Columna publicada en El Nuevo Día hoy.
Ya en el año 2008, la Coalición del Sector Privado, compuesta por un sector de los grandes empresarios locales y foráneos, recomendó públicamente “rebajar el subsidio de la Universidad (de Puerto Rico) y aumentar el costo de la matrícula”.
Ya en el año 2008, la Coalición del Sector Privado, compuesta por un sector de los grandes empresarios locales y foráneos, recomendó públicamente “rebajar el subsidio de la Universidad (de Puerto Rico) y aumentar el costo de la matrícula”. La mayoría de los integrantes de esa coalición de privilegiados actúa en el anonimato público. Como los encapuchados, ocultan sus rostros.
Sin embargo, sus propuestas para enmendar la Ley de Cierre, derogar el sistema de permisos, para privatizar agencias, desmerecer el servicio público y reorganizar el Gobierno central han sido complacidas por la Legislatura y el Ejecutivo. De su pliego de reclamos aún faltan dos asuntos importantes por satisfacer: la reforma laboral y la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Sobre la reforma laboral, dirigida a eliminar las leyes y estatutos sobrevivientes que protegen a los trabajadores, ya existe el Proyecto de la Cámara 2218 radicado el 22 de octubre de 2009.
En cuanto a la UPR, mediante la Ley 7 de 9 de marzo de 2009 se redujeron intencionalmente los recursos económicos correspondientes del Fondo General. Lo que resta es aumentar el costo de la matrícula.
Por eso no es casual que el presidente de la Universidad, José Ramón de la Torre, y la presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, les hayan notificado a los estudiantes del Comité Nacional Negociador su intención de aumentar el costo de la matrícula tan temprano como agosto próximo.
Es un aumento disfrazado como una cuota que duplicará lo que los estudiantes pagan actualmente, adicional al aumento ya programado. La intención anunciada es mendaz, pues ambos funcionarios ya habían asegurado públicamente que no estaba bajo consideración un aumento en el costo de la matrícula.
La huelga de la juventud universitaria ha tenido la virtud de revelar las agendas ocultas de aquellos sectores que no creen en el carácter público de la Universidad. Son los que pretenden que el proyecto vital de la educación sólo se conciba como una mercancía más, sujeta a la avaricia del mercado y los negocios privados.
No entienden cuán importante es la inversión pública en la investigación, el pensamiento y el análisis crítico.
Paradójicamente, son los mismos que proclaman la conveniencia de avanzar hacia la “economía del conocimiento” mientras se ufanan de quitarles recursos económicos a la institución universitaria más importante del País.
Habría que preguntarse, ¿en qué piensan cuando argumentan que los costos de estudiar en las universidades privadas son mayores y así justificar la reducción presupuestaria en la UPR y el aumento en el costo de matrícula? Si se preguntaran por qué las universidades privadas son más caras llegarían a la conclusión sencilla de que para ésas, la educación es un negocio, una mercancía más. Y si se trata de un negocio que compite por clientela, ¿a quién le conviene que se debilite la UPR?
La huelga también ha revelado las contradicciones e incoherencias de la administración universitaria, principalmente de la Junta de Síndicos.
Pero una cosa ha quedado clara, el País conoce los rostros de los 16 negociadores estudiantiles. En cambio, todavía quedan por revelarse los rostros y las intenciones de todos los miembros de la Junta de Síndicos y los que siguen camuflados con capuchas de seda, malgastando cientos de miles de dólares en publicidad.
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