La culpa es huérfana o Edwin Mundo v. C.E.E., CT-2012-20

Hoy El Nuevo Día publicó una noticia, acá, que pasó por desapercibida y se perdió entre cierres de campaña y caídas de exgobernadores. En ésta nos anunciaba que una mayoría del Tribunal Supremo ordenó que se imprimiesen las listas de electores inactivos y se entregasen a todos los colegios electorales. Así, mediante una Opinión certificada este mismo sábado, nuestro más Alto Foro puso en entredicho el sistema electoral cuando expresó que “en esta ocasión la confianza, transparencia y pulcritud del sistema electoral de Puerto Rico está bajo ataque a tan sólo tres días de que nuestro Pueblo exprese su voluntad en las urnas”. Edwin Mundo v. C.E.E. Y otros, CT-2012-020, Opinión Per Curiam. De esta manera, mediante expresión Per Curiam, dio paso al pedido del P.N.P., revocó una resolución de la Comisión Estatal de Elecciones y concedió que se le entregasen las listas de los electores que están inactivos por no haber votado en la elección del 2008. Es importante notar que, en esta oportunidad, ninguno de los jueces nombrados por el Partido Nuevo Progresista quiso hacerse cargo de la autoría de la Opinión del Tribunal. Una opinión Per Curiam no es otra cosa que una ponencia del Tribunal y no de un juez o jueza particular. Es claro, que el peso de lo que conlleva esta Opinión nadie lo quiere cargar. Ya lo dice el refrán, la culpa es huérfana.

Foto tomada de la página de la Rama Judicial

La nueva mayoría del Tribunal equiparó la categoría de elector inactivo a la categoría de elector excluido y enmendó vía fíat judicial el Reglamento para las Elecciones Generales y el Escrutinio General de las Elecciones de 2012. A diferencia de lo que nos quieren hacer creer, el Art. 6.012 del Código Electoral para el Siglo XXI expresamente dispone que “[s]i un elector dejare de votar en una elección general su registro o expediente será inactivado en el Registro General de Electores. La Comisión podrá excluir del mencionado registro a aquellos electores que por causales dispuestas en esta Ley o reglamento así se establezca. Una exclusión no implicará la eliminación de los datos del elector del Registro General de Electores”.

El Supremo afirma que es una causal de exclusión la inactivación del elector por éste no haber votado en las últimas elecciones. Sin embargo, esa causal no está contenida en el Código Electoral como nos quieren hacer creer. El Código Electoral lista las causales de exclusión en el Art. 6.017 y expresamente dispone que “[p]ara que se proceda a la exclusión de un elector que aparezca en el Registro General de Electores deberá presentarse ante la comisión local concernida una solicitud de recusación y/o exclusión de dicho elector por uno o más de los siguientes fundamentos: (1) que el elector no es ciudadano de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América; (2) que el elector no está domiciliado en la dirección señalada en su solicitud a la fecha de inscripción o en el momento de la recusación; (3) que el elector no ha cumplido dieciocho (18) años y no habrá de cumplirlos en o antes del día de las siguientes Elecciones Generales; (4) que el elector no es la persona que alega ser en su solicitud de inscripción; (5) que el elector haya fallecido; (6) que el elector ha sido declarado mentalmente incapaz por un Tribunal; y (7) que el elector aparece inscrito más de una vez en el Registro General de Electores”. Debe quedar meridianamente claro que el Art. 6.012, a diferencia de lo que el Supremo dice que dice, no establece una exclusión por inactivación.

De igual manera, el Tribunal en un claro acto de activismo judicial, enmendó el Reglamento Electoral para las Elecciones Generales. Así, sustituyó una interpretación razonable emitida por el foro administrativo a la luz de la sus leyes y reglamentos por una dúctil y hecha a medida que adelanta el pedido del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista.  Esto tiene la consecuencia de privarle el derecho al voto a aquellos y a aquellas que no se encuentren en la lista y que antes podían votar mediante el voto añadido a mano.

En este sentido, es fundamental, prestar atención a la Opinión Disidente de la Juez Asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez a la que se unieron el Juez Presidente y la Jueza Asociada Liana Fiol Matta. En esta se razona y fundamenta una interpretación del Código Electoral y el Reglamento para las Elecciones Generales razonable y coherente donde se denuncia el macramé jurídico de una mayoría que no duda de valerse de cualquier herramienta para interpretar de forma acomodaticia y circunstancial el texto de la ley al resultado que buscan llegar.

Hoy nuestra democracia es aún más chiquita. Hoy el Tribunal Supremo achica el derecho al voto de vaya a saber cuántos ciudadanos y ciudadanas que se verán afectados y afectadas al encontrarse con un funcionario de colegio que no le permita votar de la manera diseñada reglamentariamente para aquellos electores que, por error, aparecen desactivados. Igualmente, vaya a saber cuántos incidentes puedan suscitarse en los colegios electorales cuando se intente impedir votar a alguien que quiere hacerlo.

El derecho al voto era uno de los pocos derechos democráticos que no se había visto afectado, aunque Suárez Cáceres nos había dado pistas de lo que podría pasar. No podemos olvidar que esta administración -y su brazo judicial-, abiertamente, se ha encargado de reducir los derechos vinculados al ejercicio democrático y a la participación de la ciudadanía en los procesos que les afectan y competen. En esta ocasión, Edwin Mundo v. C.E.E. se suma a Fundación Surfrider, a UPR v. Laborde, a Asociación de Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, a Suárez Cáceres v. C.E.E., a Justo Lozada v. A.E.E., a Domínguez Castro v. E.L.A., a Pantoja Oquendo v. Municipio de San Juan, entre muchas otras. Es por eso que el martes, antes de votar, piensa bien qué camino queremos transitar y qué País queremos construir y cuando estés frente a esa papeleta a Fortuño y a su claque diles que no.

