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Teresa Forcades, Feminismo y Liberalización

Teresa Forcades, feminismo y liberación por Guarataro

Entrevista a Juan Pablo Mañalich

Juan P. Mañalich: la gente "podía identificarse en Bachelet"
03 de noviembre de 2011 • 06:55

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Juan Pablo Mañalich
02 de noviembre de 2011Foto: Reproducción

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CYNTHIA ROSALES

SANTIAGO.- La semana pasada el doctor en derecho penal,  Juan Pablo Mañalich, llegó hasta el Centro de Estudios Públicos para participar de un coloquio sobre “Libertad y Democracia”. No son muchas las apariciones que hace en público el hijo mayor del actual ministro de Salud, sin embargo, la primera información que se conoció de él fue su abierta defensa al matrimonio homosexual y que se inscribió en el Partido Socialista pocas horas después de que Sebastián Piñera  resultara electo Presidente de Chile.

Mañalich, en conversación con TERRA.cl, defendió una posible reforma tributaria, reconoce el liderazgo de los dirigentes estudiantiles y evaluó de forma crítica tanto a la Alianza como a la Concertación.

¿Cuál es tu opinión, como abogado también, sobre la situación que se está viviendo con el movimiento estudiantil? ¿Ves factible otorgar educación gratuita para todos como piden los jóvenes?

- En término de pronósticos, yo no tengo razones para pensar que a corto plazo el Gobierno va a conceder el punto del financiamiento estatalmente garantizado en la educación. Hablar de gratuidad yo creo que es concederle algo al adversario, en el sentido de que uno se imagina que la educación no es pagada y eso es un error, nadie está pidiendo que la educación no sea pagada, eso es inconcebible. La pregunta es si quien debiera pagar es el Estado a través de impuestos –lo cual supondría una reforma tributaria- o si debieran pagar los padres o las familias según su propia capacidad de bolsillo.

El tema pasaría entonces, por si nos quedamos con el sistema actual o vamos hacia una reforma tributaria; que podría ser una vía de financiamiento…

- Sí, pero yo creo que a favor de una reforma tributaria hablan razones que van más allá de la demanda por una educación financiada por impuestos. Lo interesante ha sido que el debate por la situación de la educación ha hecho posible que se ponga sobre la mesa la discusión sobre una reforma tributaria, pero yo pienso que en Chile hay razones de otro orden que también hablan de una reforma tributaria. O sea, no tiene que ver con necesidades de recaudación, sino con necesidad de redistribución.

¿Cómo evalúas el liderazgo que han mostrado los dirigentes estudiantiles?, tanto Giorgio Jackson como Camila Vallejo.

- Yo creo que el hecho que me estés haciendo esta pregunta la responde. Quizás nadie habría pensado que ellos dos más otros, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Usach, Camilo Ballesteros; el vicepresidente de la FECh, Francisco Figueroa -a quien he seguido con harta atención también, se convirtiesen en agentes catalizadores de demandas ciudadanas, que les ha dado más que legitimidad para pararse en el foro público.

Tú militas en el Partido Socialista. En este sentido, ¿qué piensas acerca de la situación actual de la Concertación? Por ejemplo, las críticas al senador PPD Guido Girardi tras la toma en el ex Congreso, ¿sientes que hay divisiones al interior del conglomerado?, ¿necesita rearmarse en pos de las próximas elecciones presidenciales?

- La verdad es que a mí la minucia del debate más inmediato no me interesa mucho. Lo que a mí me preocupa es si en el sistema político va a ser posible o no, que de aquí a dos tres años, emerja un proyecto responsable de izquierda con una vocación transformadora que se convierta en una posibilidad efectiva de hacerse del poder. Y a ese respecto yo pienso que uno, lo que podría aprender de lo que fue la Concertación, es que, precisamente, así no debe ser. Si hay algo que uno quizás aprendió de los 20 años de gobierno de la Concertación, es que la Concertación no logró hacer eso.  Entonces, yo no creo que la subsistencia de la Concertación sea nada cercano a un bien en sí mismo.

 ¿Piensas que Michelle Bachelet es la carta presidencial –como algunos plantean- o pueden ser otras figuras políticas?

