El servicio Pro-Bono debería ser estimulado a todos los niveles pero lo cierto es que los abogados y abogadas tienen un llamado especial. El acceso a la justicia no puede ser el privilegio de algunos y algunas; el acceso a la justicia tiene que ser una garantía para los y las que diariamente quedan excluidos del sistema por falta de representación legal. Sin dinero no hay paraíso.
No es raro que tantos los abogados y las abogadas como los y las estudiantes de Derecho entiendan esto como un llamado a prestar un poco del tiempo que les sobra. Pero el servicio Pro-Bono es algo más; es un auténtico compromiso con la comunidad, con el acceso a la justicia y la democratización de los tribunales. La responsabilidad social no puede ni debe ser circunscrita al tiempo que nos sobra.
Puerto Rico está pasando por un momento crítico. Aunque el binomio oficial lo niegue, la política anticomunitaria está expuesta de una manera casi pornográfica y las políticas reaccionarias están a la orden del día. El Caño Martín Peña, Villas del Sol, Ceiba, los incidentes de Río Piedras, son sólo ejemplos de esas políticas. Ahora bien, en este escenario no sólo los y las estudiantes de Derecho que se comprometen cada año a prestar servicios Pro-Bono sino también los abogados y abogadas que día a día ejercen la profesión en nuestro país, están llamados y llamadas a garantizar que los sujetos de esas políticas acceda a los tribunales.
No podemos hacernos la vista larga y pensar que “such is life” es un comentario gracioso a las desigualdades manifiestas; ignorar que la censura de libros en la sistema público de educación es quitarle herramientas a los niños, niñas y jóvenes que están insertos en éste y por ende acentuar desigualdades; que la falta de acceso a vivienda asequible de los vecinos y vecinas de Villas del Sol está reducida a la vagancia y el mantengo; que la problemática de los y las residentes del Caño Martín Peña es un título de propiedad; que el problema de la criminalidad se resuelve prohibiendo la venta de alcohol después de las doce y activando la guardia nacional.
Hoy, más que nunca, los abogados, las abogadas, los estudiantes y las estudiantes de Derecho, deben comprometerse con el servicio Pro-Bono. Prestar asistencia legal a la multiplicidad de sectores amenazados que ordinariamente no tienen acceso a los tribunales es una obligación ética. Hoy más que nunca debemos comprometernos con el pensamiento crítico, la autorreflexión y la pregunta de por qué, para qué y para quién estudiamos Derecho. Pensar cuál es nuestra responsabilidad como abogados y abogadas frente a estas políticas anticomunitarias y represivas y asumir la representación de sus sujetos, de los y las que cada día quedan marginados, de los niños y niñas del sistema de educación pública que no acceden a herramientas que estimulan el pensamiento crítico a las que acceden los niños y las niñas del sistema privado.
Así, el servicio Pro-Bono no puede reducirse al tiempo que nos sobra; el servicio Pro-Bono es una responsabilidad de los abogados y las abogadas. El acceso a la justicia es un derecho de todas y todos incluyendo a quienes no pueden pagar honorarios. De más está decir que ignorar esa gran responsabilidad siempre es una opción para muchos y muchas. Somos libres para ignorar pero si ignoramos nos somos libres para hablar de Justicia. No es justo el sistema que responde con el “slogan” de moda “such is life”.
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