Sin derecho a protestar, de policías y otros demonios.

Hay que dejar claro que la protesta es una prerrogativa que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para exigirle al Estado que actúe ante alguna situación o cese alguna actuación que se considera injusta.  En ese sentido, la protesta es la condición de posibilidad de cualquier Estado que se quiera llamar democrático.  A diferencia de lo que nos han hecho pensar, la protesta es un derecho que trasciende el Derecho del Estado o Derecho positivo; en ese sentido existe independientemente de la consignación en una Constitución, una ley o un reglamento.  Aquel Estado que se disponga reglamentar la protesta de la manera que se hace hoy en Puerto Rico y a restringir la libertad de manera tal que se reduzcan al mínimo los espacios de acción política se asemejan más a un totalitarismo –sin decir que hoy por hoy Puerto Rico se gobierne de manera totalitaria- que a una democracia.  Es tarea de todos y de todas reclamar más derechos democráticos y no aceptar la restricción de los actuales.

Imagen de Internet 

La tarde del miércoles la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía de Puerto Rico persiguió a los y las estudiantes que se manifestaban en la Ave.  Muñoz Rivera por las calles riopedrenses.  El propósito era, según alegaron, mover a los y las manifestantes al área que de manera arbitraria la Policía, con la complicidad de la Administración Universitaria, designó para la expresión pública.

Está acción de la Policía se da en el marco de dos situaciones particulares.  La primera es  la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que establece que la Universidad es un foro semi público y por tanto la Administración Universitaria puede reglamentar el tiempo, el lugar y la manera de expresión. La segunda se trata de la Resolución de la Rectora que prohíbe por un lapso de treinta días todo tipo de acción concertada dentro del Recinto.  La misma Resolución establece que toda actividad de celebración masiva se deberá realizar en las áreas designadas por la Policía Estatal como áreas de expresión pública.

El planteamiento principal de la Policía parece ser que el hecho de que seamos estudiantes circunscribe nuestro espacio de protesta a los designados por ese cuerpo.  De igual manera pareciera sugerirse que la Policía tiene poder para arrestar a los y las estudiantes, y manifestantes en general, si violan la reglamentación policial y la resolución de la Rectoría.  También podría pensarse que la Reglamentación del espacio de expresión, la Resolución y la decisión del Tribunal Supremo están hilvanadas por el peor de los sastres que, de manera burda y ordinaria, deja ver la costura del traje.

Es necesario aclarar esto y no dejar que nos pasen gato por liebre.  En UPR v. Laborde la mayoría del Tribunal Supremo, por voz del juez asociado Rafael Martínez Torres, dispuso que la Universidad de Puerto Rico es un foro semi-público.  Es decir que de ahora en más la administración universitaria podrá reglamentar el tiempo, el lugar y la manera de las actividades de expresión teniendo que cumplir con lo siguiente: 1) No podrá reglamentar con miras a prohibir el contenido; 2) se necesita un interés importante o significativo  y 3) que no se impidan medios alternativos de expresión.  El Tribunal establece que un interés importante de la administración es asegurar la continuación ininterrumpida  de las labores académicas y administrativas, por lo cual las acciones concertadas de paralización no pasan el escrutinio y se considera razonable su prohibición.

Importante señalar, antes de continuar, que tanto los fundamentos jurídicos de la opinión como el análisis hecho por Martínez Torres para la adjudicación nos levantan muchos interrogantes y nos deja con un mal sabor.  Sin embargo, dicho análisis es materia de otra entrada.  Dicho eso me gustaría puntualizar varios asuntos sobre la reglamentación. 

Lo primero que hay que señalar es que la Ley Universitaria dispuso que es la Junta de Síndicos el organismo facultado para aprobar reglamentos, que esa facultad es indelegable y que debe cumplirse con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.  En este sentido, la Universidad de Puerto Rico no puede delegar su poder de reglamentación a la Policía de Puerto Rico y debe cumplir con los requisitos que establece la LPAU.

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme dispone que el Procedimiento de Reglamentación deben observarse cuatro elementos fundamentales para que el reglamento sea válido.  El primero es la notificación, para ello la Universidad debe publicar un aviso de reglamentación es español e inglés en un periódico de circulación general y en Internet.  Dicho aviso debe contener una explicación del reglamento, la disposición de la ley que faculta a la Universidad para reglamentar la expresión de los y las estudiantes; la forma, el lugar y la manera en que se podrán someter comentarios escritos y los fundamentos por los cuales habría que celebrar una vista pública; el lugar donde se puede conseguir copia del reglamento propuesto y la dirección electrónica de la página donde se publicó el aviso.  En segundo lugar, se debe ofrecer una oportunidad de participación ciudadana, y se le concede a los interesados y a las interesadas, treinta (30) días para presentar comentarios escritos, también puede concederse una vista aunque ésta es discrecional.  En tercer lugar, la Universidad debe presentar el Reglamento en el Departamento de Estado.  El proceso culmina con la publicación de un resumen del mismo en dos periódicos de circulación general.  Estos requisitos aplican tanto a los nuevos reglamentos como a las enmiendas de los existentes.

A simple vista podemos observar que la Universidad de Puerto Rico, aún cuando está reglamentando y ha utilizado a la Policía estatal para poner en vigor dicha reglamentación, no ha observado ninguno de los requisitos establecidos por la LPAU.  Es innegable que esta reglamentación ilegal, inválida, arbitraria y caprichosa contraviene nociones básicas de Justicia toda vez que lacera irremediablemente los derechos de libre expresión garantizados constitucionalmente y se vale de la fuerza coercitiva del Estado para imponerlo a la comunidad universitaria.

