25.10.10
Conferencia: El impacto ambiental de la extensión de la Autopista PR-22
23.10.10
Segunda Jornada Bloguera de: No Más Violencia Contra las Mujeres
Como parte de las actividades para denunciar la violencia machista contra las mujeres, feministas y blogueras convocan a la comunidad virtual a enviar y compartir expresiones sobre la relación entre los medios de comunicación y la violencia contra las mujeres para publicarse en blogs.
Pueden ser:
* columnas breves (no más de 600 palabras)
* fotos
* poesía
*cuentos cortos
* diseño gráfico
* otras formas de expresión.
* fotos
* poesía
*cuentos cortos
* diseño gráfico
* otras formas de expresión.
Algunas preguntas que podemos contestar y trabajar son:
- ¿Cómo los medios tradicionales en Puerto Rico cubren los temas de género?
- ¿Cómo se cubre específicamente la violencia contra las mujeres? Entiendase la diferentes formas de violencia como la intrafamiliar, discursiva, laboral, institucional, económica, orientación, sexual, identidad de genero, entre otras.
- ¿Qué ejemplos recordamos de buenas coberturas (rigurosas, con perspectiva de género, sensibles, que rompen con estereotipos)?
- ¿Qué ejemplos recordamos de coberturas deficientes (estereotipadas, machistas, sensacionalistas, etc)?
- ¿Cómo los medios tradicionales pueden integrar una perspectiva de género en sus coberturas?
- ¿Qué pueden hacer las feministas para contribuir con una mejor cobertura mediática de la violencia machista en PR?
- ¿Cómo es el lenguaje que utilizan los medios en su cobertura de la violencia contra las mujeres?
- ¿Cómo están contribuyendo las blogueras feministas a esta conversación mediática?
- ¿Cómo pueden contribuir la blogósfera y las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, etc) a transformar la relación de los medios y la violencia contra las mujeres?
- ¿Es posible provocar cambios desde la virtualidad?
- Otras…
Puedes enviar cualquier expresión ya creada o por culminar. Estaremos recibiendo sus trabajos hasta las11:00 p.m. del Sábado 20 de noviembre de 2010. ENVIAR A:
nomasviolencia.mujeres.pr@gmail.com
El proyecto será parte de una iniciativa de la organización Global Voices para la redacción, publicación y compilación de expresiones sobre el tema de la violencia en contra de las mujeres en los blogs de Puerto Rico que, a su vez, resultarán enlazados a otros tantos blogs del mundo entero. Los Blogs serán escritos por feministas y blogueras. Abordarán diferentes aspectos en contra de la violencia hacia las mujeres. A su vez serán compilados en uno sólo. Para accesar algunos de los blogs pueden dirigirse a los siguientes enlaces:
Mujeres en PR:
http://mujeresenpr.blogspot.com/
Poder, cuerpo y género:
http://galindomalave.com
Pequeños Intereses*
23 Octubre 2010
Nociones de justicia básicas afirman que el tejido social tiene cura. Básicamente abogan por la consecución de arreglos institucionales más equitativos. Es decir, no podemos pensar que sea justo que el 10% de la ciudadanía, que según el economista Gustavo Vélez es el porcentaje de empresarios del país, retenga para sí una proporción exorbitante de los ingresos brutos de la Isla. Esta desigualdad en el ingreso se reproduce en el resto del entramado social: el 10% tienen mayores y mejores oportunidades educativas y culturales; el 10% tiene mayores y mejores servicios de salud; el 10% está fuertemente custodiado por grandes redes de seguridad de urbanizaciones cerradas que simulan otro país; el 10% tiene mejor y mayor acceso a los tribunales a través de costosos bufetes de abogados y así podríamos seguir enumerando. No hay duda que el 10% de la ciudadanía vive mejor. ¿Y el otro 90%?
El otro 90% parece ser que representamos los sectores improductivos del país. Quizá, la mayoría asalariada represente en el imaginario de algunos un tipo de ciudadanos de segunda clase. Esta es la premisa inarticulada que subyace a muchos análisis que encuentran en la protección de la clase empresarial y patronal del país la solución a la crisis económica. Estos analistas abogan por flexibilizar la legislación protectora del empleo, reducir las contribuciones a los sectores industriales, facilitar la inyección de capitales foráneos entre muchas otras propuestas.
