21.5.13

Se hace camino al andar*


...las actuaciones discriminatorias se dan en relación a la construcción de un Otro que no se ajusta a los modelos normativos impuestos y autoimpuestos bajo los cuales operamos. /En la foto: Gisela Rosario -cuadro tomado del video “Jayá” (Macha Colón y los Okapi).
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Publicado: lunes, 20 de mayo de 2013

El pasado jueves se aprobó a viva voz el Proyecto del Senado 238 de la autoría del senador Ramón Luis Nieves. Este Proyecto, como la inmensa mayoría del país sabe, tiene como fin prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo además de otras instancias como lo son los servicios y beneficios públicos y la solicitud de vivienda.  La aprobación no estuvo exenta de controversias y lo que debió ser una votación unánime se convirtió en un 15 a favor y 11 en contra.  Los votos en contra fueron los de la delegación del Partido Nuevo Progresista, más los populares Pedro Rodríguez González, Luis Daniel Rivera, Ángel Rodríguez Otero y Ramón Ruiz Ruiz.

Si el P. del S 238 es aprobado en la Cámara de Representantes y firmado por el Gobernador, las personas no heterosexuales y trans tendrán por primera vez un vehículo estatutario que les concede una causa de acción contra quien les ha discriminado. Hasta el momento, la única reclamación que tiene una persona discriminada por orientación sexual o identidad de género contra su patrono es bajo la Ley 80-1976 por despido injustificado.  La Ley 80-1976 contempla como remedio exclusivo el pago de la mesada que se determina de acuerdo al tiempo en el empleo.  Más allá de lo anterior, hoy no pueden reclamarse los remedios contenidos en la Ley 100-1959 si se ha sido discriminado por identidad de género u orientación sexual. Tampoco puede reclamarse una violación constitucional dado que el Tribunal Supremo ha resuelto que el discrimen por orientación sexual no está prohibido por nuestra Constitución.

La aprobación de un Proyecto como éste es un evento histórico. Por primera vez Puerto Rico reconoce estatutariamente que las personas no heterosexuales y trans son víctimas de discrimen por razón de su orientación sexual o identidad de género exclusivamente.  Ante esta situación de disparidad social que lacera la dignidad humana y afecta seriamente las posibilidades de desarrollo de la personalidad y el ejercicio de la libertad, la Asamblea Legislativa ha optado por reconocer la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

A pesar de que los sectores que se opusieron contundentemente a la medida, basando sus argumentos en preceptos religiosos y dogmas de fe, ejercieron notable presión en los legisladores y las legisladoras, no lograron detener la medida.  El argumento principal para oponerse a la pieza legislativa consistió en recalcar que existen otras disposiciones de ley que podrían utilizarse para proveer protección a personas trans y no heterosexuales. No obstante, es precisamente el llamado a recurrir a disposiciones generales el que debe rechazarse dentro de un Estado que se considere democrático. Esto es así porque la democracia no debe basarse en la homogenización de las poblaciones, sino, más bien, en el reconocimiento de la diversidad y la promoción de la participación de los diferentes grupos en la toma de decisiones.

En este sentido, aun cuando me siento esperanzada con la aprobación de la medida, me parece importante levantar la voz de alerta sobre las actuaciones de la senadora Rossana López durante la aprobación del Proyecto. La senadora López, luego de un extenso discurso, anunció que votaría a favor del Proyecto e indicó que había sometido enmiendas. Las enmiendas se aprobaron en bloque y sin debate y estuvieron dirigidas a sustituir las frase ‘orientación sexual real o percibida’ por ‘orientación sexual’. A simple vista, esto podría parecer inofensivo, sin embargo, no podemos perder de vista que la mayor parte de las veces el discrimen se fundamenta en la percepción del Otro. En este sentido, las actuaciones discriminatorias se dan en relación a la construcción de un Otro que no se ajusta a los modelos normativos impuestos y autoimpuestos bajo los cuales operamos.

