Voces contra la Violencia Obstétrica (Porque la violencia obstétrica también es violencia machista)

Trabajemos por un País sin violencia machista

 

  

Trabajemos por un País sin violencia   machista

Por Mariana Iriarte

Publicado: viernes, 16 de noviembre de 2012

Las hermanas Mirabal fueron asesinadas en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960 por instrucciones del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Anterior al asesinato, María Teresa y Minerva habían sido acusadas, juzgadas y encarceladas por alegadamente atentar contra la seguridad del Estado. Esto se debió a la vocal oposición e importante participación política en contra de la dictadura. Sin embargo, luego de un breve tiempo en prisión, Trujillo las puso en libertad rápidamente. Había transcurrido poco más de dos meses desde que habían sido excarceladas cuando las emboscaron de camino a la ciudad de Salcedo. Así, María Teresa, Minerva y Patria –quien no había estado en la cárcel– fueron secuestradas, torturadas y finalmente asesinadas a golpes por mandato del dictador.

En 1981 se llevó a cabo en Bogotá el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. En éste se declaró, por primera vez y en conmemoración de la gesta de esas tres mujeres, el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. Posteriormente, el 20 de diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Cuatro años después, en 1997, aprobó una Resolución titulada “Medidas de prevencio?n del delito y de justicia penal para la eliminacio?n de la violencia contra la mujer”. Finalmente, el 17 de diciembre de 1999, a casi cuarenta años de aquel vil asesinato, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se hizo eco de la conmemoración del 25 de noviembre establecida por las feministas y dispuso esa fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la(s) Mujer(es).

Así, expresamente se reconoció en la Resolución que “la violencia contra la mujer constituye una manifestacio?n de unas relaciones de poder histo?ricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a que el hombre domine a la mujer y discrimine contra ella, impidiendo su adelanto pleno, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se reduce a la mujer a una situacio?n de subordinacio?n respecto del hombre”. No se puede perder de perspectiva la relación existente entre el patriarcado como institución al servicio del Estado y el asesinato de las Mirabal. No hay espacio para dudas en cuanto a que, en un Estado atravesado por el patriarcado donde las mujeres se consideran subordinadas a los hombres, la oposición al gobierno dictatorial es considerada a su vez una subversión al patriarcado como modo de organización de las relaciones políticas, sociales, económicas, domésticas y sexuales. El asesinato de Patria, María Teresa y Minerva fue un asesinato político que no sólo se ejecutó por considerarlas un riesgo para el estado sino que también por considerarse un riesgo al dominio patriarcal.

Es por ello que debemos ser conscientes, tal como lo reconoció la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la violencia contra las mujeres surge de la desigualdad. Equiparar a las mujeres a lo “doméstico” ha establecido unas cadenas de inequidades que se han traducido en invisibilización y agresión. Agresión que no sólo se manifiesta en lo “doméstico” y que también percola todo el entramado social, político y económico. De esta manera, aun cuando las mujeres somos más y estamos mejor preparadas tenemos menor participación en la política, somos mucho más pobres, vivimos en condiciones más precarias, tenemos menos acceso a los servicios de salud, nuestro salario es menor que el de los hombres, participamos de una doble –e incluso interminable- jornada de trabajo y somos víctimas de maltrato emocional, físico y sexual que, en muchas ocasiones, nos cuesta la vida.

Sin embargo, a pesar de que las violencias ejercidas sobre las mujeres son múltiples y variadas, pocas veces se reconoce en el Estado su principal propulsor. Al igual que fue el Estado quien asesinó a las Mirabal al éstas desafiar a la dictadura y al patriarcado, el Estado sigue ejerciendo sobre las mujeres variadas formas de violencia que no pueden pasar por desapercibidas. Basta con mirar, por ejemplo, la participación o el porcentaje de mujeres en los comités de transición de los gobiernos salientes y entrantes donde la participación de las mujeres es mínima o inexistente.

