30.12.12

MAMPR FELICITA AL GOBERNADOR ELECTO, ALEJANDRO GRACIA PADILLA, POR LOS NOMBRAMIENTOS DE MUJERES


30 de diciembre de 2012, San Juan – Puerto Rico. El Movimiento Amplio de Mujeres de PR (MAMPR) felicitó hoy al Gobernador electo por los nombramientos de mujeres a posiciones de envergadura dentro de su gabinete. De igual manera, se reafirmó en lo dicho en la carta de 5 de diciembre donde se le expresó al Honorable Alejandro García Padilla que el movimiento de mujeres esperaba que se estableciera un balance de género en los nombramientos de su gabinete y que su administración aplicara una perspectiva de género de manera transversa en los proyectos y la política pública que han de desarrollar.

Hemos estado muy pendiente de las nominaciones a su gabinete y a tal efecto, expresamos nuestra satisfacción con las designaciones que ha hecho de mujeres a posiciones importantes. En particular el de la Trabajadora Social Idalia Colón como Secretaria de la Familia, el de la Planificadora Carmen R. Guerrero Pérez como Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el de Marta Elsa Fernández, feminista con vasta experiencia en asuntos de género, como Directora de ADSEF y el de la Dra. Myrna Comas como Secretaria del Departamento de Agricultura. En particular nos satisface las nominaciones que rompen con los estereotipos de género”, expresó, Sara Benítez, una de las portavoces.

Las portavoces del MAMPR indicaron que las mujeres que han sido nominadas han demostrado capacidad y compromiso con el país y con las mujeres. Además, Marian Iriarte, una de las portavoces, puntualizó que “es importante que el país cuente con la visión y sabiduría de mujeres capaces y emprendedoras porque la incorporación de las mujeres en los proceso gubernamentales abren espacios de diversidad, inclusión y perspectivas diferentes que nutren los proceso de análisis y de toma de decisiones”.

Finalmente expresaron que con estas designaciones, el Gobernador Electo, Honorable Alejandro García Padilla, “demuestra su compromiso con un proceso de transformación social encaminado a garantizar los derechos humanos de las mujeres y lograr la equidad por razón de género. Asimismo, esperamos que éste sea el primer paso en el cumplimiento de las promesas en relación a los derechos de las mujeres contenidas en su plataforma de Gobierno”.

11.12.12

En Rojo Especial - Violencia Machista Institucional


Más allá de las paredes

Pretendemos visibilizar las múltiples y diversas violencias que sufrimos a diario y aprovechamos para reclamar una sociedad equitativa, justa y libre de violencia
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Publicado: lunes, 10 de diciembre de 2012
A la jefa, porque de ella aprendí a no tener miedo.
El 25 de noviembre de 1960, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo ordenó asesinar a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.  El asesinato de las Mariposas -como se las conoció posteriormente- fue un crimen de Estado en contra de las mujeres.  Trujillo buscó en aquel momento no sólo silenciarlas sino que además intentó apagar las voces femeninas que exigían una vida sin dictadura.  Aquella subversión les costó las vida a las Mirabal y hoy, cincuentidos años después, la dictadura patriarcal sigue cobrando vidas, material y simbólicamente hablando.  En conmemoración de aquel vil asesinato la Organización de las Naciones Unidas decretó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

Quisimos recordar esta fecha mediante diversas reflexiones sobre la violencia machista.  Específicamente, a diferencia de la política pública del gobernador actual que sugiere que la violencia se da entre paredes, las feministas reconocemos que existen múltiples violencias que nos impactan y atraviesan.  La idea de este En Rojo es, más bien, crear consciencia sobre las diversas violencias sacándolas del reino de lo privado para presentarlas en el terreno de lo público.  De esta manera, la violencia machista deja de ser un asunto doméstico para volverse uno puramente político.  No debe quedar duda de que el patriarcado es una manera de organizar la vida en sociedad y de establecer relaciones de poder por tanto no se manifiesta meramente en lo privado sino que además percola todas las relaciones e instituciones conocidas.

Con esto en mente, diferentes mujeres -a quienes agradezco enormemente sus valiosas aportaciones- con diferentes bagajes reflexionamos en este En Rojo especial sobre la violencia machista que se ejerce desde el Estado y sus instituciones y que a menudo se pasa por alto.  Así, pretendemos visibilizar las múltiples y diversas violencias que sufrimos a diario y aprovechamos para reclamar una sociedad equitativa, justa y libre de violencia contra las mujeres. Reclamamos nuestro derecho a vivir en paz.  Al unísono levantamos nuestras voces y decimos ¡Todos y todas contra la violencia machista!.
  
Mariana Iriarte/Editora Invitada
 

*Entre paredes es un Programa de la Oficina de la Primera Dama del Gobierno de Luis Fortuño Burset

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Violencia con apellido

La violencia contra las mujeres tiene apellido, violencia machista, violencia de género. Hay que seguir trabajando con mucho ahínco, para conseguir de una vez y para siempre esa sociedad, justa, equitativa y solidaria que nos merecemos.
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Publicado: lunes, 10 de diciembre de 2012
Este En Rojo se pensó para que coincidiera con el Día de No más Violencia (25 de noviembre), por razones técnicas en aquel momento no pudo ser. Sin embargo, como dice el refrán,“no hay mal que por bien no venga”, porque el Suplemento sale a  la circulación precisamente en las semanas en que la violencia en sus diferentes manifestaciones se ha recrudecido y siempre es bueno darnos un espacio para pensar y tratar de encontrar soluciones.

El trabajo que han hecho las compañeras recorre desde la situación violenta de las mujeres en las cárceles (Portada), hasta la violencia institucional.

En este Puerto Rico de hoy las mujeres han sido las mayores víctimas de la violencia que nos arropa. La violencia  contra las mujeres tiene apellido, violencia machista, violencia de género. Hay que seguir trabajando con mucho ahínco, para conseguir de una vez y para siempre esa sociedad, justa, equitativa y solidaria que nos merecemos.

Agradezco a Mariana Iriarte, la editora invitada, al igual que a todas las colaboradoras que sacaran de su tiempo para ponernos a pensar.