Aún más, aunque se tratara de un reglamento válido ni la guardia universitaria, ni la Policía de Puerto Rico pueden arrestar a quien viole las disposiciones contenidas en éste.  Tanto el Tribunal Supremo Federal como el Estatal han dispuesto que las agencias administrativas, en este caso la Universidad de Puerto Rico, no tienen facultad para imponer como sanción o pena el encarcelamiento.  La autoridad para encarcelar por desacato la tiene el Poder Judicial.  De esta manera, debemos aclarar que la Policía de Puerto Rico no puede arrestar a nadie que violente un reglamento dado que el único poder capaz de determinar si una conducta se puede sancionar criminalmente es la Asamblea Legislativa y ésta nada ha dispuesto sobre este asunto.  

De igual manera nuestra Constitución establece que nadie será privado de su libertad sin que medie una orden judicial para ello.  El requisito de orden judicial puede sustituirse cuando el agente de la Policía tiene motivos fundados para arresto.  Esto no es otra cosa que de la información obtenida se concluya que lo más probable es que se ha cometido un delito.  En este sentido la tipificación de la conducta es un requerimiento esencial para que el agente del orden público pueda arrestar.  Los delitos que se utilizan para criminalizar la protesta son los delitos contra la seguridad y el orden público, a saber: alteración a la paz, motín, conspiración y resistencia u obstrucción a la autoridad pública. Es importante que sepa que la violación de un reglamento constituye una falta y no un delito.  Como se dijo anteriormente los funcionarios del orden público no están facultados para arrestar por la comisión de faltas.

Ahora bien, hemos dicho que en UPR v. Laborde el Tribunal Supremo sostuvo que la Universidad es un foro semi-público y dispuso los criterios aplicables para la reglamentación de la libertad de expresión. Sin embargo los incidentes de hoy no se dieron en el ámbito universitario, la persecución de los y las estudiantes se llevó a cabo por las calles de Río Piedras.  En este sentido, el Tribunal Supremo ha dicho que las calles, parques y aceras son foros públicos tradicionales y para reglamentar el contenido de la expresión que se está haciendo se debe superar el análisis de escrutinio estricto.  No cabe duda que la activación de la fuerza de choque, la unidad SWAT, las decenas de oficiales de la policía, la división motorizada, entre otras, estaba dirigida a regular el contenido de la protesta de los y las estudiantes y es una restricción indebida a la libertad de expresión. ¿Cuál era el interés apremiante del Estado? dispersar la protestas? ¿Era la Unidad de Operaciones Tácticas la actuación necesaria para alcanzar dicho interés?  Insistimos, el Estado estaba dirigido a afectar un derecho fundamental sin razón alguna y por lo tanto sus actuaciones son más que una burda muestra de lo que puede hacer la violencia institucionalizada.

No hay duda que la concentración de poder del partido en el gobierno es tal que se entienden facultados para llevar a cabo cualquier acción.  Dominan el ejecutivo, el legislativo y el judicial.  Las leyes son por encargo y llegar al tribunal es un acto más bien simbólico.  La legitimidad de las instituciones está por el piso porque no surgen del consenso sino de la violencia de la imposición.  En tal sentido la ciudadanía en general se siente desprotegida y vulnerable.  Los espacios democráticos en lugar de multiplicarse se reducen, en vez de ensancharse se constriñen.  El control gubernamental es cada vez mayor y los ámbitos de la libertad cada vez más pequeños.  Ante esto debemos estar vigilantes, ocupar los espacios públicos, salir a la calles, debatir, manifestarse, protestar, en fin no permitir que la paz de los sepulcros se vuelva la nueva normalidad y el miedo una nueva forma de vida. 

Jornada Bloguera ¡No más violencia contra las mujeres!

Las compañeras y amigas Nahomi Galindo Malavé y Verónica Rivera Torres con mucha alegría nos informa que vuelve al rueda la jornada bloguera ¡No más violencia contra las mujeres!  Este año estará dedicada a trabajar la violencia de género en los medios de comunicación.  Detalles, acá.

¡Anímate y participa! ¡No más violencia contra las mujeres! 

Protejamos tu MAI (y la libertad de expresión)*

Hace unos días, mientras repasaba las noticias matutinas entre FB –chisme del día– y los periódicos locales –escándalo político de turno– me topé con un “statement” muy curioso.  Un arte muy bien hecho que rezaba algo así como basta ya de vandalismo o algo parecido.  Lo primero que me llamó la atención es que hacían referencia a una expresión política –MAI o matrícula ajustada a los ingresos– lo segundo fue que quienes abogan por este tipo solapado de censura son los mismos y mismas que en múltiples ocasiones abogan por la libertad de expresión. Para aquellos y aquellas que tienen FB les dejo el arte aquí.[1] Sobre la censura les dejo por acá el excelente artículo de la profesora de Derecho Érika Fontánez Torres que se publicó recientemente en 80 grados.

