Sobre la Desobediencia Civil

Recientemente el compañero Carlos Saavedra, en una entrada titulada “La Nueva Desobediencia Civil… Ni desobediencia ni civil” afirmaba que en la misma “definiría bien” lo que significa desobediencia civil.  De entrada tengo que decir que “definir bien” reduce la complejidad de lo político al binomio bien-mal, una dicotomía que en última instancia es una aporía.  En este sentido, y desde esa lógica maniquea, nos propone que abandonemos las “mala definición” –que me inclino a pensar es la de los y las desobedientes- y asumamos la que él propone y que, posteriormente, reconoce es la aplicación del Derecho vigente y una teoría política. Sobre la última no me queda claro a qué teoría política se refiere.  

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De igual manera, postula el compañero, que quienes hacen uso de la desobediencia civil como estrategia para hacer sus reclamos al Estado “no saben  qué es la desobediencia civil o son tan posmodernos que sencillamente la definen a su conveniencia”.  Nuevamente nos sitúa en una lógica maniquea, desmereciendo la postura del otro ya porque no saben lo que dicen que saben o porque los etiqueta con lo que él llama “posmoderno”, despachando así con liviandad un asunto complejo que no encaja en su pensamiento dicotómico y totalizador.

Así, el compañero recurre a la técnica de “explícame como si tuviera cinco años” para dar cuenta de la desobediencia civil y sus consecuencias.  Aduce que la desobediencia tiene dos componentes principales: el quebrantamiento de la norma y el arresto como consecuencia de dicho quebrantamiento. Explica también que dicho arresto materializa lo injusto de la norma que se denuncia.   Sarcásticamente agrega que los arrestos se producen porque “¡Mira que cosa loca, están desobedeciendo la ley!”.  Más que decir que el análisis del compañero es errado, diré que es extremadamente miope tanto en el reglón de lo político como en el renglón del Derecho.

En cuanto al Derecho el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, en United States v. Schoon 955 F.2d 1238, reconoció que existen dos modalidades de desobediencia civil.  Por un lado, la desobediencia civil directa  que “involves protesting the existence of a law by breaking that law or by preventing the execution of that law in a specific instance in which a particularized harm would otherwise follow”.  Por otro lado, la desobediencia civil indirecta que “involves violating a law or interfering with a government policy that is not, itself, the object of protest”, además agrega que “indirect civil disobedience seeks first and foremost to bring about the repeal of a law or a change of governmental policy, attempting to mobilize public opinion through typically symbolic action. These protestors violate a law, not because it is unconstitutional or otherwise improper, but because doing so calls public attention to their objectives”.  No hay duda que es en esta modalidad de desobediencia civil que se enmarcan las acciones estudiantiles de la pasada semana.

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Saavedra arguye que los y las desobedientes violan la Ley de Tránsito pero parece ignorar que  la desobediencia civil indirecta busca a través de la violación de una ley, cuya validez no se cuestiona, llamar la atención sobre un asunto injusto, en este caso la cuota de $800.00.  Es importante dejar claro que la violación de la ley de tránsito es un acto simbólico que busca concientizar sobre la cuota de $800.00, sus consecuencias y las alternativas disponibles.  El mismo se da ante la imposibilidad de violar la norma injusta en sí misma.  Es a través de esa violación que se apela al sentido de justicia de la mayoría dado que el fundamento último del estado democrático debe ser la justicia.

De igual manera Saavedra afirma que el arresto es un componente fundamental de la desobediencia civil y sostiene que, al ser la no violencia otro componente esencial de esta modalidad de acción, resistir el arresto además de estar tipificado en el Código Penal desvirtúa el acto mismo de desobedecer.  Específicamente dice que deberán removerse a la fuerza aquellos y aquellas que se aferren al suelo, se rehúsen a mover las manos o a caminar.  Indica que la remoción mediante carga no es un uso de fuerza excesivo. Sin embargo unos párrafos más arriba dice que en varias ocasiones ha escuchado a compañeros afirmar que “la policía utilizó fuerza excesiva al mover a los manifestantes”.  Saavedra parece sugerir que lo anterior no es así pero lo que vemos en la prensa y en los videos aficionados contradice la sugerencia, acá, aquí y también acá.

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Además, Saavedra aduce que al ser la desobediencia civil no violenta no hay justificación alguna para lanzarle a la formación policíaca piedras y botellas.  Parece ser que el compañero ignora que los actos a los que hace referencia no fueron ejecutados por los desobedientes civiles, dado que ellos y ellas, ya habían sido arrestados y arrestadas.  La resistencia se dio por parte de los y las manifestantes que respondieron al uso excesivo de la fuerza que hiciera el Estado al ejecutar el arresto de los desobedientes civiles.  No hay duda que la presión de las arterias carótidas con el objetivo de provocar debilidad mediante la obstrucción de la llegada de sangre al cerebro es una técnica de tortura ante la cual los y las ciudadanas tienen el derecho de resistir.  Lo anterior si contar patadas, macanazos, pisotones, y ahora la agresión sexual durante el arresto, acá. 

