En defensa de las mujeres que defienden los derechos
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Publicado: lunes, 10 de diciembre de 2012
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Eva Prados/Especial para En Rojo
En ocasión de la pasada conmemoración del Día Internacional de No más Violencia hacia las Mujeres (25 noviembre) quiero pararme a reflexionar sobre las violencias que enfrentan aquellas que se han levantado a defender sus derechos y los de otros y otras en Puerto Rico.
No es una reflexión aislada, sino parte de la evaluación y monitoreo que organizaciones de derechos humanos como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y foros internacionales han sido forzados a realizar por la situación y riesgo que enfrentan las defensoras de derechos humanos en nuestra región.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un defensor o defensora de derechos humanos es “toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional”. Asimismo, la CIDH ha expresado que las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta. Por lo tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad.
Lamentablemente, ser mujer, defensora y activista, te expone a riesgos y situaciones que no enfrentan defensores masculinos ni otras mujeres. Las defensoras muchas veces son objeto de agresiones sexuales y situaciones familiares que no enfrentan los hombres. De igual forma, son perseguidas políticamente, criminalizadas y difamadas; enfrentan problemas para conseguir empleo o ascensos; se les niega recursos para sus organizaciones, sólo por su activismo en defensa de los derechos humanos de todos y todas.
Toca marcar dos tipos de violencia de género en la situación de las defensoras de derechos humanos. Primero, la violencia de género traducida en las barreras y problemas que enfrentan las mujeres, por ser mujeres, en su activismo en la protección de los derechos humanos. Otro tipo de violencia de género es la situación particular de las defensoras de derechos humanos que luchan específicamente por los derechos de las mujeres.
La violencia de género hacia las defensoras de derechos humanos en Puerto Rico la pudimos ver recientemente con las agresiones sexuales por parte de la policía a nuestras estudiantes de la UPR en lucha por su derecho a la educación. Las feministas y organizaciones de mujeres han sido víctimas de persecución política y violencia de Estado. Durante los años 70’, las feministas, al igual que los grupos independentistas, fueron objeto constante de vigilancia estatal. Existen carpetas de feministas por el sólo hecho de convocar a manifestaciones en conmemoración al 25 de noviembre y por su activismo a favor de la igualdad de las mujeres.
Los grupos feministas y defensoras de derechos humanos que denunciaron el problema de violencia doméstica en la Isla y cabildearon por la aprobación de la Ley 54 fueron calumniadas y difamadas en su carácter personal por grupos opositores privados. Por ejemplo, no olvidamos las acusaciones falsas y acciones del señor José Luis Morales, también llamado “Cheo el gruero”.
Las defensoras de derechos humanos que promueven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con mayor frecuencia sufren criminalización y difamación por parte del Estado, grupos privados y los medios de comunicación. Por ejemplo, hemos recibido denuncias de mujeres que han sido acusadas de prostitución sólo por intervenir durante episodios de abuso policíaco en una redada para trabajadoras sexuales. Lo vemos cuando se aprueban regulaciones especiales que afectan la operación legal de organizaciones de mujeres en formas cuyo propósito es inhibir su trabajo a favor del derecho al aborto y otros derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
La tendencia observada en el País de restricción al derecho a la libertad de expresión afectó también el trabajo de las defensoras de derechos humanos. El mejor ejemplo fue lo sucedido con las integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres que por su trabajo de campaña en contra de la violencia machista, pintaron un mural y fueron multadas por $1,000 y perseguidas políticamente. De igual manera, las organizaciones que brindan servicios a mujeres muchas veces ven sus presupuestos amenazados si critican o confrontan al gobierno. Sin dejar fuera la amenaza que representa el nuevo Código Penal en el trabajo de denuncia de los movimientos de mujeres.
Las Naciones Unidas han expresado que esta tendencia de control y restricción legales afecta severamente la protección de los derechos humanos ya que los recursos y el tiempo necesarios para responder a tales exigencias desalienta a activistas por los derechos humanos de las mujeres a formar organizaciones.
Finalmente, y no menos importante, las defensoras de derechos humanos son foco de violencia y discrimen de género dentro de sus propias familias y parejas que no respetan y valoran su trabajo social. Muchas veces son nuestras propias familias quienes nos cuestionan y limitan.