La RAE define el “vandalismo” como  1. m. Devastación propia de los antiguos vándalos. 2. m. Espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana.  Dicen las malas lenguas que los vándalos saquearon a Roma en el año 455 y que durante el saqueo arremetieron contra todo lo que encontraron por allí. No está demás decir que Roma estaba en decadencia y que como a todo lechón le llegó su Navidad.  Lo cierto es que, ya en la modernidad, se comienza a utilizar el término “vandalismo” para señalar la destrucción de propiedad privada.  Como todo término tiene su historia, la cual es importante conocer, analizar y contextualizar.  Los Vándalos era  un pueblo “bárbaro” pero, como todo, habría que ver quién tenía el poder para nombrar.  No hay duda que los romanos ejercían el control y dominio absoluto de la región y que, como es costumbre, se arrogaban la potestad para decir quién pertenecía a la civilización y quién, en cambio, era un bárbaro.  Adelantando que no soy muy ducha en este tema, me atrevo a arriesgar que los romanos habían sometido históricamente a estos pequeños pueblos quienes, en un acto de resistencia y rebelión, arrasaron con Roma y la vandalizaron, obviamente.

Sin embargo, y más allá de la etimología de la palabra vandalismo, el graffiti se reconoce como un medio de expresión político y artístico.  Si bien su uso se remonta a la época de las cavernas, lo cierto es que su uso como reivindicación de los sectores oprimidos comienza en la década de los 70, aunque existe desacuerdo sobre quién inició el movimiento.  Lo importante es destacar que el graffiti ha sido utilizado como método de expresión de aquellos y aquellas que de ordinario no tienen acceso a los foros que podrían estar disponibles para otras clases sociales. No es raro entonces que su penalización por parte del Estado y su consiguiente definición como “acto vandálico” esté íntimamente ligada a la censura.  Es decir, el Estado se abroga la capacidad de censurar atribuyéndole más peso a la propiedad que a la libertad de expresión, lo que nos da una pista sobre quiénes pueden, consciente o inconscientemente, defender la prohibición del graffiti en espacios estatales y civiles.

De esta manera no es difícil adivinar que el graffiti como modalidad de la libertad de expresión se convirtió en objeto de muchas críticas y controversias.  La contraposición entre los intereses de quién busca expresarse y los intereses del dueño o dueña de la propiedad, sea un privado o el Estado, parecen guiar la discusión.

En este sentido, esta modalidad del arte y expresión política está, también, atravesada por el poder, sobre todo cuando de expresión espontánea se trata.  Esta última, generalmente surge en el contexto de manifestaciones y protestas políticas; se tratan de consignas que se expresan contra el Estado, la clase dominante y el poder económico.  Ordinariamente estas son expresiones no protegidas, muchas veces censuradas inmediatamente y estigmatizada bajo el epíteto de  vandalismo.

Es importante destacar que en el graffiti, como el arte en general, existe una división entre high art y low art, así hay expresiones graffiteras que son más protegible que otras.  Aquellas que parecen ser inofensivas como los murales en la Ponce de León y la Gándara, son protegidas y auspiciadas por el Estado, en este caso el municipio de San Juan, y las consignas políticas, como el mural del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, rápidamente se tapan, pues no están cobijadas bajo la protección de creación artística según afirman sus detractores.

Así, no se puede desligar el graffiti del elemento de clase que le ha dado origen.  No podemos pensar que las expresiones coloridas que hoy ocupan las paredes de nuestro espacio urbano surgieron en un vacío de significados como tampoco surgen en un vacío de significados la expresión “Yo quiero mi MAI” o “Que la crisis la paguen los ricos”.  Estos aparecieron como una expresión contestaria con significado político que pretende denunciar, expresar y reaccionar los artilugios del poder, en este caso la aplicación uniforme de la matrícula lo cual redunda en una gran injusticia. 

También hay que reconocer que, hoy por hoy, esas expresiones han sido, si se quiere, cooptadas por el poder, y así se han vuelto instrumento de expresión no sólo de sectores contestarios sino también de diferentes sectores que más que una expresión política quiere buscar espacios alternativos del arte.  Esto no quiere decir que el mensaje no sea político sino más bien que hay una política del mensaje.  Se busca, de esta manera, la democratización de los espacios artísticos que permitan un mayor acceso al arte y que lo saque del dominio de las galerías y museos.

Ambas modalidades deben estar protegidas, aquellas que surgen espontáneamente fruto de  manifestaciones, protestas y buscan plasmar un mensaje político como aquellas que buscan la democratización del arte a través de la ocupación de espacios urbanos antes vacíos.  Abogar por la censura de este tipo de expresión contribuye a la erosión de la democracia, reduce la participación en lo político y propicia que lo político sea acaparado por aquellos grupos e individuos que puede costear campañas publicitarias masivas.  De esta manera es importante conservar y defender los espacios de expresión espontáneos, defender el uso político que se hace de ellos y, sobre todo, no alinearse con el Estado en su discurso de criminalización de la protesta.


Nota Aclaratoria:  Se removió la imagen a pedido del compañero Gabriel Laborde.  La imagen leía como sigue: MAI y u no stop vandalizing?

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[1] Sobre el arte debo decir que lo tomaron del siguiente blog http://fuckyeah-y-u-no-guy.tumblr.com/

Mírame

¡mírame!

viernes 22/octubre

4:30 p.m.

El Capitolio - Lado Norte

Evento en Facebook

Te invita: Comité Contra la Homofobia y el Discrimen

Increíblemente, ya son parte de nuestra cotidianidad las pérdidas de compañer@s transgénero o transexuales en muertes violentas motivadas por la transfobia. La escasa legislación contra crímenes de odio en el país no sólo tiene un enfoque punitivo, que nada hace por prevenir los asesinatos por discrimen, sino que es letra muerta.

Los líderes fundamentalistas no se conforman con sembrar odio cada domingo en sus templos, sino que también comprometen los votos de sus respectivas feligresías para la compra de legislación que garantice sus intereses religiosos-económicos en el Estado.

Los personajes estereotipados y caricaturizados son la orden del día en los medios de comunicación, al igual que los reportajes que victimizan, estigmatizan y desinforman sobre las realidades de las personas trans.

