Hace tiempo que grupos y organizaciones de mujeres venimos pidiendo un cambio institucional y estructural del mecanismo estatal que protege y promueve los derechos de las mujeres. El año pasado, el Movimiento Amplio de Mujeres le presentó al gobernador una propuesta para crear la Defensoría de las Mujeres y la Equidad de Género, luego de que el primer ejecutivo propusiera fusionar la Oficina de la Procuradora de las Mujeres con el Departamento de Familia. La estructura propuesta por el Movimiento Amplio contemplaba la creación de una instancia nacional autónoma como mecanismo para adelantar la equidad de género con fuertes controles ciudadanos e importantes mecanismos de rendición de cuentas.
En días recientes, La Fortaleza envió a la Legislatura un proyecto que propone la creación de una Defensoría de Derechos Humanos. Este mecanismo de promoción de los derechos humanos estaría compuesto por varías defensorías asociadas, entre ellas la Defensoría Asociada de la Mujer y la Equidad de Género. La oposición al proyecto por parte de algunos sectores que se aferran a una estructura que hace tiempo se ha desconectado de las mujeres y se limita a la asignación de fondos a organizaciones que brindan servicios, no se hizo esperar.
No me malentiendan. Los fondos que las organizaciones que prestan servicios son muy importantes, pero un mecanismo estatal de promoción de los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género es mucho más que la repartición de fondos estatales y federales.
Ni quienes defienden la permanencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres tal como está ni el Gobierno o sus agentes pueden olvidar que estos mecanismos estatales no son concesiones por parte del Estado. La institucionalización de los mecanismos de género son producto de las demandas de actoras sociales organizadas que lograron situar en el ámbito público los reclamos de las mujeres e impulsar agendas que adelantaran sus derechos humanos.
Es por ello que el reclamo de transformación del actual mecanismo de género debe atenderse como lo que es: un reclamo ciudadano que exige mayor participación de la población cuyos derechos pretende adelantar como también mejores y mayores mecanismos de rendición de cuentas.
Por mi parte recibo con entusiasmo el interés del Estado en renovar el cuarto propio que las mujeres hemos reclamado y conseguido dentro de éste. Una conversación genuina y amplia sobre qué institución queremos y promovemos las mujeres que debe abrirse para que esta nueva estructura represente la defensoría del futuro que tanto necesitamos.
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