Alida Millán Ferrer
En Rojo

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Barbarie: La violencia de género en la UPR

Casi todos los años, sin excepción (y cuando la administración universitaria no lo oculta), se registran múltiples casos de agresiones sexuales contra compañeras estudiantes. Sabemos, las que estudiamos en las oscuras facultades de la Iupi, que ocurren muchísimas más cosas que nunca se reportan o que nunca reportamos. Estudiantes ocupan torre de la UPR.
Foto por: Héctor Miranda
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Publicado: lunes, 10 de diciembre de 2012
Teresa Córdova Rodríguez/Especial para En Rojo
La Universidad de Puerto Rico: cuna de la intelectualidad puertorriqueña, bastión de defensa y de lucha contra el neoliberalismo y un nido más de la violencia machista. Casi todos los años, sin excepción (y cuando la administración universitaria no lo oculta), se registran múltiples casos de agresiones sexuales contra compañeras estudiantes. Sabemos, las que estudiamos en las oscuras facultades de la Iupi, que ocurren muchísimas más cosas que nunca se reportan o que nunca reportamos.

Recientemente, la rectora del Recinto de Río Piedras, doctora Ana Guadalupe, implantó un nuevo Plan de Seguridad, usando precisamente estas situaciones para justificar un gasto millonario de dinero para ponerlo en marcha. La instalación de cámaras en lugares públicos, la transformación de la guardia universitaria en un “campus police” en consorcio con la Policía de Puerto Rico, el registro de toda persona que se aventure a entrar en el laberinto que se ha convertido el principal recinto del País, son algunas de las medidas en vías a –alegadamente– proteger a las estudiantes que de noche (e incluso de día) tenemos que caminar por pasillos solitarios y sin iluminación. Pasos tan sencillos como brindar mejor iluminación y la poda de ganchos que tapan los focos son absolutamente ignorados.

Asimismo, se circulan folletos en los que se les advierte a las estudiantes que, de ser atacadas, no se preste resistencia ante el agresor. En todos los casos -¡sin excepción!- en los que las compañeras han salido ilesas, ha sido gracias a que se han defendido de quien les intercepta en algún rincón de la Iupi. Ha sido la autodefensa, y no los pocos recursos que en realidad ofrece la UPR, lo que ha prevenido que las compañeras sufran peores agresiones. Mientras tanto, la Rectora no pisa ni dos pies sin ser escoltada por guardias universitarios, cuando en el Recinto hay una gran escasez de éstos, y que cuando cae la tarde son casi inexistentes.

Sin consultar, ni mínimamente tomar en cuenta a la comunidad universitaria, sin que se les ocurriese comunicarse con las compañeras que han sido objeto de ataques sexuales, la implantación de este plan de seguridad sigue en marcha. En contraparte, se elimina el Programa de Estudios de la Mujer y el Género, se recorta el cupo en el cuido para las jóvenes madres y lo que es en cierta forma hasta peor: se utiliza la violencia machista que proviene de fuera de la Universidad para justificar agendas políticas, mientras la que proviene de manera institucional sigue impune.

Como si fuera poco, las medidas que se están tomando surgen de fondos federales destinados de manera específica a la prevención de agresiones sexuales. De una forma casi irónica, a las compañeras se les está agrediendo por partida doble: una vez es la agresión en sí, la segunda es aprovecharse de lo que han vivido para llevar a cabo una agenda política destinada a proteger una Universidad cada vez menos accesible para muchas y muchos.

Vemos entonces, cómo la violencia machista en la Universidad de Puerto Rico es doblemente ejercida. Es decir: de manera física o verbal, y de manera institucional. Todavía muchas recordamos cómo la misma administración que hoy dice tener el interés de proteger las compañeras, avalaba durante las huelgas universitarias las acciones de agresiones sexuales contra compañeras. Todavía muchos recordamos cómo la compañía de seguridad Capitol Security del ex uchador Chicky Star, atacó a un compañero de la comunidad LGBTTI y que, luego de que se le negó atención médica, tuvo que ser hospitalizado con fuertes contusiones que pusieron en peligro su vida. Ese día, la portada de El Nuevo Día sólo mostró los cristales rotos de alguna guagua de la Guardia Universitaria. El titular: Barbarie. La barbarie real, la barbarie humana, no apareció por ningún lado.

Y es que todos los días se viven barbaries de violencia en este País. La Universidad no es una excepción. La Universidad las reproduce. Nunca ha importado que haya mujeres a la cabeza de la institución –esto es una falsa idealización-: tanto Ana Guadalupe en la administración saliente, como Gladys Escalona de Motta en la administración popular, han estado al mando del Recinto de Río Piedras y no se han tomado pasos proactivos para erradicar la violencia de género en la UPR. Todo lo contrario: se oculta.
 

La autora es estudiante de la UPR en Río Piedras y miembro de la Unión de Juventudes Socialistas del Movimiento Socialista de Trabajadores.

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La violencia de género institucional

De algo sí estamos seguras, la violencia por razón de género hay que combatirla, sin importar de dónde provenga.
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Publicado: lunes, 10 de diciembre de 2012
No presenta muchas dificultades identificar la violencia institucional manifestada por el Estado cuando se trata de atropellos físicos, como sufrió el estudiantado en la última huelga universitaria. Las jóvenes fueron particularmente afectadas al enfrentar agresiones sexuales cuando las manos de los uniformados las tocaron indebidamente mientras eran removidas de los espacios donde se manifestaban. También tuvo un efecto poderoso en la opinión pública la imagen de la madre y la hija que fueron tiradas al piso y golpeadas salvajemente por la Policía mientras participaban en una actividad de respaldo a las demandas universitarias frente al Capitolio. Sin embargo, hay otras actuaciones ejecutadas por el Estado a través de la gerencia de las agencias públicas y de personajes vinculados al aparato gubernamental que también constituyen violencia de género, aunque no conllevan el uso de fuerza física. La reflexión me transporta a los casos reseñados por la prensa en los cuales jóvenes son acusadas y encarceladas con altas fianzas que no pueden prestar por maltrato hacia sus hijas o hijos, pero son a su vez el producto de una remoción del hogar donde también eran víctimas y recorrieron innumerables hogares sustitutos bajo la custodia del Departamento de la Familia, donde el abuso sexual fue una de sus penurias. También son víctimas de maltrato institucional las menores de edad que son obligadas a asumir una maternidad para la cual no están preparadas porque el Estado no asume la responsabilidad de promover la salud y educación sexual, de hacer disponibles las alternativas de prevención de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual, así como la alternativa del aborto, siendo ésta una opción legal en Puerto Rico.