El propio Gobierno de Puerto Rico, respondiendo a sus compromisos económicos y políticos con las iglesias fundamentalistas, propicia los crímenes de odio al reproducir discursos transfóbicos y considerar medidas como la de prohibir el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans, quienes tampoco tienen acceso equitativo a la salud y cuyas necesidades y particularidades la propia clase médica ignora.

Peor aún, la medicina, de entrada, les trata como enferm@s. Los catálogos de la Asociación Estadounidense de Siquiatría y de la Organización Mundial de la Salud consideran a las personas trans pacientes de "trastorno de identidad sexual o de género".

Como si fuera poco, el Estado promueve el desconocimiento generalizado sobre el género y la sexualidad. Dentro de sus primeras acciones como Gobernador, Luis Fortuño eliminó la perpectiva de género, iniciativa que hubiera integrado al currículo de las escuelas públicas la educación contra el machismo. De la misma manera, más recientente, la Administración Universitaria, a espaldas de la comunidad universitaria, eliminó el presupuesto del Programa de Estudios de la Mujer y el Género en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Como parte de la Jornada Internacional de Lucha por la Despatologización de las Identidades Trans, desde Puerto Rico, exigimos:

- El fin de los discursos transfóbicos en el Gobierno y los medios, y la aprobación de una política pública integral de prevención de crímenes de odio;

- El reemplazo del "trastorno de identidad sexual o de género" en los catálogos médicos DSM-V y CIE-11 por menciones no patologizantes, que garanticen el control de las personas trans sobre sus identidades, su igual acceso a la salud y la atención a sus necesidades;

- La reintegración de la perspectiva de género en las escuelas públicas y la restitución del presupuesto completo del Programa de Estudios de la Mujer y el Género en la UPR, así como su ampliación y fortalecimiento.

Manifiesto internacional - Stop Trans Pathologization 2012:

http://www.stp2012.info/ol

d/es/manifiesto

¡La transfobia nos enferma!

Semana de la Libertad de Expresión

Del 18 al 22 de octubre se celebrará la semana de la Libertad de Expresión, tan mancillada en estos tiempos.  Les dejo la promoción y les exhorto a apoyar esta actividad urgente y necesaria para promover la participación democrática.

Borran Mural del Movimiento Amplio de Mujeres

Dejo por acá un enlace al blog de la compañera Verónica Rivera Torres que nos relata lo acontecido hoy con el mural contra la violencia machista que pintara nuevamente el Movimiento Amplio de Mujeres.

Lo que sucedió esta tarde es inconcebible y por eso l@s invito a decir, con más vehemencia que nunca, basta de violencia contra las mujeres porque la censura es un tipo de violencia también. Basta ya!

Policía(s)

policía.

(Del lat. politīa, y este del gr. πολιτεία).

1. f. Cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas.

ORTOGR. Escr. con may. inicial.

2. f. Buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas, cumpliéndose las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno.

3. f. Limpieza, aseo.

4. f. desus. Cortesía, buena crianza y urbanidad en el trato y costumbres.

5. com. Cada uno de los miembros del cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público.

Nunca me ha caído bien la policía. No me cae bien la que se escribe con mayúscula y sobre la que se escribe con minúscula afirmo, como afirmaría Serrat, que entre ellos y yo hay algo personal. Eso sí, no me cae bien la policía estatal pero me cae aún menos bien la policía moral, la que censura, la que tapa, la esconde en nombre de lo políticamente correcto. Así, la policía enaltece a las vacas sagradas actuando con una especie de convicción moralista que me mete miedo, me hiela los huesos y hasta me da pesadillas por las noches.

Entonces me pregunto, entre la agitación y el miedo, qué diferencia hay entre el macanazo que te agrede físicamente y el macanazo simbólico que acalla tu voz, el macanazo que te dice cuándo y dónde puedes pensar pero sobre todo te da la línea de cómo y qué pensar. De nuevo me repica Serrat en la cabeza, coño niña deja de joder ya con la pelota, que eso no se hace, que eso no se dice, que eso no se toca.

De pequeña me enseñaron a no ceder a los chantajes. Mi padre fue claro: “nunca cedas al chantaje emocional, mucho menos al intelectual o al político”. Así es que una, cuando tiene padres así, comienza de pequeña a vivir entre el escándalo, el escarnio, el disenso, en fin, entre el margen y el afuera, y con el vómito súbito de la palabra siempre ahí.

Por eso estoy segura que el pensamiento se detiene en el instante mismo que las vacas sagradas aparecen en escena y la policía –con mayúscula- y los policías –con minúscula- emergen como los cuidadores incontrovertibles de la sagrada moral. La sagrada moral de lo políticamente correcto, la sagrada moral de que es correcto –o no- decir, mientras todos se ríen a las espaldas, la sagrada moral que fomenta la hipocresía y cercena el pensamiento con las consecuencias que esto tiene para el desarrollo de la comunidad –si es que hay- y el libre pensamiento -¿acaso hay libertad política sin libre pensar?-.

De esta manera, las vacas sagradas siguen rumiando y masticando el pasto del pensamiento crítico, lo digieren –bien digerido- a través de sus siete estómagos y lo devuelven al suelo en una gran cagada que servirá de abono para la hipocresía y el falso sentido de lo políticamente correcto.

Imagen tomada de Son tan solo sombras... [galletas espaciales]

Represión en Puerto Rico

De la libre expresión y la censura por Tania María Comosesuponía

(Les dejo por acá una reflexión de una compañera y amiga)

La imparcialidad y objetividad de la prensa están condicionadas a los argumentos que las sustenten, los mismos deben referir a fuentes confiables. Utilizar una noticia vieja donde aparezcan estudiantes protestando como evidencia de que desde hace años vienen con las quejas por cualquier estúpidez, por ejemplo, no es un argumento válido. Por qué protestaban? Cuáles eran las estúpideces -según opinan algunos- que pedían? El argumento debe ir acompañado de esto para que funcione.

