Compromiso ProBono (No Faltes!!!)

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Se excluye al Programa ProBono de orientación a estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela de Derecho

Estudiantes de escuelas públicas del ProBono Enlace*

Con mucha tristeza les anuncio que la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico decidió excluir al Programa ProBono de la orientación que se les dará a los y las estudiantes de nuevo ingreso.  Esto es lamentable porque el Programa no sólo es una experiencia académica-formativa para los y las estudiantes participantes sino también porque brinda servicios a sectores que de ordinario no tienen acceso a la Justicia.

En este sentido, el programa colabora de manera directa en la consecución de los objetivos que por ley tiene la Universidad, que no es otro que procurar la formación plena del estudiante, en vista a su responsabilidad como servidor de la comunidad.  Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, según enmendada, acá.  Es por ello que es tarea de todos y todas exigir que se permita a los mentores y a las mentoras del Programa participar de la orientación a los nuevos y nuevas estudiantes.

La Escuela de Derecho no puede, ni debe ser, el reducto de unos pocos y unas pocas.  La Escuela de Derecho debe reconocer que es parte de un compromiso social que la Universidad tiene con el país.  La Escuela de Derecho debe saber que sus aulas no pueden ser un mero espacio de transmisión de información y entender que, como operadores de un conocimiento especializado, aquellos y aquellas que así lo desean pueden ser agentes de cambio social.  

ESCUELA DE DERECHO: NO LE NIEGUES LA OPORTUNIDAD A TUS NUEVOS Y NUEVAS ESTUDIANTES DE SERVIR A SU COMUNIDAD MIENTRAS SE FORMAN PROFESIONAL Y ACADÉMICAMENTE. 

* Hay que destacar que muchos y muchas de los estudiantes en la foto nunca contemplaron la idea de entrar en la Universidad y menos aún de estudiar Derecho.  Muchos de sus padres y muchas de sus madres jamás habían estado en la Universidad de Puerto Rico.  De no ser por el programa Enlace quizá hoy ellos y ellas seguirían pensando que la Escuela de Derecho es inalcanzable.  Sin embargo, gracias a este esfuerzo, muchos de ellos y muchas de ellas serán parte de la Escuela en un futuro no muy lejano. 

Desigual paga por igual trabajo

Hoy se llevó a cabo en la Escuela de Derecho el foro titulado Desigual paga por igual empleo. Este foro, auspiciado por el ProBono Laboral Derechos de los trabajadores y las trabajadoras, forma parte de una jornada de actividades que se estarán presentando a lo largo de la semana como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Les dejo por acá el programa de la semana y por aquí una serie de actividades que tendrán lugar en diferentes espacios.

En el foro nos acompañó Carolina Velaz, estudiante de segundo año de la Escuela, y la licenciada Ruth Arroyo, feminista reconocida, abogada sindical, coordinadora de la Comisión de Derechos Democráticos del Movimiento al Socialismo (MAS), entre muchos otros sombreros que lleva. Ambas presentaciones estuvieron dedicadas a explorar cómo las mujeres, aún teniendo un nivel de educación superior al de los hombres, seguimos recibiendo desigual paga por igual empleo.

La intervención de Carolina Velaz estuvo dirigida a presentar la legislación que regula el tema. A través de su exposición pudimos advertir que si bien existe legislación destinada a erradicar este mal llevar los casos y probarlos es cuesta arriba. Numerosas son las defensas que poseen los patronos que les permiten perpetuar este esquema de discrimen e inaccesibilidad de las mujeres a puestos de alta jerarquía. Apreciamos como es en este tipo de esfera donde se observan las mayores disparidades salariales.

Tanto Carolina como la licenciada Arroyo señalaron que en épocas de crisis son las mujeres quienes se incorporan al mercado laboral y contribuyen a sacar adelante el hogar. Aún así siguen desempeñándose en ocupaciones que tradicionalmente se les han asignado a las mujeres como lo son el magisterio, las asistentes administrativas, los negocios de venta al detal, la enfermería, entre otros. A lo anterior se le contrapone que son las mujeres también quienes tienen los índices más altos de graduación de Derecho, Medicina y Ciencias Naturales. Se señaló que para acabar con la segregación laboral y lograr la integración en el empleo es preciso reasignar el 46% de la fuerza trabajadora.