Mientras tanto, vemos cómo se deteriora nuestra calidad de vida. Trabajamos más por el mismo sueldo, la educación pública se empobrece a paso acelerado, los servicios de salud son escasos y de mala calidad, el desempleo se agiganta, los índices de criminalidad se han disparado y los problemas emocionales producto de la inestabilidad y la incertidumbre son la orden del día.
No pueden perderse de vista los verdaderos sectores vulnerables del país: los desempleados, los trabajadores asalariados, las mujeres, la población sin hogar. Ésos que salimos a defender nuestras causas porque no ocupamos puestos de poder ni podemos pagar cabilderos. No se trata de asignar culpas como algunos analistas señalan. Se trata de reconocer que la consecución de una sociedad justa conlleva, necesariamente, la búsqueda del bien común.
Pequeños intereses
El discurso de la Guerra Fría parece ser el as bajo la manga de aquellos que se resisten a la rigurosidad como instrumento de análisis. No tengo duda que Puerto Rico está polarizado; es natural, normal, esperado, conocido. Puerto Rico está polarizado y su tejido social y político gravemente enfermo. Las grandes desigualdades, económicas, políticas y sociales, resultantes de los privilegios estructurales de unos pocos son las causantes. No nos dejemos engañar.
Nociones de justicia básicas afirman que el tejido social tiene cura. Básicamente abogan por la consecución de arreglos institucionales más equitativos. Es decir, no podemos pensar que sea justo que el 10% de la ciudadanía, que según el economista Gustavo Vélez es el porcentaje de empresarios del país, retenga para sí una proporción exorbitante de los ingresos brutos de la Isla. Esta desigualdad en el ingreso se reproduce en el resto del entramado social: el 10% tienen mayores y mejores oportunidades educativas y culturales; el 10% tiene mayores y mejores servicios de salud; el 10% está fuertemente custodiado por grandes redes de seguridad de urbanizaciones cerradas que simulan otro país; el 10% tiene mejor y mayor acceso a los tribunales a través de costosos bufetes de abogados y así podríamos seguir enumerando. No hay duda que el 10% de la ciudadanía vive mejor. ¿Y el otro 90%?
El otro 90% parece ser que representamos los sectores improductivos del país. Quizá, la mayoría asalariada represente en el imaginario de algunos un tipo de ciudadanos de segunda clase. Esta es la premisa inarticulada que subyace a muchos análisis que encuentran en la protección de la clase empresarial y patronal del país la solución a la crisis económica. Estos analistas abogan por flexibilizar la legislación protectora del empleo, reducir las contribuciones a los sectores industriales, facilitar la inyección de capitales foráneos entre muchas otras propuestas.
Mientras tanto, vemos cómo se deteriora nuestra calidad de vida. Trabajamos más por el mismo sueldo, la educación pública se empobrece a paso acelerado, los servicios de salud son escasos y de mala calidad, el desempleo se agiganta, los índices de criminalidad se han disparado y los problemas emocionales producto de la inestabilidad y la incertidumbre son la orden del día.
No pueden perderse de vista los verdaderos sectores vulnerables del país: los desempleados, los trabajadores asalariados, las mujeres, la población sin hogar. Ésos que salimos a defender nuestras causas porque no ocupamos puestos de poder ni podemos pagar cabilderos. No se trata de asignar culpas como algunos analistas señalan. Se trata de reconocer que la consecución de una sociedad justa conlleva, necesariamente, la búsqueda del bien común.
*Columna publicada hoy en El Nuevo Día, presiona el título para accesar la versión online del periódico.
1 Dejo por acá la columna que Gustavo Vélez publicara el 12 de octubre pasado y a la cual responde esta columna.
1 Dejo por acá la columna que Gustavo Vélez publicara el 12 de octubre pasado y a la cual responde esta columna.
22.10.10
Rigurosidad y ley laboral por Iram Ramírez*
22 Octubre 2010
Rigurosidad y ley laboral
De acuerdo al sector empresarial, Puerto Rico tiene las leyes laborales más rigurosas y restrictivas del mundo. Asimismo, alegan que la protección que brinda la legislación a los trabajadores dificulta a los patronos el despido de empleados. A su vez exponen que esto impide que se generen empleos y hace que aumenten los costos de hacer negocios. Según los empresarios, este escenario hace obligatorio una “reforma” laboral que equipare nuestra legislación a la de otras jurisdicciones.