- ¿En términos sociológicos?, es decir, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar o qué es lo que yo considero importante que llegue a pasar?, porque son preguntas completamente distintas. O sea,  para la primera pregunta yo tengo muy poco que decir, hay encuestas de todo tipo y creo que en parte el problema que tenemos es que nosotros mismos estamos reduciendo nuestra imaginación a algo que arrojan encuestas que aparecen con cierta periodicidad.  Me parece absurdo estar discutiendo si creo que esta persona o esta otra va a estar en mejor o peor posición para llevar adelante un proceso de este tipo.

Lo que a mí me interesa saber es cómo se construye una fuerza que de alguna manera haga suya la bandera que ha sido entablada a lo largo de los últimos meses de protestas, que uno podría decir, tiene su origen, su nicho, en la muy abrumadora demanda por una transformación del sistema educacional en Chile.

Volviendo a las elecciones presidenciales, ¿te parece que es el momento de hablar de candidaturas?, independiente de lo que digan las encuestas…

- No. Creo que es el momento de hablar de lo que es imprescindible hacer para que en algún tiempo más tenga sentido hablar de candidaturas.

¿Hablar de un relato?, ¿de un discurso?

- No, hablar de transformaciones del sistema político. Yo creo que de nada va a servir discutir sobre candidaturas presidenciales si es que la situación del Congreso Nacional sigue siendo la misma. Está probado, eso es uno de los balances que dejan los gobiernos de la Concertación, que es imprescindible tener capacidad legislativa para gobernar. Y con los  -así llamados- enclaves autoritarios que existen todavía en este  gran enclave autoritario que es la Constitución de Pinochet, uno gana poco llegando a La Moneda, si es que no puede imponer una agenda legislativa. Y eso es algo que en Chile no se puede. Eso exige modificar el sistema binominal, exige suprimir todas las normas constitucionales sobre leyes de quórum calificado y exige obviamente revisar la manera en que la política electoral se conecta más directamente con las demandas que estén interesando a las mayorías ciudadanías.

¿Cómo ves la baja en la aprobación del Gobierno de Sebastián Piñera?, ¿consideras que es por una causa en especial?

- Más allá de lo sumamente errática que ha sido la administración de las diferentes coyunturas que se le han ido presentando al Gobierno de Piñera, yo creo que se ha hecho demasiado transparente que el destino de Chile no coincide en absoluto con el destino biográfico de quienes hoy día administran el poder. Pienso que lo que hizo posible la relativa estabilidad –por llamarlo de algún modo- que supuestamente existía de los gobiernos de la Concertación, tiene que ver con que la ciudadanía se daba cuenta de que ahí había una fuerza política administrando un orden que le era más o menos incómodo. Yo siento que parte de la fuerza de representación asociada a la persona de Michelle Bachelet tiene que ver con que en ella era absolutamente inequívoco que el orden que ella administraba era un orden con el cual no estaba plenamente reconciliada y pienso que hoy día el problema es que los ciudadanos nos damos cuenta que para quienes están en La Moneda el orden es demasiado cómodo.

¿Se podría decir entonces que Michelle Bachelet era más cercana a la gente?

- Yo pienso que las personas podían identificarse a sí mismas en Bachelet, podían reconocer su propia vida –con matices, por supuesto- como algo que tiene que ver con la vida de Bachelet. Yo pienso que eso es radicalmente improbable hoy día, en términos demográficos. El sector de población que en Chile hoy se puede identificar con la vida que es propia de quienes gobiernan es demasiado marginal.

¿Crisis de derechos civiles en Puerto Rico?

La Revista Jurídica cordialmente invita a la comunidad universitaria a la Primera Jornada en Derechos Civiles sobre el Informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la Policia De Puerto Rico, la cual se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre de 2011 a las 7:30 p.m. en el aula magna (L-1) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 

El panel de conferenciantes estará compuesto por:

Profesora Palmira Ríos - Directora Escuela Graduada Administración Pública y ex Presidenta y actual Comisionada de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.
Lcdo. Miguel Pereira - Ex Secretario del Dept. de Corrección y Rehabilitación, y Ex Superintendente de la Policia de Puerto Rico.
Lcda. Judith Berkan - Profesora y abogada litigante en derechos civiles.

