Sobre el derecho humano de habitar ciudades seguras y libres de violencia
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Publicado: lunes, 10 de diciembre de 2012
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Zoan T. Dávila Roldán/Especial para En Rojo
La vida de Karla nunca será igual. Los sentimientos que se apoderaron de su mente luego de ser agredida sexualmente le hicieron tomar la decisión de abandonar su pueblo natal para comenzar una nueva vida en otro espacio fuera de la Isla. Aunque esta joven mujer de 24 años conoció desde pequeña la violencia de género en su hogar, nunca pensó que fuera en un espacio público, mientras se proponía a ayudar a un “conocido” a buscar unas pertenencias, que sufriría la peor experiencia de su vida. El joven hombre, un usuario de drogas al que conocía desde pequeña, la sorprendió de espaldas golpeando su cabeza repetidamente con una roca. Luego, aprovechando que se encontraba aturdida, la violó. Al recuperar la consciencia, en plena violación, golpeó al hombre y pudo escapar. Con la cabeza ensangrentada y abierta, producto de los golpes a los que su violador la sometió, corrió gritando a una casa cercana donde le dieron asilo y pudo llamar a una ambulancia y a la Policía. Aunque el agresor fue convicto por el delito cometido, la inseguridad, desconfianza y miedo que siente la joven al transitar las calles son sentimientos que han prevalecido.
En Puerto Rico, el tema de la violencia de género no es un fenómeno desconocido. Las muertes de decenas de mujeres a manos de sus parejas cada año son el ejemplo más común de esta problemática. Poco a poco, los medios de comunicación se han hecho eco del mensaje de diversas organizaciones feministas, dejando a un lado el término “violencia doméstica” para acuñar el que define a cabalidad este tipo de violencia contra las mujeres que no ocurre sólo en el espacio doméstico. Las ciudades son otro foco donde suceden expresiones de violencia que son igualmente provocadas por el sexismo, el discrimen de género y la desigualdad entre los sexos. A diferencia de la violencia en el hogar, en el espacio público los agresores son desconocidos o instituciones que perpetran la violencia de género mediante dos formas: la acción y la omisión. Por un lado, casos como el de Karla que suceden a base de la acción, cuando la violencia se ejerce activamente y se reproduce en distintos espacios y formas. Son expresiones cotidianas de violencia sexual en el espacio público las insinuaciones sexuales, chistes o conductas invasivas del espacio personal corporal y la posibilidad de abuso sexual o violaciones. Por otra parte, la violencia de género por omisión surge a través de la indiferencia y la falta de ayuda e intervención de la familia, comunidad o por el propio Estado. El Estado, por ser garante de los derechos de los ciudadanos, somete en estos casos a las mujeres a una doble victimización al desatender o ignorar las problemáticas que les afectan. La omisión provoca que se legitimen estas conductas y se acepten como parte del cotidiano vivir.
La incidencia de crímenes violentos en las calles de Puerto Rico ha sufrido un alza considerable. Entre los cientos de incidentes que se reseñan a diario se pierden de perspectiva aquellos que representan patrones de violencia de género. Estos casos no son reseñados mediáticamente ni considerados por las autoridades como tales, sino como hechos aislados, lo que ha provocado una marcada invisibilización de este problema. El Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia en su Informe Internacional publicado en el 2003, destaca las estadísticas sobre asesinatos de mujeres o feminicidios en 40 países en los 5 continentes. Dichos asesinatos se dividen en tres tipos, feminicidios en general, feminicidios domésticos y feminicidios en la relación de pareja. En el renglón de países por número de mujeres asesinadas por cada millón de mujeres en 2003, Puerto Rico ocupaba el número 7, en una lista de 40 países. En el 2006, se publicó nuevamente el informe posicionándose Puerto Rico en el sexto lugar en el ranking de países por número de mujeres asesinadas por cada millón de mujeres. En lo que va de año han sucedido más de 30 muertes por violencia de género en el hogar, sin embargo, no se han contabilizado las muertes de decenas de mujeres ocurridas por similares circunstancias en espacios urbanos. Cabe destacar entre estos incidentes de violenta de género los más reseñados y comentados. Hace poco más de un año fue asesinada una mujer estadounidense que corría por un área vecinal cuando fue secuestrada y abusada, mientras que una corredora de seguros fue violada y asesinada por un cliente al que fue a visitar. De igual forma, el asalto perpetuado a la dueña de un salón de belleza que se emprendió a tiros con el sujeto, el asesinato de una dueña de una floristería junto a su madre, el secuestro, violación y asesinato de una mujer embarazada en un centro comercial y hasta las agresiones a estudiantes huelguistas de la UPR por parte de la Policía de Puerto Rico forman parte de la lista de incidentes que no son reconocidos por el Estado como situaciones de violencia de género, pero que claramente representan un ejercicio de poder abusivo sobre los cuerpos y la salud emocional de las mujeres. Según Liliana Rainero, gestora del programa “Construyendo ciudades seguras” de ONU Mujeres, estos incidentes y muchos otros menos violentos que viven las mujeres en las ciudades a diario provocan que éstas desarrollen conductas de autoprotección, evitando así lugares, horarios y el asistir a actividades de índole social o política de su interés. De tener que salir de noche, se manifiesta la necesidad de que alguien las acompañe.
