La violencia de género institucional
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Publicado: lunes, 10 de diciembre de 2012
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No presenta muchas dificultades identificar la violencia institucional manifestada por el Estado cuando se trata de atropellos físicos, como sufrió el estudiantado en la última huelga universitaria. Las jóvenes fueron particularmente afectadas al enfrentar agresiones sexuales cuando las manos de los uniformados las tocaron indebidamente mientras eran removidas de los espacios donde se manifestaban. También tuvo un efecto poderoso en la opinión pública la imagen de la madre y la hija que fueron tiradas al piso y golpeadas salvajemente por la Policía mientras participaban en una actividad de respaldo a las demandas universitarias frente al Capitolio. Sin embargo, hay otras actuaciones ejecutadas por el Estado a través de la gerencia de las agencias públicas y de personajes vinculados al aparato gubernamental que también constituyen violencia de género, aunque no conllevan el uso de fuerza física. La reflexión me transporta a los casos reseñados por la prensa en los cuales jóvenes son acusadas y encarceladas con altas fianzas que no pueden prestar por maltrato hacia sus hijas o hijos, pero son a su vez el producto de una remoción del hogar donde también eran víctimas y recorrieron innumerables hogares sustitutos bajo la custodia del Departamento de la Familia, donde el abuso sexual fue una de sus penurias. También son víctimas de maltrato institucional las menores de edad que son obligadas a asumir una maternidad para la cual no están preparadas porque el Estado no asume la responsabilidad de promover la salud y educación sexual, de hacer disponibles las alternativas de prevención de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual, así como la alternativa del aborto, siendo ésta una opción legal en Puerto Rico.
Constituyó violencia de Estado la embestida del gobierno contra las trabajadoras del sector público que fueron masivamente despedidas como resultado de la implantación de la Ley 7 en el 2009, estrategia utilizada para conjurar la crisis económica que enfrentaba el País. Hoy se confirma lo ya sospechado, por información que se ha filtrado a través del proceso de Transición entre el gobierno saliente y el entrante, que la medida que tanto daño causó en el aspecto económico y emocional a miles de hombres y mujeres, especialmente a estas últimas por ser mayoría en el escenario laboral gubernamental, para nada nos ha salvado de la debacle económica que abate al País. Los millones invertidos en contratos concedidos a representantes de los grandes intereses y a las agencias publicitarias añaden injuria y dolor a las trabajadoras que hoy siguen desempleadas mientras el gobierno en abierto abuso partidista reclutó gente adepta a su ideología para atornillarles con el objetivo de que cuiden la casa mientras regresan.
Las feministas también hemos sido víctimas de la violencia institucional durante los últimos cuatro años en Puerto Rico. Fue imposible no pensar en ello la noche del 6 de noviembre cuando fuera de sí y con palabras desaforadas el todavía alcalde de San Juan, Jorge Santini, se aferraba a su silla proclamando una victoria arrolladora, mientras los números que fluían con una lentitud exasperante apuntaban en otra dirección. Afloraba entonces la esperanza de que no tendríamos que aguantar cuatro años más su violencia verbal, la jactancia infinita que lo caracteriza y el abuso de poder con que ha mal timoneado a la capital del País. Cuando finalmente aceptó su derrota con llanto incontenible,que no era otra cosa que una manifestación de coraje por haber perdido su posición privilegiada ante una mujer cuyas fortalezas trató inútilmente de minimizar, retorné en el tiempo al 3 de julio de 2010. Ésa fue la fecha en que cuatro mujeres del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) vivieron en carne propia la violencia machista contra la que tanto hemos luchado, siempre en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Allí estaba el Estado, esa vez personificado por el alcalde y su Comisionado de Seguridad, Hilton Cordero, hoy en detención preventiva en la Cárcel Federal, por múltiples acusaciones de pornografía infantil, mientras también espera juicio en los tribunales de Puerto Rico por abuso sexual hacia una menor.
El aparato policial de San Juan fue movilizado para intervenir con las activistas mientras pintaban un mural con un poderoso mensaje en medio de una ola de feminicidios que exigían acción inmediata: Tod@s Contra la Violencia Machista. El lugar escogido para la pintada no era un edificio público o privado, sino un muro tradicionalmente usado para la expresión pública. Sobre éste se reprodujo un arte hermoso, lleno de color, de simbolismos con el claro propósito de llamar la atención de la mucha gente que transita por la Avenida 65 de Infantería. Se quería concienciar sobre el problema social y de salud pública que significa la violencia de género en nuestro País y la necesidad de que todas y todos nos incorporemos a los esfuerzos por erradicarla.