Constituyó violencia de Estado la embestida del gobierno contra las trabajadoras del sector público que fueron masivamente despedidas como resultado de la implantación de la Ley 7 en el 2009, estrategia utilizada para conjurar la crisis económica que enfrentaba el País. Hoy se confirma lo ya sospechado, por información que se ha filtrado a través del proceso de Transición entre el gobierno saliente y el entrante, que la medida que tanto daño causó en el aspecto económico y emocional a miles de hombres y mujeres, especialmente a estas últimas por ser mayoría en el escenario laboral gubernamental, para nada nos ha salvado de la debacle económica que abate al País. Los millones invertidos en contratos concedidos a representantes de los grandes intereses y a las agencias publicitarias añaden injuria y dolor a las trabajadoras que hoy siguen desempleadas mientras el gobierno en abierto abuso partidista reclutó gente adepta a su ideología para atornillarles con el objetivo de que cuiden la casa mientras regresan.

Las feministas también hemos sido víctimas de la violencia institucional durante los últimos cuatro años en Puerto Rico. Fue imposible no pensar en ello la noche del 6 de noviembre cuando fuera de sí y con palabras desaforadas el todavía alcalde de San Juan, Jorge Santini, se aferraba a su silla proclamando una victoria arrolladora, mientras los números que fluían con una lentitud exasperante apuntaban en otra dirección. Afloraba entonces la esperanza de que no tendríamos que aguantar cuatro años más su violencia verbal, la jactancia infinita que lo caracteriza y el abuso de poder con que ha mal timoneado a la capital del País. Cuando finalmente aceptó su derrota con llanto incontenible,que no era otra cosa que una manifestación de coraje por haber perdido su posición privilegiada ante una mujer cuyas fortalezas trató inútilmente de minimizar, retorné en el tiempo al 3 de julio de 2010. Ésa fue la fecha en que cuatro mujeres del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) vivieron en carne propia la violencia machista contra la que tanto hemos luchado, siempre en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Allí estaba el Estado, esa vez personificado por el alcalde y su Comisionado de Seguridad, Hilton Cordero, hoy en detención preventiva en la Cárcel Federal, por múltiples acusaciones de pornografía infantil, mientras también espera juicio en los tribunales de Puerto Rico por abuso sexual hacia una menor.

El aparato policial de San Juan fue movilizado para intervenir con las activistas mientras pintaban un mural con un poderoso mensaje en medio de una ola de feminicidios que exigían acción inmediata: Tod@s Contra la Violencia Machista. El lugar escogido para la pintada no era un edificio público o privado, sino un muro tradicionalmente usado para la expresión pública. Sobre éste se reprodujo un arte hermoso, lleno de color, de simbolismos con el claro propósito de llamar la atención de la mucha gente que transita por la Avenida 65 de Infantería. Se quería concienciar sobre el problema social y de salud pública que significa la violencia de género en nuestro País y la necesidad de que todas y todos nos incorporemos a los esfuerzos por erradicarla.

Sin embargo, en un dos por tres el Alcalde y su Comisionado tornaron la violencia en contra de las integrantes del MAMPR. De momento fueron rodeadas por patrullas y policías municipales, amenazadas con arrestos y multas, además de que recibieron burlas y hostigamiento verbal para tratar de minar su determinación. Los materiales de pintura fueron incautados, se expidieron multas de $1,000 a cada una y citaciones para la Sala de Investigaciones para someterles cargos criminales. El mural fue borrado como parte del operativo, pero no así la posición de las mujeres de reivindicar su derecho a la libertad de expresión. El mensaje educativo, artístico, de resistencia y defensa de derechos humanos fundamentales como el de vivir en paz, libres de violencia y de expresarse libremente se pintó en dos ocasiones adicionales y fue borrado por la instancia gubernamental. No hubo causa en el Tribunal Municipal para los cargos criminales y no conforme con ello el Alcalde y la Fiscalía del Estado apelaron la determinación al Tribunal Superior donde tampoco lograron su propósito. En el aspecto civil las feministas impugnaron la constitucionalidad de la ordenanza municipal cuya violación se les había imputado y obtuvieron a su favor un Entredicho Provisional y luego un Injunction Preliminar que validaba sus acciones. Pero, aun con su Comisionado encarcelado, el Alcalde de San Juan llevó el caso en revisión. Estando bajo la consideración del Tribunal de Apelaciones acudió al Supremo para que paralizara los procedimientos y lo logró. De vuelta al Tribunal de Apelaciones éste le dio la razón al Municipio y ordenó el pago inmediato de las multas. Ante este último evento procesal fueron las cuatro demandantes quienes acudieron al Tribunal Supremo para que revise la decisión.

No sabemos cuál será el resultado final del caso, pero lo cierto es que Santini, el alcalde saliente, no escatimó dinero para ir contra quienes sólo levantaban su bandera de lucha frente a la violencia machista. A los pocos días de ocurridos los hechos respaldó las acciones de su Comisionado y durante todo este tiempo el Bufete Aldarondo, cuya iguala con el Municipio es tan costosa que resolvería la difícil situación económica que atraviesan los albergues de mujeres sobrevivientes de violencia, mantuvo el dedo sobre la llaga hasta la pasada semana, que presentó su renuncia a la representación legal del caso, basándose en el cambio de administración ante la pérdida de las elecciones.