Para más preguntas o información se pueden comunicar con la Revista Jurídica a través de correo electrónico a revjurupr@gmail.com.


Los Esperamos!

Revista Jurídica
Escuela de Derecho U.P.R.

Por el derecho a decidir

El Canõ no es Sila*

26 Septiembre 2011

El Caño no es Sila

MARIANA IRIARTE

Si me preguntaran qué ha sido lo que más me impactó de la Escuela de Derecho mientras estudiaba allí diría, sin temor a equivocarme, que fue el proyecto “Enlace Caño Martín Peña”. Un proyecto de autogestión comunitaria y permanencia en la ciudad a través de un fideicomiso de tierras, figura utilizada tanto en Estados Unidos como en otras jurisdicciones para proveer vivienda asequible a los sectores menos aventajados económicamente.

A pesar de su gestión, de numerosos premios e incansables esfuerzos, la política partidista del País lo pone en entredicho. Los que han hecho de la política una profesión sin vocación aprovechan para desinformar en cada intervención mediática, atacando y cuestionando a sus líderes. Han empatado el proyecto con el Partido Popular Democrático como si la autogestión de las comunidades postergadas históricamente por el Estado dependiera de algún partido.

El Fideicomiso del Caño Martín Peña es un proyecto de autogestión que busca apoderar a los ciudadanos a la vez que les provee vivienda asequible y asegura su permanencia en la ciudad. La comunidad, a través de la participación ciudadana en más de setecientas asambleas comunitarias, encontró en el fideicomiso de tierras una herramienta para prevenir el desplazamiento del cual son víctimas los sectores vulnerables de las urbes mundiales.

Aunque en el verano previo a las elecciones el gobernador les prometió a las ocho comunidades aledañas al Caño que no intervendría con el proyecto, una de las primeras cosas que hizo cuando llegó al poder fue quitarle, mediante la firma de una ley, las tierras al fideicomiso. Sostuvieron que entregarían títulos de propiedad. La tenencia colectiva de la tierra no se ajustaba a su visión individualista y anticomunitaria. Sin embargo, el Caño continuó la pelea y día a día batalla por el bienestar de su gente.

El conflicto de comunidades especiales lo trae nuevamente a la palestra. Se pelean entre ellos con rabia y saña. Se insultan. Se desgarran públicamente. Que si tu madre, que si tu padre. Los insultos y las peleas públicas, moneda corriente entre la claque gobernante, nada hacen por la gente del Caño. Mientras se insultan, con el café y la mallorca al lado, la gente sigue igual de pobre, igual de inundada, igual de vulnerable. No hay proyecto estatal de desarrollo y rehabilitación, sólo la promesa de un título que asegura la eventual expropiación de unos terrenos que prometen en el corazón de la ciudad.

El Fideicomiso del Caño Martín Peña es un proyecto de justicia social y ambiental autogestionario. Los administradores del Estado no conocen qué es eso. Lo han demostrado los últimos años.

*Publicada originalmente en El Nuevo Día, acá. 

Por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe

¿A quién le importa el desempleo?*

Julio 2011

El impacto del desempleo

IRAM RAMÍREZ

Hay que preguntarse que a quién le importa el desempleo. Al parecer no a la clase política del País. El mutismo -y la casi indiferencia- frente a este grave problema hace pensar que los componentes de ésta no comprenden su dimensión, no tienen la capacidad de lidiar con esto o que simplemente no les importa.

Claramente, a quien sí le importa el desempleo es al pueblo. A los proveedores de familia que no encuentran trabajo, al joven recién graduado que no encuentra empleo, al trabajador que, ante la falta de opciones, no renuncia a su puesto a pesar que apenas gana lo suficiente para subsistir o tener una vida digna, y hasta al pequeño comerciante que ve su negocio languidecer ante la falta de clientes.

Resulta urgente que tanto el tema del desempleo como la creación de empleos se traten de forma seria y puntual, superando la abstracción característica de la retórica política electoral y las propuestas oportunistas de la clase empresarial.

