El pasado 13 de abril los y las estudiantes del recinto de Río Piedras llevamos a cabo nuestra primera Asamblea General de Estudiantes del semestre. Preocupados y preocupadas por el déficit presupuestario de 120 millones de dólares que enfrenta la Universidad y las medidas autoritarias tomadas por la administración para atenderlo el estudiantado acordó realizar un paro de 48 horas en el recinto riopedrense a manera de ultimátum. Exigíamos que se derogara la certificación número 98 sobre la política de exención de matrícula que establecía que quienes recibían algún tipo de beca o ayuda económica no podían ser acreedores a exención de matrícula basada en mérito o talento; también exigíamos la apertura de los libros de la Universidad; cero privatización de los activos universitarios; como así también cero aumentos en la matrícula. En la asamblea de estudiantes se conformó un Comité Negociador que tendría como función gestionar los reclamos ante la administración universitaria. El paro pautado inició el 21 de abril a las 4:00 a.m., sin embargo tan temprano como a las 9:30 a.m. de ese mismo día la rectora del Recinto de Río Piedras, Dra. Ana Rosa Guadalupe, decretó un cierre indefinido de la institución y tan pronto como a las 12:00 del mediodía la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía de Puerto Rico se apostaba en los portones de la Universidad.
Así las cosas, y ante la negativa de los jerarcas universitarios de negociar, el estudiantado comenzó una huelga indefinida según decretado en la asamblea estudiantil. Entre medio se presentaron diferentes recursos en los tribunales tanto por parte de los estudiantes como de la administración donde ésta última buscaba, principalmente, el desalojo forzoso de los y las huelguistas. La administración no tuvo éxito en su emprendimiento y ante el intento fracasado de servirse de los aparatos del Estado para desarticular un movimiento estudiantil en pie de lucha y democrático no tuvieron opción y se sentaron a negociar. Nunca lo hicieron de buena fe.
En lugar de escuchar los reclamos estudiantiles y dialogar se sirvieron de trampas y subterfugios para engañar al comité negociador y desprestigiarlo frente al pueblo. No tuvieron éxito, aún cuando violaron privilegios de confidencialidad, presentaron como acuerdos documentos de trabajo que sólo contenían entendidos, ni los estudiantes ni el pueblo de Puerto Rico nos doblegamos ante la amenaza y la ofensiva de la administración. Aún cuando entendíamos que no había adelanto alguno en la negociación, el liderato estudiantil, convocó una asamblea general de estudiantes destinadas a presentar los documentos trabajados con la administración. La asamblea se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico financiado por la Universidad y dónde los máximos burócratas esperaban se levantara el voto de huelga indefinido. Sin embargo, los y las estudiantes una vez más entendimos que no había avance alguno en la negociación y ratificamos por evidente mayoría, casi unanimidad, el voto de huelga indefinido. Luego de la Asamblea marchamos hacia el Capitolio de Puerto Rico para exigir que los y las representantes del pueblo atendieran nuestros reclamos. Nadie nos recibió más que la Policía de Puerto Rico dispuesta, como de costumbre, a reprimir a quienes luchamos por nuestros derechos.
En el proceso esta huelga se transformó y se redefinió numerosas veces. Se creó un colectivo de prensa estudiantil, una emisora de radio, se hicieron jornadas de poesía, cine-foros, performance, música, entre muchas otras actividades acorde al espíritu universitario. A las macanas y provocaciones de la policía los y las estudiantes respondimos con flores y canciones; a la intransigencia de la administración los y las estudiantes respondimos con pliegos de peticiones y posibles soluciones; ante la represión y autoritarismo del Estado los y las estudiantes respondimos con mayor combatividad basada en el respeto, el diálogo, la tolerancia pero sobre todo la democracia.
Si bien el Recinto de Río Piedras fue el primero en decretar la huelga indefinida pronto se le unieron los demás recintos universitarios. Actualmente diez de los once recintos que componen el sistema UPR están en huelga indefinida y se han agrupado en dos estructuras fundamentales sin perder su autonomía organizativa. Por un lado, el Comité Negociador Nacional (CNN) que está compuesto por cinco miembros del Recinto de Río Piedras y un miembro de cada uno de los diez recintos restantes y, por el otro, la Coordinadora Nacional de Recintos Universitarios (CoNaRU) que agrupa a delegados de todos los recintos bajo el lema “Once Recintos, Una UPR”. Desde ambas estructuras se está trabajando a nivel sistémico porque los y las estudiantes entendemos que ante el embate del gobierno abusivo y represor la unidad en la acción es la única alternativa.
Sin embargo la lucha de los y las estudiantes ha trascendido los límites de los portones de la Universidad de Puerto Rico, única institución pública de educación superior, y un pueblo solidario sumó a ésta. La creciente represión, la brutalidad policíaca, la violación de los más elementales derechos humanos, las políticas neofascistas impuestas por el gobierno neoliberal de Luis Fortuño y su claque millonaria, han contribuido a la indignación no sólo del pueblo puertorriqueño sino también de la Comunidad Internacional. Hoy, el mundo sabe que en Puerto Rico se están dando luchas que se dieron en otras partes del mundo a principio de siglo XX y que la razón principal para este estancamiento histórico no es otra que el colonialismo e imperialismo estadounidense.
De esta manera los y las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico exigimos que se derogue la Certificación número 98 y se asegure el libre acceso de los hijos e hijas del pueblo trabajador a las aulas de la UPR; se detengan los aumentos en el costo de la matrícula y se garantice que la UPR se mantendrá como patrimonio del Pueblo de Puerto Rico eliminando cualquier posibilidad de privatización o alianza público privada; que se abran los libros de la Universidad, se asegure la participación de ésta en los nuevos recaudos establecidos por el Estado y se establezca un plan de reorganización fiscal destinada a reducir al máximo la burocracia administrativa; exigimos también transparencia y participación en la elaboración del presupuesto pero sobre todo exigimos lo que los hermanos latinoaméricanos consiguieron a principios de siglo XX: verdadera autonomía y co-gobierno, en fin, una verdadera reforma universitaria para así lograr una universidad del pueblo y para el pueblo. ¡Lo lograremos! ¡Que vivan los y las estudiantes!
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