Las respuestas a las crisis pueden tener repercusiones diversas sobre eso que llamamos el espacio público.
La crisis económica de los años treinta del siglo pasado en los Estados Unidos y en otros lugares, incluido Puerto Rico, fue enfrentada con una intervención activa del Estado en los procesos económicos y sociales. Ello tuvo como consecuencia un enriquecimiento físico del espacio público mediante la construcción y desarrollo de obra pública nueva –carreteras, centros gubernamentales, vivienda social, parques y plazas, transporte colectivo, es decir, una verdadera inversión social que aumentó la riqueza común y amplió su disfrute.
Hubo también una intensificación de la actividad pública mediante la creación de numerosas agencias gubernamentales y la prestación de un sinfín de servicios novedosos a la ciudadanía. Se extendió el dominio de los derechos con la aparición de nuevos derechos económicos y sociales. Se masificó la participación política. En fin, pese a todas sus deficiencias, que las tuvo y muchas, la respuesta a aquella crisis resultó en un fortalecimiento del espacio público en múltiples dimensiones.
Las respuestas de corte neo-liberal a las crisis económicas recientes han tenido el efecto contrario. Han ocasionado un empobrecimiento agudo y un constreñimiento notable del espacio público en varios sentidos.
Físicamente en muchos lugares el espacio público ha sufrido un deterioro enorme como consecuencia de la reducción en el gasto gubernamental para proyectos de carácter social. Se ha incrementado, pues, la pobreza pública. En segundo lugar, los recortes dramáticos de presupuesto, con su secuela de despidos, han ocasionado una contracción en los servicios que ha perjudicado a los más necesitados.
Ese encogimiento de lo público se ha intensificado con las estrategias de privatización propias de este tipo de políticas económicas.
En tercer lugar, la compresión de lo público ha asumido una de sus formas más dramáticas en los intentos de reducir los ámbitos de deliberación sobre los problemas comunes. Esos esfuerzos incluyen el bloqueo del acceso a los lugares donde ha de ocurrir la deliberación, a la información necesaria para deliberar, a la palabra o a la voz como medio para participar en el proceso público y a la posibilidad de la acción concertada.
En todas las épocas Puerto Rico ha experimentado intentos de reprimir la deliberación colectiva de diversas formas. Los ejemplos históricos son legión. Desafortunadamente, las manifestaciones de tales prácticas en la actualidad también abundan.
Por su importancia, quiero destacar los obstáculos más recientes al derecho de acceso a la información. El Centro para el Periodismo Investigativo de Puerto Rico ha presentado durante el último año y medio cinco demandas judiciales para obligar a funcionarios gubernamentales a proveer información eminentemente pública que le ha sido denegada. Hay varias solicitudes adicionales que no han llegado a la etapa de litigio. Increíblemente, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, un organismo gubernamental, también tuvo que acudir a los tribunales para que le suministraran información vital para el desempeño de su encomienda. La negativa a honrar ese tipo de pedido es una sustracción ilegítima de información que la ciudadanía necesita para enjuiciar a su gobierno y participar inteligentemente en el debate público.
A ello hay que añadir numerosas instancias conocidas de tentativas de supresión de la expresión pública. Baste mencionar, a modo de ilustración: la represión violenta de manifestaciones legítimas en la Universidad y en el Capitolio, la intervención policiaca con militantes feministas mientras pintaban un mural contra la violencia doméstica en San Juan, la caracterización de quienes protestan con epítetos como “terroristas”, “revoltosos”, “garrapatas” y otras lindezas, el ataque contra el Colegio de Abogados y la censura de libros en el Departamento de Educación y de una exposición de caricaturas en la Comisión Estatal de Elecciones.
Sobre todo en tiempos de crisis, pues, se hace evidente la necesidad de defender los derechos y de conservar y enriquecer el espacio público en sus diversas modalidades, incluida la de lugar común de deliberación y debate.
*Columna publicada en El Nuevo Día hoy. Pulsa el título para ir a la edición electrónica del periódico.
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