Hasta ahora este asunto se ha caracterizado por dos discursos. El de los partidos, donde el desempleo es un estribillo de campaña para obtener votos. Y el de los empresarios, quienes utilizan la alta en la tasa de desempleo y la baja participación laboral como muletilla para justificar e impulsar una reforma laboral con el único propósito de quitar derechos a los trabajadores.

Es imperativo que este tema tome centralidad en todo debate público. Actualmente está ausente del “análisis” y del debate mediático cotidiano, y surge ocasionalmente ante la publicación de las nuevas estadísticas de desempleo o ante el anuncio del cierre de otra empresa.

La crisis de empleos que enfrentamos obliga a tratar con prioridad y continuidad. No conferirle la importancia que tiene ha llevado a tomar decisiones que lo han acrecentado, como lo fue la Ley 7, por ejemplo.

No enfrentar el problema nos condena a continuar viviendo en una sociedad plagada de males sociales. Aunque las causas de los problemas sociales son múltiples y complejas, es necesario recordar que muchos tienen como génesis la falta de trabajo. Diversos estudios han demostrado la correlación entre el desempleo y la criminalidad, lo que debe llevarnos a repensar la fallida estrategia policiaca usada para combatirla. Si queremos lidiar de forma efectiva con los males que nos aquejan, es necesario hacer de la creación de empleos un asunto prioritario.

La solución no está en generar cualquier tipo de empleo. Atrás tiene que quedar la política estatal de fomentar la creación de empleos de bajo salario, sin beneficios y a tiempo parcial. Debe abandonarse la noción estatal vigente desde la década de los cuarenta, y compartida por ambos partidos, que proclama “low pay is better than no pay” y sustituirse por una política de equidad y justicia laboral. Como sociedad debemos aspirar a empleos con retribuciones salariales justas y con beneficios que garanticen la calidad de vida de nuestro pueblo.

De igual manera, es necesario que se supere la política estatal dirigida a la asistencia social. El problema no es asistir las necesidades básicas de quienes lo necesitan, sino mantener una estructura que sólo persigue encadenar políticamente a aquéllos que la reciben. Encauzarnos hacia una política dirigida a la autosuficiencia cooperativa sería lo correcto y lo deseable para el colectivo social, pero no así para los políticos, pues un sujeto autosuficiente rompe el círculo del clientelismo político.

El problema del desempleo desborda la política partidista y es un asunto prioritario que la sociedad en pleno debe enfrentar. La solución a la crisis no radica en quienes el desempleo no es un problema real, ya que cada cuatro años resuelve su problema de empleo con nuestro voto. Peor aún, con nuestros sueños, nuestras ilusiones y nuestra esperanza.

* Publicada en Voces, El Nuevo Día, hoy.

27 Julio 2011

Sin acceso a la justicia

Eva Prados (Abogada de Derechos Humanos)

Nunca olvido un seminario sobre litigación de derechos civiles, cuando un amigo abogado, que trabajaba en un bufete de la Milla de Oro, me contó que estaba allí porque tenía una demanda de un confinado contra unos oficiales de custodia que lo habían agredido abusivamente. Me contó que dicho caso llegó a sus manos luego que le fuera asignado a su jefe por un juez federal. El jefe, aunque aceptó ‘voluntariamente’ el caso, reunió rápido al grupo de abogados más jóvenes -y disponibles- del bufete, para zafarse de la “papa caliente”. Lo que no se esperaba -o quizás sí- era que todos los abogados y abogadas allí reunidos se negaran a llevar el caso. “Eso iría en contra de mis principios”, dijo una. “Yo no defiendo criminales”, soltó otro. Así, el “tesón moral” de un grupo de abogados y abogadas que no muestran gran reparo al representar a aseguradoras y desarrolladores inescrupulosos, patronos hostigadores, y que se prestan para escribir borradores de leyes que viabilizarán el despido de decenas de miles de seres humanos, les impedía representar a un ciudadano en una demanda por daños contra un funcionario agresor. Las personas confinadas son la población más vulnerable a violaciones crasas de derechos humanos, por estar completamente marginadas y bajo el total control del Estado. Apenas este fin de semana salió un artículo en El Nuevo Día sobre la falta de acceso a la justicia para quienes no pueden pagarla. Las personas recluidas en las cárceles se llevan la peor parte en esa historia, al no tener los recursos económicos, ni cosas tan básicas como un teléfono para llamar a un abogado.