“Gran parte de las conductas de evitamiento se explican por una socialización de las mujeres respecto del espacio público, donde éste se muestra como peligroso para las niñas y mujeres y de alguna forma, como no permitido del mismo modo que para los varones. Esto genera que las mujeres ejerzan un continuo control y autocontrol sobre sí y sus acciones cuando transitan o permanecen en el espacio público lo que produce limitaciones y restricciones en sus movimientos y autonomías.”
La “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (1993) define la violencia de género como “todo acto de violencia basado en el género que resulta, o puede resultar, en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada”. Muchos países como Argentina, Ecuador, Colombia y Chile han adoptado entre su política pública, medidas relacionadas a mejorar la situación de violencia que viven las mujeres en los espacios públicos, reconociendo que el derecho a las mujeres de habitar ciudades seguras es un derecho humano que debe ser considerado en toda medida de planificación urbana. Esta afirmación es respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS,) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que reconocen que éste también es un asunto de salud pública.
En Puerto Rico el asunto de la seguridad de las mujeres en el ámbito público brilla por su ausencia en la discusión pública, y en el trabajo de las agencias que gestionan la seguridad de los ciudadanos. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres se ha expresado poco o nada sobre el tema, mientras que en su página de internet no existe información alguna sobre esfuerzos para fiscalizar las distintas ramas de gobierno para que atiendan el problema. Incluso, no existen estadísticas que pongan en perspectiva la muerte o abuso de mujeres en las ciudades que estén relacionadas con dinámicas de violencia de género. La labor que la agencia públicamente ha reseñado versa sobre los casos de violencia ocurridos en el seno del hogar, dejando entrever la total exclusión de la protección a las mujeres en el espacio público. Diversas voces del feminismo han criticado la gestión de la Procuraduría en distintos foros. La presidenta del Colegio de Abogados Ana I. Rivera Lassén expresó la necesidad de que la procuradora reevalúe su gestión y fiscalice las agencias pertinentes, entre ellas el Departamento de Educación, para que finalmente se implante un currículo que promueva la equidad. Por otra parte, la catedrática de la facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Esther Vicente expresó en un foro sobre el tema, que la labor de fiscalización y monitoreo que debe tener la oficina sobre agencias de gobierno es una invisible. En el foro, en que también participaron la licenciada María Dolores Fernós y la sicóloga Mercedes Rodríguez, coincidieron que ni siquiera los políticos le daban importancia a la violencia de género al nivel de que ninguno se había expresado sobre el asunto como parte de su plataforma de gobierno.
ONU Mujeres, con colaboración de diversas organizaciones implantó en Bogotá un programa de atención a la violencia de género en espacios públicos que incluyó la formación de Consejos de Seguridad formados por autoridades locales, alcaldes y ciudadanos para formular, aprobar y tramitar planes integrales para atender el problema. De igual manera, otro ejemplo de acción afirmativa se realizó en Argentina, donde la Red Mujer y Hábitat de América Latina redactó un manual educativo para agentes de seguridad sobre la violencia de género en el ámbito privado y público, así como la forma de atender eficientemente incidentes relacionados con esta problemática. En Cataluña, la Generalitat, organismo bajo el cual opera el gobierno presentó una guía que contiene metodologías y herramientas para que las administraciones públicas y locales puedan trabajar el tema de la seguridad desde una perspectiva multidisciplinaria e incluyendo la visión de las mujeres en sus proyectos. La publicación servirá a las entidades para que actúen y creen un protocolo de actuación con el objetivo de que los problemas de inseguridad en sus ciudades desaparezcan o disminuyan. La autora de la guía, la licenciada María Naredo, quien se ha especializado en defender los derechos de las mujeres, señaló que existe desconocimiento del significado de inseguridad para las mujeres y, por ello, a menudo las medidas que se establecen en las políticas de seguridad de las ciudades, no son eficaces, pues no tienen en cuenta las demandas específicas del género femenino. ONU Mujeres y la Red Mujer y Hábitat de América Latina, sugieren por medio del manual “Construyendo ciudades seguras”, algunas sugerencias para atender el problema. Esto por medio de experiencias innovadoras de intervención en ciudades. Las estrategias propuestas se plantearon en cuatro categorías, que incluyen, la producción de conocimientos e innovación, la sensibilización y capacitación de actores, el fortalecimiento de organizaciones de mujeres para incrementar su capacidad de incidencia política, y el desarrollo de experiencias participativas de intervención en los barrios de los pueblos o ciudades a impactar. Es importante que para implantar estas estrategias, funjan como copartidarias las organizaciones sin fines de lucro, la ciudadanía pero, sobre todo, la gestión responsable del Estado.