De algo sí estamos seguras, la violencia por razón de género hay que combatirla, sin importar de dónde provenga. La que enfrentaron Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, en cuya memoria se conmemora el 25 de noviembre como Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer, también fue violencia institucional en su máxima expresión, el asesinato. En su caso por ser mujeres, luchadoras contra el régimen dictatorial que sembró abuso, represión y muerte en la República Dominicana. En recuerdo y homenaje a ellas, así como de tantas otras mujeres que sobrevivieron a la violencia machista y las que no lograron hacerlo, renovamos los votos de continuar reivindicando el derecho a la equidad de género y de que podamos vivir en paz, pero con justicia.

La autora es abogada, activista y portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, OPMT.

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En defensa de las mujeres que defienden los derechos

Las feministas y organizaciones de mujeres han sido víctimas de persecución política y violencia de Estado. Durante los años 70’, las feministas, al igual que los grupos independentistas, fueron objeto constante de vigilancia estatal.
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Publicado: lunes, 10 de diciembre de 2012
Eva Prados/Especial para En Rojo
En ocasión de la pasada conmemoración del Día Internacional de No más Violencia hacia las Mujeres (25 noviembre) quiero pararme a reflexionar sobre las violencias que enfrentan aquellas que se han levantado a defender sus derechos y los de otros y otras en Puerto Rico.

No es una reflexión aislada, sino parte de la evaluación y monitoreo que organizaciones de derechos humanos como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y foros internacionales han sido forzados a realizar por la situación y riesgo que enfrentan las defensoras de derechos humanos en nuestra región.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un defensor o defensora de derechos humanos es “toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional”. Asimismo, la CIDH ha expresado que las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta.  Por lo tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad.

Lamentablemente, ser mujer, defensora y activista, te expone a riesgos y situaciones que no enfrentan defensores masculinos ni otras mujeres. Las defensoras muchas veces son objeto de agresiones sexuales y situaciones familiares que no enfrentan los hombres. De igual forma, son perseguidas políticamente, criminalizadas y difamadas; enfrentan problemas para conseguir empleo o ascensos; se les niega recursos para sus organizaciones, sólo por su activismo en defensa de los derechos humanos de todos y todas.

Toca marcar dos tipos de violencia de género en la situación de las defensoras de derechos humanos. Primero, la violencia de género traducida en las barreras y problemas que enfrentan las mujeres, por ser mujeres, en su activismo en la protección de los derechos humanos. Otro tipo de violencia de género es la situación particular de las defensoras de derechos humanos que luchan específicamente por los derechos de las mujeres.

La violencia de género hacia las defensoras de derechos humanos en Puerto Rico la pudimos ver recientemente con las agresiones sexuales por parte de la policía a nuestras estudiantes de la UPR en lucha por su derecho a la educación. Las feministas y organizaciones de mujeres han sido víctimas de persecución política y violencia de Estado. Durante los años 70’, las feministas, al igual que los grupos independentistas, fueron objeto constante de vigilancia estatal. Existen carpetas de feministas por el sólo hecho de convocar a manifestaciones en conmemoración al 25 de noviembre y por su activismo a favor de la igualdad de las mujeres.

Los grupos feministas y defensoras de derechos humanos que denunciaron el problema de violencia doméstica en la Isla y cabildearon por la aprobación de la Ley 54 fueron calumniadas y difamadas en su carácter personal por grupos opositores privados. Por ejemplo, no olvidamos las acusaciones falsas y acciones del señor José Luis Morales, también llamado “Cheo el gruero”.

Las defensoras de derechos humanos que promueven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con mayor frecuencia sufren criminalización y difamación por parte del Estado, grupos privados y los medios de comunicación. Por ejemplo, hemos recibido denuncias de mujeres que han sido acusadas de prostitución sólo por intervenir durante episodios de abuso policíaco en una redada para trabajadoras sexuales. Lo vemos cuando se aprueban regulaciones especiales que afectan la operación legal de organizaciones de mujeres en formas cuyo propósito es inhibir su trabajo a favor del derecho al aborto y otros derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

La tendencia observada en el País de restricción al derecho a la libertad de expresión afectó también el trabajo de las defensoras de derechos humanos. El mejor ejemplo fue lo sucedido con las integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres que por su trabajo de campaña en contra de la violencia machista, pintaron un mural y fueron multadas por $1,000 y perseguidas políticamente. De igual manera, las organizaciones que brindan servicios a mujeres muchas veces ven sus presupuestos amenazados si critican o confrontan al gobierno. Sin dejar fuera la amenaza que representa el nuevo Código Penal en el trabajo de denuncia de los movimientos de mujeres.

Las Naciones Unidas han expresado que esta tendencia de control y restricción legales afecta severamente la protección de los derechos humanos ya que los recursos y el tiempo necesarios para responder a tales exigencias desalienta a activistas por los derechos humanos de las mujeres a formar organizaciones.

Finalmente, y no menos importante, las defensoras de derechos humanos son foco de violencia y discrimen de género dentro de sus propias familias y parejas que no respetan y valoran su trabajo social. Muchas veces son nuestras propias familias quienes nos cuestionan y limitan.
No permitamos que esto siga ocurriendo. Defendamos nuestro derecho a soñar con que otro mundo es posible.
 

La autora es abogada especializada en derechos humanos.

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Sobre el derecho humano de habitar ciudades seguras y libres de violencia

Entre los cientos de incidentes que se reseñan a diario se pierden de perspectiva aquellos que representan patrones de violencia de género
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Publicado: lunes, 10 de diciembre de 2012
Zoan T. Dávila Roldán/Especial para En Rojo
La vida de Karla nunca será igual. Los sentimientos que se apoderaron de su mente luego de ser agredida sexualmente le hicieron tomar la decisión de abandonar su pueblo natal para comenzar una nueva vida en otro espacio fuera de la Isla.  Aunque esta joven mujer de 24 años conoció desde pequeña la violencia de género en su hogar, nunca pensó que fuera en un espacio público, mientras se proponía a ayudar a un “conocido” a buscar unas pertenencias, que sufriría la peor experiencia de su vida.  El joven hombre, un usuario de drogas al que conocía desde pequeña, la sorprendió de espaldas golpeando su cabeza repetidamente con una roca. Luego, aprovechando que se encontraba aturdida, la violó. Al recuperar la consciencia, en plena violación, golpeó al hombre y pudo escapar.  Con la cabeza ensangrentada y abierta, producto de los golpes a los que su violador la sometió, corrió gritando a una casa cercana donde le dieron asilo y pudo llamar a una ambulancia y a la Policía.  Aunque el agresor fue convicto por el delito cometido, la inseguridad, desconfianza y miedo que siente la joven al transitar las calles son sentimientos que han prevalecido.

