29.7.11

¿A quién le importa el desempleo?*


Julio 2011

El impacto del desempleo

IRAM RAMÍREZ
Hay que preguntarse que a quién le importa el desempleo. Al parecer no a la clase política del País. El mutismo -y la casi indiferencia- frente a este grave problema hace pensar que los componentes de ésta no comprenden su dimensión, no tienen la capacidad de lidiar con esto o que simplemente no les importa.

Claramente, a quien sí le importa el desempleo es al pueblo. A los proveedores de familia que no encuentran trabajo, al joven recién graduado que no encuentra empleo, al trabajador que, ante la falta de opciones, no renuncia a su puesto a pesar que apenas gana lo suficiente para subsistir o tener una vida digna, y hasta al pequeño comerciante que ve su negocio languidecer ante la falta de clientes.

Resulta urgente que tanto el tema del desempleo como la creación de empleos se traten de forma seria y puntual, superando la abstracción característica de la retórica política electoral y las propuestas oportunistas de la clase empresarial.

Hasta ahora este asunto se ha caracterizado por dos discursos. El de los partidos, donde el desempleo es un estribillo de campaña para obtener votos. Y el de los empresarios, quienes utilizan la alta en la tasa de desempleo y la baja participación laboral como muletilla para justificar e impulsar una reforma laboral con el único propósito de quitar derechos a los trabajadores.

Es imperativo que este tema tome centralidad en todo debate público. Actualmente está ausente del “análisis” y del debate mediático cotidiano, y surge ocasionalmente ante la publicación de las nuevas estadísticas de desempleo o ante el anuncio del cierre de otra empresa.

La crisis de empleos que enfrentamos obliga a tratar con prioridad y continuidad. No conferirle la importancia que tiene ha llevado a tomar decisiones que lo han acrecentado, como lo fue la Ley 7, por ejemplo.

No enfrentar el problema nos condena a continuar viviendo en una sociedad plagada de males sociales. Aunque las causas de los problemas sociales son múltiples y complejas, es necesario recordar que muchos tienen como génesis la falta de trabajo. Diversos estudios han demostrado la correlación entre el desempleo y la criminalidad, lo que debe llevarnos a repensar la fallida estrategia policiaca usada para combatirla. Si queremos lidiar de forma efectiva con los males que nos aquejan, es necesario hacer de la creación de empleos un asunto prioritario.

La solución no está en generar cualquier tipo de empleo. Atrás tiene que quedar la política estatal de fomentar la creación de empleos de bajo salario, sin beneficios y a tiempo parcial. Debe abandonarse la noción estatal vigente desde la década de los cuarenta, y compartida por ambos partidos, que proclama “low pay is better than no pay” y sustituirse por una política de equidad y justicia laboral. Como sociedad debemos aspirar a empleos con retribuciones salariales justas y con beneficios que garanticen la calidad de vida de nuestro pueblo.

De igual manera, es necesario que se supere la política estatal dirigida a la asistencia social. El problema no es asistir las necesidades básicas de quienes lo necesitan, sino mantener una estructura que sólo persigue encadenar políticamente a aquéllos que la reciben. Encauzarnos hacia una política dirigida a la autosuficiencia cooperativa sería lo correcto y lo deseable para el colectivo social, pero no así para los políticos, pues un sujeto autosuficiente rompe el círculo del clientelismo político.

El problema del desempleo desborda la política partidista y es un asunto prioritario que la sociedad en pleno debe enfrentar. La solución a la crisis no radica en quienes el desempleo no es un problema real, ya que cada cuatro años resuelve su problema de empleo con nuestro voto. Peor aún, con nuestros sueños, nuestras ilusiones y nuestra esperanza.

* Publicada en Voces, El Nuevo Día, hoy.

28.7.11

Sin acceso a la justicia*


27 Julio 2011

Sin acceso a la justicia

Eva Prados (Abogada de Derechos Humanos)
Nunca olvido un seminario sobre litigación de derechos civiles, cuando un amigo abogado, que trabajaba en un bufete de la Milla de Oro, me contó que estaba allí porque tenía una demanda de un confinado contra unos oficiales de custodia que lo habían agredido abusivamente. Me contó que dicho caso llegó a sus manos luego que le fuera asignado a su jefe por un juez federal. El jefe, aunque aceptó ‘voluntariamente’ el caso, reunió rápido al grupo de abogados más jóvenes -y disponibles- del bufete, para zafarse de la “papa caliente”. Lo que no se esperaba -o quizás sí- era que todos los abogados y abogadas allí reunidos se negaran a llevar el caso. “Eso iría en contra de mis principios”, dijo una. “Yo no defiendo criminales”, soltó otro. Así, el “tesón moral” de un grupo de abogados y abogadas que no muestran gran reparo al representar a aseguradoras y desarrolladores inescrupulosos, patronos hostigadores, y que se prestan para escribir borradores de leyes que viabilizarán el despido de decenas de miles de seres humanos, les impedía representar a un ciudadano en una demanda por daños contra un funcionario agresor. Las personas confinadas son la población más vulnerable a violaciones crasas de derechos humanos, por estar completamente marginadas y bajo el total control del Estado. Apenas este fin de semana salió un artículo en El Nuevo Día sobre la falta de acceso a la justicia para quienes no pueden pagarla. Las personas recluidas en las cárceles se llevan la peor parte en esa historia, al no tener los recursos económicos, ni cosas tan básicas como un teléfono para llamar a un abogado.

Ahora más de 11,000 personas, mujeres y hombres que viven con su libertad interrumpida, no podrán acceder a los tribunales gracias a que la Corporación de Acción Civil y Educación (CACE), única institución que les aseguraba representación legal gratuita y especializada a sus necesidades dentro de las instituciones correccionales, cesará de dar sus servicios.

CACE integraba a un nutrido grupo de abogados y abogadas que visitaban las instalaciones penales de la Isla para atender quejas por condiciones carcelarias, servicios de salud, alimentación, medidas disciplinarias, seguridad y programas de rehabilitación.

CACE incluso promovió programas pilotos de rehabilitación y reintegración a la comunidad como parte de sus proyectos.

La historia de mi amigo, junto a las memorias de los años 70 y 80, cuando la Isla quedó dentro de la lista de infiernos dantescos por las condiciones inhumanas que se vivían en las cárceles, me corre la cabeza sin parar al enterarme del cierre de CACE. La noticia es sencillamente alarmante.

*Publicada en ENDI.COM hoy