Soy estudiante graduado de la Universidad de Puerto Rico, no llevo una década haciendo mi bachillerato como comentan sobre el estudiantado de la UPR individuos mal informados, o mejor aún no informados. Si existen estudiantes subgraduados bajo estas circunstancias, sus razones tendrán, no es de nadie juzgarlas.

La palabra anarquía proviene del término anarquismo, una filosofía política que nada tiene que ver con desorden. Hagan mejor sus investigaciones, la definición del RAE refiere a la connotación negativa que la palabra ha adquirido a través de los años por representar un sistema político que va en contra del capitalismo, el orden social que rige nuestras vidas. Sobre esto, por favor, corríjame o abunde quien pueda.

En cuanto a la policía, es muy cierto que existen personas que les faltan el respeto, sin embargo la misma prensa ha presenciado cantidad de ocasiones en que ellos se han vuelto abusivos injustificadamente.

La administración de la UPR no ha dicho que el semestre queda cancelado, y son muchos los profesores que continuan reuniendo sus cursos para que los estudiantes no se vean perjudicados.

Los estudiantes de la UPR no estamos solos, si han seguido las noticias, se habrán dado cuenta de que frente a los portones nos acompañan profesores, otras entidades y ciudadanos. Por qué será, no puede ser porque estamos protestando por el color del papel de baño que se compra.

Quien dice ser prensa, debe recordar que está bajo el ojo público todo el tiempo; este portal sirve para expresar lo que uno quiera (dentro de las normas específicadas por Facebook), pero no creo que incurrir en la ridiculez de dejarse llevar por las emociones y de borrar, censurar y bloquear a quien difiera con algún usuario sea muy prudente si la carrera que se ha escogido pertenece al campo de los medios informáticos. Además, este portal es un medio de expresión -recuerdan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?: Libertad de expresión. Yo también puedo decir lo que me da la gana.

Administración universitaria vandaliza piezas de arte

En el informe final de la Política Cultural para el Recinto de Río Piedras acogida en la Certificación del Senado Académico número 17 de 2008-2009 el Comité indica, citando al crítico teatral y compositor musical Alfredo Matilla, acá, que “la efervescente actividad artística en la Universidad de la época contribuyó a tejer hondos sentidos de pertenencia. El Recinto se convertía en un lugar que aportaba varias dimensiones a la vida cotidiana. Un territorio no sólo físico sino afectivo, soporte material y simbólico de la comunidad universitaria”.

Hoy por hoy, sin embargo, vemos que la construcción de vínculos afectivos y sentido de pertenencia no es una prioridad para la administración universitaria. A diferencia de esto lo que busca es propiciar un clima de descontento y desasosiego mediante el despliegue de su aparato coercitivo, la negación a establecer un diálogo transparente creador de soluciones y la censura.

Como podrán recordar el lunes pasado se dieron dos ocupaciones simultáneas. Por un lado se ocupó la Facultad de Ciencias Sociales donde la Guardia Universitaria intervino sin razón ni fundamento con el compañero Ibrahim García, aquí. El despliegue de fuerza, a través de la provocación y la amenaza, no sólo se dio en Sociales. Mientras compañerxs participaban de la toma en Humanidades decenas de guardias universitarios se personaron a la Plaza Antonia, aquí. La idea era detener la pintada de los banquitos de la Plaza, según afirmaron los mismos guardias y el conjunto de decanos y decanas allí reunidos. Resultado de las negociaciones fue que lxs compañerxs estudiantes continuaron con las manifestaciones artísticas y la Guardia Universitaria no intervinó, quizá por orden de la Administración

Sin embargo, el domingo 18 de abril mientras participaba de una actividad en Humanidades, me encontré con la brigada de la administración que estaba vandalizando las piezas de arte en las que los bancos -yermos y sin vida- se habían convertido. Digo vandalizando porque este es el lenguaje que utiliza la administración para censurar expresiones artísticas en áreas no designadas para ello y porque las acciones de la brigada eran claros actos de vandalismo.

Sin duda esto es un asunto de definiciones. La administración universitaria no reconoce el valor artístico de las piezas de lxs artistas-manifestantes y discursivamente lo instala en el inconsciente colectivo como vandalismo. De esta manera no es difícil encontrarse con expresiones como las de la guardia universitaria que velaba el proceso de censura “eran unas pinturas malignas, habían escrito y dañado los bancos” dijo. No puedo evitar comparar esto con el multimillonario proyecto de la ex gobernadora Sila Calderón cuando aún oficiaba como primera ejecutiva. Allá por el 2002 se asignaron quince millones de dólares para un proyecto de arte urbano, la intención era proyectar“Proyectar a Puerto Rico comomo centro y baluarte de la actividad artística”. ¿Qué diferencia existe entre el proyecto multimillonario que pretende ocupar espacios públicos en desuso o mal aprovechados y el proyecto artísticos del estudiantado riopedrense que está dirigido hacia ese mismo fin? No cabe duda que existe, por parte del Estado, una intención clara y manifiesta de acallar voces disidentes por medio de la censura del arte, en el caso de lxs estudiantes. La diferencia entre los aguacates del la Plaza del Mercado de Santurce y los bancos que Tristán y Lucas pintaron es que el primero es inofensivo políticamente hablando mientras que el segundo se hacía eco de un mensaje contundente, leía “liberty”.