Políticos y “analistas” toman como cierta esta afirmación sin someter a examen su exactitud, aun a expensas de arriesgar la seguridad de empleo de cientos de miles de trabajadores. Preguntas fundamentales como ¿existe alguna metodología científica para determinar el grado de rigurosidad de las leyes laborales? ¿Cómo comparan las leyes laborales de aquí con las de otras jurisdicciones? Son cuestionamientos que han sido obviados por los proponentes de la “reforma” laboral. Peor aún, los políticos encargados de velar por los derechos de los constituyentes ni siquiera se han ocupado de buscar su respuesta.
Los proponentes de la “reforma” laboral ignoran, o prefieren ignorar, que la Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) desarrolló una metodología, reconocida mundialmente, para medir el nivel de severidad de las leyes laborales. Para ello la OECD considera tres indicadores de protección del empleo: el procedimiento y el costo de despedir, los procedimientos para contratar empleados temporeros o contratados por agencias de empleo. Desarrollando un escala que determina el grado de rigurosidad de las leyes laborales, confiriendo valores que van desde el nivel 6 (mayor) al 1 (menor).
Utilizando esa metodología podemos aclarar las aseveraciones sobre lo restrictivo de nuestra legislación laboral y cómo ésta compara con las de distintas jurisdicciones. A través de la escala del OECD, nuestra legislación laboral ostenta una medida de 1.33, colocando a Puerto Rico en el lugar 37 de los 41 países que la OECD mantiene datos en cuanto a la severidad de sus leyes laborales. Entonces, ¿cómo compara esto con otras jurisdicciones? De ese grupo, 36 países tienen leyes laborales más restrictivas (Francia, Alemania) que Puerto Rico, mientras sólo 4 tienen leyes laborales menos restrictivas (Canadá, Nueva Zelanda). Por lo que evidentemente, Puerto Rico no ostenta ni las leyes más rigurosas del mundo ni está en el grupo de países que sí las tienen.
Ante esto debemos preguntarnos: ¿qué se persigue verdaderamente con esta “reforma” laboral? Esperemos que los políticos no estén aguardando que los empresarios les ofrezcan una contestación a ésta, sino que cumplan su responsabilidad de buscar la verdadera respuesta a esta interrogante.
*Columna del compañero Iram Ramírez publicada hoy en El Nuevo Día
20.10.10
Protejamos tu MAI (y la libertad de expresión)*
Hace unos días, mientras repasaba
las noticias matutinas entre FB –chisme del día– y los periódicos locales
–escándalo político de turno– me topé con un “statement” muy curioso. Un arte muy bien hecho que rezaba algo
así como basta ya de vandalismo o
algo parecido. Lo primero que me
llamó la atención es que hacían referencia a una expresión política –MAI o
matrícula ajustada a los ingresos– lo segundo fue que quienes abogan por este
tipo solapado de censura son los mismos y mismas que en múltiples ocasiones
abogan por la libertad de expresión. Para aquellos y aquellas que tienen FB les
dejo el arte aquí.[1]
Sobre la censura les dejo por acá el excelente artículo de la profesora de
Derecho Érika Fontánez Torres
que se publicó recientemente en 80 grados.
La RAE
define el “vandalismo” como 1. m. Devastación propia de los
antiguos vándalos. 2. m. Espíritu de destrucción que no respeta cosa
alguna, sagrada ni profana. Dicen
las malas lenguas que los vándalos saquearon a Roma en el año 455 y que durante
el saqueo arremetieron contra todo lo que encontraron por allí. No está demás
decir que Roma estaba en decadencia y que como a todo lechón le llegó su
Navidad. Lo cierto es que, ya en
la modernidad, se comienza a utilizar el término “vandalismo” para señalar la
destrucción de propiedad privada.
Como todo término tiene su historia, la cual es importante conocer,
analizar y contextualizar. Los
Vándalos era un pueblo “bárbaro”
pero, como todo, habría que ver quién tenía el poder para nombrar. No hay duda que los romanos ejercían el
control y dominio absoluto de la región y que, como es costumbre, se arrogaban
la potestad para decir quién pertenecía a la civilización y quién, en cambio,
era un bárbaro. Adelantando que no
soy muy ducha en este tema, me atrevo a arriesgar que los romanos habían
sometido históricamente a estos pequeños pueblos quienes, en un acto de
resistencia y rebelión, arrasaron con Roma y la vandalizaron, obviamente.