En ese sentido, es imprescindible reconocer que la violencia machista es un problema de desigualdad estructural que no se soluciona diciéndole a las mujeres y a las niñas “Tú vales”, como hizo el gobierno saliente. Tampoco se soluciona lamentándonos de la baja participación femenina en la vida política del País si no nos planteamos de forma seria, responsable y honesta el porqué de la baja participación. Es hora de dejar atrás las máximas que responsabilizan a las mujeres por ser objeto de cualesquiera de las manifestaciones de la violencia patriarcal y buscar arreglos institucionales que reconozcan que el Estado es y ha sido el principal reproductor de la violencia machista en todas sus manifestaciones.

Se vuelve indispensable, entonces, aceptar que la violencia machista puede ejercerse desde múltiples espacios, todos igualmente peligrosos y con un fin en común: la deshumanización del otro. La violencia machista opera a base de considerar a las mujeres como inferiores y, por tanto, subordinadas a la jerarquía masculina. Es por ello que, hasta que el Estado –y quienes lo administran– no se vea a sí mismo como el principal reproductor de la desigualdad de poder entre hombre y mujeres, cualquier plan de acción para tratar esta problemática social, política y económica no será efectivo. El Estado debe comprometerse con la promoción de la equidad institucionalizando la perspectiva de género en el currículo escolar y respetando el mandato constitucional de separación de Iglesia y Estado. Si no cambiamos los esquemas violentos a través de la educación de los niños y las niñas, si no democratizamos la crianza de los hijos y las hijas para que las mujeres madres puedan participar políticamente en igual proporción que sus compañeros varones, si no proporcionamos herramientas efectivas que les permitan a los varones cuestionar sus privilegios, difícilmente podremos construir una sociedad igualitaria donde los valores principales sean la paz, la justicia y la equidad entre los hombres y las mujeres.

Es por eso que debemos insistir, denunciar, alzar nuestras voces una y otra vez para gritar que no se ha alcanzado la equidad, que nos queda mucho por caminar, que la violencia que nos aqueja está en el trabajo, en nuestras casas, en la escuela de nuestros hijos y nuestras hijas cuando les niegan su derecho a ser educados en la equidad y la paz; la violencia machista está en el gobierno, en los tribunales, está en la calle, en la música, en la televisión, en los periódicos, la violencia está la grúa que te remolca el carro, en la oficina del ginecólogo que te convence de lo necesaria que es una cesárea y en la del pediatra que no promociona la lactancia, la violencia machista está por doquier porque se cuela –incansable y persistentemente– por el tejido injusto y opresivo que el poder ha construido para silenciar nuestras voces, para someter nuestros cuerpos, para reducirnos e invisibilizarnos.

Así se vuelve fundamental denunciar al Estado que nos niega educación con perspectiva de género para que podamos reconocer que no es “normal” que nuestro compañero varón controle nuestro cuerpo, decida sobre las relaciones sexuales, maneje el dinero, establezca las reglas domésticas, entre muchas otras cosas. Necesitamos denunciar al Estado porque no es efectivo a la hora de monitorear que se le dé entero cumplimiento a la disposiciones de ley que establecen igual paga por igual trabajo. Necesitamos denunciar al Estado para que establezca de manera urgente un protocolo en la Rama Judicial para que se instaure la perspectiva de género en los tribunales y las mujeres recibamos un trato digno y equitativo. Necesitamos denunciar al Estado porque no reconoce que la crianza es responsabilidad de hombres y de mujeres y hoy por hoy los hombres no gozan de una licencia de paternidad que les permita compartir la crianza con sus compañeras durante los primeros meses de vida de un o una recién nacido o nacida. Necesitamos denunciar al Estado porque aun cuando existe legislación que establece que toda mujer tiene derecho a ser acompañada durante su parto no se pone en vigor ni tampoco se han tomado medidas efectivas que permitan bajar la altísima tasa de cesáreas innecesarias. Debemos denunciar al Estado porque ante la oposición de algunos médicos han paralizado un proyecto de ley que apoderaba a las mujeres en cuanto a la decisión de con quién, cómo y dónde parir.