Actualmente los sectores que se nutren de la mano de obra de las mujeres son sectores que no están sindicalizados y de baja remuneración. La falta de organización colectiva se traduce en falta de poder de negociación que permita a las mujeres obtener mayores salarios y beneficios marginales.

Así las soluciones requieren una procuraduría de las mujeres activa, sensibilidad por parte de los políticos y las políticas, cambio en la voluntad política, derrumbar el mito de la segregación como una beneficiosa para las mujeres, establecer el discrimen de las mujeres como una categoría separada del resto de las categorías de discrimen, exhortar a los abogados y abogadas a indagar si existen otros casos similares cuando se presenta un caso de discrimen por sexo, entre muchas otras alternativas por las cuales debemos seguir trabajando todos y todas.

Felicitaciones al ProBono Laboral por esta iniciativa y a Carolina y Ruthie por estar disponibles para la discusión y presentación de los temas.

Boston falla a favor del Caño Martín Peña*

Detienen efectos de la Ley 32 que despoja a los residentes de sus tierras

San Juan – En otra importante victoria para las comunidades del Caño, el Circuito de Apelaciones de Boston paralizó nuevamente la Ley que despojó a los residentes de sus tierras y prohibió acciones del Gobierno o del Municipio de San Juan sobre los terrenos del Fideicomiso.

“Nos sentimos más que felices con esta decisión, que impide que por querer ganar apoyo político nos quiten las tierras pedazo a pedazo y a la larga otros nos desplacen. Una vez más se reconoce que nuestra lucha es justa y en beneficio de los residentes del Caño”, expresó Mario Núñez Mercado, presidente del G-8, Inc. “Este logro fortalece la defensa de la permanencia y desarrollo integral de las comunidades que nuestro Fideicomiso de la Tierra hace viable.”

El pasado 10 de noviembre y tras cinco meses de litigio, el Tribunal de Distrito Federal en San Juan desestimó el caso fundamentado en la doctrina abstención y sin entrar en sus méritos. El Fideicomiso de la Tierra apeló la decisión y solicitó al Circuito de Apelaciones un injunction.

“El Tribunal del Circuito de Apelaciones ha entendido nuevamente la importancia de los planteamientos de nuestra apelación. En octubre, le dio al Tribunal de Instancia la oportunidad de otorgar un remedio provisional, lo que no ocurrió. Estamos sumamente complacidos con la decisión de hoy y convencidos de la fortaleza de nuestros reclamos y de la probabilidad de prevalecer,” sentenció la licenciada Judith Berkan, quien representa al Fideicomiso de la Tierra de forma gratuita junto a Mary Jo Méndez y Pedro Saadé Lloréns.

Por su parte, María E. Hernández Torrales, Presidenta de la Junta de Fiduciarios, dijo: “En todo momento la comunidad ha continuado trabajando por su Fideicomiso de la Tierra y ha confiado en la solidez de su caso. Este injunction tiene el efecto de impedir que el gobierno disponga de las tierras de la comunidad y de transferir títulos, mientras se da la vista de la apelación a la decisión del Juez Besosa.”

La vista sobre la apelación solicitada por el Fideicomiso de la Tierra será en marzo, en Puerto Rico. El Tribunal emitió un itinerario expedito para que las partes sometan sus alegatos.

“Al atender con prontitud nuestros reclamos, el Tribunal reconoce que cada día que pasa nos priva de la posibilidad de vivir dignamente, implantar nuestro proyecto de futuro y superar las condiciones precarias que exponen a nuestros niños a inundaciones constantes con aguas usadas”, concluyó Núñez Mercado.

El 23 de junio el Gobernador firmó la Ley 32, que de forma retroactiva pretende arrebatarle las tierras al Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, afectando los derechos adquiridos propietarios por los residentes de las comunidades. El Fideicomiso presentó una demanda por violación de derechos civiles, y planteó que dicha Ley es inconstitucional, toda vez que mediante ésta se han incautado las tierras de la comunidad.

Sobre el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña

El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña se creó como parte de la Ley 489 de 24 de septiembre de 2004, que fue aprobada unánimemente por la Legislatura de Puerto Rico. Fue constituido con las tierras de tenencia pública que había en el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, gran parte de las cuales han sido el hogar de miles de ciudadanos por generaciones. Aproximadamente 200 cuerdas de terreno son propiedad de la comunidad mediante el Fideicomiso, que opera de forma similar a un condominio. Su reglamento fue producto de un amplio proceso de participación ciudadana.