El niño, visionario al fin, comprendió más que cualquier otra persona allí. Esto es un problema de libertad. Así y trayendo, con premeditación y alevosía, a Jean-Luc Nancy digamos que el asunto de la libertad está ubicado en la relación entre la esencia y la existencia, como diría Nancy “si la esencia entregada a la existencia no “libera”, de alguna manera, la existencia en su esencia más propia, entonces el pensamiento no tiene nada que ‘pensar’, y la existencia no tiene nada que ‘vivir’: una y otra quedan privadas de toda experiencia”. Con esto quiero decir que si no empezamos a pensar nuestra estancia en el mundo desde la libertad, de pensar, de decir, de sentir, seguiremos condenados a una vida sin experiencia y sin pensamiento.

A esta altura, me parece que la jugada de la administración no es sólo un acto de censura más; no es un simple acto de provocación. Pintar los bancos de la Plaza Antonia es un atentado contra la experiencia liberadora del pensamiento, del pensamiento como ese ejercicio reflexivo que permite imbricar la existencia con la esencia en un proceso dialéctico que, desde su contradicción, permite que florezca y aflore una nueva consciencia crítica y emancipadora.

En este sentido, estoy convencida que el estudiantado riopedrense en particular y los estudiantes en general no podemos permitir que se busque cercenar el pensamiento crítico expresado a través de las muestras artísticas en todas sus dimensiones. No sólo porque jurídicamente hablando esto presenta un problema de libertad de expresión y censura sino más bien por las implicaciones que esto tiene para el desarrollo de un colectivo que busca establecer otro tipo de modelo de país y que debe encontrar en la Universidad un facilitador del pensamiento y no su mayor detractor. La Universidad no puede ser otra cosa que el espacio del pensamiento libre que no es otra cosa que la síntesis entre la contradicción aparente entre esencia y existencia.

Por eso, el llamado es a la resistencia, no sólo desde el ámbito jurídico legal sino más bien desde el pensamiento crítico. No podemos resignarnos a que nos concedan permiso para pensar, porque si la esencia no nos libera no hay pensamiento que pueda ser pensado y en el momento en que no haya qué pensar habremos cedido por completo nuestra libertad.

¡A pintar de nuevo!

Apuntes universitarios

I.

La presidencia actual del Consejo es una herramienta de la Administración. Gabriel Laborde presentó un informe miope y malintencionado. René Vargas, síndico estudiantil, se vio en la necesidad de desmentir al presidente a la vez que presentaba su informe. Un estudiante en el piso señaló que, en declaraciones anteriores, Laborde manifestó su intención de renunciar al CGE si se aprobaba un voto de huelga indefinida. Parece ser que los puestos electivos traen un chip en la silla, si te sientas en ella automáticamente pierdes la memoria. Señor Laborde, usted representa al estudiantado de Río Piedras no a su propia agenda.

II.

En varias ocasiones la mesa, cual Senado de Puerto Rico, mantuvo los micrófonos apagados. En una oportunidad, mientras la compañera Tere Córdova se dirigía a la Asamblea, la mesa apagó el micrófono sin avisar que el turno había sido consumido. En otra ocasión la compañera Natalia Morales del CEDEP trató, infructuosamente, de pedir un turno el cual se le negó reiteradamente. La leyenda urbana cuenta que Laborde se negó a encenderle el micrófono a Natalia; no tengo dudas.

III.

El estudiantado riopedrense aprobó un paro de 48 horas que se llevará a cabo el miércoles 21 y el jueves 22 de abril sujeto a la concesión de los reclamos estudiantiles. Si los intentos de negociación resultaren infructuosos se activaría el voto de huelga indefinida. Frente a ambas opciones la administración ha dicho públicamente que no cederá a la presión de los mecanismos de lucha establecidos. Figueroa Sancha está listo para reprimir el proceso huelgario; seguramente piensa que 19 años no es nada y que es febril la mirada errante en las sombras te macanea y te reprime.

IV.

El gobernador Luis G. Fortuño señaló que los procesos huelgarios laceran el derecho a estudiar de quienes así quieren hacerlo. Debería aclarársele al gobernador que el pueblo de Puerto Rico quiere estudiar, es por eso que estudiantes militantes y combativos se aprestan no sólo a defender el propio derecho a estudiar sino el derecho de un pueblo a tener una universidad pública, de excelencia y asequible a todos y a todas. Lo que debe entender el gobernador, como señala Fernando Atria, es que la educación no es una mercancía es un derecho que el Estado debe garantizar y no comercializar, aunque el gobernador quiera por medio de ésta heredarle sus privilegios a los trillizos. Mientras ellos estudian en Estados Unidos los atletas provenientes de sectores menos aventajados probablemente ya no podrán llegar a la Universidad.

V.

Los revoltosos y las revoltosas de siempre no son agitadores profesionales, no son estudiantes mediocres, son personas comprometidas con el futuro y desarrollo de Puerto Rico. En este sentido podremos tener diferencias políticas e ideológicas pero si de algo no podemos tener dudas es del compromiso en la construcción de otro proyecto de país.

VI.

La represión se respira en Río Piedras, la solución a los conflictos y controversias son los ataques personales en lugar de los fundamentos y las razones. Lo señalado se da en todos los ámbitos y eso incluye la relación administración-profesores y profesoras. Las macanas están preparadas y la fuerza de choque alineada. Lo que no saben es que los y las estudiantes están preparados y preparadas para luchar porque ante la maquinaria represiva responderán con una resistencia combativa.

VII.