No podemos olvidar el papel que el Estado juega a la hora de asesinar mujeres. El 25 de noviembre de 1960 el Estado asesinó a las hermanas Mirabal. Mucho ha llovido desde aquel entonces. Sin embargo hoy, cincuenta y dos años después, las mujeres seguimos siendo asesinadas a manos del Estado. El asesinato simbólico que el Estado ejecuta cada vez que nos niega educación con perspectiva de género, cada vez que pone en entredicho nuestro derecho a interrumpir un embarazo no deseado, cada día que pasa sin legislar para que se les conceda una licencia de paternidad a los varones con iguales condiciones que la que nos garantizan a las mujeres o que no se legisla para que podamos parir en paz, cada vez que el Tribunal Supremo se expresa sobre la manera en que nos debemos comportar las mujeres o pasa juicio sobre las relaciones sentimentales permitidas para entonces determinar si somos o no acreedoras a la protección de la Ley 54, cada uno de esos asesinatos simbólicos viabilizan el asesinato que cualquiera de nosotras puede sufrir a manos de un varón. En este Día Internacional de la Eliminacio?n de la Violencia contra la(s) mujer(es) exijamos un verdadero compromiso por parte del Estado -y de la administración entrante- con la consecución de la equidad, el apoderamiento y la promoción de los derechos de las mujeres.

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La autora es abogada sindical y feminista.

Golpe final

A eso de las 10:30 pm el Tribunal Supremo de Puerto Rico certificó una Sentencia en el CT-2012-024. En ésta determinó, luego de tomar conocimiento judicial de la Sentencia emitida por Boston, que "las personas que se encuentran en las listas I-8 no tienen derecho a ejercer el derecho al voto en las elecciones de mañana 6 de noviembre de 2012.  La CEE dará cumplimiento estricto a nuestra Opinión Per Curiam y Sentencia de 3 de noviembre de 212".

Por su parte, la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez disintió y reiteró las expresiones vertidas en su Opinión Disidente en el CT-2012-020 y que comentáramos en unas entradas atrás.

Lea la Sentencia aquí.

Cuando Boston revocó al Distrito y la democracia se dejó para los diccionarios

Foto tomada de Noticel

En una escueta sentencia de siete líneas el Tribunal Federal para el Primer Circuito (Boston) revocó hoy una Orden emitida por la Jueza Carmen Consuelo Vargas Cerezo.  Boston no consideró "prudente" intervenir en esta etapa del proceso electoral y dejó sin efecto la orden mediante la cual se le permitía el voto provisional a aquellos electores y a aquellas electoras que aparecen en el registro I-8 (inactivos por no haber votado en una elección). 

El Juez Torruella emitió una Opinión disidente donde, básicamente, sostuvo que la orden de Vargas Cerezo no era incompatible con lo ordenado por ese Tribunal el 2 de noviembre de 2012.  Expresó que el remedio solicitado por la demandante en el caso ante el Distrito es que se le incluya en el Registro de Electores activos.  Así, Boston reconoció que la demandante tenía una alta posibilidad de prevalecer en su reclamo bajo la ley HAVA, sin embargo, existían dudas sobre la autoridad y competencia del Tribunal Federal para incluirla con electora activa en el registro general o en el de comisionado residente.  Según el Juez Torruellas esas fueron las razones que tuvieron en cuenta la mayoría para denegar el remedio interdictal.

Sin embargo, lo anterior, según expresa, no incide sobre la autoridad del Tribunal de Distrito para emitir cualquier orden de emergencia que le permita preservar su jurisdicción.  Siendo que la controversia todavía está pendiente de ser resuelta, en el caso de no permitírsele votar provisionalmente a la demandante y a otros en su situación cualquier remedio que se le pudiese extender posterior a la elección sería académico (esto último es una interpretación mía).