Sin embargo, en un dos por tres el Alcalde y su Comisionado tornaron la violencia en contra de las integrantes del MAMPR. De momento fueron rodeadas por patrullas y policías municipales, amenazadas con arrestos y multas, además de que recibieron burlas y hostigamiento verbal para tratar de minar su determinación. Los materiales de pintura fueron incautados, se expidieron multas de $1,000 a cada una y citaciones para la Sala de Investigaciones para someterles cargos criminales. El mural fue borrado como parte del operativo, pero no así la posición de las mujeres de reivindicar su derecho a la libertad de expresión. El mensaje educativo, artístico, de resistencia y defensa de derechos humanos fundamentales como el de vivir en paz, libres de violencia y de expresarse libremente se pintó en dos ocasiones adicionales y fue borrado por la instancia gubernamental. No hubo causa en el Tribunal Municipal para los cargos criminales y no conforme con ello el Alcalde y la Fiscalía del Estado apelaron la determinación al Tribunal Superior donde tampoco lograron su propósito. En el aspecto civil las feministas impugnaron la constitucionalidad de la ordenanza municipal cuya violación se les había imputado y obtuvieron a su favor un Entredicho Provisional y luego un Injunction Preliminar que validaba sus acciones. Pero, aun con su Comisionado encarcelado, el Alcalde de San Juan llevó el caso en revisión. Estando bajo la consideración del Tribunal de Apelaciones acudió al Supremo para que paralizara los procedimientos y lo logró. De vuelta al Tribunal de Apelaciones éste le dio la razón al Municipio y ordenó el pago inmediato de las multas. Ante este último evento procesal fueron las cuatro demandantes quienes acudieron al Tribunal Supremo para que revise la decisión.
No sabemos cuál será el resultado final del caso, pero lo cierto es que Santini, el alcalde saliente, no escatimó dinero para ir contra quienes sólo levantaban su bandera de lucha frente a la violencia machista. A los pocos días de ocurridos los hechos respaldó las acciones de su Comisionado y durante todo este tiempo el Bufete Aldarondo, cuya iguala con el Municipio es tan costosa que resolvería la difícil situación económica que atraviesan los albergues de mujeres sobrevivientes de violencia, mantuvo el dedo sobre la llaga hasta la pasada semana, que presentó su renuncia a la representación legal del caso, basándose en el cambio de administración ante la pérdida de las elecciones.
De algo sí estamos seguras, la violencia por razón de género hay que combatirla, sin importar de dónde provenga. La que enfrentaron Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, en cuya memoria se conmemora el 25 de noviembre como Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer, también fue violencia institucional en su máxima expresión, el asesinato. En su caso por ser mujeres, luchadoras contra el régimen dictatorial que sembró abuso, represión y muerte en la República Dominicana. En recuerdo y homenaje a ellas, así como de tantas otras mujeres que sobrevivieron a la violencia machista y las que no lograron hacerlo, renovamos los votos de continuar reivindicando el derecho a la equidad de género y de que podamos vivir en paz, pero con justicia.
La autora es abogada, activista y portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, OPMT.
Constituyó violencia de Estado la embestida del gobierno contra las trabajadoras del sector público que fueron masivamente despedidas como resultado de la implantación de la Ley 7 en el 2009, estrategia utilizada para conjurar la crisis económica que enfrentaba el País. Hoy se confirma lo ya sospechado, por información que se ha filtrado a través del proceso de Transición entre el gobierno saliente y el entrante, que la medida que tanto daño causó en el aspecto económico y emocional a miles de hombres y mujeres, especialmente a estas últimas por ser mayoría en el escenario laboral gubernamental, para nada nos ha salvado de la debacle económica que abate al País. Los millones invertidos en contratos concedidos a representantes de los grandes intereses y a las agencias publicitarias añaden injuria y dolor a las trabajadoras que hoy siguen desempleadas mientras el gobierno en abierto abuso partidista reclutó gente adepta a su ideología para atornillarles con el objetivo de que cuiden la casa mientras regresan.
