27 Julio 2011

Sin acceso a la justicia

Eva Prados (Abogada de Derechos Humanos)

Nunca olvido un seminario sobre litigación de derechos civiles, cuando un amigo abogado, que trabajaba en un bufete de la Milla de Oro, me contó que estaba allí porque tenía una demanda de un confinado contra unos oficiales de custodia que lo habían agredido abusivamente. Me contó que dicho caso llegó a sus manos luego que le fuera asignado a su jefe por un juez federal. El jefe, aunque aceptó ‘voluntariamente’ el caso, reunió rápido al grupo de abogados más jóvenes -y disponibles- del bufete, para zafarse de la “papa caliente”. Lo que no se esperaba -o quizás sí- era que todos los abogados y abogadas allí reunidos se negaran a llevar el caso. “Eso iría en contra de mis principios”, dijo una. “Yo no defiendo criminales”, soltó otro. Así, el “tesón moral” de un grupo de abogados y abogadas que no muestran gran reparo al representar a aseguradoras y desarrolladores inescrupulosos, patronos hostigadores, y que se prestan para escribir borradores de leyes que viabilizarán el despido de decenas de miles de seres humanos, les impedía representar a un ciudadano en una demanda por daños contra un funcionario agresor. Las personas confinadas son la población más vulnerable a violaciones crasas de derechos humanos, por estar completamente marginadas y bajo el total control del Estado. Apenas este fin de semana salió un artículo en El Nuevo Día sobre la falta de acceso a la justicia para quienes no pueden pagarla. Las personas recluidas en las cárceles se llevan la peor parte en esa historia, al no tener los recursos económicos, ni cosas tan básicas como un teléfono para llamar a un abogado.

Ahora más de 11,000 personas, mujeres y hombres que viven con su libertad interrumpida, no podrán acceder a los tribunales gracias a que la Corporación de Acción Civil y Educación (CACE), única institución que les aseguraba representación legal gratuita y especializada a sus necesidades dentro de las instituciones correccionales, cesará de dar sus servicios.

CACE integraba a un nutrido grupo de abogados y abogadas que visitaban las instalaciones penales de la Isla para atender quejas por condiciones carcelarias, servicios de salud, alimentación, medidas disciplinarias, seguridad y programas de rehabilitación.

CACE incluso promovió programas pilotos de rehabilitación y reintegración a la comunidad como parte de sus proyectos.

La historia de mi amigo, junto a las memorias de los años 70 y 80, cuando la Isla quedó dentro de la lista de infiernos dantescos por las condiciones inhumanas que se vivían en las cárceles, me corre la cabeza sin parar al enterarme del cierre de CACE. La noticia es sencillamente alarmante.

*Publicada en ENDI.COM hoy