertinencia de las actuaciones judiciales para el desenvolvimiento de la sociedad. 

Han hablado, pues, con conocimiento de causa.

El grupo se ha unido al coro de voces del resto de la profesión jurídica y de otros sectores del pueblo que han criticado el proceder en este asunto de una parte del Tribunal Supremo, así como el modo en que se ha tramitado la cuestión en la Asamblea Legislativa. Ambos, la mayoría judicial y la Legislatura, han optado por cambiar la composición del Tribunal sin discusión. Sin la deliberación propia de un sistema democrático. 

El Gobernador ha avalado esa actuación con su firma.

Todo ello apunta a una consecuencia. Si bien el partido de gobierno se ha movido con celeridad y contundencia a controlar el máximo organismo del Poder Judicial, corre el riesgo de lograrlo a cambio de la pérdida de legitimidad del Tribunal.

Desde el punto de vista normativo, la legitimidad se deriva de los principios morales, filosóficos, políticos y jurídicos que fundamentan una determinada autoridad, institución, norma o decisión gubernamental. 

Desde el punto de vista sociológico, el concepto alude a la aceptación que pueda generar esa autoridad, institución, norma o decisión en el seno de la comunidad de sus destinatarios.

En uno y otro sentido, la decisión reciente del Gobernador, la Legislatura y la mayoría del Tribunal ha puesto en entredicho la legitimidad del Tribunal Supremo. Los fundamentos ofrecidos en apoyo de la solicitud son endebles. No aguantan agua. Suenan a racionalización, más que a justificación genuina. Por otro lado, su aceptación en la comunidad jurídica y en amplios sectores de la población es, cuando menos, precaria.

El Tribunal Supremo depende para su legitimidad de la fuerza de sus argumentos, del respeto que susciten sus decisiones, de la acogida que logre, en su conjunto, tanto en la comunidad jurídica como entre la población general. Si ese respeto se desvanece, sufre su legitimidad. Ese respeto, sin embargo, no puede simplemente exigirse, sin más. Se lo tienen que ganar los miembros del alto foro con su proceder. 

La pregunta que tienen que hacerse quienes gobiernan es de qué vale el control sin legitimidad. Podrá dejar beneficios inmediatos, pero pronto comenzará a perder terreno político y moral.

Cuando lo que importa es el poder por el poder mismo, eventualmente se tendrá que recurrir a la coacción para conservarlo. Y la coacción cruda a la larga genera mayor erosión de la legitimidad. Ello conduce inevitablemente a una gran soledad. La soledad del poder a secas.

* Columna publicada hoy en El Nuevo Día, para ver el original pulsa el título. 

Primer Coloquio de Desarrollo Económico Comunitario

El Proyecto Matria te invita a participar en el Primer Coloquio Comunitario. El Primer Coloquio de Desarrollo Económico Comunitario es una iniciativa de Proyecto Matria dirigida a crear un espacio de diálogo y acción entre los diversos grupos comunitarios que están trabajando proyectos económicos y sociales a través de toda la Isla.

Para fines de este Coloquio, definimos desarrollo económico comunitario como un conjunto de esfuerzos organizados por las propias comunidades para fortalecer sus bases de poder local y contribuir al bienestar socioeconómico de la comunidad. Consideramos, además, que dichos esfuerzos adelantan los derechos humanos de carácter económico, social y cultural de las comunidades al autogestionar soluciones a situaciones que no son atendidas por el Estado.

El proceso autogestivo y de apoderamiento de las comunidades es la semilla de cambios sociales y políticos capaces de transformar la realidad de todo el país. Sin embargo, para esos cambios puedan cristalizarse, es necesario que el poder de las comunidades se reafirme desde una autonomía de acción y pensamiento que le permita interactuar con otras fuerzas sociales, económicas y políticas en un nivel de equidad, respeto y apertura. Sólo en un nivel de equidad y respeto es posible abrir paso a las nuevas ideas y propuestas que nacen de la experiencia, el sentir y el pensar comunitario.

Este es un Coloquio autogestionado con recursos del sector comunitario, por lo cual invitamos a organizaciones comunitarias y personas aliadas a unirse a los trabajos de coordinación del mismo. Partimos de la premisa de que es posible compartir conocimientos, establecer alianzas y generar acciones desde las comunidades y maximizando sus recursos.