Ahora más de 11,000 personas, mujeres y hombres que viven con su libertad interrumpida, no podrán acceder a los tribunales gracias a que la Corporación de Acción Civil y Educación (CACE), única institución que les aseguraba representación legal gratuita y especializada a sus necesidades dentro de las instituciones correccionales, cesará de dar sus servicios.

CACE integraba a un nutrido grupo de abogados y abogadas que visitaban las instalaciones penales de la Isla para atender quejas por condiciones carcelarias, servicios de salud, alimentación, medidas disciplinarias, seguridad y programas de rehabilitación.

CACE incluso promovió programas pilotos de rehabilitación y reintegración a la comunidad como parte de sus proyectos.

La historia de mi amigo, junto a las memorias de los años 70 y 80, cuando la Isla quedó dentro de la lista de infiernos dantescos por las condiciones inhumanas que se vivían en las cárceles, me corre la cabeza sin parar al enterarme del cierre de CACE. La noticia es sencillamente alarmante.

*Publicada en ENDI.COM hoy

Fault Lines - Puerto Rico: The fiscal experiment

15 Junio 2011

La hilacha de la oficina de Pierluisi

MARIANA IRIARTE

Recientemente circuló por las redes sociales una entrada donde una bloguera denunciaba haber sido víctima de una agresión machista por parte de un empleado del comisionado residente, Pedro Pierluisi. Tan seria fue la cosa que provocó que el representante de Puerto Rico ante el Congreso tuviese que expresarse sobre esos hechos. Dijo Pierluisi “Sí, me dice que hubo un incidente mi equipo de trabajo. Yo no he hablado con Eduardo Hilera. Él está en Washington, yo estoy acá en Puerto Rico”. Sugiriendo que, si bien estaba al tanto, esto no le parecía lo suficientemente importante como para comunicarse con el susodicho e indagar sobre el incidente.

La actitud de Pierluisi no es otra cosa que el reflejo del machismo institucionalizado. Lamentable es que, para el comisionado residente, una agresión verbal, misógina y machista como la que sufrió la estudiante no fuera motivo para actuar con premura y diligencia ante esta situación.

En un país donde las mujeres somos objeto de agresión constante, donde estamos objetivizadas a tal punto que perdemos la vida casi diariamente a manos de un hombre, donde no existe una campaña o política pública que promueva la equidad y el respeto a nuestros derechos, nuestro representante en Washington entienda que no es urgente tratar una situación donde un empleado de su oficina agredió verbalmente a una mujer.

Y es que Pierluisi no tardará en afirmar que esta conducta se dio en el ámbito personal. Ante esa defensa me adelanto a plantear que lo personal sí es político, máxime cuando se trata de una agresión machista so color de autoridad. Es político porque han sido las instituciones, controladas por el partido al que Pierluisi pertenece, las que han viabilizado la proliferación de las agresiones machistas.

Ha sido el gobernador Luis G. Fortuño con su famosa campaña “Promesa de hombre”; ha sido la negativa constante de incorporar la perspectiva de género en el currículo escolar; han sido las decisiones que la mayoría del Tribunal Supremo ha avalado algunas de las instancias en que el partido de turno, y su agenda en contra de la equidad, nos han puesto a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad.

Ellos, con sus políticas machistas, son quienes hacen posible que existan los Eduardo Hilera de la vida en oficinas que nos deben representar a todos y a todas. Son ellos los que permiten que se utilice la sexualidad de una mujer para invalidarla moralmente y en consecuencia restarle valor e importancia. Si realmente Pierluisi fomenta la equidad, lo menos que debería hacer es sacar a Hilera de su oficina, por la dignidad de la estudiante, por la mía y por la de todos.

*Publicada originalmente en El Nuevo Día, Voces, el día de hoy. 

Mayo 2011

Al violar a Nilsa nos violaba a todas

MARIANA IRIARTE

Recientemente los periódicos reportaron que la abogada penalista Mayra López Mulero se propone utilizar una controversial sentencia del Tribunal Supremo que resolvió que la Ley 54, conocida como “Ley de Violencia Doméstica”, no cobijaba a una mujer en una relación adúltera.