Sin embargo, y más allá de la etimología de
la palabra vandalismo, el graffiti se reconoce como un medio de expresión
político y artístico. Si bien su
uso se remonta a la época de las cavernas, lo cierto es que su uso como
reivindicación de los sectores oprimidos comienza en la década de los 70,
aunque existe desacuerdo sobre quién inició el movimiento. Lo importante es destacar que el
graffiti ha sido utilizado como método de expresión de aquellos y aquellas que
de ordinario no tienen acceso a los foros que podrían estar disponibles para
otras clases sociales. No es raro entonces que su penalización por parte del
Estado y su consiguiente definición como “acto vandálico” esté íntimamente
ligada a la censura. Es decir, el
Estado se abroga la capacidad de censurar atribuyéndole más peso a la propiedad
que a la libertad de expresión, lo que nos da una pista sobre quiénes pueden,
consciente o inconscientemente, defender la prohibición del graffiti en
espacios estatales y civiles.
De
esta manera no es difícil adivinar que el graffiti como modalidad de la
libertad de expresión se convirtió en objeto de muchas críticas y controversias. La contraposición entre los intereses
de quién busca expresarse y los intereses del dueño o dueña de la propiedad,
sea un privado o el Estado, parecen guiar la discusión.
En
este sentido, esta modalidad del arte y expresión política está, también,
atravesada por el poder, sobre todo cuando de expresión espontánea se
trata. Esta última, generalmente
surge en el contexto de manifestaciones y protestas políticas; se tratan de
consignas que se expresan contra el Estado, la clase dominante y el poder
económico. Ordinariamente estas
son expresiones no protegidas, muchas veces censuradas inmediatamente y
estigmatizada bajo el epíteto de
vandalismo.
Es
importante destacar que en el graffiti, como el arte en general, existe una
división entre high art y low art, así hay expresiones graffiteras
que son más protegible que otras.
Aquellas que parecen ser inofensivas como los murales en la Ponce de
León y la Gándara, son protegidas y auspiciadas por el Estado, en este caso el
municipio de San Juan, y las consignas políticas, como el mural del Movimiento
Amplio de Mujeres de Puerto Rico, rápidamente se tapan, pues no están cobijadas
bajo la protección de creación artística según afirman sus detractores.
Así,
no se puede desligar el graffiti del elemento de clase que le ha dado
origen. No podemos pensar que las
expresiones coloridas que hoy ocupan las paredes de nuestro espacio urbano surgieron
en un vacío de significados como tampoco surgen en un vacío de significados la
expresión “Yo quiero mi MAI” o “Que la crisis la paguen los ricos”. Estos aparecieron como una expresión contestaria
con significado político que pretende denunciar, expresar y reaccionar los
artilugios del poder, en este caso la aplicación uniforme de la matrícula lo
cual redunda en una gran injusticia.
También
hay que reconocer que, hoy por hoy, esas expresiones han sido, si se quiere,
cooptadas por el poder, y así se han vuelto instrumento de expresión no sólo de
sectores contestarios sino también de diferentes sectores que más que una
expresión política quiere buscar espacios alternativos del arte. Esto no quiere decir que el mensaje no
sea político sino más bien que hay una política del mensaje. Se busca, de esta manera, la democratización
de los espacios artísticos que permitan un mayor acceso al arte y que lo saque
del dominio de las galerías y museos.
Ambas
modalidades deben estar protegidas, aquellas que surgen espontáneamente fruto
de manifestaciones, protestas y
buscan plasmar un mensaje político como aquellas que buscan la democratización
del arte a través de la ocupación de espacios urbanos antes vacíos. Abogar por la censura de este tipo de
expresión contribuye a la erosión de la democracia, reduce la participación en
lo político y propicia que lo político sea acaparado por aquellos grupos e
individuos que puede costear campañas publicitarias masivas. De esta manera es importante conservar y
defender los espacios de expresión espontáneos, defender el uso político que se
hace de ellos y, sobre todo, no alinearse con el Estado en su discurso de criminalización
de la protesta.
Nota Aclaratoria: Se removió la imagen a pedido del compañero Gabriel Laborde. La imagen leía como sigue: MAI y u no stop vandalizing?
Nota Aclaratoria: Se removió la imagen a pedido del compañero Gabriel Laborde. La imagen leía como sigue: MAI y u no stop vandalizing?
[1] Sobre el
arte debo decir que lo tomaron del siguiente blog http://fuckyeah-y-u-no-guy.tumblr.com/
La crisis y el espacio público de Efrén Rivera Ramos*
Las respuestas a las crisis pueden tener repercusiones diversas sobre eso que llamamos el espacio público.