Y a eso es a lo que la senadora Rossana López nos ha condenado a todos y a todas hoy. A tener que probar que pertenecemos a la categoría protegida para poder establecer un caso prima facie de discrimen por orientación sexual.  No bastará con que usted alegue que le discriminaron por la percepción –correcta o errónea– sobre su orientación sexual, sino que, además, deberá probar que efectivamente usted pertenece a la categoría protegida, posiblemente viéndose obligado u obligada a revelar su orientación sexual, que puede o no coincidir con la percibida y base del discrimen. Eso es lo que la senadora López nos ha impuesto con sus enmiendas al Proyecto de ley.

Igualmente debo decir que tampoco valido el argumento de la delegación PNP sobre que este Proyecto, de convertirse en ley, violaría el derecho a la intimidad establecido constitucionalmente. Y no lo entiendo válido porque el discurso de intimidad se ha utilizado muchas veces para relegar a las esfera de lo privado asuntos que son o tienen una dimensión pública. En este sentido, la orientación sexual de una persona, al igual que el derecho a controlar su cuerpo y su capacidad reproductiva o la crianza de los hijos e hijas, entre otros, tiene una dimensión privada, pero a su vez también posee una dimensión pública en tanto los cuerpos son objeto de poder. No en vano, las feministas decimos que los cuerpos de las mujeres son campos de batallas.  De esta manera, mientras la heterosexualidad sea la orientación sexual hegemónica, ésta tendrá una dimensión pública que debe reconocerse y protegerse por el Estado.  Si el Estado no garantiza la orientación sexual como una categoría protegida, difícilmente podrá vivirse en libertad y plenamente.

Al fin y al cabo, se trata de un asunto político, por lo cual no podemos explicar desde el campo de lo jurídico una cuestión que debe enmarcarse en la discusión de nuevos arreglos institucionales que nos conduzcan a la consecución de la sociedad que queremos. De esta manera, ni los argumentos de la senadora Rossana López para presentar las enmiendas, ni los argumentos de la delegación PNP para rechazarlas, son argumentos válidos cuando se analizan desde una perspectiva inclusiva e igualitaria.  Los de la senadora López porque imponen una carga demasiado onerosa a la hora de probar un caso de discrimen por orientación sexual e ignora el papel decisivo que juega la percepción a la hora de discriminar.  Por otro lado, los de la delegación del PNP recurren a reclamar, de forma muy conveniente por cierto, que la orientación sexual cae dentro de las esfera de la intimidad y por tanto no puede traerse a la palestra. Todavía resuenan en mis oídos las palabras del Senador Ángel “Chayanne” Martínez cuando expresó que a su amigo Miguel nada de lo que le pasó le hubiese sucedido si en lugar de haber sido abiertamente gay hubiese reservado su orientación sexual para las cuatro paredes de su casa. Eso no puede seguir pensándose en un país que se jacta de democrático. Ninguna persona, ninguna, puede ser condenado a esconder su orientación sexual, sus creencias religiosas, sus ideas políticas, su origen social, entre otras cosas, para no ser discriminada y agredida.

Lo he dicho anteriormente y no me cansaré de repetirlo, urge estar a la altura de los tiempos.  Esto es un asunto de reconocer la diversidad, de encaminarnos en un diálogo plural en el cual nadie tenga miedo de expresar lo que siente porque de hacerlo podría ser sancionado. Es un asunto de democracia que requiere apertura, valor, entereza y un profundo y genuino compromiso con los derechos humanos. Es sencillo: o los derechos son para toda la ciudadanía o no somos ciudadanos o ciudadanas, o la democracia es un discurso que simplemente sirve para imponer una voluntad homogénea y homogeneizante en pos de aniquilar la diversidad y la pluralidad.  Ahora le toca a la Cámara de Representantes hacer lo suyo, reconocer que todos y todas convergemos en lo más básico: nuestra humanidad.  Esperemos que comprendan su función legislativa y opten por estar en los libros de Historia como defensores y defensoras de los Derechos Humanos.
 

La autora es abogada y activista por los derechos humanos
*Publicado hoy en En Rojo, suplemento cultural de Claridad, acá 

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