Además, el Juez pareció criticar la actitud del Partido Nuevo Progresista cuando expresó que "[n]ot content with having succeeded in preventing the I-8s' reinstatement, Defendant- Appellant sought an order from the Commonwealth's court system to have the State Elections Commission ("CEE," for its initials in Spanish) produce the I-8 lists so that poll workers could bar the people appearing on said list who show up at the polling stations from casting provisional ballots through the "added-by-hand" procedure contemplated the Puerto Rico Election Code and the provisional ballot contemplated in HAVA".  Lea la Orden acá.

No hay duda que lo que está en juego acá es el derecho de la ciudadanía a expresarse o no en las urnas.   Es decir, deberíamos preguntarnos si en una democracia cabe penalizar al ciudadano que escogió la abstención como medio de expresión electoral excluyéndolo del Registro de electores.  Soy del criterio de que no.  El Estado no puede privilegiar un medio de expresión sobre otro, en cambio debe asegurarle a cada uno de sus ciudadanos y sus ciudadanas el derecho a expresarse -o no- en las urnas. Triste día para la democracia puertorriqueña. 

 

Amaury Pérez - No lo van a impedir

Supremo queda revocado de facto con Orden emitida por el Tribunal Federal

La Jueza Carmen Consuelo Cerezo revocó de facto al Tribunal Supremo de Puerto Rico en cuanto a su determinación en Edwin Mundo v. C.E.E..  Mediante una orden de seis páginas estableció que todos aquellos y todas aquellas que no hayan votado en el 2008 y que por ende estén en el registro I-8, Registro de Electores Inactivos, podrán votar este martes mediante el mecanismo añadido a mano.  Las papeletas no serán adjudicadas hasta tanto el Tribunal no entre en los méritos de la controversia que tiene ante su consideración.  Lea la orden acá.

La culpa es huérfana o Edwin Mundo v. C.E.E., CT-2012-20

Hoy El Nuevo Día publicó una noticia, acá, que pasó por desapercibida y se perdió entre cierres de campaña y caídas de exgobernadores. En ésta nos anunciaba que una mayoría del Tribunal Supremo ordenó que se imprimiesen las listas de electores inactivos y se entregasen a todos los colegios electorales. Así, mediante una Opinión certificada este mismo sábado, nuestro más Alto Foro puso en entredicho el sistema electoral cuando expresó que “en esta ocasión la confianza, transparencia y pulcritud del sistema electoral de Puerto Rico está bajo ataque a tan sólo tres días de que nuestro Pueblo exprese su voluntad en las urnas”. Edwin Mundo v. C.E.E. Y otros, CT-2012-020, Opinión Per Curiam. De esta manera, mediante expresión Per Curiam, dio paso al pedido del P.N.P., revocó una resolución de la Comisión Estatal de Elecciones y concedió que se le entregasen las listas de los electores que están inactivos por no haber votado en la elección del 2008. Es importante notar que, en esta oportunidad, ninguno de los jueces nombrados por el Partido Nuevo Progresista quiso hacerse cargo de la autoría de la Opinión del Tribunal. Una opinión Per Curiam no es otra cosa que una ponencia del Tribunal y no de un juez o jueza particular. Es claro, que el peso de lo que conlleva esta Opinión nadie lo quiere cargar. Ya lo dice el refrán, la culpa es huérfana.

Foto tomada de la página de la Rama Judicial

La nueva mayoría del Tribunal equiparó la categoría de elector inactivo a la categoría de elector excluido y enmendó vía fíat judicial el Reglamento para las Elecciones Generales y el Escrutinio General de las Elecciones de 2012. A diferencia de lo que nos quieren hacer creer, el Art. 6.012 del Código Electoral para el Siglo XXI expresamente dispone que “[s]i un elector dejare de votar en una elección general su registro o expediente será inactivado en el Registro General de Electores. La Comisión podrá excluir del mencionado registro a aquellos electores que por causales dispuestas en esta Ley o reglamento así se establezca. Una exclusión no implicará la eliminación de los datos del elector del Registro General de Electores”.