En Puerto Rico, el tema de la violencia de género no es un fenómeno desconocido.  Las muertes de decenas de mujeres a manos de sus parejas cada año son el ejemplo más común de esta problemática.  Poco a poco, los medios de comunicación se han hecho eco del mensaje de diversas organizaciones feministas, dejando a un lado el término “violencia doméstica” para acuñar el que define a cabalidad este tipo de violencia contra las mujeres que no ocurre sólo en el espacio doméstico.  Las ciudades son otro foco donde suceden expresiones de violencia que son igualmente provocadas por el sexismo, el discrimen de género y  la desigualdad entre los sexos.  A diferencia de la violencia en el hogar, en el espacio público los agresores son desconocidos o instituciones que perpetran la violencia de género mediante dos formas: la acción y la omisión.  Por un lado, casos como el de Karla que suceden a base de la acción, cuando la violencia se ejerce activamente y se reproduce en distintos espacios y formas. Son expresiones cotidianas de violencia sexual en el espacio público las insinuaciones sexuales, chistes o conductas invasivas del espacio personal corporal y la posibilidad de abuso sexual o violaciones. Por otra parte, la violencia de género por omisión surge a través de la indiferencia y la falta de ayuda e intervención de la familia, comunidad o por el propio Estado. El Estado,  por ser garante de los derechos de los ciudadanos, somete en estos casos a las mujeres a una doble victimización al desatender o ignorar las problemáticas que les afectan.  La omisión provoca que se legitimen estas conductas y se acepten como parte del cotidiano vivir.

La incidencia de crímenes violentos en las calles de Puerto Rico ha sufrido un alza considerable. Entre los cientos de incidentes que se reseñan a diario se pierden de perspectiva aquellos que representan patrones de violencia de género.   Estos casos no son reseñados mediáticamente ni considerados por las autoridades como tales, sino como hechos aislados, lo que ha provocado una marcada invisibilización de este problema. El Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia en su Informe Internacional publicado en el 2003, destaca las estadísticas sobre asesinatos de mujeres o feminicidios en 40 países en los 5 continentes. Dichos asesinatos se dividen en tres tipos, feminicidios en general, feminicidios domésticos y feminicidios en la relación de pareja.  En el renglón de países por número de mujeres asesinadas por cada millón de mujeres en 2003, Puerto Rico ocupaba el número 7, en una lista de 40 países. En el 2006, se publicó nuevamente el informe posicionándose Puerto Rico en el sexto lugar en el ranking de países por número de mujeres asesinadas por cada millón de mujeres. En lo que va de año han sucedido más de 30 muertes por violencia de género en el hogar, sin embargo, no se han contabilizado las muertes de decenas de mujeres ocurridas por similares circunstancias en espacios urbanos.  Cabe destacar entre estos incidentes de violenta de género los más reseñados y comentados. Hace poco más de un año fue asesinada una mujer estadounidense que corría por un área vecinal cuando fue secuestrada y abusada, mientras que una corredora de seguros fue violada y asesinada por un cliente al que fue a visitar. De igual forma, el asalto perpetuado a la dueña de un salón de belleza que se emprendió a tiros con el sujeto, el asesinato de una dueña de una floristería junto a su madre, el secuestro, violación y asesinato de una mujer embarazada en un centro comercial y hasta las agresiones a estudiantes huelguistas de la UPR por parte de la Policía de Puerto Rico forman parte de la lista de incidentes que no son reconocidos por el Estado como situaciones de violencia de género, pero que claramente representan un ejercicio de poder abusivo sobre los cuerpos y la salud emocional de las mujeres.  Según Liliana Rainero, gestora del programa “Construyendo ciudades seguras” de ONU Mujeres,  estos incidentes y muchos otros menos violentos que viven las mujeres en las ciudades a diario provocan que éstas desarrollen conductas de autoprotección, evitando así lugares, horarios y el asistir a actividades de índole social o política de su interés.  De tener que salir de noche, se manifiesta la necesidad de que alguien las acompañe.

“Gran parte de las conductas de evitamiento se explican por una socialización de las mujeres respecto del espacio público, donde éste se muestra como peligroso para las niñas y mujeres y de alguna forma, como no permitido del mismo modo que para los varones. Esto genera que las mujeres ejerzan un continuo control y autocontrol sobre sí y sus acciones cuando transitan o permanecen en el espacio público  lo que produce limitaciones y restricciones en sus movimientos y autonomías.”

La “Declaración sobre  la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (1993) define la violencia de género como “todo acto de violencia basado en el género que resulta, o puede resultar, en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada”.  Muchos países como Argentina, Ecuador, Colombia y Chile han adoptado entre su política pública, medidas relacionadas a mejorar la situación de violencia que viven las mujeres en los espacios públicos, reconociendo que el derecho a las mujeres de habitar ciudades seguras es un derecho humano que debe ser considerado en toda medida de planificación urbana.  Esta afirmación es respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS,) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que reconocen que éste también es un asunto de salud pública.

En Puerto Rico el asunto de la seguridad de las mujeres en el ámbito público brilla por su ausencia en la discusión pública, y en el trabajo de las agencias que gestionan la seguridad de los ciudadanos.  La Oficina de la Procuradora de las Mujeres se ha expresado poco o nada sobre el tema, mientras que en su página de internet no existe información alguna sobre esfuerzos para fiscalizar las distintas ramas de gobierno para que atiendan el problema. Incluso, no existen estadísticas que pongan en perspectiva la muerte o abuso de mujeres en las ciudades que estén relacionadas con dinámicas de violencia de género.  La labor que la agencia públicamente ha reseñado versa sobre los casos de violencia ocurridos en el seno del hogar, dejando entrever la total exclusión de la protección a las mujeres en el espacio público. Diversas voces del feminismo han criticado la gestión de la Procuraduría en distintos foros. La presidenta del Colegio de Abogados Ana I. Rivera Lassén expresó la necesidad de que la procuradora reevalúe su gestión y fiscalice las agencias pertinentes, entre ellas el Departamento de Educación, para que finalmente se implante un currículo que promueva la equidad. Por otra parte, la catedrática de la facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Esther Vicente expresó en un foro sobre el tema, que la labor de fiscalización y monitoreo que debe tener la oficina sobre agencias de gobierno es una invisible.  En el foro, en que también participaron la licenciada María Dolores Fernós y la sicóloga Mercedes Rodríguez, coincidieron que ni siquiera  los políticos le daban importancia a la violencia de género al nivel de que ninguno se había expresado sobre el asunto como parte de su plataforma de gobierno.