En Puerto Rico, el tema de la violencia de género no es un fenómeno desconocido. Las muertes de decenas de mujeres a manos de sus parejas cada año son el ejemplo más común de esta problemática. Poco a poco, los medios de comunicación se han hecho eco del mensaje de diversas organizaciones feministas, dejando a un lado el término “violencia doméstica” para acuñar el que define a cabalidad este tipo de violencia contra las mujeres que no ocurre sólo en el espacio doméstico. Las ciudades son otro foco donde suceden expresiones de violencia que son igualmente provocadas por el sexismo, el discrimen de género y la desigualdad entre los sexos. A diferencia de la violencia en el hogar, en el espacio público los agresores son desconocidos o instituciones que perpetran la violencia de género mediante dos formas: la acción y la omisión. Por un lado, casos como el de Karla que suceden a base de la acción, cuando la violencia se ejerce activamente y se reproduce en distintos espacios y formas. Son expresiones cotidianas de violencia sexual en el espacio público las insinuaciones sexuales, chistes o conductas invasivas del espacio personal corporal y la posibilidad de abuso sexual o violaciones. Por otra parte, la violencia de género por omisión surge a través de la indiferencia y la falta de ayuda e intervención de la familia, comunidad o por el propio Estado. El Estado, por ser garante de los derechos de los ciudadanos, somete en estos casos a las mujeres a una doble victimización al desatender o ignorar las problemáticas que les afectan. La omisión provoca que se legitimen estas conductas y se acepten como parte del cotidiano vivir.
La incidencia de crímenes violentos en las calles de Puerto Rico ha sufrido un alza considerable. Entre los cientos de incidentes que se reseñan a diario se pierden de perspectiva aquellos que representan patrones de violencia de género. Estos casos no son reseñados mediáticamente ni considerados por las autoridades como tales, sino como hechos aislados, lo que ha provocado una marcada invisibilización de este problema. El Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia en su Informe Internacional publicado en el 2003, destaca las estadísticas sobre asesinatos de mujeres o feminicidios en 40 países en los 5 continentes. Dichos asesinatos se dividen en tres tipos, feminicidios en general, feminicidios domésticos y feminicidios en la relación de pareja. En el renglón de países por número de mujeres asesinadas por cada millón de mujeres en 2003, Puerto Rico ocupaba el número 7, en una lista de 40 países. En el 2006, se publicó nuevamente el informe posicionándose Puerto Rico en el sexto lugar en el ranking de países por número de mujeres asesinadas por cada millón de mujeres. En lo que va de año han sucedido más de 30 muertes por violencia de género en el hogar, sin embargo, no se han contabilizado las muertes de decenas de mujeres ocurridas por similares circunstancias en espacios urbanos. Cabe destacar entre estos incidentes de violenta de género los más reseñados y comentados. Hace poco más de un año fue asesinada una mujer estadounidense que corría por un área vecinal cuando fue secuestrada y abusada, mientras que una corredora de seguros fue violada y asesinada por un cliente al que fue a visitar. De igual forma, el asalto perpetuado a la dueña de un salón de belleza que se emprendió a tiros con el sujeto, el asesinato de una dueña de una floristería junto a su madre, el secuestro, violación y asesinato de una mujer embarazada en un centro comercial y hasta las agresiones a estudiantes huelguistas de la UPR por parte de la Policía de Puerto Rico forman parte de la lista de incidentes que no son reconocidos por el Estado como situaciones de violencia de género, pero que claramente representan un ejercicio de poder abusivo sobre los cuerpos y la salud emocional de las mujeres. Según Liliana Rainero, gestora del programa “Construyendo ciudades seguras” de ONU Mujeres, estos incidentes y muchos otros menos violentos que viven las mujeres en las ciudades a diario provocan que éstas desarrollen conductas de autoprotección, evitando así lugares, horarios y el asistir a actividades de índole social o política de su interés. De tener que salir de noche, se manifiesta la necesidad de que alguien las acompañe.