Como bien señala Mariana, la presidenta de la Junta de Síndicos una vez más sostiene que aquellos y aquellas a quienes llamó anarquistas hace unas semanas atrás, ahora también son parricidas. Me pregunto quién es el padre y quiénes los asesinos; está claro que el huérfano es el pueblo de Puerto Rico: huérfano de líderes y huérfano de Estado al amparo de un padrastro abusador.

VIII.

El títere que tenemos por presidente debe renunciar. Las actitudes dictatoriales deben ser erradicadas de estructuras representativas como el Consejo de Estudiantes. Los paros y la huelga son herramientas de lucha y mecanismos de resistencia a los que no podemos renunciar. A Figueroa Sancha y sus amenazas: que le garúe finito. No se trata de mi derecho individual a la educación, se trata de el derecho a la educación y es nuestra responsabilidad asegurarnos que las generaciones venideras accederán a la Universidad. La rectora y sus amenazas se pueden ir pa' su casa pero por favor que no se lleven al huérfano como hijo de crianza.

*Fotografía tomada del Nuevo Día

Represión y Censura en la UPR

Ante la ofensiva de la administración que atenta contra un proyecto de educación universitaria realmente emancipador, los y las estudiantes del Recinto de Río Piedras resistieron hoy. Las políticas represivas de los burócratas que administran la UPR se hicieron sentir desde la medianoche del domingo cuando se personaron en la Facultad de Ciencias Sociales más de un decena de guardias universitarios para intervenir con los y las estudiantes que preparaban la toma de dicha Facultad. Allí ofrecieron "arrestos" y macanas a los compañeros y las compañeras pero ante la superioridad en números del estudiantado tuvieron que retirarse.

Parece ser que la retirada de anoche los dejó ávidos de macanas y hoy por la mañana regresaron a Sociales para amedrentar y repartir palos. El saldo de la confrontación fue un estudiante herido y arrestado, acá. Mientras tanto la Plaza Antonia, en la Facultad de Humanidades, era el escenario de múltiples demostraciones artísticas. Dichas demostraciones formaban parte, al igual que en Ciencias Sociales, de la toma simbólica de la Facultad.

Compañeros y compañeras artistas decidieron llevar a cabo una pintada en los bancos maltrechos y descoloridos de la Plaza. El acto simbólico desató la furia de la administración de la Facultad quien movilizó más de una veintena de guardias universitarios preparados para intervenir con los y las estudiantes. Amparados en que el reglamento no permite pintar el patrimonio de la Universidad amenazaron con sancionar disciplinariamente a los artistas y a quienes intentaban negociar la continuidad de la actividad.

Un decano un tanto obstinado y prepotente rechazaba cualquier razón y fundamento provisto por los y las estudiantes y repartía amenazas de sanción cual burócrata del mejor de los Estados represivos. Ante los argumentos de libertad deexpresión, expresión artística protegida y derecho a la protesta Ramos Escobar repetía una y otra vez "no voy a hablar contigo, no soy abogado, tú no eres estudiante de Humanidades". Realmente es vergonzoso que un decano de una Facultad de Humanidades no sepa diferenciar entre arte y vandalismo. Me pregunto yo ¿si no conoce la diferencia cómo puede proteger y fomentar las humanidades?

Es preciso señalar que aún cuando el Estado tiene poder para reglamentar la libertad de expresión en tiempo, lugar y manera, las expresiones artísticas y políticas gozan de una protección especial. En Agreopagitica John Milton elaboró el concepto del Mercado de Ideas el cual fue desarrollada posteriormente por John Stuart Mill, uno de los padres del liberalismo. En este sentido, se arguyó que la libre competencia de ideas era un pilar básico para cualquier Estado democrático de Derecho y por ende las expresiones debían ser protegidas. Como la profesora Chloé Geroas señalaba en la clase de Derecho y Arte el semestre pasado “NO hay verdadera democracia SIN incomodidades al poder.”

De lo anterior se desprende que las leyes o decisiones y actos de entes privados y públicos no pueden limitar el Mercado de Ideas. Claro está, el Estado mantiene su "police power" pero para sólo podrá reglamentar cuestiones de de orden público y la seguridad cuando de arte se trate. La reglamentación excesiva constituye censura y con las actitudes de los decanos y decanas de turno quedo de manifiesto en en la UPR-RP domina un clima de censura y represión.

Quienes participaron de la toma en Humanidades fueron testigos del clima y orden en el cual se llevaron a cabo las actividades artísticas. Sin embargo, tanto la administración como su brazo coercitivo estaban listos para la provocación y el enfrentamiento. Así buscaron todas las maneras posibles para atentar contra la libertad de expresión, ejercer la censura de expresiones artísticas políticas y caldear ánimos para desatar la represión. Sin embargos los y las estudiantes combatientes y militantes no se dejaron amedrentar. Ante los argumentos personales de Ramos Escobar y su claque se contrapusieron los fundamentos, razones y argumentos para resistir, porque, como dice uno de los banquitos de la Plaza, si no nos dejan soñar no los dejaremos dormir.

Al momento de esta entrada me comunican que la administración de Humanidades cortó el suministro eléctrico, esto tiene el efecto de impedir un concierto que estaba pautado para hoy por la noche frente al teatro de la UPR. Es tiempo ya que el estudiantado de la UPR se rebele y exija lo que le corresponde, que la Universidad permanezca como la cuna y espacio del pensamiento crítico y liberador, que se reconozca el arte como un pilar fundamental en la creación de otro país pero que sobre todo se le exija a la administración universitaria que cese las políticas de censura y represión y se atenga al mandato de la Ley de la Universidad que establece que los conflictos deben ser resueltos de manera democrática y pacífica. Por una Universidad de excelencia, pública y gratuita lucharemos siempre.