ONU Mujeres, con colaboración de diversas organizaciones implantó en Bogotá  un programa de atención a la violencia de género en espacios públicos que incluyó la formación de Consejos de Seguridad formados por autoridades locales, alcaldes y ciudadanos para formular, aprobar y tramitar planes integrales para atender el problema. De igual manera, otro ejemplo de acción afirmativa se realizó en Argentina, donde la Red Mujer y Hábitat de América Latina redactó un manual educativo para agentes de seguridad sobre la violencia de género en el ámbito privado y público, así como la forma de atender eficientemente incidentes relacionados con esta problemática.  En Cataluña,  la Generalitat, organismo bajo el cual opera el gobierno presentó una guía que contiene metodologías y herramientas para que las administraciones públicas y locales  puedan trabajar el tema de la seguridad desde una perspectiva multidisciplinaria e incluyendo la visión de las mujeres en sus proyectos. La publicación servirá a las entidades para que actúen y creen un protocolo de actuación con el objetivo de que los problemas de inseguridad en sus ciudades desaparezcan o disminuyan. La autora de la guía, la licenciada María Naredo, quien se ha especializado en defender los derechos de las mujeres, señaló que existe desconocimiento del significado de inseguridad para las mujeres y, por ello, a menudo las medidas que se establecen en las políticas de seguridad de las ciudades, no son eficaces, pues no tienen en cuenta las demandas específicas del género femenino. ONU Mujeres y la Red Mujer y Hábitat de América Latina, sugieren por medio del manual “Construyendo ciudades seguras”, algunas sugerencias para atender el problema. Esto por medio de experiencias  innovadoras de intervención en ciudades. Las estrategias propuestas se plantearon en cuatro categorías, que incluyen, la  producción de conocimientos e innovación, la sensibilización y capacitación de actores, el fortalecimiento de organizaciones de mujeres para incrementar su capacidad de incidencia política, y el desarrollo de experiencias participativas de intervención en los barrios de los pueblos o ciudades a impactar.  Es importante que para implantar estas estrategias, funjan como copartidarias las organizaciones sin fines de lucro, la ciudadanía pero, sobre todo, la gestión responsable del Estado.
 

La autora es periodista y estudiante de derecho.

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Atenderlas recordarlas e integrarlas : Prevenir las múltiples violencias en las cárceles de mujeres

Las acusadas no pueden prestar fianza o pagar multas desproporcionadas o efectuar gastos por servicios legales. Cuando son sentenciadas, ya en la cárcel, se enfrentan a que muchos de los programas de “rehabilitación” pretenden reforzar los roles de género.
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Publicado: lunes, 10 de diciembre de 2012
Nahomi Galindo Malavé/Especial paraEn Rojo
A Aida Acevedo
A las exprisioneras políticas en la trayectoria histórica
La Declaración de Derechos de la Mujeres y Ciudadanas escrita en 1791 por Marie Gouze comienza especificando que “la mujer nace libre”.1 Desde este punto de partida, realizaré un análisis de la privación de la libertad desde una perspectiva de género.

A la población de confinadas les ha tocado vivir múltiples violencias. Como muchas mujeres, éstas han vivido y viven discrímenes por razón de género, orientación sexual e identidad de género, entre otros, incluso previo a su ingreso a la cárcel. Notables son aquellos casos en los que las mujeres son sentenciadas y encarceladas por relaciones de poder en torno a su cuerpo como haberse defendido de la agresión física y sexual, por haber realizado trabajo sexual, por drogodependencia, entre otros delitos tipificados. Ameritando que dichas situaciones sean atendidas desde las miradas salubristas y de prevención que incluyan una perspectiva de género.

Cuando las mujeres que delinquen son acusadas, en la atención a los delitos en las instancias judiciales se manifiesta desigualdad por razón de género. En muchas ocasiones, las acusadas no pueden prestar fianza o pagar multas desproporcionadas o efectuar gastos por servicios legales. Cuando son sentenciadas, ya en la cárcel, se enfrentan a que muchos de los programas de “rehabilitación” pretenden reforzar los roles de género. Ejemplo de esto es que a alturas del 2012, a las confinadas todavía se les adiestra en la costura como parte de su “rehabilitación”.2 Estos esfuerzos de reforzar los roles de género también existen fuera de los espacios carcelarios, pero en éstos adquieren mayor visibilidad. Todo ello tiene su trasfondo histórico.

Breve historia de la cárcel de mujeres
Como bien ha señalado Sandra Lee Bartky “Las mujeres tienen sus propias experiencias de la modernización de poder”.3 En el caso de Puerto Rico, la idea de crear una cárcel exclusivamente para mujeres se venía considerando desde el siglo XIX. No es hasta mediados del siglo XX, en la década de los 40’s, cuando se discuten las leyes para la creación de dicho espacio de reclusión. En el 1940, 1941, 1942 se discutieron medidas legislativas para la construcción de una cárcel exclusivamente para mujeres y no es hasta el 1946 que se puede decir que en cierta medida se “consolida” la idea como proyecto legislativo. Todas estas leyes planteaban que las mujeres tenían que ser rehabilitadas primero para la familia (lo doméstico y privado) y segundo para la sociedad (lo público), intentando reforzar así los roles de género.4

Entre los múltiples factores que incidieron en la creación de dicha cárcel se pueden destacar, por el momento, cuatro elementos. Primero, la resignificación de la subjetividad del delito desde una perspectiva de género. Segundo, la situación de hacinamiento en las cárceles. Aunque no era un problema nuevo, para aquella época se comenzó a entender y a atender. De la población recluidas en cárceles, las mujeres confinadas eran (y todavía hoy son) las principalmente afectadas, ya que al ser un grupo proporcionalmente menor, han sido y son menos atendidas. Resultaba muy pernicioso para aquellas que eran madres o estaban embarazadas y recluidas en las cárceles hacinadas.