La crisis económica de los años treinta del siglo pasado en los Estados Unidos y en otros lugares, incluido Puerto Rico, fue enfrentada con una intervención activa del Estado en los procesos económicos y sociales. Ello tuvo como consecuencia un enriquecimiento físico del espacio público mediante la construcción y desarrollo de obra pública nueva –carreteras, centros gubernamentales, vivienda social, parques y plazas, transporte colectivo, es decir, una verdadera inversión social que aumentó la riqueza común y amplió su disfrute.
Hubo también una intensificación de la actividad pública mediante la creación de numerosas agencias gubernamentales y la prestación de un sinfín de servicios novedosos a la ciudadanía. Se extendió el dominio de los derechos con la aparición de nuevos derechos económicos y sociales. Se masificó la participación política. En fin, pese a todas sus deficiencias, que las tuvo y muchas, la respuesta a aquella crisis resultó en un fortalecimiento del espacio público en múltiples dimensiones.
Las respuestas de corte neo-liberal a las crisis económicas recientes han tenido el efecto contrario. Han ocasionado un empobrecimiento agudo y un constreñimiento notable del espacio público en varios sentidos.
Físicamente en muchos lugares el espacio público ha sufrido un deterioro enorme como consecuencia de la reducción en el gasto gubernamental para proyectos de carácter social. Se ha incrementado, pues, la pobreza pública. En segundo lugar, los recortes dramáticos de presupuesto, con su secuela de despidos, han ocasionado una contracción en los servicios que ha perjudicado a los más necesitados.
Ese encogimiento de lo público se ha intensificado con las estrategias de privatización propias de este tipo de políticas económicas.
En tercer lugar, la compresión de lo público ha asumido una de sus formas más dramáticas en los intentos de reducir los ámbitos de deliberación sobre los problemas comunes. Esos esfuerzos incluyen el bloqueo del acceso a los lugares donde ha de ocurrir la deliberación, a la información necesaria para deliberar, a la palabra o a la voz como medio para participar en el proceso público y a la posibilidad de la acción concertada.
En todas las épocas Puerto Rico ha experimentado intentos de reprimir la deliberación colectiva de diversas formas. Los ejemplos históricos son legión. Desafortunadamente, las manifestaciones de tales prácticas en la actualidad también abundan.
Por su importancia, quiero destacar los obstáculos más recientes al derecho de acceso a la información. El Centro para el Periodismo Investigativo de Puerto Rico ha presentado durante el último año y medio cinco demandas judiciales para obligar a funcionarios gubernamentales a proveer información eminentemente pública que le ha sido denegada. Hay varias solicitudes adicionales que no han llegado a la etapa de litigio. Increíblemente, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, un organismo gubernamental, también tuvo que acudir a los tribunales para que le suministraran información vital para el desempeño de su encomienda. La negativa a honrar ese tipo de pedido es una sustracción ilegítima de información que la ciudadanía necesita para enjuiciar a su gobierno y participar inteligentemente en el debate público.
A ello hay que añadir numerosas instancias conocidas de tentativas de supresión de la expresión pública. Baste mencionar, a modo de ilustración: la represión violenta de manifestaciones legítimas en la Universidad y en el Capitolio, la intervención policiaca con militantes feministas mientras pintaban un mural contra la violencia doméstica en San Juan, la caracterización de quienes protestan con epítetos como “terroristas”, “revoltosos”, “garrapatas” y otras lindezas, el ataque contra el Colegio de Abogados y la censura de libros en el Departamento de Educación y de una exposición de caricaturas en la Comisión Estatal de Elecciones.
Sobre todo en tiempos de crisis, pues, se hace evidente la necesidad de defender los derechos y de conservar y enriquecer el espacio público en sus diversas modalidades, incluida la de lugar común de deliberación y debate.
*Columna publicada en El Nuevo Día hoy. Pulsa el título para ir a la edición electrónica del periódico.
17.10.10
En Construcción
“En construcción”, una propuesta independiente sube a escena los días 21, 22 y 23 de octubre a las 8pm y el domingo 24 a las 4pm en la Sala Teatro Beckett en Río Piedras. La entrada tiene un costo de $10.00 dólares (donativo).
“En construcción”, interpretada por Kairiana Núñez Santaliz, recoge varias piezas cortas de la actriz y las sitúa en un mismo espacio de riesgo: el escénico. ¿Cómo se va construyendo un espacio de representación e interpretación desde un escenario desnudo? La pieza expone elementos autobiográficos y otros referentes externos que sustentan el acto de decir de las distintas voces que componen la representación.
