21 de febrero de 2013
De segunda clase
MARIANA IRIARTE
Mientras que el martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió que una ley que prohíbe que, dentro del marco de una relación homosexual, una persona adopte el hijo de su compañera o compañero es inválida por discriminar ésta por orientación sexual, nuestro más Alto Foro denegó el pedido de adopción presentado por una mujer lesbiana para adoptar, no a la hija de su compañera, sino a la hija de ambas. Y cuando me refiero a la hija de ambas, hablo de una niña que fue concebida por decisión conjunta de ambas mujeres. La menor tiene dos madres y el Estado hoy se niega a conferirle los derechos y las protecciones que dimanan de esa realidad.
En una decisión dividida de 5 a 4, el Tribunal Supremo resolvió que, en el marco de una relación homosexual, una de los integrantes de la pareja no puede adoptar el hijo del otro sin que se rompa el vínculo jurídico con el padre o madre biológico. En arroz y habichuelas: un menor no puede tener dos madres o dos padres. Eso, independientemente de que ésa sea su familia desde el momento de su nacimiento, de que sea feliz, de que se críe en un hogar ejemplar o de que tenga un funcionamiento intelectual superior al promedio.
Así, a partir del 20 de febrero, hay unos niños y unas niñas que importan menos. Niños que no tienen derecho a ser parte del plan médico de uno de sus padres, que tampoco son reconocidos como les corresponde en materia de herencia; que no pueden acceder a seguro social o a beneficios marginales de quien, de hecho, es su madre o es su padre. Esos niños que hoy se tratan como de segunda son los nacidos dentro de una relación homosexual.
Quien tenga un mínimo sentido de justicia deberá, por lo menos, intuir que esto no es justo. Que la orientación sexual no puede ni debe ser una clasificación válida en nuestro ordenamiento ni el discrimen, una política pública aceptada. Que en una sociedad democrática deben primar los derechos humanos, no las racionales morales o religiosas que siempre serán individuales y no universales. Personalmente, pienso -a diferencia del juez asociado Rivera García- que la orientación sexual de los padres no atenta contra la integridad o la dignidad de los menores y que sí lo es el discrimen, la denegación de beneficios y la violencia institucional.
Ante esta situación, hoy más que nunca, es preciso exigirle a nuestros legisladores que promuevan política pública que nos cobijen a todos, pero que, sobre todo, legislen con sensibilidad para que nunca más un niño o una niñas sean tratados como si fuera de segunda clase. En definitiva, urge estar a la altura de los tiempos, tomar posturas, construir un mejor lugar para vivir y -parafraseando a Silvio Rodríguez- acabar de parir un corazón.
En una decisión dividida de 5 a 4, el Tribunal Supremo resolvió que, en el marco de una relación homosexual, una de los integrantes de la pareja no puede adoptar el hijo del otro sin que se rompa el vínculo jurídico con el padre o madre biológico. En arroz y habichuelas: un menor no puede tener dos madres o dos padres. Eso, independientemente de que ésa sea su familia desde el momento de su nacimiento, de que sea feliz, de que se críe en un hogar ejemplar o de que tenga un funcionamiento intelectual superior al promedio.
Así, a partir del 20 de febrero, hay unos niños y unas niñas que importan menos. Niños que no tienen derecho a ser parte del plan médico de uno de sus padres, que tampoco son reconocidos como les corresponde en materia de herencia; que no pueden acceder a seguro social o a beneficios marginales de quien, de hecho, es su madre o es su padre. Esos niños que hoy se tratan como de segunda son los nacidos dentro de una relación homosexual.
Quien tenga un mínimo sentido de justicia deberá, por lo menos, intuir que esto no es justo. Que la orientación sexual no puede ni debe ser una clasificación válida en nuestro ordenamiento ni el discrimen, una política pública aceptada. Que en una sociedad democrática deben primar los derechos humanos, no las racionales morales o religiosas que siempre serán individuales y no universales. Personalmente, pienso -a diferencia del juez asociado Rivera García- que la orientación sexual de los padres no atenta contra la integridad o la dignidad de los menores y que sí lo es el discrimen, la denegación de beneficios y la violencia institucional.
Ante esta situación, hoy más que nunca, es preciso exigirle a nuestros legisladores que promuevan política pública que nos cobijen a todos, pero que, sobre todo, legislen con sensibilidad para que nunca más un niño o una niñas sean tratados como si fuera de segunda clase. En definitiva, urge estar a la altura de los tiempos, tomar posturas, construir un mejor lugar para vivir y -parafraseando a Silvio Rodríguez- acabar de parir un corazón.
*Publicada en El Nuevo Día, Voce, el 21 de febrero de 2013, acá.
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