Ahora bien, aún cuando autores como Rawls o Habermans hacen hincapié en la no violencia, otros como Howard Zinn afirman que la no violencia es sólo una estrategia y que estratégicamente se deben escoger los métodos menos violentos.  Sin embargo, eso no implica que sea un requisito sine qua non de la desobediencia civil. Igualmente Hugo Adam Bedau señala, haciendo referencia a Morreall, que el uso de la fuerza puede ser parte de la desobediencia civil  sobre todo en los sit-ins; para profundizar sobre esto puede verse Civil Disobedience in Focus, acá. Lo cierto es que hay gamas de resistencia en el arresto pero no debe confundirse el dificultar el arresto con la violencia política.  Esta última es la que pretende transformar el orden social en su totalidad a diferencia de los actos desobedientes que sólo buscan denunciar una instancia injusta en el ordenamiento, aquí.

Finalmente Saavedra pretende salvar su argumento haciendo un “caveat” bastante singular y dice: “que si eres creyente [sic] del Derecho Natural o de la revolución armada nada de esto te aplica”.  Esto no es otra cosa que salvar un argumento insertándole una hipótesis ad hoc.  Es decir, excluir de plano todo argumento que puede contradecir lo planteado por él de manera tal que el argumento se tenga que asumir acríticamente y no esté sujeto a un contra-argumento.

La desobediencia civil aparece cuando todas las demás modalidades de protestas hechas dentro del marco de legalidad definido por el Estado fracasan.  El caso de la UPR es un claro ejemplo de lo anterior.  La administración universitaria de mano de la mayoría del Tribunal Supremo han transformado un espacio de expresión pública tradicional en uno por designación.  Esto último tiene como consecuencia la concesión a la administración universitaria de mayores poderes de reglamentación lo que ha redundado en cuatro o cinco cartelones que designan los lugares en los cuales se puede ejercer el derecho constitucional a la libre expresión; sobre esto último pueden ver una columna muy interesante acá.

En este sentido, la limitación del espacio de expresión sumado a la prohibición de manifestaciones, mítines, reuniones y demás acciones concertadas de participación masiva que hiciera la rectora de Río Piedras ha producido que los y las estudiantes busquen mecanismos alternos de expresión.  Mecanismos que buscan denunciar no sólo la cuota de desestabilización sino también la denuncia del cercenamiento de las libertades individuales dentro de la Universidad, las sistemáticas violaciones por parte de la Policía al derecho a la intimidad, el derecho de reunión, expresión y de prensa, la libertad de organización, protección contra ataques a la honra, protección contra registros irrazonables, entre otras violaciones.

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De esta manera Habermas nos dice “es preciso reconocer la desobediencia civil como parte componente de la cultura política de una comunidad democrática. Cuando fracasa la Constitución representativa ante retos (…) los ciudadanos que no disponen de oportunidades privilegiadas de ejercer influencia, han de ejercer las funciones inmediatas del soberano y deben recurrir a la desobediencia civil con la intención de dar un impulso a las necesarias correcciones e innovaciones” aquí.  De otra manera ampararnos en legalismos restrictivos de los espacios democráticos nos conduce a lo que el mismo autor denomina como “legalismo autoritario”.  Es indudable que la Policía de Puerto Rico está haciendo un uso desproporcionado e ilegítimo del poder coercitivo depositado en manos del Estado.  Esto último sucede cuando el Estado se aleja de la búsqueda del bien común en pos de la consecución de intereses particulares.  En ese momento y si, parafraseando a Bernart Tort, aún le queda algo de carne a este esqueleto democrático es que se hace indispensable cuestionar el uso de la violencia por parte del Estado.  En este sentido no puedo dejar de citar a Hannah Arendt en “Civil Disobedience” cuando afirma que la desobediencia civil es un indicativo de la pérdida de autoridad del Derecho mientras que la desobediencia criminal es la consecuencia de la erosión de la competencia y poder de la Policía.  No es coincidencia que mientras el Estado destina sus recursos a la represión y la restricción de la participación ciudadana en la cosa pública los índices criminales se disparan como nunca antes.

No puede ser, de nuevo pensando en Bernart Tort, que sólo nos quede el esqueleto de la democracia, estructuras anquilosadas e instituciones disciplinarias y de control.  Este futuro post-democrático, que se mueve cada vez más a la derecha, encuentra su poder en la apatía y la indiferencia, que sin duda nos empujan a un legalismo autoritario con espacios designados para la participación. Así, quienes favorecen el status quo buscan legitimar acciones estatales, por todos los medios disponibles, que claramente son contrarias a los principios democráticos que  sirven de base a nuestra Constitución  contribuyendo notablemente al debilitamiento de la democracia.