Sin derecho a protestar

La protesta es un fenómeno que pretende llamar la atención del Estado para que actúe frente algo o para que cese alguna actuación.  Ésta se da por canales no institucionales dado que los institucionales no están disponibles, sea porque son inexistentes o porque simple y llanamente se dificulta el acceso de manera tal que es imposible llegar a éstos. De esta manera aparecen en el terreno de lo público diferentes manifestaciones de protesta que el Estado atajará según entienda necesario. En el contexto de la UPR las manifestaciones que se han dado dentro y fuera de ésta no son más que un ejemplo de la protesta social.  Aunque podamos coincidir o no con las razones y las estrategias, lo cierto es que la falta de canales institucionales que permitan encauzar reclamos ha provocado que el estudiantado busque formas alternas de llamar la atención estatal. Recientemente, a la carencia de canales institucionales, se sumó la renovación de la orden administrativa que prohíbe cualquier manifestación masiva dentro del recinto riopedrense.  Lo cual, sin lugar a dudas, lleva en sí misma la posibilidad del aumento de la protesta en el campus . Esto no quiere decir que se justifiquen las violencias dentro del Recinto sin más. Al contrario, se debe analizar el escenario en su complejidad destejiendo las relaciones de poder y autoridad entre las comunidades universitarias y las relaciones de éstas con la administración.   En este sentido, y aunque la prohibición de actividades masivas en el Recinto quiera enmarcarse dentro del poder del Estado de reglamentar la libertad de expresión, también es cierto que mediante la mencionada orden la administración universitaria cierra el último canal que permite encauzar los reclamos, no sólo del estudiantado, sino también de cualquier miembro que quiera así hacerlo.  En este sentido, no debería extrañarnos que los focos de protestas aumenten, que el Estado reaccione frente  éstos mediante el uso de la fuerza encarnada en la Policía y  que a su vez se puedan desencadenar situaciones de violencias e inseguridad para actores y actoras que no necesariamente participan de las actividades. Ante la instauración de esta dinámica en el terreno público es importante tener claro que es el Estado quien está fallando en la canalización de los reclamos estudiantiles en particular y los ciudadanos en general.    Nos estamos moviendo en dirección a una restricción cada vez mayor de nuestros derechos democráticos, principalmente los de libertad de expresión y asociación. Es preciso que pensemos más allá del contexto universitario dado que las prohibición podría extenderse a otros foros que tradicionalmente se han utilizado para la expresión. Columna publicada hoy en la sección Voces de ¨El Nuevo Día¨, página 50