No permitamos que esto siga ocurriendo. Defendamos nuestro derecho a soñar con que otro mundo es posible.
No es una reflexión aislada, sino parte de la evaluación y monitoreo que organizaciones de derechos humanos como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y foros internacionales han sido forzados a realizar por la situación y riesgo que enfrentan las defensoras de derechos humanos en nuestra región.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un defensor o defensora de derechos humanos es “toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional”. Asimismo, la CIDH ha expresado que las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta. Por lo tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad.
Lamentablemente, ser mujer, defensora y activista, te expone a riesgos y situaciones que no enfrentan defensores masculinos ni otras mujeres. Las defensoras muchas veces son objeto de agresiones sexuales y situaciones familiares que no enfrentan los hombres. De igual forma, son perseguidas políticamente, criminalizadas y difamadas; enfrentan problemas para conseguir empleo o ascensos; se les niega recursos para sus organizaciones, sólo por su activismo en defensa de los derechos humanos de todos y todas.
Toca marcar dos tipos de violencia de género en la situación de las defensoras de derechos humanos. Primero, la violencia de género traducida en las barreras y problemas que enfrentan las mujeres, por ser mujeres, en su activismo en la protección de los derechos humanos. Otro tipo de violencia de género es la situación particular de las defensoras de derechos humanos que luchan específicamente por los derechos de las mujeres.
La violencia de género hacia las defensoras de derechos humanos en Puerto Rico la pudimos ver recientemente con las agresiones sexuales por parte de la policía a nuestras estudiantes de la UPR en lucha por su derecho a la educación. Las feministas y organizaciones de mujeres han sido víctimas de persecución política y violencia de Estado. Durante los años 70’, las feministas, al igual que los grupos independentistas, fueron objeto constante de vigilancia estatal. Existen carpetas de feministas por el sólo hecho de convocar a manifestaciones en conmemoración al 25 de noviembre y por su activismo a favor de la igualdad de las mujeres.
Los grupos feministas y defensoras de derechos humanos que denunciaron el problema de violencia doméstica en la Isla y cabildearon por la aprobación de la Ley 54 fueron calumniadas y difamadas en su carácter personal por grupos opositores privados. Por ejemplo, no olvidamos las acusaciones falsas y acciones del señor José Luis Morales, también llamado “Cheo el gruero”.
Las defensoras de derechos humanos que promueven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con mayor frecuencia sufren criminalización y difamación por parte del Estado, grupos privados y los medios de comunicación. Por ejemplo, hemos recibido denuncias de mujeres que han sido acusadas de prostitución sólo por intervenir durante episodios de abuso policíaco en una redada para trabajadoras sexuales. Lo vemos cuando se aprueban regulaciones especiales que afectan la operación legal de organizaciones de mujeres en formas cuyo propósito es inhibir su trabajo a favor del derecho al aborto y otros derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
La tendencia observada en el País de restricción al derecho a la libertad de expresión afectó también el trabajo de las defensoras de derechos humanos. El mejor ejemplo fue lo sucedido con las integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres que por su trabajo de campaña en contra de la violencia machista, pintaron un mural y fueron multadas por $1,000 y perseguidas políticamente. De igual manera, las organizaciones que brindan servicios a mujeres muchas veces ven sus presupuestos amenazados si critican o confrontan al gobierno. Sin dejar fuera la amenaza que representa el nuevo Código Penal en el trabajo de denuncia de los movimientos de mujeres.
Las Naciones Unidas han expresado que esta tendencia de control y restricción legales afecta severamente la protección de los derechos humanos ya que los recursos y el tiempo necesarios para responder a tales exigencias desalienta a activistas por los derechos humanos de las mujeres a formar organizaciones.
Finalmente, y no menos importante, las defensoras de derechos humanos son foco de violencia y discrimen de género dentro de sus propias familias y parejas que no respetan y valoran su trabajo social. Muchas veces son nuestras propias familias quienes nos cuestionan y limitan.
No permitamos que esto siga ocurriendo. Defendamos nuestro derecho a soñar con que otro mundo es posible.
La autora es abogada especializada en derechos humanos.
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