El tercer factor clave para la creación de la cárcel fueron las reformas impulsadas durante la época, junto a la consolidación del estado moderno, encarnado en Puerto Rico en el recién fundado Estado Libre Asociado (ELA). La visión reformista y rehabilitadora de la época quedó plasmada en la Constitución del ELA de 1952. Estas corrientes reformistas fueron influenciadas por visiones internacionales; específicamente de la vieja metrópoli con la visita de Victoria Kent (España) y la nueva metrópoli con la visita de Frank Loveland (Estados Unidos), entre otros. Ambos países habían pasado por sus respectivos procesos de reformas penales, influenciados a su vez por diferentes sectores sociales e ideológicos. Puerto Rico adaptó estas influencias a sus propias necesidades culturales en sus reformas penales. El cuarto factor está vinculado a las preocupaciones que tuvieron grupos organizados como las Damas Espiritistas y la Asociación de Trabajadoras Sociales en torno a las condiciones de hacinamiento de las mujeres confinadas. Estas últimas denunciaron la situación de las confinadas con hijos en las galeras de la penitenciaría de Arecibo.5

En el 1950 se anunció que se construiría “una nueva cárcel para mujeres”.6 La construcción e inauguración de la cárcel prosiguió, a pesar de que incluso en 1942 el Procurador expresó resistencia a dicha creación.7 Cinco meses después de que Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Andrés Figueroa Cordero e Irvin Flores Rodríguez participaran del ataque al Congreso de Estados Unidos (marzo, 1954), en Washington DC, el 17 de agosto de 1954, se realizó la apertura de la primera cárcel exclusivamente para mujeres, conocida hoy como la Escuela Industrial de Vega Alta (EIVA). Con esto se constató la materialización del proceso de resignificación de la subjetividad en torno a la mujer criminal en Puerto Rico. De esta forma, la experiencia de las mujeres de la modernización de poder a mediados de siglo XX en Puerto Rico refleja que por un lado, éstas ya podían votar, ingresar en el ámbito universitario y profesional; mientras al mismo tiempo, se creaba una cárcel para mujeres para recordar y reforzar los roles de género a aquellas que ya eran entendidas culturalmente como “mujeres criminales”.

Desde su apertura la EIVA atravesó situaciones inesperadas para sus administradores, se ejerció la violencia hacia las confinadas, incluyendo múltiples formas de discrimen, y desde entonces las confinadas han transgredido, resistido y violentado las normas.8

Múltiples violencias
Analizar las violencias en las cárceles es un asunto muy complejo que amerita un escrito más amplio. Sin embargo, se puede resumir que tales violencias son multidireccionales. Al mismo tiempo, se puede recordar y destacar que las relaciones de poder en la cárcel de mujeres son asimétricas. Observemos.

Si bien las confinadas han ejercido formas de resistencia, la violencia hacia estas ha sido mayor. Ha habido agresiones, excesos de fuerza, embarazos, hacinamientos y denuncias de discrimen por orientación sexual, entre otras situaciones. Para propósitos de este artículo mencionaremos algunas recientes.

En el 2008 se denunció la situación de hacinamiento de las confinadas de la EIVA a raíz de un traslado de confinadas de Ponce hacia EIVA. Una vez trasladadas ubicaron dos confinadas en espacios que eran para una. Según investigaciones, el hacinamiento tiene como efecto adverso el desarrollo de pobre tolerancia ante la frustración, comportamiento agresivo, automutilación, depresión, suicidios y homicidios.9 En el 2010 se dio el caso de Vivian Marie Rivera una confinada de la EIVA que murió a raíz del descuido de salud, después de haber recibido una paliza. Se alegó que ésta había sido propinada por parte de su pareja consensual, otra confinada. De ser cierto esto manifiesta una situación de violencia entre parejas del mismo sexo a la que puede estar expuesta cualquier confinada y sin ninguna protección, pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el 2003, determinó que a dichas parejas no les aplica la Ley 54. Vivian Marie había sido recluida por posesión de marihuana y en la sentencia le fijaron como multa una cantidad de dinero que ni ella ni su familia pudieron pagar.10

En el 2012 hubo dos denuncias por discrimen por orientación sexual que salieron a la luz pública. El 5 de marzo de 2012, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano sometió una querella a la Comisión de Derechos Civiles para que se investigaran las denuncias de discrimen por orientación sexual e identidad de género realizadas por un grupo de confinadas. Explicó Serrano que “luego de varias reuniones y reclamos por parte del grupo, las mujeres fueron regresadas a la población general, no sin antes ser amenazadas por la Unidad de Operaciones Tácticas. Incluso, tenemos información de que recibieron burlas y ofensas de parte de oficiales de Corrección y que una de ellas fue golpeada luego de un confuso incidente”.11

La situación de denuncia de discrimen por orientación sexual volvió a ser denunciada. El 24 de marzo del 2012, trasladaron a la cárcel de Guayama 945 un grupo de confinadas que según el Secretario de Corrección, habían amenazado con incendiar la cárcel de mujeres. Las reclusas denunciaron que el traslado se debía a discrimen por orientación sexual. La Procuradora de las Mujeres participó del proceso como observadora.12 Aunque el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación mencionó que se investigarían los hechos, de este caso tampoco se ha dilucidado algún seguimiento al asunto.

Otros sucesos conocidos e incluso que han sido reseñados en la prensa son los casos de confinadas que han quedado embarazadas en la prisión.13 Lorenzo Villalba, exadministrador de Corrección, reconoció que fue tan recientemente como el 6 de marzo de 2012 que se prohibió que trabajen hombres en dicha cárcel.14 Si bien este paso puede ser parte de la solución, es tan o más importante reformar las normas de reclutamiento y adiestramiento de todo el personal de corrección (incluidas las mujeres guardias) para que no se abuse de las relaciones de poder en dichos espacios carcelarios.

