La tenaz voluntad de gobernar para los mismos*

¨Contemplando el vacío¨ | Hyuro

Cada cierto tiempo la flexibilización laboral, que no es otra cosa que el achicamiento de los derechos laborales, es objeto de debate público. El sector empresarial ha sido enfático al afirmar la necesidad de una reforma en las leyes laborales y ha logrado que el Estado acoja ese reclamo como el portaestandarte del desarrollo económico.Aseguran que una flexibilización en la legislación protectora del trabajo aumentará la competitividad de la Isla y generará más empleo. Por eso, en Fortaleza, se cocina la reducción de los días de vacaciones, eliminación de bonos incluyendo el bono de Navidad, la flexibilización de lo que se considera justa causa para el despido, la extensión del periodo probatorio a dos años, la precarización de la juventud a través de leyes más flexibles para este sector, el cambio en el cálculo del tiempo extra, entre otras medidas.

Sin embargo, por otro lado, los sindicatos señalan que una reforma laboral que reduzca los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores no es la solución. Destacan, entre otras cosas, que experiencias previas demuestran que la reducción de beneficios laborales no han contribuido a disminuir los índices de desempleo y mucho menos han aumentado la productividad del País.

Y aunque lo anterior no fuese cierto, y a los fines de la argumentación estableciéramos que estas medidas adelantan algo, cabe preguntarse, desde una perspectiva ético-política o de justicia política, si es justo reducirle los beneficios y derechos adquiridos a un sector –en este caso mayoritario- en pos del “beneficio” del País. Indispensable es cuestionarse si la solución a la crisis es realmente un asunto de matemáticas como ha planteado el Gobernador. También urge conversar sobre quiénes conforman ese “País” que resultaría beneficiado con medidas como las propuestas y, por último, y sin pretensión de agotar las preguntas, qué tipo de arreglos político-institucionales adelantamos con el plan que prepara La Fortaleza.

Casi intuitivamente podemos decir que la reducción de las protecciones laborales no es una acción política justa. Contrario a lo que se ha planteado, además de ir en detrimento de los trabajadores y de las trabajadoras como clase, no obra en beneficio del País. Las implicaciones en las condiciones de vida de la mayor parte de la ciudadanía que estas medidas tienen lastiman aún más un ya lacerado entramado social, económico y político. Al fin y al cabo, parafraseando al exjuez Negrón, una no ve al País ligando cemento en la esquina. El País somos todas y todos y si las medidas de austeridad ahorcan a la ciudadanía, ahorcan al País.

La pregunta por la justicia de una acción siempre entraña interrogantes morales y consideraciones de filosofía política, máxime cuando lo que está en juego son las condiciones de vida de un sector. La justicia está directamente ligada a los arreglos institucionales, y por qué no, también a la distribución, en principio, de los bienes y las oportunidades. La pregunta por la justicia está vinculada a la legitimidad de las medidas y, por tanto, a su aceptación por parte de la ciudadanía.

En el caso de las medidas de reducción de protecciones laborales, el Gobernador ha asumido un discurso fácil de derrotar. La posición política que defiende La Fortaleza pretende hacernos pensar que está anclada en principios de justicia básicos. Hablan de “sacrificios” en pos del “beneficio” del País, intentando que compremos el discurso utilitarista que nos propone buscar la justicia en aquel punto donde se asienta el beneficio de la mayoría. Este discurso, en principio, puede resultar atrayente al oído ciudadano, sobre todo si tomamos en cuenta la campaña de demonización que el sector privado ha llevado a cabo consistentemente en contra de los trabajadores y de las trabajadoras del sector público. Sin embargo, el discurso oficial, además de los problemas políticos propios del utilitarismo, opera a base de una falacia. Es decir, para sostener su argumento concibe a las trabajadoras y a los trabajadores como grupo minoritario separado de la comunidad política y social que mediante las acciones de política pública se pretende beneficiar. Equiparan al País con la mayoría y a los trabajadores y a las trabajadoras con la minoría. De esta manera, se plantea que lo justo no es otra cosa que aquello que redunde en el mayor bienestar para el País. La reducción de los derechos laborales se vuelve así en la carta de triunfo del desarrollo económico. Los trabajadores y trabajadoras tienen, entonces, un deber moral de sacrificarse porque, al fin y al cabo, en palabras del Gobernador “[n]o podemos pretender sacar a Puerto Rico del atolladero de crecimiento económico tomando sol en la playa. Es trabajando, es con días de trabajo que se saca del atolladero al país”.