En los últimos días hemos presenciado cómo altos mandos de la Policía de Puerto Rico han sido acusados bajo la Ley 54. El cliente de López Mulero, sargento David Cotto Gotay, está acusado de violar a su ex compañera consensual luego de que ésta le abandonara por el sargento estar casado.

Con esos hechos, López Mulero pretende amarrarse a una sentencia –cuyo único efecto es resolver la controversia entre las partes en ese caso-que a todas luces es discriminatoria, prejuiciosa, machista y que promueve la agresión contra las mujeres que no se ajustan a la “norma” social, para pedir la desestimación de los cargos.

Que quede claro que este sargento violentó la dignidad de una mujer arma de reglamento en mano. Mientras violaba a Nilsa nos violaba a todas.

Es increíble que en un país donde la cifra de agresiones machistas se disparan estrepitosamente -16 mujeres muertas y dos en investigación- los abogados nos prestemos para ser agentes institucionalizadores de la violencia contra la mujeres. Hay que tener claro que cuando un hombre agrede a una mujer física, emocional, sexual o psicológicamente está reproduciendo relaciones de poder que han posibilitado que la mujer sea objetivizada y deshumanizada.

Con sentencias como la que López Mulero pretende utilizar, la víctima pierde su condición humana y ya no está en tela de juicio la agresión que sufrió a manos de su victimario sino, más bien, su moral. El mensaje que tanto López Mulero como el juez Erick Kolthoff parecen enviar es que para ser cobijadas por la ley hay que primero pasar juicio sobre la moral de la mujer agredida. Esto no puede ser así.

No puede ser así porque todas las mujeres, independientemente de nuestro estatus marital, orientación sexual o condición social tenemos derecho a vivir en paz.

Un estado que permite que el machismo, en sus diferentes variantes y versiones, se institucionalice es un estado que no reconoce el derecho de las mujeres a vivir en equidad y que abdica a su función principal: la justicia. Si alguien debería saber eso somos los abogados. Lamentablemente, la historia parece ser otra.

*Publicada hoy en El Nuevo Día, acá.

A Gloria la mató otra mujer

MARIANA IRIARTE

Nos matan. Nuestras vidas no valen nada. Nos matan en nuestras casas, en los estacionamientos, en casa de nuestras amistades, en la cancha de baloncesto. Mientras nos matan algunos legisladores, asistidos por fundamentalistas religiosos, se niegan a aprobar el Proyecto de la Cámara 3278 que busca aclarar que la Ley 54, Ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica, cobija a toda persona que se encuentre en una relación de pareja, independientemente de su estado civil.

Esta enmienda se da en respuesta a una reciente decisión donde la mayoría del Tribunal Supremo, por voz del juez Erick Kolthoff, se negó a concederle protección a una mujer agredida dado que sostenía con el agresor una relación extramarital.

Lamentablemente nuestras instituciones parecen ser expertas en enjuiciar moralmente a los ciudadanos. Esto toda vez que no sólo se arrogan la potestad de pasar juicio sobre el tipo de relación que sostienen sino también que, arbitraria y discriminatoriamente, se niegan a conferirle protección a quienes mantienen una relación con alguien de su mismo sexo. En momentos en que cada vez más países se mueven en dirección a reconocer el matrimonio igualitario nuestra Legislatura no sólo descarta esa opción sino que también rechaza proveer protección a quienes, bajo su lupa moral, no encajan en las relaciones que ellos mismos han determinado como legítimas.

Mientras tanto la Policía de Puerto Rico, junto al Departamento de Justicia, anuncia con bombos y platillos que han esclarecido el terrible asesinato de Gloria Hernández Orsini. A Gloria, como a las once mujeres anteriores, la asesinó su pareja. Sin embargo, a diferencia de las que la precedieron, la pareja de Gloria era otra mujer.

Le pregunto yo a la Legislatura y a quienes niegan el espíritu de la Ley 54 ¿qué tal si Gloria era constantemente acechada por su compañera, pero no podía pedir una orden de protección porque sabía que se la negarían? ¿Qué tal si Gloria no se atrevía a acudir a la Policía por vergüenza o temor? ¿Qué tal si los comentarios de Wanda Rolón, por ejemplo, y otros le costaron la vida?