La obra utiliza textos de poetas y dramaturgos tales como: Juan Manuel González Ríos, Ramón del Valle Inclán, Alejandra Pizarnik, Rojo Robles, Fernando Pessoa y Angélica Liddell
Kairiana Núñez Santaliz es egresada del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Además es miembro fundador del grupo de teatro callejero Jóvenes del 98 bajo la dirección de Maritza Pérez Otero. Ha participado en diversos proyectos teatrales y multidisciplinarios dirigidos por: Teresa Hernández, Rosa Luisa Márquez, Pedro Santaliz, Viveca Vázquez, Sylvia Bofill, Rojo Robles, Veraalba Santa, Eyerí Cruz Otero, Patricia Hernández, Ricardo Cobián, Petra Bravo, Awilda Sterling, Nelson Rivera, entre otros. Hace siete años imparte talleres de teatro para varios programas comunitarios. Ha tomado talleres en el Laboratorio Teatral Malayerba en Quito, Ecuador, fundado por Arístides Vargas y Charo Frances; y en el “Bread and Puppet Theatre” en Vermont fundado por Peter Schumann. Actualmente es maestra de teatro en la Escuela Ecológica Niños Uniendo al Mundo en Caguas y maestra-tallerista en La Escuela de Teatro del Consejo Artístico de Puerto Rico.
La puesta cuenta con la participación musical de Blanca Rovira Burset.
Para más información favor comunicarse a (787) 319-5117, (787) 562-1907, latardia@hotmail.com
16.10.10
17 de octubre Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza
Mañana se conmemora el Día Internacional por la Erradicación de la pobreza. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas lo declaró el 31 de marzo de 1993 mediante la aprobación de la Resolución 47/196. El fin de este día es la concienciación sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia.
En Puerto Rico se llevará a cabo la Marcha de Cero Desalojos en Puerto Rico. La misma saldrá a la 1:00 pm luego de reunirse en el puente nuevo en la Ave. Barbosa, se marchará desde Cantera al Departamento de la Vivienda. ¡No olviden sus pancartas!
Por la noche, a las 9:00 pm, les invitamos a sintonizar Boricua 740 donde dialogaremos sobre la conmemoración de este día en el Programa de Radio de Amnistía Internacional.
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Mírame
¡mírame!
viernes 22/octubre
4:30 p.m.
El Capitolio - Lado Norte
Te invita: Comité Contra la Homofobia y el Discrimen
Increíblemente, ya son parte de nuestra cotidianidad las pérdidas de compañer@s transgénero o transexuales en muertes violentas motivadas por la transfobia. La escasa legislación contra crímenes de odio en el país no sólo tiene un enfoque punitivo, que nada hace por prevenir los asesinatos por discrimen, sino que es letra muerta.
Los líderes fundamentalistas no se conforman con sembrar odio cada domingo en sus templos, sino que también comprometen los votos de sus respectivas feligresías para la compra de legislación que garantice sus intereses religiosos-económicos en el Estado.
Los personajes estereotipados y caricaturizados son la orden del día en los medios de comunicación, al igual que los reportajes que victimizan, estigmatizan y desinforman sobre las realidades de las personas trans.
El propio Gobierno de Puerto Rico, respondiendo a sus compromisos económicos y políticos con las iglesias fundamentalistas, propicia los crímenes de odio al reproducir discursos transfóbicos y considerar medidas como la de prohibir el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans, quienes tampoco tienen acceso equitativo a la salud y cuyas necesidades y particularidades la propia clase médica ignora.
Peor aún, la medicina, de entrada, les trata como enferm@s. Los catálogos de la Asociación Estadounidense de Siquiatría y de la Organización Mundial de la Salud consideran a las personas trans pacientes de "trastorno de identidad sexual o de género".