La aproximación anterior es una muy familiar en el contexto de crisis económicas y, como en el caso de la Isla, políticas. A menudo escuchamos hablar a quienes gobiernan de “sacrificios” o de “hacer patria” cuando se refieren a la implementación de políticas públicas que buscan reducir derechos laborales o imponer medidas de reducción del gasto público. Parecieran sugerir, de este modo, que lo justo es el resultado de sumas y restas de utilidades. Sin embargo, detrás del “bienestar” del País se esconde una lógica mucho más perversa que no dista mucho de aquella que guió el gobierno de Luis Fortuño.

Y, lo que entrañan estas políticas, a diferencia de lo propuesto por el Gobernador, no es un asunto matemático sino político. Una concepción sobre el rol del Estado muy particular que legitima y valida la posición del sector empresarial y el capital. En ese sentido, tal cual propone Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, las posturas políticas asumidas por el gobierno parten de una concepción mínima de Estado aunque les guste pensarse como una administración de vanguardia. La justicia resulta ser inversamente proporcional a la intromisión del Estado en asuntos que –a criterio del máximo exponente del libertarianismo- son estrictamente entre partes privadas regidas por la autonomía de la libertad.

La teoría de Nozick, a la cual parece adherir la administración de García Padilla, está basada en dos principios generales: la economía de libre mercado y la no regulación gubernamental. La libertad económica es central y para justificar la distribución desigual de la riqueza y el ingreso se analiza la manera en que se adquirió la propiedad. Así, el resultado –entiéndase mayor o menor acceso a la riqueza y al ingreso- no es importante; no importa qué tenga quién, si se adquirió válidamente, será desigual pero no por eso injusto. Se considera al intercambio como un acto puramente voluntario; el resultado final es producto de las decisiones individuales de cada sujeto. En el contexto laboral podría decirse que un salario de pobreza es el resultado de un conjunto de decisiones tomadas por el individuo y el Estado no debe intervenir para aminorar los efectos de las decisiones individuales.

Así, para un gobierno que adhiera a estos principios, cualquier intento de redistribución de la riqueza y el ingreso a nivel estatal presenta una intromisión indebida a la libertad individual y el derecho fundamental a la propiedad. En este tipo de teoría lo justo es que las relaciones económicas y sociales se guíen mediante la autonomía de la voluntad. Se rechaza, en consecuencia, la legislación característica de los estados de bienestar y enfatizan que el desarrollo económico se encuentra en el sector privado con regulaciones mínimas. Igualmente, se opondrán tenazmente a legislación paternalista, la legislación moral y a la redistribución del ingreso y de la riqueza, a la cual acusarán de entorpecer el desarrollo y bienestar del País.

Es a base de lo anterior que, a menudo, escuchamos que la falta de competitividad de Puerto Rico se debe, principalmente, a la legislación laboral.Como señalara más arriba, agrupaciones como la Coalición del Sector Privado abogan por una flexibilización de las leyes de empleo y laborales. El gobierno, por su parte, al hacerse eco de los reclamos del sector patronal y responsabilizar a los trabajadores y trabajadoras de la debacle, olvida que los derechos laborales que hoy están en tela de juicio fueron adquiridos mediante intensos procesos de luchas que desencadenaron la formulación de política pública orientada a la protección del empleo, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico.

No es novedoso escuchar, cada cierto tiempo, que son los trabajadores y las trabajadoras quienes deben sacrificarse en pos del bienestar del País. De esta manera, consistentemente, el sector obrero ha visto amenazados los derechos conquistados a través del tiempo y sus luchas.

Puerto Rico desde finales de siglo XIX ha contado con un movimiento obrero organizado a pesar de que no fue hasta 1947 que se aprobó la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, legislación que pretendía regular las relaciones obrero-patronales. Esta legislación reconoce las posiciones desiguales entre el capital y el trabajo y busca subsanar o aminorar la diferencia a través del derecho que todo trabajador o toda trabajadora tiene a negociar colectivamente. Estos derechos fueron posteriormente elevados a rango constitucional: “Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias e instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán derecho a organizarse y negociar colectivamente con sus patronos por medio de representantes de su propia y libre selección para promover su bienestar”. El hecho de que se incluyera la negociación colectiva como un derecho constitucional nos da pistas sobre los criterios de justicia que guiaron, por lo menos, las regulaciones de las relaciones obrero-patronales. En este caso, tanto la legislación de 1947 como la Constitución de 1952 trataron de compensar las desigualdades entre los trabajadores y las trabajadoras y sus patronos. Además de la Ley de Relaciones del Trabajo y la sección 17 y 18 del artículo II de nuestra Constitución, existía, a mediados del siglo pasado, otra legislación protectora de los trabajadores y las trabajadoras y de su derecho a negociar colectivamente. Lo anterior como prueba de que los criterios de justicia albergados en nuestra legislación iban dirigidos a crear entre los sectores patronales y los sectores obreros una mayor equidad. 