Las feministas también hemos sido víctimas de la violencia institucional durante los últimos cuatro años en Puerto Rico. Fue imposible no pensar en ello la noche del 6 de noviembre cuando fuera de sí y con palabras desaforadas el todavía alcalde de San Juan, Jorge Santini, se aferraba a su silla proclamando una victoria arrolladora, mientras los números que fluían con una lentitud exasperante apuntaban en otra dirección. Afloraba entonces la esperanza de que no tendríamos que aguantar cuatro años más su violencia verbal, la jactancia infinita que lo caracteriza y el abuso de poder con que ha mal timoneado a la capital del País. Cuando finalmente aceptó su derrota con llanto incontenible,que no era otra cosa que una manifestación de coraje por haber perdido su posición privilegiada ante una mujer cuyas fortalezas trató inútilmente de minimizar, retorné en el tiempo al 3 de julio de 2010. Ésa fue la fecha en que cuatro mujeres del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) vivieron en carne propia la violencia machista contra la que tanto hemos luchado, siempre en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Allí estaba el Estado, esa vez personificado por el alcalde y su Comisionado de Seguridad, Hilton Cordero, hoy en detención preventiva en la Cárcel Federal, por múltiples acusaciones de pornografía infantil, mientras también espera juicio en los tribunales de Puerto Rico por abuso sexual hacia una menor.
El aparato policial de San Juan fue movilizado para intervenir con las activistas mientras pintaban un mural con un poderoso mensaje en medio de una ola de feminicidios que exigían acción inmediata: Tod@s Contra la Violencia Machista. El lugar escogido para la pintada no era un edificio público o privado, sino un muro tradicionalmente usado para la expresión pública. Sobre éste se reprodujo un arte hermoso, lleno de color, de simbolismos con el claro propósito de llamar la atención de la mucha gente que transita por la Avenida 65 de Infantería. Se quería concienciar sobre el problema social y de salud pública que significa la violencia de género en nuestro País y la necesidad de que todas y todos nos incorporemos a los esfuerzos por erradicarla.
Sin embargo, en un dos por tres el Alcalde y su Comisionado tornaron la violencia en contra de las integrantes del MAMPR. De momento fueron rodeadas por patrullas y policías municipales, amenazadas con arrestos y multas, además de que recibieron burlas y hostigamiento verbal para tratar de minar su determinación. Los materiales de pintura fueron incautados, se expidieron multas de $1,000 a cada una y citaciones para la Sala de Investigaciones para someterles cargos criminales. El mural fue borrado como parte del operativo, pero no así la posición de las mujeres de reivindicar su derecho a la libertad de expresión. El mensaje educativo, artístico, de resistencia y defensa de derechos humanos fundamentales como el de vivir en paz, libres de violencia y de expresarse libremente se pintó en dos ocasiones adicionales y fue borrado por la instancia gubernamental. No hubo causa en el Tribunal Municipal para los cargos criminales y no conforme con ello el Alcalde y la Fiscalía del Estado apelaron la determinación al Tribunal Superior donde tampoco lograron su propósito. En el aspecto civil las feministas impugnaron la constitucionalidad de la ordenanza municipal cuya violación se les había imputado y obtuvieron a su favor un Entredicho Provisional y luego un Injunction Preliminar que validaba sus acciones. Pero, aun con su Comisionado encarcelado, el Alcalde de San Juan llevó el caso en revisión. Estando bajo la consideración del Tribunal de Apelaciones acudió al Supremo para que paralizara los procedimientos y lo logró. De vuelta al Tribunal de Apelaciones éste le dio la razón al Municipio y ordenó el pago inmediato de las multas. Ante este último evento procesal fueron las cuatro demandantes quienes acudieron al Tribunal Supremo para que revise la decisión.
No sabemos cuál será el resultado final del caso, pero lo cierto es que Santini, el alcalde saliente, no escatimó dinero para ir contra quienes sólo levantaban su bandera de lucha frente a la violencia machista. A los pocos días de ocurridos los hechos respaldó las acciones de su Comisionado y durante todo este tiempo el Bufete Aldarondo, cuya iguala con el Municipio es tan costosa que resolvería la difícil situación económica que atraviesan los albergues de mujeres sobrevivientes de violencia, mantuvo el dedo sobre la llaga hasta la pasada semana, que presentó su renuncia a la representación legal del caso, basándose en el cambio de administración ante la pérdida de las elecciones.
De algo sí estamos seguras, la violencia por razón de género hay que combatirla, sin importar de dónde provenga. La que enfrentaron Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, en cuya memoria se conmemora el 25 de noviembre como Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer, también fue violencia institucional en su máxima expresión, el asesinato. En su caso por ser mujeres, luchadoras contra el régimen dictatorial que sembró abuso, represión y muerte en la República Dominicana. En recuerdo y homenaje a ellas, así como de tantas otras mujeres que sobrevivieron a la violencia machista y las que no lograron hacerlo, renovamos los votos de continuar reivindicando el derecho a la equidad de género y de que podamos vivir en paz, pero con justicia.
La autora es abogada, activista y portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, OPMT.
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