Ejes temáticos

Los temas del Coloquio deben girar en torno al desarrollo económico comunitario como eje de los esfuerzos de las comunidades de la Isla para superar la desigualdad, la pobreza y la marginación social.
Algunos temas en torno a los cuales se pueden analizar este proceso de reflexión, acción y resistencia ante los embates del sistema económico tradicional son los siguientes:
Género
Sexualidades
Microfinanzas
Derechos humanos
Derecho
Autogestión
Programas comunitarios
Cultura/Las artes
Salud
Ambiente
Inmigración

Formatos posibles para la presentación de propuestas

Se considerarán propuestas para participar individualmente en alguna de las actividades que se describen a continuación, o para organizar una de ellas. Es importante que para toda propuesta se consideren los siguientes parámetros:

◦ Tiempo de la actividad propuesta: 90 minutos
◦ Materiales: Cada proponente deberá autogestionar las copias de los materiales que desee distribuir o utilizar
◦ Equipo: En la medida de lo posible, el Comité Organizador coordinará los equipos necesarios, siempre y cuando las personas proponentes los indiquen dentro de la propuesta
◦ Claridad de la exposición: El Coloquio pretende honrar el espacio desde una perspectiva de comunidad que reconoce la diversidad de conocimientos, experiencias y capacidades de quienes nos acompañarán ese día. Invitamos, por lo tanto, a que toda presentación sea hecha en lenguaje sencillo que propicie el intercambio de ideas y el aprendizaje integral de las personas participantes.

Tipos de actividades:

Paneles: Sesiones en las que las personas designadas para exponer, presentarán ante el grupo un tema establecido, luego de lo cual la sesión se abrirá a preguntas de discusión. Las personas proponentes de los paneles seleccionarán con anticipación los temas de los mismos e invitarán a las personas que estarán a cargo de la exposición. Recomendamos un máximo de tres panelistas con 10 minutos de exposición cada uno.

Mesas Redondas: Sesiones en las cuales las personas o grupos que hayan solicitado presentar trabajos o investigaciones informarán en qué consiste y cuáles son sus conclusiones o propuestas en un término recomendado de veinte minutos. Luego se abrirá la mesa de discusión y comentarios de todas las personas participantes de la misma.

Talleres: Sesiones de trabajo en las cuales las personas que asistan podrán desarrollar destrezas o conocimientos concretos. Exhortamos a los grupos proponentes a utilizar técnicas interactivas que permitan la integración efectiva de personas con diversos niveles de preparación académica.

Conversatorios: Sesiones para sostener un diálogo informativo sobre los temas afines a los ejes temáticos del Coloquio. El propósito de los conversatorios es permitir que el grupo de personas asistentes exploren un tema desde diversos ángulos y perspectivas. Las personas proponentes de los conversatorios deberán designar un/a facilitador/a que modere la discusión.

Tableros: Sesiones de carteles que servirán como medio de presentación de un trabajo o un concepto. Los “posters” o carteles deben explicarse por sí mismos. Sin embargo, para promover el intercambio de ideas se requiere que las/los autoras/es de los mismos estén disponibles durante periodos de tiempo predeterminados para dialogar con el público sobre el trabajo o concepto que presenta.

Mesas de Información o de Exhibiciones: Mesas que se les asignarán a los grupos o personas que las soliciten. El grupo o la organización pueden exponer materiales de información o exhibiciones sobre su trabajo. Las exhibiciones pueden consistir en documentos escritos, trabajos artísticos y de artesanía, etc. La cantidad de mesas disponibles dependerá del espacio disponible en el lugar en el que se celebrará el Coloquio.

Actividades Teatrales y “Performers”: Breves actuaciones, principalmente de corte experimental, que no requieren mayores recursos escénicos. Pueden problematizar algún aspecto relacionado con la lucha de las comunidades de la Isla para salvaguardar y rescatar sus derechos económicos. También pueden servir como recurso para dar a conocer el trabajo de empresas comunitarias que se dediquen a la gestión cultural. Pueden realizarse a manera de “performance art” simultáneo a otras actividades o pueden estructurarse para que haya discusión luego o en el transcurso de la actividad.

Películas y Documentales: Pueden proponerse cine-foros relacionados con luchas comunitarias enmarcadas en los temas y ejes del Coloquio.
Guías para la preparación de propuestas

Contenido de la propuesta:

1. Título
2. Formato de la propuesta:
a. Nombre y datos de correo electrónico y teléfono de la persona contacto a cargo de la actividad
b. Nombres de participantes y grupos a los que pertenecen.
c. Correos electrónicos de participantes (dirección postal en caso de no tener correo electrónico) y teléfono
3. Propuesta
a. Desarrollar en un máximo de 250 palabras el asunto y los objetivos de la participación.
b. Indicar qué recursos audiovisuales o de otra índole necesita para llevar a cabo su participación.
Especificaciones
1. Talleres: Se deben reproducir de 15-20 copias del material de apoyo pertinente para los asistentes del taller.
2. Paneles: Cada ponente tendrá diez (10) minutos para su exposición
3. Mesas: Cada integrante tendrá veinte (20) minutos para su exposición.

Instrucciones para someter propuestas

Las propuestas se deben enviar en o antes del 30 de octubre de 2010 a la siguiente dirección electrónica: coloquiodec.matria@gmail.com. En caso de no tener correo electrónico pueden enviar la propuesta por fax al (787) 747-1381 o a la siguiente dirección postal:


Proyecto Matria
Primer Coloquio de Desarrollo Económico Comunitario
31 Jiménez Sicradó, Piso 1
Caguas PR 00725


Para más información pueden comunicarse a nuestros teléfonos en Matria: 787-704-2222.