La legislación puertorriqueña fue de la mano y enormemente influenciada por el desarrollo de una política laboral en Estados Unidos. Según lo demuestra la evolución de dicha política, Estados Unidos se movió de un modelo de desregulación basado en la autonomía de libertad individual para contratar a reconocer que la libertad de contratación tiene poco de libre y está absolutamente influenciada por el poder económico vinculado a cada contratante. Sin duda, este movimiento en el espectro de la equidad influenció la legislación puertorriqueña que no solo reconoció el derecho a negociar colectivamente sino que, además, lo elevó a rango constitucional.

Posteriormente, se fue aprobando legislación protectora del empleo que buscaba atender el despido injustificado, el discrimen, proteger a las madres obreras, el hostigamiento sexual, entre otras. Esto como parte de la búsqueda de un esquema de organización de la política laboral más igualitario que pudiera atender las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras a la vez que se promovía la circulación del capital.

Hoy, sin embargo, los y las portavoces del capital, responsabilizan a la legislación laboral del atolladero en el que está sumido Puerto Rico. No obstante, la experiencia mundial ha demostrado que las medidas de austeridad no son la solución a la crisis y que profundizan la desigualdad social. Las mal llamadas reformas laborales tienen poco que ver con el aumento de la competitividad y el alza del nivel de empleo sino que, más bien, buscan una distribución de la riqueza basada en unos criterios de justicia muy particulares que privilegian un sector sobre otros. Eso no es matemática, es política.

La historia nos ha demostrado que el trabajo y el capital no están posicionados en una situación de igualdad en los procesos de negociación de las condiciones de trabajo. En tanto lo que caracteriza la relación obrero-patronal es una de poder donde el patrono tiene el capital y los medios para movilizarlo y, por tanto, la capacidad para imponer términos y condiciones, la autonomía de la voluntad se ve viciada por diferencias abismales de poder.

En este sentido, parece ser mucho más equitativo y justo la intervención del Estado en los procesos de negociación a través de la regulación de ciertas condiciones, términos, beneficios, salarios, entre otros, para asegurarse una mejor distribución de la riqueza. Desde una perspectiva de justicia deberíamos movernos a modelos más igualitarios en cuanto a la regulación del trabajo, esto requiere no solo que se promueva la legislación protectora del empleo sino que también se promuevan arreglos más equitativos a nivel estructural de manera tal que se traduzcan en mayor apoderamiento de los trabajadores y las trabajadoras para así aumentar las posibilidades de obtener arreglos institucionales más justos y equitativos.

No podemos pensar que la justicia puede promoverse mediante la explotación del otro, ni que el bienestar del País se alcanza sacrificando siempre a los otros y a las otras. Lo cierto es que mientras mejores arreglos arriban la clave está en promover aquellas desigualdades que adelanten a quienes han sido estructuralmente privados de mejores oportunidades, no restarle derechos. No hay duda que uno de esos sectores está compuesto por los trabajadores y las trabajadoras, algunos en mayor medida que otros pero de todas maneras relegados en la carrera por la riqueza y su justa distribución.

El Estado que pretenda promover un desarrollo económico justo y democrático, lejos de flexibilizar las protecciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras debe convertirse en un agente de promoción de la equidad a través de legislación que promueva adelantar a aquellos y a aquellas que han quedado a los márgenes de la carrera. Además, debe promover mejores acuerdos institucionales que permitan a esos mismos sectores tener mayores oportunidades de acceder a la educación y a las posiciones de liderato político. Podemos lograr el País que soñamos y merecemos pero para construir un País más igualitario y justo hay que empezar por pensar que es posible y trabajar en esa dirección. De otra manera, quienes se han alternado en el poder y hoy nos dicen que la única solución para salir de la desolación en la que nos han sumido es entregar nuestros derechos laborales, seguirán poniendo por encima de la ciudadanía sus intereses y la deuda a la vez que se regodean en el caldo que ellos mismos cocinan mientras la gran mayoría ve precarizadas sus condiciones de vida y vituperadas sus esperanzas.

La reforma laboral que cocinan en la Fortaleza, sin duda, es un grupo de medidas que privilegia al capital sobre el trabajo y que atenta contra entendidos básicos de justicia. Ya lo dijo Otfried Hoffe: “quien tiene el monopolio del poder no solamente dispone de poder suficiente para llevar a cabo la justicia, sino que dispone también de poder para impedirla”. Hay otras alternativas para salir del atolladero, la auditoría ciudadana y la suspensión de los pagos de la deuda son solo dos de ellas, lo que no hay es valentía y voluntad política. O mejor dicho, sí hay voluntad, la voluntad de gobernar siempre para los mismos.

*Publicado originalmente en 80Grados, acá.