El corredor debe ser preservado

Con la supresión por el Gobernador de una orden ejecutiva que declaraba como reserva natural el Corredor Ecológico del Noreste (CEN), bajo el argumento de que fue aprobado en un proceso supuestamente “incongruente”, se registra otro caso de divorcio entre una acción gubernamental y los reclamos de conservación de la ciudadanía.

Si fuésemos a hacer válido el tecnicismo de que hubo “incongruencias” en el proceso que desembocó en que en el 2008 el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, declarara como reserva el Corredor Ecológico del Noreste mediante orden ejecutiva, el País vendría obligado a derogar una gran cantidad de leyes aprobadas por la actual administración por descargue, sin vistas públicas ni participación ciudadana.

Así que no compramos el argumento esbozado por el presidente de la Junta de Planificación (JP), Héctor Morales Vargas, para que se haya eliminado una resolución que se aprobó luego de un extenso debate público impulsado por organizaciones comunitarias y pro ambiente; que contaba con el respaldo de amplios sectores de la población y que logró incluso consenso bipartita en una legislatura controlada por el Partido Nuevo Progresista.

Tampoco es aceptable la explicación de que supuestamente faltó análisis científico y ponderado, ya que cuando se designó el Corredor como reserva natural ya la propia JP había preparado un Plan Integral de Uso de Terreno y Manejo para la reserva y la Junta de Calidad Ambiental había aprobado la Declaración de Impacto Ambiental Estratégica del Plan.

Desde hace más de 28 años el trayecto de 13 millas de longitud, desde el área del Faro de Fajardo hasta la parte alta de la Sierra de Luquillo, fueron reconocidas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, como una reserva natural de singular importancia.

Se trata de 3,240 cuerdas valiosas de bosques, humedales, tplayas, corales y hasta una laguna bioluminiscente. En ellas habitan numerosas especies raras, endémicas o en peligro de extinción, incluyendo la paloma sabanera, el carpintero de Puerto Rico, el manatí y el árbol de cóbana negra. Y las playas del CEN son consideradas como una de las zonas más importantes para el anidaje del tinglar.

Al derogar la declaración de la zona como reserva natural, la nueva orden ejecutiva de Fortuño requiere que la JP declare el área como una de “Planificación Especial”, en la que se delimitará la Reserva Natural según las recomendaciones del DRNA.

Las autoridades gubernamentales tienen el deber de explicarle al pueblo qué encarna la “planificación especial” para esa zona. ¿Acaso significa que ahora podrán erigirse en los terrenos de alto valor ecológico megaproyectos hoteleros como los propuestos en el pasado que no protegían la riqueza ecológica del área y segregaban el uso y disfrute de nuestro patrimonio natural? ¿Se usarán esos terrenos para complementar los planes para crear la mega zona turística que el gobierno ha denominado “la Riviera del Caribe”? ¿Dónde quedan ahora los planes para crear un importante destino ecoturístico para presenciar controladamente el anidaje de tortugas marinas y desarrollar la observación de aves, actividad que en los Estados Unidos cuenta con más del doble de aficionados que el deporte de golf?

Los puertorriqueños necesitamos espacios recreativos para reducir el estrés, compartir en familia y disfrutar de la naturaleza respetando su integridad y funcionalidad. El CEN presenta un potencial extraordinario para ello y, por ello, debe preservarse como una reserva natural para el disfrute de todos.