Filosofía jurídica y formulación de política pública: ¿Resultados del proceso democrático?

Es tiempo que aceptemos que el cambio en visión y filosofía jurídica por el que atraviesa este Tribunal no significa el fin del mundo ni la hecatombe jurídica. Se trata del flujo normal de la marea judicial en una democracia, producto indirecto del mandato del Pueblo expresado donde corresponde, en las urnas. Ese es nuestro sistema constitucional. Opinión de conformidad emitida por el Juez Rafael Martínez Torres en Yiyi Motors v. ELA et al., 2009 TSPR 159

Cuando los conservadores hablan de democracia hablan de una cosa: libre mercado. Cuando muchos “liberales” hablan de democracia hablan de una cosa: libre mercado. Esto, principalmente, porque todas las democracias que conocemos hoy día son democracias liberales. Podría resultar, para algunos, redundante hablar del Estado liberal y sus premisas pero no podemos dejar de decir que, sin duda, la igualdad ante la ley es una de ella, si no la principal. Esto facilita que a través de una seudo-igualdad ante la ley (sobre esto último cabe aclarar que, dado la naturaleza adversativa de nuestro sistema, los abogados y abogadas tienen un papel principal; muchas veces quienes pueden pagar más tienen acceso a más y mejores abogados y abogadas; capitalismo 101), la democracia se reduzca a la participación electoral periódica.

No es raro entonces que la marea judicial en una democracia producto . . . [de] las urnas pretenda materializar las aseveración todos y todas somos iguales. Esta proposición no toma en cuenta las complejidades envueltas en el sistema político y los múltiples factores que intervienen en éste. Como señalara Ted Honderich, acá, la democracia como gobierno del pueblo, así sin más, y que se refería principalmente a las ciudades-estado griegas no podría haber sido viable en el Estado-nación como categoría política. Así, esa definición principalísima de democracia no puede servir como descriptiva de nuestro sistema político.

Cuando se habla de mandato en las urnas pareciera desconocerse que la democracia no se circunscribe, ni tampoco debiera hacerlo, a una persona un voto. Pretender decir que la igualdad se manifiesta en que mi voto cuenta exactamente igual que el voto del presidente del principal banco del país es desconocer cómo funciona el sistema político. De más debiera estar el decir que diferentes grupos acceden en forma desigual a distintas esferas de poder. En este sentido, aquellos grupos que acceden a las principales esferas de poder influyen de manera también desigual las decisiones de política pública. La igualdad manifestada en una persona un voto se empieza a diluir.

Habría que ver entonces si cuando se habla de mandato en las urnas se habla realmente de un mandato popular. Es decir, cabe preguntarse si la formulación de política pública como el cambio de filosofía jurídica responden realmente a un mandato democrático o si, de otra manera, responde al mandato de diferentes grupos de interés con acceso a diferentes esferas de poder. La respuesta parece ser obvia por lo menos en cuanto a la formulación de política pública se trata. No tan clara en cuanto al cambio en la filosofía jurídica, principalmente porque en ninguna de las plataformas se hace alusión a ésta ni a las diferentes teorías del Derecho que podrían o no acogerse los nuevos miembros del Tribunal Supremo. Claro, esto último tampoco sería saludable para una democracia republicana porque supondría poner en riesgo la independencia judicial y la separación de poderes.

El conservadurismo político nunca ha sido muy amigo de la Democracia, aún así no le ha quedado más remedio que aceptarla y la ha logrado vincular muy bien a la libertad, sí al libre mercado, la libre empresa, la libre acumulación de riqueza y la libre explotación, entre otras. Han proyectado la idea que la democracia sólo funciona en el capitalismo y presentado el sistema político inseparable del sistema económico siendo esto uno de los engaños más grandes del liberalismo político. Sobre esa falacia se ha erigido un sinnúmero de otras de las cuales se destaca la igualdad ante la ley y el gobierno del pueblo.

El gobierno del pueblo era el gobierno de la polis griega que tampoco era tan del pueblo, pero del cual se debe destacar la deliberación como elemento principal, comúnmente conocida como democracia directa. La extensión territorial y poblacional de los Estados-nación modernos hacen que ese sistema no sea viable pero aún así el liberalismo logra hacer de ésta su slogan principal. La realidad es que la política pública no está decidida ni determinada por el mandato electoral expresado en las urnas sino más bien por grupos de interés que, asociados al partido o los partidos de turno, buscan promover agendas particulares.

Así, por ejemplo y sólo por dar uno, los votos en las urnas de los y las 27,000 residentes del Caño Martín Peña pesan menos que el voto del alcalde de la Ciudad Capital. Me explico, cuando en el verano del 2008 el hoy gobernador, Luis Fortuño, se comprometió con los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño a mantener el Fideicomiso de la Tierra se comprometió a respetar el mandato en las urnas. Meses después firmaba la Ley núm. 32 que desarticulaba este proyecto comunitario porque hubo un cambio de política pública. ¿A quién respondía ese cambio de política pública? ¿A los y las 27,000 residentes del Caño? ¿Al mandato en las urnas? No lo creo. Es hora ya de que empecemos a trabajar por una verdadera democracia. Esto no lo es.

Así urge desarrollar diferentes espacios de diálogo y discusión que busquen desarrollar esquemas realmente democráticos; debatir y deliberar sobre qué es la democracia y cómo podemos cultivarla desde los pequeños grupos hasta el Estado. Encontrar en la participación ciudadana el principal mecanismo de fiscalización y elaborar políticas públicas que persigan la búsqueda de la igualdad real más allá de la formal. Construir las bases de un pueblo que viva y exija la democracia pero que, sobretodo, se reconozca en ésta.