Como si fuera poco, el Estado promueve el desconocimiento generalizado sobre el género y la sexualidad. Dentro de sus primeras acciones como Gobernador, Luis Fortuño eliminó la perpectiva de género, iniciativa que hubiera integrado al currículo de las escuelas públicas la educación contra el machismo. De la misma manera, más recientente, la Administración Universitaria, a espaldas de la comunidad universitaria, eliminó el presupuesto del Programa de Estudios de la Mujer y el Género en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Como parte de la Jornada Internacional de Lucha por la Despatologización de las Identidades Trans, desde Puerto Rico, exigimos:
- El fin de los discursos transfóbicos en el Gobierno y los medios, y la aprobación de una política pública integral de prevención de crímenes de odio;
- El reemplazo del "trastorno de identidad sexual o de género" en los catálogos médicos DSM-V y CIE-11 por menciones no patologizantes, que garanticen el control de las personas trans sobre sus identidades, su igual acceso a la salud y la atención a sus necesidades;
- La reintegración de la perspectiva de género en las escuelas públicas y la restitución del presupuesto completo del Programa de Estudios de la Mujer y el Género en la UPR, así como su ampliación y fortalecimiento.
Manifiesto internacional - Stop Trans Pathologization 2012:
¡La transfobia nos enferma!
Semana de la Libertad de Expresión
Del 18 al 22 de octubre se celebrará la semana de la Libertad de Expresión, tan mancillada en estos tiempos. Les dejo la promoción y les exhorto a apoyar esta actividad urgente y necesaria para promover la participación democrática.
8.10.10
¿Quién si no el Tribunal Supremo?
Lucía, una boriuruguaya radicada en París, quién me pidió que mantuviera en el anonimato su apellido, nos comparte este ensayo desde su exilio voluntario en la Ciudad de las Luces.
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La entrada a la modernidad estuvo
caracterizada por la separación entre la Iglesia y el Estado. La Ilustración, a través de su proyecto
racionalista, buscaba desterrar el oscurantismo en el cual la Iglesia –y sus
cómplices- habían sumido a la Humanidad.
Las revoluciones burguesas enarbolaron la bandera del laicismo
reconociendo a la Iglesia como el escollo principal para cualquier proyecto
modernizador, democrático e inclusivo.
La alianza de ésta a la aristocracia terrateniente dificultaba el
ascenso de la burguesía al poder político, que en ese punto se visualizaba como
la clase que representaba ideales de libertad, igualdad y fraternidad.
Uno de los grandes logros de los
nuevos Estados-Nación fue desvincular al Estado del poder eclesiástico. De esta manera poco tenía la Iglesia
que hacer en los asuntos de Estado, al menos teóricamente. Aunque la Iglesia siempre se
mantuvo vinculada, de una manera u otra, al poder político, los Tribunales se
mantuvieron inmunes a las influencias que se pudieran ejercer o, al menos, no
traían al escenario judicial de manera abierta y sobreexpuestas los valores
religiosos.
Lo anterior no implica que
aceptemos la independencias judicial crédulamente. Es decir, tarea nuestra debe ser –y muy moderna por cierto-
hacer de la duda una vocación.
Aceptar la neutralidad como una cualidad intrínseca de los jueces y las
juezas es contribuir a endiosar su posición y a fundamentar la legitimidad de
su autoridad cuasimíticamente. En este sentido, quien pretende hacer un
análisis serio de una decisión judicial, debe tomar en cuenta que un juez o una
jueza no es una tabula rasa, sino más bien es un entramado de relaciones que no
sólo lo o la constituyen subjetivamente sino que también atraviesan su mirada y
su metodología de adjudicación. En
este sentido, si bien el Estado –y los tribunales- se independizaron de los
fundamentos religiosos, es cierto también que nos importaron muchas de sus
instituciones y postulados a través de aquellos y aquellas que ocuparon puestos
de poder en la administración estatal.
Ejemplo de lo anterior es que si
bien, hoy por hoy, los Estados más progresistas reconocen el derecho que tiene
el ser humano de escoger su pareja independientemente de su sexo y lo protegen
a través del matrimonio igualitario, es cierto también que fueron décadas de
batallas, prohibición, patologización y criminalización importadas de los
dogmas religiosos. Fueron esos
dogmas los que viabilizaron y viabilizan la opresión de las mayorías dominadas
y normalizadas por medio de mecanismos políticos y religiosos de control sobre
los cuerpos. Así como señalara
Michel Foucault, la pareja heterosexual, la patologización del onanismo y el
cuerpo de la mujer a través de su histerización, y la Escuela como institución
de normalización, se erigieron como dispositivos de control. Con esto quiero
decir que si bien la Iglesia se separó del Estado, esa separación parece haber
sido más de jure que de facto. Aún
así, como buena familia tradicional, las apariencias siempre se guardaron y las
cosas que pasaban en casa se quedaban en casa.