Reflexión
Los casos mencionados como ejemplo sacan a relucir las problemáticas de control social que surgen de los espacios carcelarios como instituciones de control; así como la realidad de que no son una alternativa viable para rehabilitar. Uno de los elementos del castigo es el intento de supresión de la sexualidad que es fácilmente transgredido por las reclusas. Con el traslado reciente del 2012 de las confinadas de la EIVA hacia Guayama 945, una cárcel de hombres, se puede observar que la historia no es lineal. Estamos volviendo, en cierta medida, a los espacios de reclusión mixtos (mujeres y hombres). Saber el impacto que esto conlleva amerita una mayor investigación. No obstante, se puede señalar que en el proceso han prevalecido el exceso de fuerza, las irregularidades y la ausencia de transparencia por parte de las instancias del Estado.15

De los sucesos ocurridos en marzo 2012 por discrimen por orientación sexual, no se ha circulado información del proceder de la Comisión de Derechos Civiles en cuanto a lo sucedido, ni mucho menos se ha circulado el informe de la investigación, si es que hubo alguno. Del Colegio de Abogados acudieron a entrevistar a las confinadas. Sin embargo, todavía no se ha llevado dicho caso ante las instancias judiciales pertinentes. Desconozco las razones. La Procuradora de las Mujeres estuvo como observadora y tampoco comunicó nada sobre la situación de las confinadas trasladadas.

Partiendo de la buena fe, quisiera pensar que están atendiendo con sumo cuidado e intentando resolver de la mejor forma posible este asunto. Ojalá. Estas instituciones también tienen que asumir responsabilidad en el asunto, ya que las confinadas siguen a la espera. Si no pueden llevar los casos, al menos que den la cara. Si se diese un abandono y olvido de esta situación, ello reflejaría una violencia adicional. Ojalá que ése no sea el caso.

Desde diferentes posiciones Pedro Kropotkin, Luisa Capetillo, Emma Goldman, Michel Foucault, Angela Davis, Concepción Arenal, Victoria Kent, Fernando Picó, Josué Luis Montijo, Teresita Martínez Vergne, y otras figuras reconocidas, han realizado críticas a los espacios de reclusión. Algunas de estas figuras, incluso, han planteado la abolición de las cárceles, aunque sea a largo plazo. Mientras exista el Estado y sus instituciones carcelarias tienen responsabilidades que asumir en torno a las implicaciones de salud (en todos los ámbitos). Son importantes los diálogos entre múltiples sectores en torno a la despenalización para reducir la cantidad de espacios carcelarios y transformar las instancias penales. Es importante que en dicho proceso se integre una perspectiva de género que incluya atención de salud sexual y reproductiva con especialistas libres de homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia y queerfobia.

Como ya ha mencionado Fernando Picó, el día menos pensado, cualquiera puede caer preso. Ante esto puedo destacar que las mujeres no somos la excepción. Igualmente puedo enfatizar que cualquier día inesperado una confinada puede brindarles ayuda y solidaridad a mujeres no confinadas. Recientemente un grupo de confinadas donó su cabello, con el propósito de apoyar a las mujeres pacientes de cáncer.16 Por todo lo anterior expuesto y por muchas razones es importante atenderlas, recordar sus situaciones y promover su reinserción en la sociedad de manera justa, en equidad y en paz.

Notas
  1. Guisela López, “Olimpia de Gouges: una mujer que escribió su propia historia”, Tomado el 25 de noviembre de 2012 de Ciudad de Mujeres online.
     
  2. “Escuela Industrial para Mujeres de Vega Alta”, El Nuevo Día, 27 de diciembre de 2012, online.
     
  3. Sandra Lee Bartky, “Foucault, feminismo, y la modernización”, en Mujer, derecho penal y criminología, Elena Laurrari, ed., Madrid: Editorial Siglo XXI, 1994, 88.
     
  4. Elena Azaola, Sandra Lee Bartky y Angela Davis entre otras figuras importantes han sido muy críticas con los espacios carcelarios  de las mujeres.
     
  5. Esta cárcel era una cárcel mixta, donde se recluían a las mujeres en una galera aparte.
     
  6. Benjamin Santana, El Mundo, 18 de septiembre de 1950, 1.
     
  7. “Malcolm llama bochorno la cárcel de mujeres. El Procurador agrega que está haciendo todo lo posible por remover esta mancha del pueblo de Puerto Rico”, El Mundo, 6 de noviembre de 1942, 4 y 8.
     
  8. Ver Nahomi Galindo Malavé, A corregir y domesticar: El surgimiento de la primera cárcel de mujeres en Vega Alta, Puerto Rico, 1940-1954, Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico, 2010.
     
  9. Dra. Mari Gloria Hamilton, “No más violencia contra la mujer confinada”, indymediapr.org, 28 de noviembre de 2008.
     
  10. Rosita Marrero, “Joven agoniza tres días en la enfermería de la cárcel y cuando la llevan al Hospital ya era demasiado tarde”, Primera Hora online, 27 de febrero de 2010.
  11. “Denuncian alegado discrimen por orientación sexual en cárcel de mujeres de Vega Alta”, Primera Hora, 12 de marzo de 2012.
     
  12. Cybernews, “Corrección traslada a Guayama a confinadas”, 24 de marzo de 2012, WAPA TV, online.
     
  13. Rosita Marrero, “Ups…embarazan a confinada”, Primera Hora online, 4 de diciembre de 2012, 16.
     
  14. Ricardo Cortés Chico, “Sin normas para atender confinadas”, El Nuevo Día online, 1 de junio de 2012.
     
  15. Mara Resto Velez, “Corrección realiza megaoperativo en la cárcel de mujeres de Vega Alta”, Primera Hora online, 27 de mayo de 2012.
     
  16. Cybernews, “Confinadas de Vega Alta donan su pelo para pacientes de cáncer”, 9 de noviembre de 2012, Telemundo de Puerto Rico, online.