Parece mentira que quienes vienen llamados a representar a la ciudadanía no sean capaces de abandonar sus juicios morales en pos del bien común. Parece mentira que la estrechez de mente, el fundamentalismo religioso, los prejuicios y estereotipos sean quienes gobiernen un país que a todas luces cada vez es más violento. Parece mentira que nuestras vidas valgan tan poco, parece mentira que nos sigan matando y el Estado, en lugar de protegernos, nos discrimine. La protección debe ser para todas y para todos.

*Publicada en El Nuevo Día hoy, acá.

April 4 Day of Solidarity: Stand up for workers rights!

Columna de Esther Vicente*

02 Abril 2011

Equivocada e inconstitucional

El hombre cruzó su vehículo frente al automóvil de la mujer, le quitó las llaves, se montó en el auto y comenzó a discutir con ella y a golpearla. Cuando ella intentó salir del vehículo, la sujetó fuertemente por el brazo, la haló y agarró por el pelo y le apretó fuertemente el cuello, causándole marcas. Así resume los hechos alegados la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Pueblo v. Flores Flores, del 23 de marzo de 2011.

La interpretación de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, esbozada por el juez asociado Erick V. Kolthoff Caraballo en ese caso, deja sin la protección que provee el estatuto a la perjudicada de unos hechos que de ser probados configuran los delitos de maltrato agravado y maltrato mediante restricción de la libertad, creados por la ley.

Se trata de un tortuoso malabarismo interpretativo que maltrata y lacera una pieza legislativa que ha provisto remedios a miles de mujeres agobiadas por la violencia en la pareja. También agrede el derecho a la igual protección de las leyes y discrimina contra un sector de la sociedad puertorriqueña, las mujeres sobrevivientes de violencia en una relación de pareja con un hombre distinto al marido o casado con otra mujer.

Tan claro es que la Ley 54 provee protección a las sobrevivientes de violencia en este tipo de casos que en el Artículo 3.6, al establecer el beneficio del desvío para los condenados por violar los delitos estatuidos, prohíbe concederlo a los acusados por el delito de agresión sexual conyugal, definido en el Artículo 3.5 de la ley, cuando el agresor cohabite con la víctima y uno de ellos esté casado con otra persona.

El desvío permite a un acusado, luego de una primera condena por delitos establecidos en la Ley 54, evitar una sentencia de confinamiento en prisión si se somete a un programa de reeducación y readiestramiento.

Surge de lo anterior que la Ley 54 aplica a situaciones como las del caso comentado, en que la perjudicada estaba casada con persona distinta al agresor. Así lo reconoció en su voto disidente la jueza asociada Liana Fiol Matta, a quien se unieron la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez y el juez presidente Federico Hernández Denton.

La sentencia emitida por el Tribunal Supremo no sienta precedente pues no obtuvo una mayoría, al dividirse por igual seis de sus integrantes e inhibirse el séptimo.

Sin embargo, la interpretación del juez Kolthoff, similar a la decisión del Tribunal de Apelaciones que quedó confirmada ante la división del Tribunal Supremo, envía un mensaje sumamente discriminatorio y odioso a los operadores del sistema de justicia. Discriminatorio porque se ensaña con quienes no se acomodan a la visión tradicional sobre las relaciones de pareja aceptables. Odioso porque abona al clima de prejuicio que aún se respira contra las mujeres que se alejan del mandato fundamentalista de ser hija-madre-esposa abnegada y subordinada.

Aunque la ley se redactó en lenguaje neutro, las mujeres son las mayores beneficiarias de sus remedios: entre un 99% y un 85% de las personas que informan incidentes de violencia doméstica anualmente son mujeres.

Ello es así porque esta violencia se alimenta de las visiones estereotipadas que promueven la subordinación de las mujeres.

Ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Romer v. Evans de 1996 estableció que una acción del estado que señala a un sector, le estigmatiza y le niega la protección de la ley es inconstitucional.

No puede sostenerse una interpretación discriminatoria y odiosa de la Ley 54 que daría al traste con su constitucionalidad.

*Publicada en El Nuevo Día hoy.