Un poquito menos libres

Pareciera ser que el Derecho se ha tragado lo político. No es para menos cuando se convierte, sin más, en un instrumento al servicio del Estado y no en un mecanismo para salvaguardar las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas. El Derecho no es neutral, afirmamos una y otra vez. ¿Podría entonces el Derecho ser Político? o mejor dicho ¿podría el Derecho subsumirse en lo político? No me cabe duda que esto es así. Y no encuentro problema con reconocer que en tanto herramienta del Estado, entendiendo el Estado como el espacio de lo público, el Derecho es político. Lo que me preocupa es que, hoy por hoy, la ecuación se haya invertido y lo político se subsuma en el Derecho.

Me explico, a raíz de los recientes sucesos acaecidos en la Universidad de Puerto Rico donde el estudiantado riopedrense, primero, y luego las demás unidades del sistema decretaron paro por diferentes lapsos de tiempo o huelgas indefinidas se ventilaron dos controversias en el Tribunal de Primera Instancia. La de los estudiantes buscaba forzar lo político, es decir propiciar el diálogo y la acción. La incoada por la administración buscaba su antítesis: desalojar a los y las estudiantes del ámbito de lo público reclamando derechos propietarios, esto último propio del ámbito de lo privado.

Con esto quiero decir que, de pronto, el Estado que no debería ser otra cosa que el espacio de lo político reniega de su función y la abandona. Así le entrega al Derecho, que no es otra cosa que la institucionalización de la violencia, la potestad de resolver aquello que debe tratarse de una manera puramente política, esto es mediante la acción y el diálogo.

Lo anterior surge de una ideología específica. En esta administración no tiene espacio para lo político porque se han politizado las principales instituciones del país, entre ellas el Tribunal Supremo. De esta manera, reconoce que lo político sólo puede darse en la pluralidad y la interacción de ésta consigo misma y justamente porque lo reconoce prefiere atomizarla. La atomización tiene como efecto que cada sujeto conciba lo político como algo meramente individual desplazando así las controversias que deberían resolverse en el ámbito público hacia los Tribunales.

De esta manera la administración universitaria en específico y este gobierno en general han decidido trasladar a la sala 904 del Tribunal uno de los pilares básicos del orden democrático: el derecho que cada sujeto tiene a la protesta. No hay nada más político que aquello que surge del común concierto de los ciudadanos y ciudadanas de un Estado. Tratar de desplazar lo esencialmente político a una esfera intermedia, como serían los tribunales, no sólo rechaza los principios básicos de las democracias republicanas sino que pone en las manos del Estado la potestad de establecer qué derechos, si alguno, les cobijan a los ciudadanos y las ciudadanas. Esta movida, que se apoya en el discurso individualista y el progreso “meritocrático”, tiene el efecto de diluir lo político en otra esfera que Arendt podría concebir como lo social.

Sin duda los acercamientos filosóficos-políticos de esta administración distan muchísimo del propuesto en esta entrada. Cónsono con las visión ideológica del gobierno de Fortuño lo ideal sería pasar de lo social a lo privado como quién brinca un charco, arrebatándole a los ciudadanos y ciudadanas las dos herramientas políticas principales: la acción y el diálogo. De esta manera hoy siento que he dejado de vivir en la “polis” y me hago eco de Arendt cuando dice que “vivir en una polis, significaba que todo se decía por medio de palabras y de persuasión, y no con la fuerza y la violencia” siendo ésta última la antítesis de lo político. Hoy la fuerza y la violencia del Derecho se impusieron sobre un derecho fundamental, pilar de todo orden democrático, hoy, con la decisión de Negrón Fernández, la democracia sufrió otra herida de muerte, hoy todos y todas somos un poquito menos libres y mucho menos políticos.

*Fotografía de Ramir Delgado-Ruiz, acá.