El Supremo afirma que es una causal de exclusión la inactivación del elector por éste no haber votado en las últimas elecciones. Sin embargo, esa causal no está contenida en el Código Electoral como nos quieren hacer creer. El Código Electoral lista las causales de exclusión en el Art. 6.017 y expresamente dispone que “[p]ara que se proceda a la exclusión de un elector que aparezca en el Registro General de Electores deberá presentarse ante la comisión local concernida una solicitud de recusación y/o exclusión de dicho elector por uno o más de los siguientes fundamentos: (1) que el elector no es ciudadano de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América; (2) que el elector no está domiciliado en la dirección señalada en su solicitud a la fecha de inscripción o en el momento de la recusación; (3) que el elector no ha cumplido dieciocho (18) años y no habrá de cumplirlos en o antes del día de las siguientes Elecciones Generales; (4) que el elector no es la persona que alega ser en su solicitud de inscripción; (5) que el elector haya fallecido; (6) que el elector ha sido declarado mentalmente incapaz por un Tribunal; y (7) que el elector aparece inscrito más de una vez en el Registro General de Electores”. Debe quedar meridianamente claro que el Art. 6.012, a diferencia de lo que el Supremo dice que dice, no establece una exclusión por inactivación.

De igual manera, el Tribunal en un claro acto de activismo judicial, enmendó el Reglamento Electoral para las Elecciones Generales. Así, sustituyó una interpretación razonable emitida por el foro administrativo a la luz de la sus leyes y reglamentos por una dúctil y hecha a medida que adelanta el pedido del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista.  Esto tiene la consecuencia de privarle el derecho al voto a aquellos y a aquellas que no se encuentren en la lista y que antes podían votar mediante el voto añadido a mano.

En este sentido, es fundamental, prestar atención a la Opinión Disidente de la Juez Asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez a la que se unieron el Juez Presidente y la Jueza Asociada Liana Fiol Matta. En esta se razona y fundamenta una interpretación del Código Electoral y el Reglamento para las Elecciones Generales razonable y coherente donde se denuncia el macramé jurídico de una mayoría que no duda de valerse de cualquier herramienta para interpretar de forma acomodaticia y circunstancial el texto de la ley al resultado que buscan llegar.

Hoy nuestra democracia es aún más chiquita. Hoy el Tribunal Supremo achica el derecho al voto de vaya a saber cuántos ciudadanos y ciudadanas que se verán afectados y afectadas al encontrarse con un funcionario de colegio que no le permita votar de la manera diseñada reglamentariamente para aquellos electores que, por error, aparecen desactivados. Igualmente, vaya a saber cuántos incidentes puedan suscitarse en los colegios electorales cuando se intente impedir votar a alguien que quiere hacerlo.

El derecho al voto era uno de los pocos derechos democráticos que no se había visto afectado, aunque Suárez Cáceres nos había dado pistas de lo que podría pasar. No podemos olvidar que esta administración -y su brazo judicial-, abiertamente, se ha encargado de reducir los derechos vinculados al ejercicio democrático y a la participación de la ciudadanía en los procesos que les afectan y competen. En esta ocasión, Edwin Mundo v. C.E.E. se suma a Fundación Surfrider, a UPR v. Laborde, a Asociación de Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, a Suárez Cáceres v. C.E.E., a Justo Lozada v. A.E.E., a Domínguez Castro v. E.L.A., a Pantoja Oquendo v. Municipio de San Juan, entre muchas otras. Es por eso que el martes, antes de votar, piensa bien qué camino queremos transitar y qué País queremos construir y cuando estés frente a esa papeleta a Fortuño y a su claque diles que no.

Ciudadan@s en apoyo a Carmen Yulín

Jóvenes no afiliados en apoyo a Carmen Yulín

Jóvenes no partidistas con Carmen Yulín from Rhett Lee Garcia on Vimeo.