- El Nuevo Dia, viernes 5 de septiembre de 2014, pág. 62
- Mariana G. Uriarte Mastronardo Abogada
Han pasado casi tres meses desde que se anunció la nominación de la hoy jueza asociada Maite Oronoz
Rodríguez al Tribunal Supremo. En esa oportunidad el gobernador dejó claro que nos encontrábamos ante un momento histórico por ser la primera mujer abiertamente lesbiana nominada al más alto foro.
Sin embargo, y con la confirmación aún fresca, hace pocos días el Departamento de Justicia compareció en representación del mismo que nominó a la jueza Oronoz Rodríguez para solicitar al Tribunal federal la desestimación de la demanda que presentara Ada Conde. Ada busca, entre otras cosas, que el matrimonio que contrajo en Massachusetts con su compañera Ivonne se reconozca en Puerto Rico. El Gobierno, aunque por cuestiones procesales, se empecina en defender una prohibición que es discriminatoria e inconstitucional.
Nadie debe dudar que la orientación sexual es una categoría sospechosa y que discriminar por esa razón no sólo contradice la Constitución sino que además violenta nociones básicas de justicia. Aunque no faltarán los apologistas que afirmen que esa categoría no está expresamente contenida en la Constitución y que, por tanto, el Estado puede discriminar por orientación sexual, no tienen razón. Los delegados y la delegada a la Convención Constituyente le brindaron una amplia protección a la dignidad humana y así lo consignaron en nuestra Carta Magna. ¿Negarles a dos personas que se aman el reconocimiento de su unión no es una afrenta contra la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad? Yo estoy convencida de que sí.
Sin embargo, y con la confirmación aún fresca, hace pocos días el Departamento de Justicia compareció en representación del mismo que nominó a la jueza Oronoz Rodríguez para solicitar al Tribunal federal la desestimación de la demanda que presentara Ada Conde. Ada busca, entre otras cosas, que el matrimonio que contrajo en Massachusetts con su compañera Ivonne se reconozca en Puerto Rico. El Gobierno, aunque por cuestiones procesales, se empecina en defender una prohibición que es discriminatoria e inconstitucional.
Nadie debe dudar que la orientación sexual es una categoría sospechosa y que discriminar por esa razón no sólo contradice la Constitución sino que además violenta nociones básicas de justicia. Aunque no faltarán los apologistas que afirmen que esa categoría no está expresamente contenida en la Constitución y que, por tanto, el Estado puede discriminar por orientación sexual, no tienen razón. Los delegados y la delegada a la Convención Constituyente le brindaron una amplia protección a la dignidad humana y así lo consignaron en nuestra Carta Magna. ¿Negarles a dos personas que se aman el reconocimiento de su unión no es una afrenta contra la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad? Yo estoy convencida de que sí.
Es por eso que no puedo esconder la indignación que me provoca el doble discurso en lo relacionado a los derechos de la comunidad LGBTTQIA. Defender anquilosados preceptos injustos y discriminatorios es inaceptable y no se puede justificar ni normalizar. Derecho no es sinónimo de justicia. La legalidad y la justicia muchas veces son senderos bifurcados y la legalidad de una acción no la convierte en justa. La responsabilidad del Estado debe ser encaminarse hacia la justicia y la justicia no se alcanza con dos o tres nombramientos. La justicia se alcanza reconociéndonos como ciudadanos con iguales derechos independientemente de nuestra orientación sexual.
Con la defensa del matrimonio heterosexual como la única unión válidamente reconocida por el Estado, este Gobierno le da la espalda a una parte considerable del País. Nuevamente parece decir que, aunque todos somos iguales, algunos son más iguales que otros.
Con la defensa del matrimonio heterosexual como la única unión válidamente reconocida por el Estado, este Gobierno le da la espalda a una parte considerable del País. Nuevamente parece decir que, aunque todos somos iguales, algunos son más iguales que otros.
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