“Gran parte de las conductas de evitamiento se explican por una socialización de las mujeres respecto del espacio público, donde éste se muestra como peligroso para las niñas y mujeres y de alguna forma, como no permitido del mismo modo que para los varones. Esto genera que las mujeres ejerzan un continuo control y autocontrol sobre sí y sus acciones cuando transitan o permanecen en el espacio público lo que produce limitaciones y restricciones en sus movimientos y autonomías.”
La “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (1993) define la violencia de género como “todo acto de violencia basado en el género que resulta, o puede resultar, en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada”. Muchos países como Argentina, Ecuador, Colombia y Chile han adoptado entre su política pública, medidas relacionadas a mejorar la situación de violencia que viven las mujeres en los espacios públicos, reconociendo que el derecho a las mujeres de habitar ciudades seguras es un derecho humano que debe ser considerado en toda medida de planificación urbana. Esta afirmación es respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS,) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que reconocen que éste también es un asunto de salud pública.
En Puerto Rico el asunto de la seguridad de las mujeres en el ámbito público brilla por su ausencia en la discusión pública, y en el trabajo de las agencias que gestionan la seguridad de los ciudadanos. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres se ha expresado poco o nada sobre el tema, mientras que en su página de internet no existe información alguna sobre esfuerzos para fiscalizar las distintas ramas de gobierno para que atiendan el problema. Incluso, no existen estadísticas que pongan en perspectiva la muerte o abuso de mujeres en las ciudades que estén relacionadas con dinámicas de violencia de género. La labor que la agencia públicamente ha reseñado versa sobre los casos de violencia ocurridos en el seno del hogar, dejando entrever la total exclusión de la protección a las mujeres en el espacio público. Diversas voces del feminismo han criticado la gestión de la Procuraduría en distintos foros. La presidenta del Colegio de Abogados Ana I. Rivera Lassén expresó la necesidad de que la procuradora reevalúe su gestión y fiscalice las agencias pertinentes, entre ellas el Departamento de Educación, para que finalmente se implante un currículo que promueva la equidad. Por otra parte, la catedrática de la facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Esther Vicente expresó en un foro sobre el tema, que la labor de fiscalización y monitoreo que debe tener la oficina sobre agencias de gobierno es una invisible. En el foro, en que también participaron la licenciada María Dolores Fernós y la sicóloga Mercedes Rodríguez, coincidieron que ni siquiera los políticos le daban importancia a la violencia de género al nivel de que ninguno se había expresado sobre el asunto como parte de su plataforma de gobierno.
ONU Mujeres, con colaboración de diversas organizaciones implantó en Bogotá un programa de atención a la violencia de género en espacios públicos que incluyó la formación de Consejos de Seguridad formados por autoridades locales, alcaldes y ciudadanos para formular, aprobar y tramitar planes integrales para atender el problema. De igual manera, otro ejemplo de acción afirmativa se realizó en Argentina, donde la Red Mujer y Hábitat de América Latina redactó un manual educativo para agentes de seguridad sobre la violencia de género en el ámbito privado y público, así como la forma de atender eficientemente incidentes relacionados con esta problemática. En Cataluña, la Generalitat, organismo bajo el cual opera el gobierno presentó una guía que contiene metodologías y herramientas para que las administraciones públicas y locales puedan trabajar el tema de la seguridad desde una perspectiva multidisciplinaria e incluyendo la visión de las mujeres en sus proyectos. La publicación servirá a las entidades para que actúen y creen un protocolo de actuación con el objetivo de que los problemas de inseguridad en sus ciudades desaparezcan o disminuyan. La autora de la guía, la licenciada María Naredo, quien se ha especializado en defender los derechos de las mujeres, señaló que existe desconocimiento del significado de inseguridad para las mujeres y, por ello, a menudo las medidas que se establecen en las políticas de seguridad de las ciudades, no son eficaces, pues no tienen en cuenta las demandas específicas del género femenino. ONU Mujeres y la Red Mujer y Hábitat de América Latina, sugieren por medio del manual “Construyendo ciudades seguras”, algunas sugerencias para atender el problema. Esto por medio de experiencias innovadoras de intervención en ciudades. Las estrategias propuestas se plantearon en cuatro categorías, que incluyen, la producción de conocimientos e innovación, la sensibilización y capacitación de actores, el fortalecimiento de organizaciones de mujeres para incrementar su capacidad de incidencia política, y el desarrollo de experiencias participativas de intervención en los barrios de los pueblos o ciudades a impactar. Es importante que para implantar estas estrategias, funjan como copartidarias las organizaciones sin fines de lucro, la ciudadanía pero, sobre todo, la gestión responsable del Estado.
La autora es periodista y estudiante de derecho.
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