El Fideicomiso tiene cuatro objetivos principales: (1)evitar el desplazamiento de la comunidad y resolver el histórico problema de tenencia de la tierra mediante un derecho de superficie que puede hipotecarse, heredarse y venderse; (2) superar la pobreza (recoge los beneficios del aumento en valor de las tierras que será producto de la inversión pública en el sector incluyendo la rehabilitación del Caño Martín Peña, para reinvertirlos en la comunidad), (3) garantizar la disponibilidad de vivienda asequible, y (4) hacer viable la implantación del Plan de Desarrollo Integral, contribuyendo a una mejor ciudad.

Sobre el G-8, Inc

El G-8, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne al liderato de las doce organizaciones de base comunitaria que representan a los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Las ocho comunidades son Israel - Bitumul, Parada 27, Las Monjas, Barrio Obrero San Ciprián y Oeste, Barrio Obrero Marina, Península de Cantera, Buena Vista Santurce y Buena Vista Hato Rey.

*Por Pedro Cardona Roig

Pro Bono: Una responsabilidad de todos y todas.

El servicio Pro-Bono debería ser estimulado a todos los niveles pero lo cierto es que los abogados y abogadas tienen un llamado especial. El acceso a la justicia no puede ser el privilegio de algunos y algunas; el acceso a la justicia tiene que ser una garantía para los y las que diariamente quedan excluidos del sistema por falta de representación legal. Sin dinero no hay paraíso.

No es raro que tantos los abogados y las abogadas como los y las estudiantes de Derecho entiendan esto como un llamado a prestar un poco del tiempo que les sobra. Pero el servicio Pro-Bono es algo más; es un auténtico compromiso con la comunidad, con el acceso a la justicia y la democratización de los tribunales. La responsabilidad social no puede ni debe ser circunscrita al tiempo que nos sobra.

Puerto Rico está pasando por un momento crítico. Aunque el binomio oficial lo niegue, la política anticomunitaria está expuesta de una manera casi pornográfica y las políticas reaccionarias están a la orden del día. El Caño Martín Peña, Villas del Sol, Ceiba, los incidentes de Río Piedras, son sólo ejemplos de esas políticas. Ahora bien, en este escenario no sólo los y las estudiantes de Derecho que se comprometen cada año a prestar servicios Pro-Bono sino también los abogados y abogadas que día a día ejercen la profesión en nuestro país, están llamados y llamadas a garantizar que los sujetos de esas políticas acceda a los tribunales.

No podemos hacernos la vista larga y pensar que “such is life” es un comentario gracioso a las desigualdades manifiestas; ignorar que la censura de libros en la sistema público de educación es quitarle herramientas a los niños, niñas y jóvenes que están insertos en éste y por ende acentuar desigualdades; que la falta de acceso a vivienda asequible de los vecinos y vecinas de Villas del Sol está reducida a la vagancia y el mantengo; que la problemática de los y las residentes del Caño Martín Peña es un título de propiedad; que el problema de la criminalidad se resuelve prohibiendo la venta de alcohol después de las doce y activando la guardia nacional.

Hoy, más que nunca, los abogados, las abogadas, los estudiantes y las estudiantes de Derecho, deben comprometerse con el servicio Pro-Bono. Prestar asistencia legal a la multiplicidad de sectores amenazados que ordinariamente no tienen acceso a los tribunales es una obligación ética. Hoy más que nunca debemos comprometernos con el pensamiento crítico, la autorreflexión y la pregunta de por qué, para qué y para quién estudiamos Derecho. Pensar cuál es nuestra responsabilidad como abogados y abogadas frente a estas políticas anticomunitarias y represivas y asumir la representación de sus sujetos, de los y las que cada día quedan marginados, de los niños y niñas del sistema de educación pública que no acceden a herramientas que estimulan el pensamiento crítico a las que acceden los niños y las niñas del sistema privado.

Así, el servicio Pro-Bono no puede reducirse al tiempo que nos sobra; el servicio Pro-Bono es una responsabilidad de los abogados y las abogadas. El acceso a la justicia es un derecho de todas y todos incluyendo a quienes no pueden pagar honorarios. De más está decir que ignorar esa gran responsabilidad siempre es una opción para muchos y muchas. Somos libres para ignorar pero si ignoramos nos somos libres para hablar de Justicia. No es justo el sistema que responde con el “slogan” de moda “such is life”.