Sin embargo, los fundamentalistas
religiosos caracterizados por un pensamiento de extrema derecha, han intentado
recurrente e incansablemente de imponer al resto de los ciudadanos y ciudadanas
un conjunto de valores a través de la institucionalización de sus
creencias. Como se desprende de un
informe de AWID los fundamentalistas siempre han estado vinculados al poder
político, en algunos Estados en partidos políticos abiertamente
fundamentalistas mientras que en otros a través de partidos políticos
conservadores que esconden en secreto alianzas con estos sectores
religiosos. Ejemplo de esto es
Misión de Evangélicos Unidos en Acción, una corporación sin fines de lucro, que
tiene como objetivos principales cabildear para que la Legislatura legisle los
valores cristianos-evangélicos, identificar candidaturas y apoyarlas
económicamente, entre otras cosas.
La corporación está presidida por Jorge Raschke, padre de la senadora
Kimmey Raschke, e integrada por conocidos fundamentalistas como los son Rodolfo
Font y Wanda Rolón, vea el documento de incorporación acá. A Misión Evangélicos
Unidos en Acción debe sumarse la Primera Coalición de Mujeres de Fe liderada
por la senadora y presidenta de las Mujeres Nuevo Progresistas, Itzamar Peña
Ramírez que reúne, según el comunicado de prensa, mujeres interesadas en
fomentar los valores de fe, aquí.
Esta intromisión indebida de los
sectores fundamentalistas en los asuntos del Estado han provocado que el
gobierno restrinja y obstaculice cada vez más los derechos individuales de la
ciudadanía. Son responsables de
proyectos como la Resolución 99, la Resolución 107, la criminalización de la
reproducción asistida, la erradicación de la perspectiva de género de las
escuelas públicas, la anulación de facto de la oficina de la procuraduría de
las mujeres, la prohibición de adopción por parte de parejas del mismo sexo,
entre muchas otras medidas que lesionan de muerte derechos civiles y humanos.
Lamentablemente la influencia
fundamentalista no se limita a las esferas legislativas. Hoy, el Tribunal Supremo de Puerto Rico,
en una Opinión del Juez Asociado Erick Kolthoff, citó la Biblia para ilustrar
el derecho de un acusado a defenderse como parte esencial del debido proceso de
ley. Seguramente algunos y algunas
señalaran que es una mera ilustración histórica o que es una mención sin
importancia ya que la Biblia no es –ni puede ser- fuente de Derecho. No podemos aceptarlo como un hecho
aislado ni permitir que se normalice esta práctica. Nuestro más alto foro tiene que permanecer indemne a los
vaivenes político-partidistas y a las presiones religiosas; aún cuando el Juez Asociado Martínez Torres
afirme que los cambios en el Tribunal son la consecuencia natural de la
marea electoral.
El Tribunal Supremo no responde a
la mayoría sino, más bien, es el garante indiscutible de los derechos de las
minorías. ¿Quién, si no el
Tribunal Supremo, va a hacer valer mi derecho a la intimidad cuando quiera
abortar? ¿Quién, si no el Tribunal Supremo, va a garantizar mi derecho a la
libertad de expresión cuando quiera hablar? ¿Quién, si no el Tribunal Supremo,
va a garantizar mi derecho a la huelga cuando quiera protestar? ¿Quién, si no
el Tribunal Supremo, va a garantizar mi derecho a rendirle culto a quién me dé
la gana o a nadie cuando quiera rezar? ¿Quién, si no el Tribunal Supremo, va a
garantizar mi derecho a una educación en la equidad cuando quiera enviar a mis
hijos e hijas a una escuela pública? ¿Quién, si no el Tribunal Supremo, va a
hacer valer mi convenio colectivo cuando el Estado no lo quiera respetar?
¿Quién, si no el Tribunal Supremo, va a hacer valer mis derechos civiles y
humanos cuando los fundamentalistas religiosos quieran escoger la persona con
quién me acuesto, la educación que le doy a mis hijos e hijas, mi derecho a
elegir qué hacer con mi cuerpo? ¿Quién hará valer mis derechos, los de las
personas desaventajadas económicamente, el de las niñas y los niños de las
Escuelas Públicas, el de las lesbianas, los homosexuales, los y las travestis y
transgéneros, el de las trabajadoras y los trabajadores, entre muchos otros?
Lamentablemente la respuesta es
incierta. En un Estado donde los
derechos son laicos, los jueces no pueden ser fundamentalistas. Sus rosarios fuera de mis ovarios y sus
Biblias fuera de los Tribunales.
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